Si analizamos en profundidad la obligación que tienen todos los Estados de asegurar el bienestar futuro de cuantos con su trabajo, sacrificio, investigación y emprendimiento contribuyeron, junto a los que le precedieron, a la constitución de los fondos de garantía que hagan posible disfrutar de una mayor cultura, de un bienestar progresivamente mejor y de más calidad del que disfrutaron, no ha de permitirse que los derechos económicos a que se hicieron acreedores durante toda una vida de trabajo sean devaluados e insuficientes para cubrir las necesidades esenciales imprescindibles.
Sería inaceptable que por razones de una política económica desafortunada, obligada a aplicar medidas de ajuste imprescindibles, la sostenibilidad del sistema de pensiones y su adaptación a las variaciones del costo de la vida, resulte inviable, máxime cuando los fondos de pensiones son intocables y solo pertenecen al colectivo de pensionistas actuales y futuros, como ocurre con la reserva matemática de los seguros de vida, que deben ser custodiados y garantizados por las compañías aseguradoras.
Es imprescindible y urgente acometer las reformas que eviten la desestabilización de la sostenibilidad del sistema de pensiones vigente, estudiando técnicamente los agentes que influyen en la pérdida de garantía para su cumplimiento a medio y largo plazo. Si no se aborda y actualiza con rapidez, no solamente se demuestra negligencia e irresponsabilidad, sino que provocará la desesperanza y la inquietud social.
Si es un hecho de probada e indiscutible realidad, el primer paso será estudiar los agentes que han ocasionado y seguirán influyendo en la pérdida de garantía de los fondos de pensiones.
Una vez determinados, se calculará el porcentaje de intervención de cada uno y su curva de tendencia a largo plazo, sin perjuicio de rectificación por hechos no previstos. ¿Cuáles son los mencionados agentes que obligan a un nuevo estudio actuarial? : a.- La creciente esperanza de vida. b.- El aumento progresivo del colectivo de jubilados, ocasionado esencialmente por el anticipo de jubilaciones. c.- Los efectos demográficos y laborales. d.- La variable inflacionista y e.- El aumento de la productividad como consecuencia de la investigación, la innovación, la mecanización tecnológica y la digitalización de los procesos fabriles, comerciales y de servicios, todos ellos en continua evolución con influencia negativa en el empleo activo.
Sería inaceptable que por razones de una política económica desafortunada, obligada a aplicar medidas de ajuste imprescindibles, la sostenibilidad del sistema de pensiones y su adaptación a las variaciones del costo de la vida, resulte inviable, máxime cuando los fondos de pensiones son intocables y solo pertenecen al colectivo de pensionistas actuales y futuros, como ocurre con la reserva matemática de los seguros de vida, que deben ser custodiados y garantizados por las compañías aseguradoras.
Es imprescindible y urgente acometer las reformas que eviten la desestabilización de la sostenibilidad del sistema de pensiones vigente, estudiando técnicamente los agentes que influyen en la pérdida de garantía para su cumplimiento a medio y largo plazo. Si no se aborda y actualiza con rapidez, no solamente se demuestra negligencia e irresponsabilidad, sino que provocará la desesperanza y la inquietud social.
Si es un hecho de probada e indiscutible realidad, el primer paso será estudiar los agentes que han ocasionado y seguirán influyendo en la pérdida de garantía de los fondos de pensiones.
Una vez determinados, se calculará el porcentaje de intervención de cada uno y su curva de tendencia a largo plazo, sin perjuicio de rectificación por hechos no previstos. ¿Cuáles son los mencionados agentes que obligan a un nuevo estudio actuarial? : a.- La creciente esperanza de vida. b.- El aumento progresivo del colectivo de jubilados, ocasionado esencialmente por el anticipo de jubilaciones. c.- Los efectos demográficos y laborales. d.- La variable inflacionista y e.- El aumento de la productividad como consecuencia de la investigación, la innovación, la mecanización tecnológica y la digitalización de los procesos fabriles, comerciales y de servicios, todos ellos en continua evolución con influencia negativa en el empleo activo.
El problema es ajeno a posibles divergencias políticas, es cuestión exclusiva de los estudios matemáticos y estadísticos usados desde hace lustros debidamente actualizados, en base del "sistema Maschi", italiano, y los de Inglaterra y Francia, "fórmula Makenham".
"La esperanza de vida" en España se ha situado en 83,1 en 2015, de acuerdo con la información anual del Sistema Nacional de Salud (SNS), siendo la de 1970 el 72,4. La mejora de asistencia sanitaria, el avance farmacológico basado en la investigación, y una alimentación más sana y adaptada al tratamiento médico de cada enfermedad, han sido sin duda cooperantes a la extensión de la vida, que junto a las jubilaciones anticipadas explican la tendencia al incremento de jubilados.
En cuanto al crecimiento de la productividad, por los motivos ya expuestos, se ha visto ligeramente ralentizado desde los comienzos de la crisis mundial surgida a finales de 2007, aún sin terminar de superar y con recientes problemas expuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que auguran su posible alargamiento. Con independencia del crecimiento ininterrumpido de Corea del Sur superior al 5%, Estados Unidos y Alemania han pasado del 2,5% al 1%, algo inferior en Francia, Reino Unido, los países Nórdicos y el sur de Europa, descensos debidos al debilitamiento de la inversión y al declive del dinamismo empresarial, como cooperantes de la inseguridad.
Nada de lo expuesto es nuevo, a primeros de enero de 2012 entró en vigor la reforma de nuestro sistema de pensiones acordado en el seno del Pacto de Toledo con el beneplácito de los sindicatos y tenía por objetivo compensar los efectos de la demografía consecuencia del envejecimiento de la población. La reforma imponía el retraso paulatino de la edad de jubilación, que aumentaría desde los 65 años hasta los 67 antes del 2027, estimándose una reducción del 2% por año de aumento. Sin embargo, ni era suficiente tan largo plazo ni se consideró el crecimiento desenfrenado del desempleo, reduciendo el número de cotizantes, cuestiones que provocaron un déficit superior a los 7.000 millones de euros.
