domingo, 2 de noviembre de 2014

Bascuñana sale incluido en una gran radiografía de la corrupción en España

MADRID.- Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes.

Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos [consultar los casos de corrupción del PP y del PSOE] o en la Administración Pública --a todos los niveles-- y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.
En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).
Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los exvicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los exministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía, aunque luego ha sido desimputada) y Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la exsenadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el exalcalde de Santiago, Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
En algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió Mallorquina (UM), está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; y el exministro y expresidente balear Jaume Matas está condenado por el caso Palma Arena e imputado en al menos cinco causas (como Nóos y Son Espases).
En una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo, sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal.
Dada la complejidad que entrañan muchos casos de corrupción por la cantidad de personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los condenados siguen siendo una minoría.
Además, a algunas de las personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de inhabilitación o de menos de dos años de cárcel y por eso no han entrado en prisión. En otros casos lo que ocurre es que recurren la sentencia o piden el indulto, como ha hecho el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que tampoco se produce el ingreso.
Sin embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan presos como Jaume Matas, aunque ahora le han concedido el tercer grado; Maria Antònia Munar; Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.
También hay otros que están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas o algunos de los implicados en la Operación Púnica, desarrollada recientemente y en la que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.
Algunas de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han sustanciado en imputaciones. Es el caso del expresidente catalán Jordi Pujol, que este verano reconoció haber tenido dinero en el extranjero durante años y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de momento sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal).
Tampoco está imputado el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal. Por las supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo están imputadas tres personas (Blesa y Rato y el exdirector general Ildefonso Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye a ellos el diseño de las tarjetas, pero no a sus más de 80 usuarios.
Estas cifras proceden de un recuento de más de 135 casos de corrupción en España --algunos de ellos son macrocausas y otros afectan a sólo a un alcalde de una localidad-- que o bien siguen abiertos o bien se han cerrado con condenas en esta legislatura.
Entre los más voluminosos por número de imputados está el de los supuestos ERE irregulares andaluces, con más de 200, aparte de la petición de imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.
También la trama Gürtel (con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su derivada, los 'papeles de Bárcenas') y otros casos como Astapa (en el ayuntamiento de Estepona, Málaga), el gallego Pokémon' y el Unión, de Lanzarote, con un centenar cada uno. La trama de adjudicaciones de basuras en Alicante, Brugal, está en el entorno de los 50, al igual que en la operación Púnica.
En el caso Gürtel, que cumplirá seis años el próximo febrero, sólo han sido condenados dos altos cargos del expresidente valenciano Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que confesaron haber recibido sobornos. Fue el llamado 'caso de los Trajes', en el que Camps y el que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho impropio.
En la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene cerrada la instrucción de una primera parte para juzgar a los primeros 45. En Valencia, está cerrada la instrucción de dos de las seis piezas, con un total de 40 imputados.
En las últimas semanas también se ha cerrado la instrucción del 'caso Campeón', --en el que la juez de Lugo quiso imputar al exministro José Blanco pero el Supremo archivó su caso-- y ha comenzado el juicio del caso Unión.
Sí hay sentencias condenatorias en los casos Pallerols, Hacienda, Palau y Caixa Penedès en Cataluña, el caso Cooperación en la Comunidad Valenciana y los casos que han afectado a los ayuntamientos de Marbella, Plasencia y Cudillero. Asimismo, se han impuesto penas en al menos siete casos que afectan a Baleares, una de las comunidades donde se tramitan asuntos de corrupción de mayor peso, junto a Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.
Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo --que revelaron el auge de Podemos-- los partidos se están viendo obligados a exigir dimisiones más rápido.

El Ayuntamiento de Caravaca iba a recibir 8,5 millones por 'El Roblecillo'

MURCIA.- El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz iba a recibir 8,5 millones de euros y 600 euros por cada una de las 8.000 viviendas que se proyectaban en la finca El Roblecillo, que tenía la consideración de protegida por su interés forestal y fue recalificada para permitir su urbanización.

