jueves, 7 de abril de 2016

El PSOE exige que se facilite la participación de la sociedad murciana en la elaboración del Reglamento Municipal de Transparencia

MURCIA.- Los concejales Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa, representantes del Grupo Socialista en la Comisión de Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, exigirán que el equipo de Gobierno municipal facilite "la mayor participación de la sociedad murciana en la elaboración del reglamento de Transparencia". Así lo han puesto de manifiesto esta tarde en la reunión de la Comisión de Estudio de Transparencia y Participación Ciudadana.

Para los socialistas, es importante el Reglamento de Transparencia que se elabore por los grupos municipales, pero también conseguir la máxima participación de los murcianos y murcianas interesados en su elaboración y garantizar su estricto cumplimiento. "En cuestiones como la transparencia, tan importante como el qué elaboremos es el cómo lo hacemos y cómo aseguramos su cumplimento", ha señalado Enrique Ayuso.
Los ediles del PSOE insisten en la necesidad de implicar al máximo número de murcianos y murcianas en su elaboración. Para ello, van a pedir que se ponga en funcionamiento una aplicación informática que permita a todos los interesados conocer el borrador del reglamento de Transparencia y hacer todas las aportaciones al mismo. Posteriormente, que una comisión plural estudie todas estas iniciativas.
También han expresado la necesidad de que los órganos de participación municipal existentes como las Juntas de Barrios y Pedanías participen en su elaboración. Del mismo modo, que la Comisión municipal invite a expertos universitarios y al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para realizar más aportaciones.
A este respecto, el Grupo Municipal Socialista va a proponer que el Consejo de la Transparencia regional sea el órgano que decida sobre las reclamaciones que se presenten frente a incumplimientos del Ayuntamiento.
Finalmente, los concejales socialistas han expresado que su objetivo es promover en el Ayuntamiento de Murcia los principios del "gobierno abierto". Por eso, han insistido en la necesidad de que la transparencia se apoye en dejar los datos municipales abiertos y que sean accesibles de forma sencilla, involucrar a todos los vecinos y vecinas en la participación y en la colaboración con lo público y la rendición de cuentas permanente. "Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no debe estar legitimado ante el mismo", ha concluido Ayuso.

La cesión de 30 hm3 del regadío tradicional al trasvase Tajo-Segura "se está ultimando"

MURCIA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, y el director general de Agua, Andrés Martínez, se reunieron esta mañana con el presidente del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura (SCRATS), José Manuel Claver.

Durante el encuentro, Martínez-Cachá anunció que "se está ultimando la cesión de los 30 hm3 de agua por parte del regadío tradicional a los regantes del trasvase" gracias a la labor de mediación que ha llevado a cabo el Gobierno regional.
Asimismo, la consejera recordó que el acuerdo de cesión implica "agua por agua", en el sentido de que los regantes del trasvase Tajo-Segura tendrán que devolver esta cantidad una vez que se recupere la cuenca del Tajo y alcance un nivel 2.
En la reunión se hizo balance del estado actual de la Cuenca del Segura y se informó del estado de la cabecera del Tajo, que se ha recuperado y los embalses disponen en estos momentos de 509 hm3 de agua.
La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente aseguró que "la actual situación de incertidumbre está retrasando el gran pacto nacional del agua que reivindicamos desde el Gobierno regional". Al respecto, apuntó que "vamos a seguir trabajando para conseguirlo y necesitamos que se afronte el tema del agua con carácter nacional".

Multarán a partir de septiembre a los ciclistas que circulen por las aceras en Murcia

MURCIA.- La concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Lola Sánchez, mantuvo una reunión con representantes de la Oficina de la Bicicleta y Policía Local con el fin de poner en marcha iniciativas que faciliten la convivencia entre ciclistas y peatones.

Así, se pondrá en marcha una campaña informativa para recordar a los ciclistas que no pueden circular por las aceras y que tienen que respetar las normas de circulación tal y como establece la Dirección General de Tráfico.
De esta forma, se recuerda que no pueden hacer uso del teléfono móvil en la bicicleta, no pueden circular en sentido contrario a la marcha, tienen que respetar los semáforos y respetar la prioridad de paso como cualquier vehículo.
Esta campaña se llevará a cabo mediante el reparto de folletos, la colocación de un vinilo en los aparcabicis cerrados con las normas y la instalación de mupis.
Según la concejal Lola Sánchez, "en esta primera fase buscamos concienciar y hacer ver a los ciclistas que está prohibido circular por zonas peatonales, ya sean aceras, plazas o jardines, y que el no cumplir las normas pueden suponer un riesgo para ellos".
Esta campaña se desarrollará hasta septiembre, mes en el que se creará un dispositivo especial de Policía Local que comenzará a sancionar las distintas acciones indebidas de los ciclistas.
Igualmente se sancionará a aquellos que no hagan buen uso de las bicicletas de MUyBICI como utilizar una tarjeta de otro usuario, montarse dos personas en una misma bici o no utilizarlas adecuadamente.
Las multas serán las que establece el Código de Circulación Vial y las normas de uso del sistema público de alquiler de bicicleta MUyBICI.
La concejal de Tráfico y Seguridad explicó que "durante el tiempo que Murcia ha ostentado la presidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta hemos pedido a otras ciudades que nos cuenten su experiencia sobre esta problemática y hemos concluido que esta iniciativa es la más conveniente para solucionarla".

Murcia es «un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española», según 'Funcas'

MURCIA.- La economía de Murcia se comporta como un amplificador de los problemas y virtudes de la economía española, según el último número de Papeles de Economía Española, editado por Funcas, que en el caso de la Región fue elaborado por Máximo Camacho y Jorge-Eduardo Martínez.

Añaden ambos que durante la crisis aumentó la especialización del sector industrial, pero con el cambio de tendencia se volvió a la especialización en agricultura y construcción.
"Con ello se mantiene una elevada tasa de ocupación respecto de la media nacional, pero en empleos de baja cualificación que lastran hacia una baja productividad", explicaron.
A su juicio, el principal desafío al que se enfrenta la economía murciana pasa por impulsar una transformación de su modelo productivo y las bases de su crecimiento económico.
Por ello, los autores abogan por aumentar el capital humano y potenciar la reindustrialización conectada con el sector agroalimentario.

PSRM y 'Podemos' califican de "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" la desalinizadora de Escombreras

CARTAGENA.- Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos en la Asamblea Regional afirmaron este jueves que la desalinizadora de Escombreras es un "foco de corrupción" y una muestra de la "mezquindad" por parte de las empresas que participan en la construcción y gestión de la planta.

Ambos partidos reaccionaron así minutos antes de comenzar el pleno matinal tras conocer un vídeo que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción del TSJ de la Región de Murcia y en el que se ve, presuntamente, a un proveedor abonando 4.500 euros a un empleado de la empresa de mantenimiento de la planta, cuya producción está arrendada al Gobierno regional.
Al parecer, el objeto de la mordida sería acelerar el cobro de una facturas que se le adeudaban supuestamente al proveedor que realiza el pago.
El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, señaló que el vídeo evidencia que esta planta es un "foco de corrupción", al tiempo que mostró su deseo de que se "llegue al fondo" de estas irregularidades en la comisión especial de investigación del proyecto y puesta en marcha de la planta, que se está desarrollando en la Cámara Autonómica.
Por su parte, el diputado de Podemos Ángel Urbina, que es representante de su formación en la citada comisión, calificó de "insoportables" los niveles de "mezquindad" a los que llegan las empresas "buscando arañar dinero de las arcas públicas".
Urbina consideró importante saber la fecha de grabación del mismo, puesto que, en caso de ser posterior a 2013, cuando la Comunidad Autónoma destinó 22 millones de euros con cargo al Fondo de Pago a Proveedores para pagar por el arrendamiento de la planta, se demostraría que Tedagua "regateaba a proveedores mientras recibía dinero público para pagarles".
"Es un asalto a las arcas públicas y al tejido empresarial", sentenció el diputado, que ironizó con que el vídeo ha incorporado la palabra "propinilla" al "vocabulario de la corrupción".
Urbina indicó que la planta costó 111 millones de euros más el 3 por ciento, "cifra que tiene las connotaciones que tiene en España", que suma el crédito de 114 millones dado por Banesto, y calculó que, con los 15 millones de euros que abonará en el plazo de este año la Consejería de Agua, la infraestructura "estaría prácticamente pagada".
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, adelantó que, en caso de que se pruebe la certeza del vídeo, la comisión de investigación, que preside, "se haría eco" de la grabación.
Miguel Sánchez lamentó esta situación "porque se trata de una nueva evidencia de que la desalinizadora se ha convertido en un mal negocio para los murcianos, pero en un negocio redondo para personas sin escrúpulos".
Sánchez afirmó que según recoge la propia denuncia "no se trata de un caso aislado y sí de una práctica habitual en una instalación, que tal y como reconoció ayer Fuentes Zorita, era innecesaria".
Por último, el portavoz de Ciudadanos anunció que la Comisión de Investigación que preside va a incorporar el video a la documentación recabada para analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes.