En cuanto al crecimiento de la productividad, por los motivos ya expuestos, se ha visto ligeramente ralentizado desde los comienzos de la crisis mundial surgida a finales de 2007, aún sin terminar de superar y con recientes problemas expuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que auguran su posible alargamiento. Con independencia del crecimiento ininterrumpido de Corea del Sur superior al 5%, Estados Unidos y Alemania han pasado del 2,5% al 1%, algo inferior en Francia, Reino Unido, los países Nórdicos y el sur de Europa, descensos debidos al debilitamiento de la inversión y al declive del dinamismo empresarial, como cooperantes de la inseguridad.
Nada de lo expuesto es nuevo, a primeros de enero de 2012 entró en vigor la reforma de nuestro sistema de pensiones acordado en el seno del Pacto de Toledo con el beneplácito de los sindicatos y tenía por objetivo compensar los efectos de la demografía consecuencia del envejecimiento de la población. La reforma imponía el retraso paulatino de la edad de jubilación, que aumentaría desde los 65 años hasta los 67 antes del 2027, estimándose una reducción del 2% por año de aumento. Sin embargo, ni era suficiente tan largo plazo ni se consideró el crecimiento desenfrenado del desempleo, reduciendo el número de cotizantes, cuestiones que provocaron un déficit superior a los 7.000 millones de euros.
El Gobierno remitió a la comisión del Pacto de Toledo la necesidad de endurecer el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial por contrato de relevo posible a los 62 años, paliando en lo posible las políticas de apoyo a la familia y al empleo juvenil, sin respuesta para un nuevo consenso. Ya en diciembre de 2012 el comisario de Economía, Olli Rehn, urgió a España desde Bruselas a alinear el retiro a la esperanza de vida, o deberíamos afrontar un agujero de 36.000 millones que repercutirían en las finanzas públicas a medio y largo plazo, enfrentándonos a un importante "estrés" financiero.
La Ley 48/2015 de 25 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, establece las bases y los tipos de cotizaciones sociales y de las contingencias de cobertura obligatoria, entre otras muchas cuestiones laborales, si bien el problema en su conjunto y dadas las distintas variables y agentes progresivos convierten en insuficientes de manera progresiva las fuentes de financiación y, lo más importante, la inseguridad de poder cubrir las necesidades esenciales y merecidas que toda una vida de trabajo exige.
El estudio de las fuentes que han de nutrir los fondos para hacer posible el cumplimiento los obligaciones sociales, debe ir precedido de un análisis matemático, estadístico y actuarial profundo, que determine los tipos de aplicación veraces y suficientes a cada una de las fuentes posibles y compatibles, dentro de una estructura económica competitiva y acorde con los preceptos de nuestras alianzas internacionales.
El alargamiento de la esperanza de vida, supone también el de la salud y disponibilidad para el trabajo, por tanto prolongar la jubilación de manera progresiva hasta los 67 años, no solamente es posible sino necesario, junto a otras fuentes dependientes de las cotizaciones, la disminución del paro, el estímulo a la creación y progreso empresarial, un tipo complementario tributario asumible, el complemento necesario de los presupuestos del Estado y la rentabilidad del fondo, siempre dentro de las normativas comunitarias.
Alemania, en un estudio elaborado por el Instituto de Economía Mundial IW, ha sometido al Gobierno un nuevo sistema de incremento de las jubilaciones por etapas. Subida progresiva hasta llegar a los 67 en 2029 y hasta 71 en el 2035. El ministro de Finanzas alemán Wolfgan Schäuble lo ha aceptado y lo apoya.
La Ley 48/2015 de 25 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, establece las bases y los tipos de cotizaciones sociales y de las contingencias de cobertura obligatoria, entre otras muchas cuestiones laborales, si bien el problema en su conjunto y dadas las distintas variables y agentes progresivos convierten en insuficientes de manera progresiva las fuentes de financiación y, lo más importante, la inseguridad de poder cubrir las necesidades esenciales y merecidas que toda una vida de trabajo exige.
El estudio de las fuentes que han de nutrir los fondos para hacer posible el cumplimiento los obligaciones sociales, debe ir precedido de un análisis matemático, estadístico y actuarial profundo, que determine los tipos de aplicación veraces y suficientes a cada una de las fuentes posibles y compatibles, dentro de una estructura económica competitiva y acorde con los preceptos de nuestras alianzas internacionales.
El alargamiento de la esperanza de vida, supone también el de la salud y disponibilidad para el trabajo, por tanto prolongar la jubilación de manera progresiva hasta los 67 años, no solamente es posible sino necesario, junto a otras fuentes dependientes de las cotizaciones, la disminución del paro, el estímulo a la creación y progreso empresarial, un tipo complementario tributario asumible, el complemento necesario de los presupuestos del Estado y la rentabilidad del fondo, siempre dentro de las normativas comunitarias.
Alemania, en un estudio elaborado por el Instituto de Economía Mundial IW, ha sometido al Gobierno un nuevo sistema de incremento de las jubilaciones por etapas. Subida progresiva hasta llegar a los 67 en 2029 y hasta 71 en el 2035. El ministro de Finanzas alemán Wolfgan Schäuble lo ha aceptado y lo apoya.
Constituir un comité técnico asesor responsable de desarrollar el estudio y someter las conclusiones a la comisión del Pacto de Toledo, debería ser el cimiento sobre el que se construyera la nueva estructura del régimen nacional de pensiones.
(*) Economista y empresario