Así se recoge en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº6 de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción y en el que se imputa a una treintena de personas, entre ellas, el alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y el exconcejal de Urbanismo, Amador López.
Señala el auto que si se tiene en cuenta el dinero que iba a recibir el consistorio, "no estamos ante un convenio urbanístico cualquiera, ya que las cifras a pagar por la empresa conveniante -Golden Sky- son muy elevadas".
Según el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que lleva a cabo las investigaciones, incorporado a la causa, la sociedad promotora se comprometía a pagar al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 4.455.000 euros, más 600 euros por cada una de las viviendas que se construyeran.
Además, agrega la resolución judicial, la arcas municipales percibirían poco más de cuatro millones de euros "como pago del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que le correspondería al Ayuntamiento".
"En esencia -comenta el magistrado instructor, Andrés Carrillo-, como se aprecia, se trata de motivos de índole económica los que, presuntamente, llevan a la reclasificación de ese sector de El Roblecillo".
Señala igualmente el juez que, frente a lo manifestado por los regidores municipales de que el convenio tenía un especial interés público, "se aprecia que lo que hace atractiva esa reclasificación de los terrenos, con la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf, son motivos de índole económica".
"En concreto -añade Carrillo-, una particular interpretación de las bondades para la economía local de esta promoción y de las oportunidades empresariales que abriría".
"Esa consideración -dice-, que puede ser una legítima aspiración municipal y política en otros supuestos, choca en este caso, de manera frontal, indiciariamente, con la realidad técnico-ambiental desde el punto de vista del urbanismo como elemento de determinación de los espacios de un términos municipal que han de ser urbanizados y los que se han de proteger del proceso urbanizador por su significación ambiental".
Para el magistrado no tiene explicación que "en solo unos meses lo que era un terreno a proteger por su especial relevancia forestal pase a ser un mero terreno urbanizable sectorizado para la construcción de miles de viviendas y de un campo de golf, pasando por encima, incluso, del claro informe negativo de los tres arquitectos municipales".
Este convenio urbanístico sometido a investigación fue aprobado por el pleno municipal en junio de 2004, con los votos a favor de once concejales del PP y diez en contra de los ediles de la oposición, aunque su ejecución, finalmente, no se llevó a cabo por las críticas que suscitó y los problemas medioambientales que suponía.

La dignidad de los ex-presidentes / Joaquín Abad *

Lo de Aznar como comisionista de Abengoa para venderle desaladoras al dictador Gadafi huele a lo  éticamente reprochable. Que sea legal, como dice el ex-presidente del gobierno de España, no significa que sea lo correcto. Porque me parece que quien se ha sentado en La Moncloa y ha presidido el consejo de ministros de este país debe dar un ejemplo de moralidad, de ética y de compostura. Por eso es correcto que, con carácter vitalicio, nuestros ex-presidentes gocen de despacho oficial, secretaria, asistente, coche oficial, chófer y sueldo. 

Pero no para hacerse rico y que sus asistentes les hagan gestiones como comisionista. Debería trabajar para el Estado, haciendo gestiones dados los contactos que su paso por la presidencia le han proporcionado. No es de recibo que utilice estas influencias en hacer negocio privado. Sus contactos, sus relaciones, se pagaron con dinero público. No son fruto de sus actividades privadas. Por eso sería bien venido que la legislación futura pusiera coto a actividades como la de Felipe González, la de Aznar, que ahora sabemos que estuvo negociando con el dictador venezolano para venderle armas. 

Ya sé que va a ser muy difícil dado que quien cuida el corral es la zorra, y que nuestra clase política pasa de la concejalía a la empresa y al enriquecimiento con mucha facilidad. No sólo por los casos de políticos que últimamente desfilan por los juzgados en calidad de detenidos. No, si miramos el listado de empresarios que se han hecho ricos de la nada a lo mejor nos sorprendemos de sus orígenes como concejales en determinadas plazas. Yo personalmente conozco a media docena de ex-concejales que ahora son empresarios de postín. Y en la España corrupta, tiene sentido. El paso por el ayuntamiento da mucho conocimiento para el enriquecimiento fácil. Las relaciones político-empresario deberían ser vigiladas porque siempre que un empresario invita a un político es por interés. 

Por eso es de vergüenza que como están las instituciones a fecha de hoy, José María Aznar y su esposa, la alcaldesa de Madrid, acepten la invitación al palco de Florentino Pérez, el empresario que quiere hacerse con el contrato de recogida de la basura de la capital del Reino. Pero me da en la nariz que nuestro José María Aznar ha perdido toda compostura y dignidad. Por eso habrá que obligarle, por ley, claro.
 