La corrupción también brota de la desalinizadora de Escombreras

MADRID.- Se llama “la propinilla”. Y fue el peaje que supuestamente pagaron algunos proveedores de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) para agilizar el cobro de sus trabajos en esta planta para producir agua que simbolizó uno de los proyectos estrella del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). La infraestructura ya ha costado 90 millones de euros de dinero público, según revela hoy el diario 'El País'.

El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS.
La mordida perseguía acelerar el cobro de sus facturas por valor de 150.000 euros. El receptor del dinero fue presuntamente el jefe de administración de la desalinizadora, Joaquín Peña, según un vídeo al que ha tenido acceso El País y que forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Las imágenes muestran a Peña contando 4.500 euros en la garita de vigilancia de la desalinizadora. La escena se desarrolla en un clima distendido después de que el proveedor descubra que todavía no ha cobrado porque “Madrid”, donde se encuentra la sede central de Tedagua, no ha autorizado el abono. “¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!”, ironiza el donante. La becaria del departamento de administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena, según la denuncia ante Anticorrupción.
El hombre que paga la mordida es el gerente de una firma de pinturas con cuatro trabajadores. Este empresario sostiene que otros cinco proveedores de la desalinizadora de Escombreras desembolsaron también durante años “la propinilla”. “Si pagabas, en tres días te ingresaban el dinero. De lo contrario, podías tardar hasta seis meses en cobrar. Me tuve que bajar los pantalones. Pensé en las familias de mis empleados. Y nunca inflé el precio para recuperar la comisión”, justifica este pintor, que sostiene que la desalinizadora le adeuda desde 2013 trabajos por valor de 18.000 euros. Según su relato, la rúbrica de Peña resultaba imprescindible para cobrar. Y, de no abonar el peaje, “los futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte”.
La “propinilla” se sustanció también en cestas navideñas, jamones, invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el denunciante.
El presunto receptor del dinero, que ayer atendía el teléfono que figura en la web oficial de la desalinizadora, colgó en tres ocasiones a este periódico tras ser preguntado por el vídeo. La empresa encargada del mantenimiento de la planta, Tedagua, ha indicado que, en caso de confirmarse la actuación irregular de Peña, "actuará en consecuencia". 
"Nos desmarcamos totalmente de estos comportamientos", explica un portavoz de la filial de ACS. Tedagua ya despidió hace dos años a los jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos similares.
El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.
La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y el uso industrial. La Región de Murcia ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.

Dinero público al servicio de una obra bajo sospecha judicial

Inaugurada en vísperas de las elecciones que revalidaron en 2007 la mayoría absoluta del PP en Murcia, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) nació acompañada de polémica. La planta arrancó sin permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni declaración de impacto ambiental. Y fue una apuesta del Ejecutivo del popular Ramón Luis Valcárcel para abastecer de agua a Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.
Sus detractores -la oposición al PP y grupos ecologistas- vieron en el proyecto la excusa perfecta para desatascar grandes planes urbanísticos en plena orgia inmobiliaria. La instalación se levantó sobre unos terrenos cedidos por la Región de Murcia. Y pronto concentró las reticencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo desaconsejó en 2008 captar agua de una dársena repleta de suciedad donde atracaban buques metaneros. Greenpeace fue más allá al señalar el peligro de los vertidos en la zona.
La desalinizadora es propiedad de la filial de ACS Hydromanagement. Una sociedad que alquila la planta a la Región de Murcia. El contrato obliga a la comunidad a pagar al grupo de Florentino Pérez cerca de 600 millones de euros si rescinde el acuerdo antes de su finalización, en 2034.
La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude en las subvenciones. De Ramón, que sostiene que el proyecto se ideó para justificar la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, también ha remitido un escrito al comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Karmenu Vella. El documento pide la inspección de todos los productos agrícolas regados con agua procedente de la desalinizadora de Escombreras. 
“El agua se capta dentro de la dársena del puerto de Cartagena, donde entran petroleros, metaneros, buques de carga y cruceros. Se trata de embarcaciones que contienen metales pesados y otras sustancias no aptas para el consumo humano”.
Según el portavoz del PSOE en la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, Jesús Navarro, el proyecto “no fue necesario y se desarrolló para hacer viables iniciativas urbanísticas. Un entramado societario ha permitido que una obra que podía costar 85 millones suponga un desembolso de 600”.

El TSJ condena al Ayto. de Cartagena a pagar 200.000 euros a la empresa de mantenimiento de los restos arqueológicos

CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento presentó contra el auto de un juzgado que lo condenó al pago inmediato de 200.000 euros a la empresa que se ocupaba del mantenimiento de las zonas arqueológicas.

La sentencia señala que el juzgado estimó la medida cautelar instada por Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL, y condenó al consistorio al pago de cinco facturas. Éstas fueron bloqueadas por el Gobierno local (del Partido Popular) en 2014, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre anomalías en el contrato firmado por el Consistorio, con una empresa propiedad del expresidente de la Junta Municipal de La Puebla-La Aparecida Carlos Rosique, vocal del PP.
Según la sala, el Ayuntamiento cumplió el contrato que lo unía a la compañía hasta 2014, cuando, en octubre de este año, los servicios municipales devolvieron cinco facturas «que se habían presentado al cobro debidamente autorizadas y aprobadas por el técnico municipal y por el concejal delegado del ramo». Al ver rechazada su solicitud de pago, la mercantil presentó un pleito y solicitó como medida cautelar el abono.
El TSJ, que condena en costas al Ayuntamiento, respalda la resolución judicial sin perjuicio de lo que resuelva cuando entre en el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que la Justicia resuelva que no cabe pagar nada a la empresa, porque el Tribunal de Cuentas detectó anomalías en las condiciones económicas del contrato.

'Huermur' se suma a la petición de declarar BIC las Salinas Reales de Sangonera la Seca

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) solicitó este jueves ante la Consejería de Cultura su personación en el expediente iniciado a instancia de la Guardia Civil para la declaración BIC del paraje de las Salinas Reales de Sangonera.

Así, presentó un escrito ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura para comunicar su personación en los expedientes iniciados a instancia de la Guardia Civil, que solicitó el inicio de los mismos con el fin de asegurar la protección y conservación de las Salinas Reales de Sangonera que datan del siglo XIII, instando a su declaración como Bien de interés Cultural con la categoría de lugar de interés etnográfico.
De la misma forma, la asociación conservacionista aportó al procedimiento junto con la solicitud de personación, numerosa documentación referente a los valores históricos de las Salinas Reales de Sangonera, en el término de la pedanía murciana de Sangonera la Seca.
Tras lo que destacó en comunicado de prensa la importancia de los bienes culturales que integran estas salinas de interior, y su importancia en la contribución a la historia de Murcia.
Desde Huermur apoyan esta iniciativa de la Guardia Civil y felicitan a sus miembros y agentes destacados en diversos cuarteles y puestos de la Guardia Civil, "que día a día velan por la protección del patrimonio y además, potencian su reconocimiento legal por parte de las administraciones".

La Audiencia Nacional rebaja la fianza a la cúpula de la CAM de 1.600 a 26 millones

MADRID.- La Audiencia Nacional ha rebajado a 25,6 millones de euros la fianza impuesta a Banco Sabadell como responsable subsidiario de los delitos societarios imputados a la cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), tras subsanar un error por el que se solicitaban 1.592 millones.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso presentado ayer por la entidad financiera y corrige la cifra inicialmente establecida por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, que imponía una fianza millonaria por responsabilidad civil subsidiaria.
El escrito conocido hoy también modifica la fianza al ex director de Información Financiera Salvador Ochoa, que queda ahora fijada en 387,1 millones, al no ejercer el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acusación contra él.
Fuentes jurídicas próximas al proceso aseguraron que el Sabadell tiene la convicción de que no debería ser considerado responsable de esta pieza general en la que se investiga a la cúpula de la antigua CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo, por varios delitos societarios.
Todos ellos se sentarán en el banquillo después de que Lamela decretase la apertura de un juicio en el que los acusados se enfrentan a penas de hasta 16 años de prisión.
Además de al Sabadell, que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro, la juez había señalado a la Fundación CAM como responsables civil subsidiario, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Los acusados son, además de Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Los ocho están acusados de estafa continuada agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil entre 2010 y 2011, aunque tanto el Fiscal como el resto de acusaciones añaden otros delitos en función del papel desempeñado por cada uno de ellos.
La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.
Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre las 13.03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.

Condenan a 'Polaris' a pagar un millón de euros por defectos en una urbanización

MURCIA.- Las empresas Polaris World Servicios Turísticos y Polaris Desarrollo, junto con tres arquitectos y un aparejador, deberán abonar casi un millón de euros a la Comunidad General de Propietarios del macroproyecto urbanístico de Torre Pacheco por los defectos que presentan las viviendas que construyó.

Así lo dispone una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que estima el recurso de los propietarios y anula la que dictó el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de esta misma ciudad, que rechazó su demanda al considerar que carecían de legitimación para plantearla.
El tribunal condena a Polaris World Servicios Turísticos a pagar 64.600 euros, y, de forma solidaria con la otra sociedad y con los cuatro técnicos que intervinieron en las obras, a pagar 931.700 euros.
Dice la sala que las empresas demandadas proyectaron un complejo residencial en Torre Pacheco que contemplaba la construcción de 2.680 viviendas, 1.700 plazas de garaje, 20 locales comerciales, piscinas, zonas de ocio y restauración y un hotel, entre otras instalaciones.
El letrado de la Comunidad General, José Montoya del Moral, presentó su demanda para reclamar una indemnización por la reparación de los desperfectos constructivos existentes tanto en los edificios como en la urbanización privada y en la pública, que también estaban incluidas en el macroproyecto.
La demanda la dirigió contra Polaris World Servicios Turísticos como empresa promotora, contra la segunda sociedad como constructora, y contra los tres arquitectos y el aparejador que intervinieron en el complejo urbanístico.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que reconoce la legitimitad de la Comunidad General de Propietarios para demandar, señala que el total de los daños en las edificaciones y en la urbanización interior -a los que aquella limita ahora su reclamación- se eleva a 931.700 euros, según el informe elaborado por el perito judicial.
El tribunal comenta también que ha tenido que acudir a la condena solidaria de los demandados al no ser posible la individualización de las responsabilidades de cada uno de ellos.
Ello es debido, comenta, "a la generalización de defectos, el hecho de que no haya existido un mínimo control en las direcciones facultativas, que existan defectos derivados de la no realización de obras previstas en el proyecto, de la elección de materiales inadecuados, de la ejecución de las obras y del incumplimiento de las normas de accesibilidad o la construcción de obras no proyectadas".
Este es el segundo revés que Polaris sufre en los tribunales de Murcia en las últimas semanas, ya que recientemente un Juzgado de Primera Instancia la condenó a pagar indemnizaciones a más de doscientos compradores de viviendas del proyecto construido en la pedanía murciana de Baños y Mendigo.
En este caso, las indemnizaciones que deberá abonar por no realizar todas las obras que se incluían en los folletos publicitarios de la promoción podrán llegar hasta el quince por ciento de lo invertido por los compradores.

La política del robo y el robo de la política / Ramón Cotarelo *

Nadie ignora que la Xª Legislatura, el gobierno de Rajoy al frente del PP, ha sido la época de más desaforado latrocinio de la historia de España. La era del expolio, del robo a mansalva, del trinque sin miramiento. Los años de los ladrones sin escrúpulos que, desde las más altas a las más bajas instituciones del Estado han saqueado los fondos públicos, los han malversado, han estafado, engañado a la gente y se han llenado los bolsillos sin tasa ni tino, con una codicia que casi parece legendaria.

En la Casa Real y sus aledaños hay dos o tres presuntos ladrones que son el pasmo del mundo entero porque ¿qué necesidad sentían estos pájaros de cometer tropelías si tenían todo garantizado gracias a la necia generosidad del pueblo?

El presidente del gobierno lleva cuatro años acusado de haber cobrado dineros en B y de haber dejado que una trama de sinvergüenzas y ladrones le pagara sus ternos y sus viajes y no ha hecho ni ademán de dimitir. Es más, reconoció los sobresueldos y reconoció haber enviado SMSs de apoyo a un supuesto chorizo encarcelado como si fuera de la misma mafia y ahí sigue, como si fuera presidente democrático y legítimo del gobierno. Que no lo es pues, no pasa de ser un okupa en rebeldía.

El partido del gobierno tiene a casi todos sus tesoreros procesados por presuntos mangantes. El propio partido como persona jurídica está acusado de robar. Varios presidentes de Comunidades Autónomas (los de Madrid, el de Valencia, el de Baleares, por cierto en el trullo) están acusados de relaciones directas o indirectas con una amplia gama de delitos en relación con la propiedad (ajena) y los caudales públicos. Alcaldes (y alcaldesas, como Botella en Madrid), consejeros, concejales, diputados del partido del gobierno a lo largo y ancho del país, todos robando o permitiendo que otros -siempre los suyos, claro- roben sin tino ni tasa.

En España, la política de la derecha es puro robo.

Y no solo eso: quienes practican con fruición la política del robo también están empeñados en robar la política, hacerla desaparecer, que no haya política, esto es, debate, negociación, acuerdo, conflicto, discusión. Solo anhelan el silencio de quienes se resignan a ver cómo una banda de ladrones que se constituye en partido político, controla todos los mecanismos del Estado e instala una cleptocracia con la bendición de los curas. Es el clero uno de los estamentos más beneficiados o quizá el más beneficiado por esta política de ladrones, esto es, una mezcla de cleptocracia y hierocracia o gobierno de ladrones y curas.

Este robo de la política, este intento de suprimir toda crítica, toda interpelación, participación y control de los poderosos fue evidente desde el primer momento del gobierno de la derecha en 2011. Por entonces quedó claro que el presidente de los Sobresueldos no estaba dispuesto a dar cuenta de sus actos, ni explicación alguna, ni a comparecer en ruedas de prensa ni a admitir preguntas y que pretendía limitarse a aparecer en pantallas de plasma, como si fuera el Gran Hermano.

Esa actitud refractaria a todo talante democrático, a toda política de entendimiento y negociación se vio claramente en la entrevista de Évole al Sobresueldos hace una fechas. Difícil encontrar un ejemplo más claro, evidente, palmario y en primer plano de lo que es un caradura, esto es, alguien que no escucha lo que no quiere oír, que miente con absoluto desparpajo, falta al respeto al auditorio y cree que este es imbécil y se le puede colocar cualquier patraña. Dos o tres perlas de este ejemplo de robo literal de la política y escamoteo del derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que sus gobernantes hacen con sus votos y, sobre todo, con sus dineros:

Rajoy se equivocó en los SMSs a Bárcenas. Pero no hay consecuencias de su equivocación.

Él no es responsable de que haya un montón de corruptos y ladrones en todos los puestos del PP, a pesar de ser el presidente del gobierno y el del partido. 

Él no es responsable de que el independentismo catalán se haya multiplicado por dos, a pesar de haberse mostrado radicalmente catalanófobo desde su primer momento, un provocador y un absoluto incompetente en las relaciones entre Cataluña y España.

No le consta que en España haya más de 110.000 personas asesinadas por los fascistas de Franco (su antecedente ideológico) y enterradas en fosas comunes.

Su gobierno en funciones no tiene por qué ser controlado por el Parlamento porque, según la ratita hacendosa que funge como vicepresidenta y tiene una visión del mundo de eso, de ratita hacendosa, al tratarse de un Parlamento nuevo no ha lugar justo cuando más lugar hay.

Su empeño es que no pueda formarse gobierno a los efectos de ver si, con unas nuevas elecciones y una mayor abstención es posible una nueva mayoría absoluta del PP que permita ambas cosas:

1) una política de robo a la ciudadanía; 

2) un robo de la política a la ciudadanía. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Jueves con choques directos Congreso-Gobierno y Pablo Iglesias-Albert Rivera antes de la reunión a tres bandas esta tarde a las 16:30 y que parece ya vista para sentencia salvo imprevistos. Portadas y grandes titulares compartidos: el proceso de investidura en un ambiente caldeado de precampaña electoral; nuevos nombres en los Papeles de Panamá; presunta financiación ilegal de Podemos; el aviso de la AIReF de que el déficit se irá este año al 4% en vez del 2,8%; emisión de bonos de Telefónica; y el juicio a la ex cúpula de CAM.


PAPELES DE PANAMÁ
La Razón: Doña Pilar reconoce que tenía una offshore, pero que pagó sus impuestos. El Mundo: El bufete panameño dice que el ático fue siempre de González (Manuel Marraco). Otro titular: Hacienda mantiene la investigación a Pilar de Borbón pese a su ‘confesión’ (Carlos Segovia y Carmen Remírez de Ganuza). Cinco Días: A Panamá vía Andorra: la filtración sobre el bufete Mossack Fonseca revela lazos con el BPA. El Economista: El fisco devuelve a Almodóvar 259.052 euros en dos años: el cineasta, con una firma opaca en Panamá, tiene unos activos de 45,2 millones. El Confidencial: El patriarca de los Carceller tejió su trama fiscal desde Panamá durante 20 años (Ruth Ugalde).