(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

Una encuesta sitúa hoy a 'Podemos' como la primera fuerza política de España

MADRID.- Podemos podría ser el partido más votado en los próximos comicios generales con un 27,7 por ciento de los sufragios, lo que supone 1,5 puntos por encima del PSOE y 7 del PP, y su líder, Pablo Iglesias, es el dirigente político mejor valorado, según un sondeo de Metroscopia publicado hoy por El País.

El diario apunta que el sondeo es "una instantánea del estado de ánimo ciudadano más que una predicción del voto" y refleja que el PSOE obtendría el 26,2 por ciento de los votos, mientras que el PP caería hasta el 20,7 por ciento.

El sondeo proyecta una abstención del 29,5 por ciento.
Las formaciones minoritarias que habían ganado terreno a los dos grandes partidos en los últimos meses, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, retrocedían también ante el auge de Podemos, y se situaban con un 3,8 y 3,4 por ciento de la intención de voto, respectivamente. Esta encuesta se publica mientras el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ultima sus estimaciones de intención de voto trimestrales, que según diversos medios confirmarán el auge de Podemos, que ha recibido críticas por unas propuestas económicas tachadas de populistas, como el plan de instaurar una renta básica y subir el salario mínimo.
Aclara El País que el sondeo fue realizado "durante la semana negra de la corrupción" y detalla que la mayoría de los encuestados "considera que Podemos no tiene ideas claras sobre cómo superar la crisis económica, y que sus propuestas no son realistas".
 "Mientras que Podemos moviliza a anteriores abstencionistas y nuevos votantes, casi la cuarta parte de los del PP pasan a dar la espalda a las urnas. Ese efecto abstencionista dificulta la estimación porque puede ser coyuntural y podría mitigarse con la proximidad de las elecciones", escribe El País.
Por otra parte, un informe electoral realizado por la prestigiosa consultora en asuntos públicos Llorente & Cuenca, con sede en Madrid, concluye que el PP solo mantendrá la mayoría absoluta en la Región de Murcia, aunque avisa de que «no está consolidada», de forma que los populares, que actualmente ostentan el Gobierno de la Región, «podrían quedar finalmente en minoría, por lo que precisarían de UPyD para gobernar».
El estudio, que está basado en estimaciones sobre datos de campo de las encuestas recientes del CIS y matizado por encuestas a nivel local y autonómico publicadas por diferentes medios de comunicación en los últimos meses, señala que los populares, si las elecciones autonómicas se celebraran hoy, obtendrían entre 23 y 26 diputados (la mayoría absoluta está en 23) frente a los 33 con los que cuentan actualmente, mientras que el PSRM-PSOE conseguiría entre 9 y 11 escaños, más o menos en la horquilla en los que se encuentra hoy (11).
Izquierda Unida tendría entre uno y dos diputados (ahora cuenta con uno solo), mientras que entraría en la Asamblea Regional por primera vez UPyD con dos escaños, según el citado estudio.
Sin embargo, la encuesta de esta consultora vaticina un importante resultado de Podemos en la Región de Murcia. Entre tres y siete escaños a la Asamblea Regional lograría la formación de Pablo Iglesias, según el estudio de Llorente & Cuenca.

Denostado Valcárcel

En  la segunda parte del Barómetro Regional de Otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop) Ramón Luis Valcárcel obtiene la peor puntuación de los líderes políticos regionales en cuanto a percepción con un 4,3 mientras Alberto Garre, aún sin aprobar, obtiene la mejor puntuación con un 4,7.
Si ahora se celebrasen las elecciones autonómicas, Podemos tendría una estimación de voto del 17,3%, casi el doble hoy de IU-Verdes. En la Región, la representante de esta formación con más relevancia es la eurodiputada cartagenera Lola Sánchez.

sábado, 1 de noviembre de 2014

El Sindicato Médico rechaza "de manera absoluta" los Presupuestos para 2015 de la CARM

MURCIA.- El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM, tras conocer las últimas informaciones sobre la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2015, rechaza "de manera absoluta" las cuentas aprobadas por el Gobierno regional.