PAPELES DE VENEZUELA
El Español: El jefe de la UDEF llamó a jueces del Supremo para impulsar la querella contra Pablo Iglesias: el comisario Manuel Vázquez se ofreció para exponer los pormenores del llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) estando pendiente la decisión sobre la apertura de una causa penal (María Peral). ABC: PP y C’s exigen explicaciones a Podemos tras probar ABC los pagos de Chávez. Libertad Digital: Errejón niega la financiación del chavismo y reta a ir al juez (Míriam Muro). OKdiario: La contabilidad iraní demuestra que 360 Global también financió a un terrorista íntimo de Iglesias (Miguel Ángel Pérez). La Razón: El ‘pitufeo’ de Podemos: personas sin recursos donan 5.000 euros al partido; la Udef investiga si blanquearon dinero de Venezuela, Irán o Qatar a través de ‘crowdfunding’ (J.M. Zuloaga).

20-D+109
Público: Una reunión 'a tres' con todas las posibilidades para poder formar Gobierno bloqueadas salvo cesiones sorprendentes o nuevas fórmulas (Manuel Sánchez). El Plural: El acuerdo PSOE-Podemos y la abstención de los independentistas, más cerca de lo que parece (Angélica Rubio). Libertad Digital: La CUP propone a Otegi un frente común para dinamitar España (Pablo Planas). Otro titular: PSOE, C’s y Podemos, a la gresca en el Congreso (Ketty Garat, Míriam Muro y Mariano Alonso). El País: El diálogo a tres se abre entre reproches y desconfianza: la reunión secreta de Sánchez y Junqueras desata recelos en Ciudadanos; Iglesias y Rivera cruzan duras acusaciones desde la tribuna del Parlamento (Maiol Roger y Anabel Diez). Otro titular: El Congreso vota a favor de llevar al Gobierno al Constitucional (Fernando Garea). Vozpopuli: El referéndum catalán es el último escollo para que PSOE y Podemos desalojen a Rajoy de La Moncloa (Federico Castaño).

El Confidencial: La cita de Sánchez y Junqueras tensa al PSOE por temor a un pacto con Iglesias y separatistas (Juanma Romero e Isabel Morillo). La Vanguardia: La cita entre Sánchez y Junqueras tensa al PSOE y al Govern: Puigdemont no sabía nada (Isabel Garcia Pagan y Juan Carlos Merino). Otro titular: El Congreso lleva al Gobierno de Rajoy al Constitucional por ‘despreciar la soberanía popular’ (Fernando García). Esdiario: El paripé de Sánchez contado paso a paso por un miembro de su equipo negociador (Juan de Dios Colmenero). El Periódico: PSOE, Podemos y Cs intentan el desbloqueo: recta final de las negociaciones tras el 20-D; Sánchez propondrá una mesa económica y social, y otra para asuntos territoriales y reformas. La Razón: C´s avisa: ‘No habrá más cesiones a la izquierda’; bronca en el Congreso: Rivera acusa de financiación ilegal a Iglesias, que le llama ‘cuñado’ del PP.

ABC: Rivera e Iglesias pasan al ataque personal antes de la reunión de hoy; Mariano Rajoy alertó ayer en el Congreso contra los ‘mesías’ y pidió unidad en políticas de Estado. Otro titular: Alberto Núñez Feijóo: ‘Comparados con Sánchez, Rubalcaba y Zapatero eran unos patriotas’; ‘Nunca he visto tanta frivolidad en los responsables del PSOE’. El Mundo: El rifirrafe entre Iglesias y Rivera anticipa el talante de la reunión a tres. El Español: El choque entre Iglesias y Rivera hace (casi) imposible el ‘ménage à trois’. InfoLibre: Rivera llama ‘cuñado’ a Rivera y éste le acusa de ‘colocar a los amigos y a las novias’ (Yolanda González). Eldiario: El Congreso se rebela contra el Gobierno (Irene Castro). Otro titular: Encuesta: El aumento de la abstención dejaría a PP y Ciudadanos al borde de la mayoría absoluta (Gonzalo Cortizo).

CATALUÑA
El Periódico: La reunión de Junqueras con Sánchez enerva a CDC (Fidel Masreal y Xabier Barrena). El País: Sánchez sondeó a Junqueras sobre su apoyo a la investidura: el secretario general del PSOE preguntó al presidente de ERC qué pedía a cambio de apoyar su investidura; cuando Junqueras le dijo que quería un referéndum, el sondeo se zanjó de inmediato (Maiol Roger y Anabel Díez). ABC: Sánchez pacta el apoyo de Convergència a cambio de alivio fiscal para Cataluña: CDC dio a elegir al candidato socialista entre la abstención o el voto a favor, llevado por la asfixia económica y el temor a ser fagocitado por ERC. El Mundo: Los críticos de Sánchez temen que pacte con el separatismo (Luis Ángel Sanz y Marisa Cruz).

ECONOMÍA
Expansión: Entrevista a Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos: ‘Bruselas prepara una eurolista de paraísos fiscales’; 'Si no actuamos tras lo de Panamá la gente creerá que todo está podrido' (Miquel Roig). Otro titular: La Seguridad Social tiene un déficit 'oculto' de 17.000 millones: informe del Pacto de Toledo (M. Valverde). Otro titular: Ultimátum de Montoro a las CCAA incumplidoras con el déficit en 2015: el ministro comparece hoy en el Congreso (Calixto Rivero). El País: El Supremo anula el reparto del déficit a las comunidades de 2013: el tribunal admite los recursos de Andalucía y Cataluña contra el acuerdo del Consejo de Ministros que fijó la deuda de las autonomías (Reyes Rincón). Otro titular: La Autoridad Fiscal prevé un déficit del 4% frente al 2,8% del Gobierno (Íñigo de Barrón). El Mundo: Hacienda busca en webs inmobiliarias alquileres en negro (Francisco Núñez).

El Economista: Las autonomías del PSOE se rebelan contra la intervención de Montoro: frente común de Aragón, Andalucía y Asturias. Vozpopuli: Facebook saca los colores a Gobierno y patronal: 'España ha caído en innovación estos años' (Mario Moratalla). Otro titular: Sigue la guerra Hacienda-AIReF: Montoro no le facilita datos pese al recurso en la AN (Teresa Lázaro). Cinco Días: La AIReF no ve posible cumplir el déficit en 2016: alerta de la ‘infrafinanciación’ de la Seguridad Social (Jaume Viñas Coll). Otro titular: Los directores técnicos de la CNMC niegan su respaldo al presidente. Otro titular: Hacienda detecta a quien alquila pisos en portados de internet (Gabriele Ferluga).

EMPRESAS
El Confidencial: Fernando Almansa, ex jefe de la Casa del Rey, deja también Telefónica: el relevo de César Alierta al frente de la presidencia de Telefónica va a suponer este viernes un más que importante 'lavado de cara' dentro del consejo de administración de la primera multinacional española (José Antonio Navas). Capital Madrid: Telefónica reabre el mercado de deuda con los analistas a favor: empieza a parar el golpe en Bolsa mientras rebaja el coste de la deuda, y la presión vendedora empieza a remitir en el parquet con la acción aguantando en el soporte de los 9 euros (Quesada Vargas). Cinco Días: Telefónica vuelve al mercado de deuda con una emisión de 2.750 millones (S. Millán).

Expansión: Telefónica lanza una emisión histórica de bonos. Otro titular: Cinven compra Tinsa, líder en tasación inmobiliaria (M. Ponce de León). El Economista: La china HNA se aleja de Globalia en plena renovación de la flota. Vozpopuli: Galán se postula como sustituto de Alierta en el lobby empresarial del Ibex (Baltasar Montaño). Otro titular: ACS quiso ganar 8 millones con el Castor maquillando gastos e inflando contratos (Baltasar Montaño). Otro titular: El ‘pelotazo’ del fondo TCI con AENA: gana 1.100 millones en sólo 14 meses (Raúl Pozo).

SECTOR FINANCIERO
Economía Digital: El Sabadell dispara la artillería legal para esquivar la fianza de la CAM: el banco que preside Josep Oliu presenta una petición de escrito aclaratorio del auto a la Audiencia y considera que no fue responsable de la mala gestión de la caja (Xavier Alegret). El País: La juez abre juicio a la cúpula de la CAM por falsear las cuentas: la magistrada de la Audiencia Nacional impone a los ex tesoreros de la caja alicntina una fianza civil de 1.592 millones (Fernando J. Pérez). Cinco Días: La cúpula de la CAM irá a juicio oral y afronta 1.592 millones de fianza. Otro titular: Santander indemnizará con 300.000 euros a los nuevos prejubilados.

Capital Madrid: Telepizza y Parques Reunidos arrastran al resto de OPVs bloqueadas: las salidas a Bolsa han pasado de 4.680 millones del primer trimestre de 2015 a 1,9 millones en 2016, y el volumen de negocio del primer trimestre de la bolsa española ha cadído el 24% (Jaime Carmona). Expansión: Santander ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años. Europa Press: Catalana Occidente compra Grupo Previsora Bilbaína, con seguros valorados en 74 millones.

OTROS TITULARES DESTACADOS
Cinco Días: Pisos de lujo en las Torres de Colón: Madrid autoriza el cambio de uso a residencial y hotelero del emblemático complejo de la antigua Rumasa. El Economista: La política de Colau hunde el 67% la inversión hotelera en Barcelona: en el primer trimestre, Madrid la multiplica por más de 10, hasta 261 millones (Alba Brualla y Eva Díaz). Economía Digital: Carmena paga a 122 enchufados sin estudios 40.000 euros anuales (David Placer). El Mundo: Abraham, el universitario que pide suspender para tener beca: su caso ha provocado la disculpa de Méndez de Vigo y que se cambie la ley.

OPINIONES
Editorial en El Mundo: ‘Pedro Sánchez, al final de la escapada; se halla ante un dilema infernal: sólo puede conseguir ser investido si traiciona todo lo que ha defendido en los últimos meses y también su pacto con Ciudadanos, que él mismo calificó de estable’. Iván Redondo en el mismo diario: ‘El ‘efecto Mariposa’ o cómo Podemos + IU serían segundos el 26-J’. Editorial en El País: ‘Límites del pacto; aceptar acuerdos peligrosos para la investidura haría imposible gobernar’. Antonio Arroyo Gil en el mismo diario: 'Un referéndum antidemocrático'. Editorial en El Periódico: ‘Una difícil cita a tres bandas: hoy puede ser un día importante en este largo viacrucis de la formación de Gobierno’. Joan Tapia en el mismo diario: ‘El momento Rivera: la reunión no pinta bien, lo único posible es que no consagre la ruptura total'.

Editorial en ABC: ‘Sánchez corteja al separatismo: salvo sorpresas de última hora, la reunión a tres que hoy mantendrán PSOE, Ciudadanos y Podemos en busca de un acuerdo de investidura nace viciada y sin expectativas de éxito’. Editorial en La Vanguardia: ‘Campaña de la renta con fondo panameño’. Enric Juliana en el mismo diario: 'El momento de la ciaboga: Ciudadanos y Podemos reman en direcciones contrarias para obligar al PSOE a escoger'. Editorial en Cinco Días: ‘Hacienda apunta al alquiler online’. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Sánchez negocia la abstención de los secesionistas catalanes: ha supeditado el interés general, incluso el del PSOE, a su interés personal’. Ramon Vilaró en Capital Madrid: ‘Puigdemont recibe pero no almuerza: Pedro Sánchez, que come con Junqueras, precede a Pablo Iglesias y Albert Rivera; así es de fría la política. Unos reciben. Otros almuerzan. Y otros se ignoran’.

 https://www.capitalmadrid.com/news_links/1985

Toda la información económica global recogida a diario en las noticias clave de 'Economía Avanzada'

miércoles, 6 de abril de 2016

Urbina: "La impaciencia hizo que la CARM aceptase el proyecto de Escombreras para desarrollos urbanísticos"


CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, ha asegurado que el Plan Agua y las desaladoras ya construidas en el año 2003 resolvían el problema del agua para consumo humano y que la "única justificación de la construcción de Escombreras es para poder avalar mediante convenios los desarrollos urbanísticos previstos en multitud de ayuntamientos".

Tras la comparecencia de Fuentes Zorita, Urbina ha señalado que en el año 2003 la Confederación Hidrográfica del Segura no daba concesiones a planes de desarrollo urbanístico, "puesto que se estaba resolviendo el problema de la escasez de agua para consumo humano y para agricultura" y por ello, "la impaciencia de impulsar el negocio del ladrillo, lleva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a poner en marcha el entramado de Escombreras".
En este sentido, el diputado de Podemos ha afirmado que "no había demanda que justificase una nueva desaladora, pero la impaciencia del gobierno regional es tan grande a la hora de construir, que les lleva a comprar el proyecto de Escombreras". Un proyecto que según Antonio Urbina "ya se intentó vender anteriormente a la CHS, como ha subrayado Zorita, y también a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla".
En ambos casos, ha incidido Urbina, "la debilidad del proyecto, porque no se apreciaba una demanda clara para el agua a producir, se acaba rechazando el proyecto". Si bien, la Comunidad Autónoma "después del mercado previo con la CHS y la MCT lo compra, y esto desemboca en el enorme peso financiero para las cuentas públicas regionales que tiene ahora la desaladora, que es en definitiva, un lastre para todos los murcianos y murcianas".

Apoyo de IU a la Fiscalía sobre las recalificaciones urbanísticas amparadas en el agua de Escombreras

MURCIA.- José Manuel López, responsable de Organización de miembro de IU-V-RM, ha manifestado hoy el apoyo de su formación política a la tesis que sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre "prevaricación de las recalificaciones no autorizadas por la CHS". Un informe que, sostiene López, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a las denuncias públicas que durante años realizó IU tanto en la Asamblea Regional como en muchos de los ayuntamientos que firmaron acuerdos con la desaladora de Escombreras.

Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes negativos que entonces emitía la CHS sobre disponibilidad de recursos hídricos cada vez que algún Ayuntamiento intentaba revisar un Plan General o firmar un convenio urbanístico, los alcaldes del PP comenzaron a utilizar, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval que les daba el Ente Público del Agua. Así, se firmaron decenas de acuerdos entre los ayuntamientos murcianos y la EPA certificando la disponibilidad de agua procedente de Escombreras. Con esos acuerdos, ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Murcia, se pasaban por alto los informes que emitía la CHS y se daba rienda suelta al "urbanismo a la carta" que ha presidido la política regional y municipal durante más de una década.
Han sido decenas los planes generales revisados en la Región y los convenios urbanísticos firmados en muchos municipios que han estado amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU denunció en solitario en su día, y que hoy está suponiendo una ruina para muchos ayuntamientos a los que se les están anulando planes y convenios y a quienes se obliga a devolver grandes cantidades de dinero a promotores y especuladores de diverso pelaje.
Esa bancarrota municipal tiene, en opinión de López, unos responsables claros. Decenas de alcaldes del PP y dirigentes regionales de este partido. A todos ellos se debe exigir además de las responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de entonces.
Hay que recordar que muchos de esos alcaldes, algunos con bastón de mando y otros sin él, siguen sentándose hoy en los plenos de los ayuntamientos de la Región, y lo menos que tenían que hacer es dimitir por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones públicas del urbanismo, por imponer un urbanismo a la carta y de maletín que fue el mejor caldo de cultivo para corrupción y por la ruina económica que finalmente han generado en sus municipios.

La Consejería de Agua elabora un estudio técnico sobre las inundaciones en la ribera sur del Mar Menor

CARTAGENA.- El director general del Agua, Andrés Martínez, se reunió esta mañana con técnicos del Ayuntamiento de Cartagena para tratar, entre otros aspectos, el informe que ha elaborado su departamento sobre las inundaciones en el Mar Menor, en poblaciones como Los Nietos y Mar de Cristal, pertenecientes al término municipal de Cartagena.

La Comunidad no tiene competencias para el encauzamiento de aguas pluviales en zonas no urbanas, no obstante, destacó Andrés Martínez, "la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente reconoce la necesidad de dar respuesta a un problema con amplia repercusión social, más allá de las competencias de las administraciones presentes en el territorio y, por ello, ha elaborado un estudio técnico cuyas conclusiones se han expuesto ya a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ayuntamiento de Cartagena".
"El siguiente paso será exponer dicho estudio a los vecinos de las urbanizaciones afectadas y a los propietarios de los predios donde se generan las escorrentías", añadió el director general.
Dicho estudio evalúa la escorrentía de fenómenos torrenciales en cauces no marcados, complementando así los análisis desarrollados en el 'Plan de gestión ante el riesgo de inundaciones', elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura para aquellos cauces bien definidos en los que se pueden producir daños por inundaciones.
Se han evaluado las afecciones que se producen con precipitaciones para períodos de retorno de 500 años, de acuerdo con la reglamentación para análisis de inundabilidad en zonas costeras, y cómo mejoran las circunstancias realizando 'infraestructuras blandas' en el entorno de las urbanizaciones. Dichas 'infraestructuras blandas' serían canalizaciones en tierras o embalses de laminación y regulación también en tierras y con vegetación.

Turismo mejora la señalización de la 'Ruta de las Norias'


ABARÁN.- El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, inauguró hoy junto con el alcalde de Abarán, Jesús Molina, la nueva señalización de la Ruta de las Norias de Abarán, que renueva y completa la ya existente.