   De este modo, el sindicato entiende que se trata de unos presupuestos "irreales, ya que se han aprobado con un 20 por ciento de déficit inicial en el montante destinado Servicio Murciano de Salud, infra presupuestado en alrededor de 300 millones de euros".
   Igualmente, se opone a unos presupuestos en los que la partida destinada a Sanidad "es, una vez más, la que menos incremento recibe en comparación con el resto de consejerías a pesar de haber sido el sector en el que más ahorro se ha producido desde que estalló la crisis y el que más ha sufrido los efectos de los recortes, castigando a los profesionales que mantienen la actividad asistencial en los máximos niveles de calidad a pesar de los ajustes".
 Y es que, según explican, "mientras que el presupuesto global ha crecido en un 3,7 por ciento y el resto de consejerías aumentan por encima del 4 por ciento, la Sanidad se queda en un aumento del 1,8 por ciento, es decir, que este Gobierno ha incrementado el gasto en el resto de sectores a cambio de reducir el de la Sanidad". 
Así, el Gobierno regional "demuestra que ofrecer la mejor cobertura sanitaria a los ciudadanos no es su prioridad, al igual que no es su objetivo acabar con las preocupantes cifras de las listas de espera o garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público", según han informado fuentes del sindicato en un comunicado.
Por ello, el CESM rechaza los presupuestos de un Gobierno "que no invierte lo necesario en Sanidad, uno de los pilares básicos y fundamentales de las sociedades avanzadas, aunque el Ejecutivo ha reiterado en distintas ocasiones la recuperación de las cuentas públicas y una mejoría económica que no se refleja en los presupuestos aprobados ahora".

Una borrasca dejará lluvias generalizas en la Región la próxima semana

MURCIA.- La semana que viene entrará un frente frío que dejará nubosidad y lluvias generalizadas en la Región de Murcia. Así lo ha confirmado hoy Luis Bañón, del centro de Meteorología de Guadalupe.

    Bañón ha explicado que el episodio de borrasca afectará el martes con lluvias, el miércoles con fresco y el resto de semana seguirán las noches frescas "con temperaturas agradables" durante el día.
En general, en cuanto a temperaturas, "la situación va a seguir muy parecida hasta el lunes", en la misma tónica, con vientos de levante y húmedos del Mediterráneo y temperaturas máximas agradables, "un par de grados por encima de lo habitual tanto las temperaturas diurnas como nocturnas", típica de los vientos de levante sobre todo a primeras horas, ha detallado.
   El domingo podría haber un aumento de nubosidad pero no será hasta final del lunes cuando haya cambios, con vientos del oeste-suroeste, con nubosidad en aumento y un frente que podría dejar alguna precipitación en zonas de montaña.
   Será el martes cuando el frente más activo atraviese la Región, "que traerá mucha nubosidad y lluvias generalizadas, y que podría dejar cantidades destacables en algunas zonas".
   Después del frente, hará viento y fresco, así el miércoles será un día fresco, alcanzándose máximas de 20 grados. El resto de semana será de recuperación térmica, propio de la época.
   Poco a poco las temperaturas se van aproximando a los valores propios de la época, que son cada vez más frescas. "Realmente no vamos a sentir frío porque las temperaturas no bajarán de los valores propios de la época", eso sí, "estarán por debajo de la época el martes y miércoles", y las noches del fin de semana que viene.
   Tras lo que ha indicado que las temperaturas diurnas son 2-3 grados por encima de lo normal y después del episodio de frío subirá algún grado por encima de lo normal. De hecho, ha enfatizado Bañón, "estos días hemos tenido 25-26 grados y el fin de semana que viene quizás tengamos 23-24".