Además de una renovación del diseño de los carteles interpretativos, se han modificado los mapas y textos, que ahora también están traducidos al inglés, y se ha añadido en cada cartel un código QR que permite enlazar con la información cargada en la web murcia turistica .es sobre la ruta y sobre toda la oferta turística del municipio. Por otro lado, se ha completado la señalización direccional para indicar las distancias hasta las norias.
Según indicó Fernández-Delgado, esta acción se incluye dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas de la Consejería, cuyo objetivo es mejorar la percepción del destino por parte del viajero, así como la accesibilidad a los recursos turísticos. En este caso, afirmó, "hemos adaptado la infraestructura de esta ruta de cara al aumento de nuestro turismo, a su diversificación y a su internacionalización".
Fernández-Delgado recordó que la Ruta de las Norias "es uno de los principales recursos turísticos del municipio de Abarán y se incluye en la excursión al Valle de Ricote que se oferta a los turistas de algunas de nuestras operativas, como la primavera austriaca que arranca hoy".
Abarán es el municipio con más norias funcionales de toda Españay el que acoge la noria en uso de mayor tamaño en Europa, la Noria Grande. Las otras norias que se pueden ver durante el transcurso de la ruta son la Noria de la Hoya de Don García, la Noria de Candelón y la Noria de la Ñorica.

La 'Apdef' gana en Sabadell su primera demanda en España por cuotas participativas de la CAM

BARCELONA.- La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef) ha ganado en Sabadell (Barcelona) su primera demanda en España por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una sentencia en la que el juez ha condenado a Banco Sabadell --que compró la entidad alicantina tras su intervención-- a devolver el dinero a una pareja de jubilados de Orihuela.

El fallo, contra el que cabe recurso, declara nulas las compras de 650 cuotas participativas de la CAM que realizaron los afectados en 2010 e insta a devolverles los 3.822 euros que invirtieron porque no fueron informados convenientemente sobre el producto, ha informado Apdef en un comunicado.
Banco Sabadell --que ha declinado valorar la decisión-- también debe pagar intereses y las costas del proceso judicial, mientras que la Fundación CAM --a la que Apdef había demandado como responsable subsidiaria-- ha sido absuelta plenamente.
La sentencia considera que los demandantes --que pensaban que contrataban un depósito a plazo-- recibieron "información insuficiente, incompleta e inveraz de la naturaleza, condiciones y comportamiento del producto financiero complejo que adquirían".
Así, recoge la ausencia de la información preceptiva en la contratación de este tipo de productos complejos, unida al perfil de los clientes y la no realización del test de idoneidad.
Apdef está tramitando más de 250 reclamaciones por las cuotas participativas de la CAM, de las que ha presentado ya más de 150; la entidad financiera empezó a emitir estos títulos en 2008, que dejaron de tener valor en diciembre de 2011, y los colocó entre 55.000 pequeños inversores, con lo que consiguió 292 millones de euros.

Exteriores convoca al embajador francés en Madrid para protestar por los ataques a camiones españoles

MADRID.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador francés a una reunión en la sede del departamento para trasladarle la protesta formal de España ante los últimos ataques a camiones españoles en el país vecino, han confirmado hoy fuentes diplomáticas.

El diplomático francés, Yves Saint-Geours, fue recibido en la mañana de este miércoles por los directores generales de Relaciones Bilaterales con Países de la UE, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, María Victoria Morera, y de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE, Alejandro Abellán.
La convocatoria de un embajador es una herramienta de protesta diplomática que se emplea para trasladar un profundo malestar ante un Estado extranjero, al que se le piden explicaciones. En la escala de protestas en diplomacia, es el paso anterior a llamar a consultas (retirada temporal) al embajador del país ofendido.
Esta protesta ante Francia se produce como consecuencia de la agresión sufrida el lunes en el país vecino por varios camiones que transportaban vino español y cuyo cargamento quedó inutilizado.
Según organizaciones agrarias, un grupo de agricultores franceses destruyó unos 30.000 litros de vino procedente de España en el paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercancía, proveniente de Castilla-La Mancha, fue vertida a la carretera y destruida por los manifestantes, que amenazaron y amedrentaron a los conductores de los camiones que sufrieron el ataque.
España ha reclamado al embajador francés que las autoridades de su país adopten todas las medidas oportunas para garantizar con total seguridad la libre circulación de personas y mercancías, uno de los principios básicos de la Unión Europea.
En un comunicado difundido ayer martes por el Ministerio español de Exteriores, España lamentó unos hechos que se producen "con desafortunada periodicidad" y de los que ha informado a la Comisión Europea, pues suponen "una violación flagrante de varios principios básicos" de la UE, como el de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y otros referidos a la propiedad y seguridad de los bienes y de las personas.

Banco Sabadell pide a la Audiencia Nacional aclarar su responsabilidad subsidiaria por actuaciones en la CAM

BARCELONA.- Banco Sabadell ha solicitado hoy una "nota aclaratoria" a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para que delimite la responsabilidad subsidiaria de la entidad catalana respecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que se circunscribe a una pieza separada sobre la comercialización de cuotas participativas de la CAM, han informado esta noche fuentes de la entidad catalana.

El banco presidido por Josep Oliu, que se adjudicó la entidad murciano-alicantina por un euro después de que fuese intervenida en 2011, ve confuso el escrito de apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la Caja que condujeron a su quiebra, a quienes reclama, además, el pago de una fianza de 1.592 millones de euros.
Banco Sabadell considera que la redacción induce a error cuando hace referencia a la responsabilidad subsidiaria de Banco Sabadell --actual propietario de la caja-- y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM, así como a la declaración de la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Ha concretado que estas responsabilidades no son generales, sino que corresponden a una pieza separada del caso, que solicitó Fiscalía, sobre la comercialización de cuotas participativas de la CAM entre clientes que no recibieron una información adecuada del producto.
Se trata de unos 11 millones de cuotas participativas valoradas en unos 60 millones de euros, que fueron vendidas a clientes desde que se publicaron las cuentas de 2010 en marzo de 2011, hasta que la entidad fue intervenida en julio y se reformularon sus cuentas, que pasaron de beneficios a pérdidas.
De estos 60 millones, 40 quedan cubiertos por una póliza que tenía contratada la CAM con la aseguradora Caser, y los otros 20 son de los que deben responder como responsables subsidiarios Banco Sabadell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores; en marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones, mientras que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.

Bruselas pide información a Francia tras los ataques de agricultores franceses a camiones con vino español

BRUSELAS.- La Comisión Europea sigue "de cerca" los acontecimientos tras los ataques de agricultores franceses a camiones cargados de vino español en el paso fronterizo de Le Boulou, próximo a La Junquera, y ha reclamado información a París sobre este hecho y las medidas que piensa adoptar al respecto. 

"Estamos siguiendo los acontecimientos de cerca, y hemos pedido a las autoridades francesas el 5 de abril que informen a la Comisión sobre el estado de la cuestión (lugar, fecha, duración, naturaleza y consecuencias) y sobre las medidas que han sido o van a ser tomadas para informar a los operadores económicos involucrados y para limitar lo posible la distorsión de la libertad de circulación de bienes", han informado fuentes comunitarias.
Además, el Ejecutivo comunitario ha señalado que fue informado del "incidente" este martes por parte de las autoridades españolas, en el marco de la normativa europea que recoge el intercambio de información entre los Estados miembros y Bruselas en situaciones que pueden afectar la libre circulación de bienes en el mercado único.
Según denunciaron organizaciones agrarias, un grupo de agricultores franceses destruyó el lunes unos 30.000 litros de vino procedente de España en el paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercancía, procedente de Castilla-La Mancha, fue vertida a la carretera y destruida "sin pudor" por los manifestantes.
En consecuencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador galo a una reunión en la sede del departamento para trasladarle la protesta formal de España ante esta cuestión, han confirmado hoy fuentes diplomáticas.
Por otro lado, eurodiputados del Partido Popular y del PSOE han reclamado este miércoles a la Comisión Europea que actúe en respuesta a estos hechos.

'Navantia' Sistemas desarrolla una herramienta de adriestramiento de personal de máquinas

MADRID.- Navantia Sistemas, a partir de los simuladores de control de plataforma existentes y enfocados al adiestramiento de personal de máquinas, ha desarrollado el sistema 'Navantis', que extiende las capacidades de adiestramiento a la virtualización del puente de gobierno, el puesto físico de control más completo y complejo a bordo.

En este sistema, a partir de una recreación del entorno natural con distintas condiciones atmosféricas que afectan a la visibilidad de los pilotos, la compañía propone una superficie táctil modular y continua llamada 'consola de cristal' para disponer de una única instalación configurable que permite representar de forma precisa cualquier consola de puente de todos los barcos en los que se requiera realizar ejercicios de adiestramiento.
La sala de adiestramiento de puente y la de control de máquinas asociada realizan de forma conjunta, colaborativa y sincronizada los mismos ejercicios partiendo de los escenarios diseñados por los instructores.
Este sistema se puede instalar en bases navales o centros de adiestramiento de las marinas y estos se pueden interconectar para trabajar conjuntamente en tiempo real dentro del mismo entorno natural virtual, lo que abre la posibilidad de adiestrar a diversas dotaciones en las maniobras en las que están involucrados varios buques.
Un ejemplo de estas prácticas es el aprovisionamiento en la mar entre dos barcos, donde no solamente se requiere pericia en la maniobra de aproximación y alineación de los buques, sino también acciones precisas para el trasiego de combustible u otros líquidos operando sobre el SICP.
Según ha informado la empresa en un comunicado, se abre el camino para que Navantia incorpore nuevos elementos a las sesiones de adiestramiento una vez que sus sistemas de combate entren en la escena 'Navantis', de manera que el "adiestramiento integrado" cobraría sentido en su máxima dimensión.