Ecologistas en Acción anuncia acciones contra la financiación pública del Parque 'Paramount'

MURCIA.-   Ecologistas en Acción ha anunciado la preparación de acciones para impugnar la concesión de dinero público al Parque Paramount, tras conocer el visto bueno europeo a la subvención pública del proyecto, según han informado fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

   La organización ha mostrado su sorpresa, ya que el proyecto Paramount se encuentra inmerso en un proceso judicial  contencioso-administrativo iniciado por la organización ambientalista, por el hecho de que el 21% de los terrenos de dicho proyecto forman parte del Espacio Natural Protegido Parque Regional El Valle y Carrascoy.
   Una circunstancia a la que se suma el hecho de que la persona que lidera el proyecto, Jesús Samper, presidente de Premursa Theme Park SA, se encuentra imputado por los presuntos delitos de inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal, dentro del 'caso Umbra', que investiga la presunta corrupción producida en la expansión urbanística del norte de la ciudad de Murcia.
   Ecologistas en Acción considera "inaudito" que precisamente en un momento en el que están saliendo a la luz numerosos casos de corrupción política, "se pretenda aprobar la entrega de una abultada cantidad de dinero público a un proyecto de tan dudosa rentabilidad económica, mientras tiene abierto un proceso judicial por invadir un Espacio Natural Protegido, y siendo el presidente de la entidad promotora otra persona inmersa en un proceso judicial por presunta corrupción ligada a desarrollos urbanísticos".
   Asimismo, exige al presidente Garre que "no siga la estela de decisiones temerarias de su predecesor en el cargo, y paralice toda tramitación del Proyecto Paramount, al menos hasta que se resuelvan los procesos judiciales abiertos, es decir el contencioso-administrativo contra el proyecto y el proceso judicial del caso Umbra".

El PSRM afirma que la indecisión de Garre frente a la corrupción deja patente su "falta de autoridad"

MURCIA.- El secretario de Comunicación Interna y Acción Electoral del PSRM-PSOE, Emilio Ivars, manifestó que la indecisión de Garre, que niega estar al tanto de lo que está pasando, "evidencia la falta de autoridad e incompetencia de un presidente interino que se esconde de los casos de corrupción que convulsionan a la Región de Murcia".

   Ivars afirmó que "cada vez está más claro que lo único que le importa es mantenerse en el sillón, pues a pesar de la gravedad de los hechos, resulta patético que califique la investigación policial y judicial de 'movida'", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   "El presidente dice que siente tristeza por el daño a la imagen pública que supone la investigación a los cargos del PP imputados,  pero no repara en la indignación que sienten miles de ciudadanos de la Región que lo están pasando mal y ven como unos cuantos se han beneficiado de su cargo", ha criticado.
   Así, el responsable de Comunicación del PSRM calificó de "vergonzoso" el espectáculo que está dando el PP en la Región con el tema de la corrupción y reprochó que mientras el número de parados en la Región no deja de crecer, "la investigación policial determina no saber a qué bolsillo fueron a parar 50 millones de pesetas (300.000 euros) por el caso de El Roblecillo, de Caravaca".
   "Desde el PSRM nos preguntamos qué llevaban las cestas de Navidad que recibía, entre otros, el alcalde Caravaca para costar 550 euros; o a cuánto ascendía el importe de otros muchos regalos que, al parecer, recibió coincidiendo con la tramitación de la recalificación de esta finca", añade.
   Emilio Ivars concluyó afirmando que "frente a la laxitud del PP, cuya única iniciativa para castigar a los presuntos corruptos es abrirles un expediente informativo en el partido, el PSOE actúa con firmeza y da de baja automáticamente a cualquier militante o cargo público que sea imputado por la Justicia".

El alcance de la podredumbre / Ramón Cotarelo *

De la corrupción, de la peste de la corrupción, está indignado, harto, escandalizado todo el mundo. Hasta los corruptos. Y, desde luego, sus responsables políticos. Vaya exhibición de gestos contritos, miradas implorantes, muecas de dolor y profunda decepción de diversas líderes y lideresas en los últimos días. Todos cantando la palinodia. ¡Cuánta amarga reflexión! Cuánto "no eran dignos", "esas cosas", "pedimos perdón", "disculpas", "no se repetirán", "quién iba a decirlo", "estamos abochornados". Pero ni uno dimite.  No dimite Rajoy, ni Aguirre, ni Cospedal, esa señora que no ha mucho se daba por automáticamente dimisionaria si se demostraba que un baranda del PP tenía cuentas en Suiza.

Y no se trata de un hecho repentino, inesperado, sorprendente. Es la última manifestación, por ahora, de un proceso de podredumbre, de encanallamiento, que arranca de muy atrás, tan atrás que muchos de los delitos ya han prescrito. Un proceso con hitos como Matas, Camps, Fabra, Gürtel, Urdangarin, EREs, Bárcenas, caja B y hasta parece que C, sobresueldos, comisiones, Pujoles,  blackcards, Blesa, Rato, Acebes. Un proceso en el que están directa o indirectamente implicados todos los dirigentes del PP, especialmente su presidente. Parece obvio, ¿no?