El TS anula los límites del déficit autonómico de 2013 fijados por el Gobierno pero avala los de 2014-2016

MADRID.- El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente los recursos de Cataluña, Andalucía y Asturias contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013 que fijó la distribución entre las comunidades autónomas de régimen común de los objetivos generales de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el año 2013, que es anulado.

Por otro lado, los casi 40 magistrados que integran esta Sala, que darán a conocer sus resoluciones sobre este asunto en los próximos días, han rechazado otros recursos presentados por este mismo asunto por parte de Cataluña y Andalucía relativos al acuerdo de la misma fecha que estableció la distribución entre comunidades de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2014-2016.
En total eran cinco recursos sobre este asunto los que se vieron este miércoles por la Sala, formulados por las cuatro comunidades autónomas citadas más Canarias.

La AIReF achaca parte del desvío del déficit de las CC AA al sistema de financiación autonómico

MADRID.- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, achaca parte del desvío del déficit de las comunidades autónomas en 2015 al sistema de financiación, y no únicamente a la gestión realizada por los gobiernos regionales. 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso este miércoles, Escrivá ha citado todos los informes que publicó el año pasado y en los que ya advertía de forma reiterada de los altos riesgos de incumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el 4,2% para el conjunto del Estado y que finalmente cerró casi un punto por encima, en el 5,18%.
Sin embargo, gran parte de esa desviación se debe a las comunidades autónomas, que acabaron el año con un déficit del 1,66%, muy lejos del 0,7% previsto.
Según Escrivá, esta situación "es consecuencia de muchos factores", incluyendo tanto la "eficacia" de la gestión como el "compromiso con la estabilidad" presupuestaria de cada administración, pero sin olvidar "la facilidad de alcanzar los objetivos fijados" según el punto de partida, la "sensibilidad al ciclo de ingresos y gastos", y la "suficiencia y adecuación del sistema de financiación".
"Por eso no es conveniente centrar el debate en el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos, porque eso sería una simplificación en la búsqueda de soluciones a través del tratamiento de los síntomas y no de las causas del problema", ha advertido.
En este sentido, ha señalado que no sólo hacen falta medidas de consolidación fiscal e incluso una revisión de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria tras cuatro años en vigor, sino que además se necesita un "análisis integral del sistema de financiación" para "adecuar el nivel de gasto a las competencias de cada administración y al cumplimiento de la regla de gasto".
Y es que Escrivá no cree que el déficit del conjunto de las comunidades sea "muy grande" y considera que el verdadero problema a medio plazo será la financiación de la Seguridad Social. Sin embargo, sí admite que hay "casos bastantes evidentes de infrafinanciación" de algunas comunidades concretas.
"Y, en la medida en que esto es así, hay un déficit de autoridad moral para aplicar medidas fuertes sobre las comunidades que tienen un déficit de financiación. Y para poder exigir medidas, el sistema tiene que estar bien equilibrado entre todas las comunidades. Por eso insistimos en este problema", ha añadido.
El Ministerio de Hacienda acepta esta sugerencia de revisar el modelo, pero matizando que es su competencia decidir cuándo afrontarla.
"Sin embargo, no parece razonable mantener, en el contexto actual, objetivos de déficit aún muy exigentes en algunos subsectores y superávit recurrentes en otros", ha advertido Escrivá, que recuerda que en Europa hay un "reconocimiento general y creciente" de que las reglas de estabilidad presupuestaria deben aplicarse con "más flexibilidad" y con un carácter "más anticíclico".
Y es que a su entender que el Estado hay conseguido "cumplir holgadamente" con el objetivo de 2015 puede interpretarse como que "su objetivo no es particularmente exigente", mientras que dar más margen a los gobiernos regionales permitiría que menos comunidades incumplieran. "Parece que el objetivo de 2015 era particularmente exagerado", ha apostillado.
Además, Escrivá ha pronosticado que si no se toman medidas adicionales el déficit de las comunidades autónomas este año será del 0,8% del PIB, cerca de un punto por debajo de 2015 aunque todavía lejos del objetivo del 0,3% acordado con Bruselas.
También ha recordado que sugirió establecer objetivos de déficit diferenciados por comunidades tanto para 2016 como para 2017, en aras a que en 2018 todas tuvieran equilibrio presupuestario. "Pero esta recomendación no fue seguida", ha lamentado, insistiendo en que hay que ver la "factibilidad" de los objetivos que se marcan porque si se incumplen "se erosiona la credibilidad de todo el sistema".
En la misma línea, ha admitido que le resulta "desalentador" que los esfuerzos de la AIReF "no hayan sido suficientes para transmitir los beneficios de un ajuste gradual y diseñado internamente, frente a uno que venga de fuera y sea precipitado y traumático" y que las administraciones públicas no hayan seguido sus sugerencias hasta que no las ha planteado la Comisión Europea (CE) de forma pública y se han comprobado las desviaciones de déficit.
Por otra parte, el presidente de la Autoridad ha subrayado que parte sustancial de sus recomendaciones han estado relacionadas con las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo con la "conveniencia de reforzar la actuación temprana cuando hay riesgo de desviación".
"Las herramientas preventivas no han terminado de ser aplicadas", se ha quejado, señalando que sería "necesario disponer de plan presupuestario a medio plazo realista, creíble y que preste especial atención a las administraciones con mayores desviaciones" del déficit.
También la regla de gasto ha sido objeto de muchas de sus sugerencias, para mejorar su aplicación, aunque siempre teniendo en cuenta que "las recomendaciones de la AIReF no son meras sugerencias, sino que están sujetas al principio de cumplir o explicar".
"Las administraciones tienen la obligación de seguir nuestras recomendaciones o explicar por qué no lo hacen", ha precisado Escrivá, que valora los avances conseguidos en esta materia durante los últimos meses, en los que se ha pasado de un "insuficiente diálogo" entre las administraciones a actitudes más "constructivas".
En cualquier caso, considera que "queda un importante trabajo" que hacer en este campo para que el principio de cumplir o explicar "no sea un mero trámite" y se eviten "fórmulas evasivas", de modo que todas las administraciones que tengan "intención de cumplir" precisen "cómo y cuándo" lo harán o argumenten "de forma convincente" cualquier otra postura.
"Yo preferiría muchas veces que discreparan más de nosotros, porque no tenemos por qué tener razón. Esto contribuiría a reforzar el marco presupuestario nacional", ha añadido.
Por otra parte, Escrivá se ha referido a la Memoria Anual de la AIReF de 2015, cuya presentación era el objetivo formal de la comparecencia, en cumplimiento de la normativa vigente.
En este sentido, ha recordado que su trabajo pasa por "identificar problemas en el ciclo presupuestario y hacer recomendaciones para solventarlos" pero "en último término la decisión sobre las medidas a aplicar corresponde a los gobiernos competentes".
Además, ha subrayado que la aplicación del Plan Estratégico de 2015 ha estado "condicionado" por la disponibilidad de recursos financieros y humanos, sobre todo porque la plantilla está "muy lejos" de las necesidades de la institución.
En cualquier caso, se ha comprometido a trabajar este año en algunas medidas, como incorporar a la web de la Autoridad un observatorio interactivo de la sostenibilidad de la deuda de cada administración pública o iniciar el diseño de la evaluación externa que la AIReF pedirá a la OCDE a mediados de mandato.

La Unión Europea alcanza un principio de acuerdo sobre el plan de recuperación del atún rojo

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) ha alcanzado este miércoles un principio de acuerdo sobre la propuesta para aplicar las medidas del plan de recuperación del atún rojo en el Atlántico oriental y en el mar Mediterráneo, según ha informado el Consejo de la UE. 

El principio de acuerdo al que han llegado los negociadores de la presidencia holandesa de turno de la UE y del Parlamento Europeo necesita ser validado ahora tanto por los Veintiocho como por la Eurocámara.
La propuesta de la Comisión Europea, presentada en abril del año pasado, transpone las medidas legislativas del plan de recuperación plurianual del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo adoptado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés) en sus encuentros anuales entre 2012 y 2014.
De hecho, el plan plurianual de recuperación para el atún rojo, que está vigente entre 2007 y 2022, fue recomendado por el ICCAT, comisión de la cual la Unión Europea es parte contratante.
Tras el acuerdo, el ministro de Agricultura de Países Bajos, Martijn van Dam, ha elogiado el trabajo de todas las partes involucradas en la negociación y ha destacado que permitirá a la UE "estar en línea con las recomendaciones internacionales para la protección y la conservación del atún rojo", así como con "la explotación sostenible de unas actividades pesqueras sostenibles.
Por otra parte, el comisario europeo de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Pesqueros, Karmenu Vella, se desplazará mañana jueves a Argelia con el objetivo abordar la necesidad de establecer una gestión conjunta con el país norteafricano para el mar Mediterráneo, según ha informado la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario ha destacado que Argel es un "socio clave" para contribuir a una gestión sostenible de los recursos y para desarrollar una economía "azul" en el Mediterráneo.
Bruselas ha subrayado también que este viaje tiene lugar después de que los ministros de los países de la cuenca mediterránea coincidiesen en febrero en señalar la "urgente" necesidad de revertir la "preocupante" pérdida de stocks pesqueros.
"El Mediterráneo es una cuenca políticamente, culturalmente y económicamente diversa que tienen recursos y potencial compartidos, vital para toda la región. Unos ecosistemas saludables son vitales para seguir generando riqueza; un mar Mediterráneo sano nos permitirá aprovechar todo el potencial de la economía azul", ha destacado el comisario maltés.
Vella tiene previstos encuentros con el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, así como con el ministro de recursos del Agua y Medio Ambiente, Abdelouhab Nouri, antes de visitar el puerto pesquero de El Djamila. Por la tarde, será recibido por el ministro de Transportes, Boudjema Talai, y por el ministro de Agricultura y Pesca, Sid Ahmed Ferroukhi.

La cúpula de la CAM irá a juicio y se enfrenta a una fianza de 1.600 millones

MADRID.- La Audiencia Nacional ha decretado hoy la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa y falsedad documental, a quienes ha impuesto una fianza conjunta de 1.592,4 millones de euros.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, señala también a la Fundación CAM y a Banco Sabadell -que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro- como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Los ocho acusados, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, disponen ahora de 24 horas para depositar "de forma civil y solidaria" los cerca de 1.600 millones de fianza solicitada por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en su escrito de acusación.
El ministerio público pide siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez García como autores de falsedad contable y estafa.
Más flexible se muestra con los presuntos cómplices, Sabater Navarro y Ochoa Pérez, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros; mientras que pide para Soriano Terol diez meses de cárcel y 12.000 euros por delito de estafa.
De cara a las vistas orales, el fiscal propone la comparecencia de más de una decena de testigos, entre ellos varios peritos aportados por el Banco de España.
Por su parte, el FGD atribuye también al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
Una cantidad idéntica para López Abad y Martínez por falsedad societaria, para quienes pide tres años de prisión frente a los dos años de cárcel y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro por falsedad societaria.
Además, requiere a los peritos que realizaron los informes sobre los estados financieros de la caja antes y después de su intervención por el Banco de España en julio del 2011.
La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.
Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.

El Ayuntamiento de Murcia no se sabe si cumplió, o no, por falta de información, con la regla de estabilidad financiera

MADRID.- Málaga, Vigo y L'Hospitalet fueron los únicos ayuntamientos, con una población superior a los 250.000 habitantes, que cumplieron con los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto de 2015, así como con las previsiones sobre estos dos asuntos para 2016.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los dieciséis ayuntamientos capitales de provincia con ese tipo de población señala que en ninguno se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2016, si bien, con carácter general, el margen sobre el objetivo podría reducirse de forma notable respecto al registrado en años anteriores.
Zaragoza es el único que incumplió el objetivo de estabilidad en 2015 debido a la decisión de Eurostat de imputar en este año el gasto de inversión correspondiente al tranvía de la ciudad (evaluada en 256 millones, según el aumento que ha supuesto en la deuda registrada en el Banco de España).
Al ser una operación no recurrente, el desequilibrio se corregirá automáticamente en 2016, según la AIReF.
Es altamente probable, añade, que los de Bilbao, Madrid y Zaragoza incumplan la regla de gasto en 2016 y, en menor medida, en los de Valencia y Valladolid existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2016, si bien en éstos el cumplimiento sería posible si la capacidad de financiación fuese finalmente superior a la prevista en este momento por esos ayuntamientos.
En el caso de los de Alicante, Córdoba, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Palma de Mallorca no ha sido posible la valoración, puesto que no han comunicado la información de forma completa.
Solo los de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat prevén un superávit muy cercano a la estimación de la AIReF más favorable.
Por el contrario, Alicante, Madrid, Valencia y Vigo muestran una previsión de superávit para 2016 por debajo del nivel mínimo de estimación de la AIReF.
También se hace un análisis de ingresos y se deduce que los municipios con una autonomía financiera superior a la media son los de Murcia, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, L'Hospitalet de Llobregat y Vigo.
En materia de gasto, los que tienen un mayor gasto corriente primario per cápita son Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla.
Destaca que el de Bilbao es el de mayor gasto por habitante, que casi dobla el importe del resto de ayuntamientos en su tramo de población.
De los ayuntamientos analizados, solo Zaragoza no puede concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo en 2016, ya que su ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados se sitúa por encima del 110 %.
El siguiente cuadro recoge la comparativa de la AIReF sobre la valoración del riesgo de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto al cierre de 2015 y las previsiones para 2016:

. OBJETIVO ESTABILIDAD REGLA DE GASTO
AYUNTAMIENTO 2015 2016 2015 2016
==============================================================
Madrid Cumple Cumple Incumple Incumple
Barcelona (1) Cumple Cumple Cumple Cumple
Valencia Cumple Cumple Cumple Incumple
Sevilla Cumple Cumple Incumple Cumple
Málaga Cumple Cumple Cumple Cumple
Zaragoza (2) Incumple Cumple Incumple Incumple
Murcia Cumple Cumple Sin infor. Sin infor.
Palma de Mallorca Cumple Cumple Incumple Sin infor.
Las Palmas de GC Cumple Cumple Cumple Sin infor.
Bilbao Cumple Cumple Cumple Incumple
Alicante Cumple Cumple Incumple Sin infor
Córdoba Cumple Cumple Cumple Sin infor.
Valladolid Cumple Cumple Cumple Incumple
Vigo Cumple Cumple Cumple Cumple
Gijón Cumple Sin infor. Sin infor. Sin infor.
L'Hospitalet Cumple Cumple Cumple Cumple

(1) Cumple la regla de gasto de 2015 de acuerdo con el Plan Económico-Financiero.
(2) Incluye el ajuste exigido por Eurostat por las inversiones en el tranvía. Sin este ajuste cumpliría el objetivo de estabilidad y la regla de gasto de 2015.

La Autoridad Fiscal pide déficit diferenciados a las Comunidades Autónomas para 2016 y 2017

MADRID.- El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha insistido hoy en que las Comunidades Autónomas deberían tener objetivos de déficit diferentes este año y el que viene, para que en 2018 puedan alcanzar el equilibrio (0 % del PIB).

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Escrivá ha afirmado que "no parece razonable" mantener objetivos de déficit "muy exigentes" en determinadas administraciones públicas cuando existen situaciones de superávit, como es el caso de los Ayuntamientos.
Escrivá ha recordado ante los grupos parlamentarios el "esfuerzo" que han hecho los gobiernos autonómicos por reducir el déficit entre 2010 y 2014, cuando consiguieron disminuirlo en 2 puntos.
Ha reiterado que el saldo negativo del 5,16 % del PIB que se ha registrado en 2015 es "muy negativo" y no ha sorprendido a la AIReF ya que "está en línea con sus previsiones y se han materializado los riesgos que se advertían".
Entre estos riesgos, Escrivá también ha aludido a la situación "preocupante" de la Seguridad Social y aunque ha señalado que es difícil actuar a corto plazo ha reiterado la necesidad de cambiar su sistema de financiación para que algunas prestaciones se financien a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, sobre la aplicación de la denominada "regla de gasto" que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que va a aplicar a las CCAA incumplidoras, Escrivá ha considerado útil este mecanismo.
Sin embargo ha afirmado que cada corporación debería hacer sus planes de reducción de gasto según la aplicación de esta regla de gasto.
Ha dicho que por razones de urgencia la AIReF cree que "hay que concretar cuanto antes los planes de ajuste asociados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2016".
El dirigente de la AIReF ha recordado que "es necesario que estos planes de ajuste se hagan satisfaciendo las garantías que marca la ley presupuestaria.
También ha lamentado que de los 15 planes de ajuste que debían presentarse por incumplimientos de déficit en 2014 "a fecha de hoy sólo se ha aprobado uno" y ha afirmado que es "muy desalentador" que el Gobierno sólo siga las recomendaciones de la AIReF cuando la Comisión Europea constata y materializa el riesgo de incumplimientos.
Escrivá ha advertido de que las medidas que propone el organismo que dirige "no son meras sugerencias, sino que deben cumplirse" ya que las administraciones públicas tienen obligación de seguir sus recomendaciones o bien explicar los motivos por los que deciden desviarse de sus objetivos.