Pero como el caso es tan colorido, pintoresco, celtibérico y animado, la atención pública se concentra en los aspectos más espectáculares, incluso circenses: los choriceos de los consejeros, sus onerosos secretillos; las declaraciones de los villanos no hace tres lunas, mostrando horror ante el fraude; Cospedal afirmando anteayer que el PP lucha sin descanso contra la corrupcion, de la que es causa y efecto y en la que ella chapotea con mantilla y peineta. Todo ello alimenta la afición de los españoles por tomarse las cosas a pitorreo. Residencian la granujería entre algunos políticos y empresarios y tienden a perder de vista la esencial.

La corrupción lo ha invadido y lo ha machacado todo. Y es bueno sacar consecuencias. Comiéncese con los medios. El PP compró Libertad digital. Literalmente. Al margen de si después alguien pilló o no pasta adicional, cosa nada de extrañar entre mangantes, el medio fue el más feroz abanderado de la teoría de la conspiración del 11M que formuló el ministerio del Interior del PP con la muy razonable pretensión de engañar al mundo entero. Es decir, cabe defender causas, ideas políticas por dinero; a tanto la mentira. Y hay gente que da crédito a esa basura. En RTVE nombran director de informativos a un hombre que procede de La Razón, un pasquín progubernamental cuya viabilidad económica es similar a la de Libertad Digital. El sistema mediático español está corrompido. Mantiene algo de integridad y salud en el ámbito digital.

Continúese con las instituciones más elevadas del Estado. El Parlamento, por ejemplo, al servicio del gobierno. En él se habla de lo que el gobierno quiere, como quiere y cuando quiere; que no quiere casi nunca. Y no solamente se resigna la cámara a no controlar nada sino que no hace ni amago de conseguirlo. En mitad de un desgobierno absoluto, con cincuenta responsables políticos en los calabozos, pueblos sin alcaldes ni funcionarios, con media cúpula del PP entrando y saliendo de los juzgados, el PP, o sea, el gobierno, impide la comparecencia del presidente a dar cuentas. Y la oposición en pleno sigue disciplinadamente sentada, legitimando la perversión de la democracia en una autocracia. No digo que ejerza el derecho al pataleo pues la cámara es lugar de respeto, pero ¿por qué no se presenta ya de una vez una moción de censura? ¿Hay que creer que la corrupción afecta también al Congreso y convierte a los diputados en cómplices al modo en que la cúpula de Caja Madrid tenía atrapados a todos los consejeros, respiraran como respiraran?

Y el gobierno mismo. Pásense por alto los últimos dislates ministeriales, protagonizados por los ministros Mato y Gallardón, que podrían considerarse episodios de ópera bufa de no ser porque provocan verdadero sufrimiento en inocentes. Váyase al ministerio de Hacienda. Según parece, ese fenómeno de la picaresca madrileña postmoderna, Granados, especie de Dr. Magoo con gomina, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro
 
 Estaba, pues, en la lista de amnistiados cuya publicación ha pedido repetidas veces la prensa, habiéndose negado siempre a ella el ministro con no muy claras razones. He aquí una de ellas: ¿no estaba obligado Montoro a comunicar al juez ese dinero que Granados quería blanquear? ¿O aquí se amnistiaban fortunas que venían en talegos, sin indicación de su procedencia? Sin embargo, ha sido preciso un chivatazo de la fiscalía suiza para que, años después, se ponga en marcha la justicia española. Entre tanto, el ministro Montoro, callado, alimentando la sospecha de que, en España, la legislación vigente se aplica solo a los catalanes y a los pobres. Y el presidente también callado o "ya tal".

Como callado está cacique delincuente Fabra, que sigue en la calle, tres o cuatro meses después de que se ordenara su ingreso en prisión, en espera de un indulto que depende de un gobierno cuyo presidente lo consideraba, un ciudadano y político ejemplar, sin duda con muy sana base de juicio y dando buena idea de su escala de valores. Una situación que no ayuda en nada a refutar las opiniones según las cuales también el poder judicial está corrompido. Bien claro debe decirse, sin embargo, que en ese poder judicial se encuentran jueces que, en condiciones sumamente adversas, con periodistas dispuestos a vilipendiarlos a cambio de dinero, honran su profesión y son acreedores al reconocimiento de los ciudadanos.

Y el sistema financiero. Bankia como ejemplo del alcance de la podredumbre. Las cifras astronómicas, las cantidades malversadas, indebidamente apropiadas, saqueadas y el espectáculo de esos pillastres fundiéndose la pasta ajena en vicios casi obscurecen la gran estafa de las preferentes, merced a la cual, esta banda de delincuentes despojó de sus ahorros de toda la vida a miles de personas, pequeños ahorradores, ancianos. Ahora parece que los abogados del 15MpaRato tienen listo un medio por el que los estafados pueden demandar a la entidad y recuperar la aportación inicial con un cuatro por ciento de interés. Genial. Ojalá lo consigan. El modo de resolver la crisis de Bankia no es hacérsela pagar a la gente, sino recuperar los miles de millones que se llevó una banda de mangantes en connivencia con los políticos del partido popular.
 
Esto no se regenera con un par de nuevas leyes aprobadas al galope por la mayoría absoluta del gobierno, con la oposición de los demás partidos e impulsadas por un presidente y una vicepresidenta acusadas ambos de haberse embolsado sobresueldos de la caja B. 
 
Hay que dimitir y convocar elecciones.
 
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

De la primavera al asalto de los cielos / Andrés Pedreño *

La Primavera de la protesta de los últimos años ha dibujado una geografía mediterránea que se extendió por el Norte de África (las llamadas 'revoluciones árabes') y el Sur de Europa. Por ello, también en España hemos podido experimentar ese devenir con el que algunos analistas han caracterizado el transcurso de las revoluciones árabes: De la primavera de las revoluciones al invierno de nuestro descontento» (afortunada frase de Bryan Palmer en la revista Sociología Histórica). Pues aquí también tuvimos nuestra Primavera: aquella inmensa ola de deseo político y de democracia que fue el 15M. Pero después vino su reverso tenebroso, el invierno de nuestro descontento: el continuum de corrupción política que, día sí día no, salpica los medios de comunicación (el penúltimo episodio, la denominada Operación Púnica).

Pudimos dejarnos arrastrar por el invierno de la descomposición del actual régimen de bipartidismo (PP y PSOE), pero afortunadamente no fue así€ La irrupción de lo imprevisible, de un acontecimiento inesperado como ha sido la emergencia de Podemos ha creado una maravillosa y fecunda línea de fuga que nos ha sacado de la larga y gélida noche de la corrupción neoliberal, para resituarnos en un escenario que nos posibilite «el asalto a los cielos» (por repetir la afortunada expresión marxiana utilizada por Pablo Iglesias en el discurso de apertura del Primer Encuentro Presencial de la Asamblea Constituyente de Podemos, el pasado 18 de octubre). De nuevo la pasión política, pero esta vez con el objetivo preciso de tomar el poder a través del ciclo electoral que se abre esta primavera del 2015.

En este país, nunca se había concebido que las discusiones propias de la Asamblea Constituyente de un movimiento político se estén realizando de la forma en que las ha realizado Podemos, esto es, con el máximo grado de apertura al espacio público, visibilidad y transparencia. De tal forma que cualquier ciudadano o ciudadana ha podido participar y discutir en la conformación ética, política y organizativa de este movimiento político que quiere ganar democráticamente las instituciones para recuperar la democracia y ponerla de nuevo al servicio de la colectividad. ¿Por qué se ha hecho así?

Podemos leyó el 15M como un acontecimiento revitalizante del espíritu de los movimientos europeos de revolución democrática desde al menos 1789. Las plazas de aquellos meses de mayo y junio de 2011 se llenaron de pasión política y entusiasmo. Podemos se propuso recrear una política de las emociones. Cualquiera que se haya acercado a las asambleas de los círculos, cualquiera que se haya asomado a ese vibrante espacio virtual de discusión colectiva que es Plaza Podemos, como cualquiera que haya querido participar en las votaciones para las Primarias Abiertas de las elecciones europeas o para votar los estatutos (ético, político y organizativo) constituyentes de Podemos, habrá podido experimentar esa política de las emociones que hace de Podemos un auténtico torrente, metáfora geofísica que quiere enfatizar lo que de imparable y arrollador tiene esa energía.

Las apuestas no han sido fáciles. En la cultura política española de los movimientos sociales siempre existió un prejuicio hacia el liderazgo político. También hubo que vencer el apego casi religioso a ciertas identidades „´ser esto o aquello´„ o inclusive a determinados esquemas analíticos. Siendo más laicos con nuestras identidades políticas, hemos conseguido evidenciar que uno no se casa con símbolos, sino con contenidos programáticos que hasta hace bien poco han formado parte de nuestras conquistas civilizatorias: la sanidad y la educación pública, los servicios municipales de agua o la fiscalidad progresiva.

Las anteojeras ideológicas siguen en muchas ocasiones actuando para no ver que Podemos es un freno de emergencia a una situación alarmante de corrupción política y de degradación de las condiciones de vida de la gente. Todos, absolutamente todos, independientemente incluso de nuestras filiaciones partidistas, estamos llamados a protagonizar esta necesaria revolución ciudadana democrática. En Podemos se están dirimiendo cuestiones de supervivencia colectiva básicas.

Vienen unas elecciones municipales. Tal y como establece su recientemente aprobado documento político (el pasado lunes 27 de octubre), y una vez se instituyan los denominados Consejos Ciudadanos, Podemos se unirá o impulsará en muchos municipios Candidaturas de Unidad Popular. Una de las fórmulas posible es la que proporciona la Ley Electoral con las llamadas Agrupaciones de Electores: es un conjunto de ciudadanos que se asocia temporalmente con el único fin de presentar una candidatura a unas determinadas elecciones, necesitando para ello presentar ante notario un número mínimo de firmas (en municipios del tamaño de Murcia o Cartagena la Ley establece al menos 5000 firmantes). 

Personalmente me resulta atractiva esta fórmula pues implica hacer del propio proceso de recogida de firmas entre la ciudadanía una forma de generar en el tejido social esa energía emocional a la que hacía referencia anteriormente y que me parece básica si queremos ganar. Participar emociona ¡y de qué manera politiza! De barrio en barrio, de pedanía en pedanía, convocaremos a la ciudadanía a que se agrupe en candidaturas de unidad popular con el fin de recuperar los ayuntamientos para la democracia. Con cada firma, refrendada ante notario, se expresará un deseo ciudadano de cambio político: cada firmante será un «no al AVE sin soterramiento», será un «no a los cortes de agua», será un «no a los desahucios», un «no a la destrucción de la huerta», un «basta de corrupción», etc.

En las elecciones autonómicas, el documento político aprobado establece que Podemos estará con sus propias siglas (aunque se contempla la posibilidad de en casos excepcionales ir en confluencias más amplias previa solicitud de un 10% de los inscritos y posterior referéndum mediante voto directo del conjunto). Seguiremos horadando transversalmente las fronteras que compartimentan a los electorados según los esquemas Derecha-Izquierda que tan funcionales les han sido al corrompido régimen bipartidista (PP-PSOE). Consideramos que la configuración del Estado español como un Estado autonómico hace necesario que Podemos, en cuanto movimiento de lucha por la democracia, esté presente tanto en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 como en las elecciones generales del otoño. En ambas escalas territoriales, la autonómica como la central, Podemos puede vertebrar una mayoría social alejada del viejo esquema Derecha-Izquierda y que se proponga usurpar el poder a la casta oligárquica (política y económica) que nos ha llevado al actual invierno de la corrupción y el desempleo de masas.

Me permito acabar con las palabras de un viejo profesor, Jesús Ibáñez, a quien estoy seguro le hubiera gustado vivir este milagroso acontecimiento social: «No se profundiza la democracia profundizando sólo su expresión (los dispositivos electorales). Pero, ¿una profundización de su expresión puede ayudar a la profundización de su contenido? Probablemente, sí. El camino que profundiza la democracia es el camino que descubre lo político que hay debajo de todas las prácticas. El mayor enemigo de la democracia es la despolitización» (en A Contracorriente, 1997).

(*) Profesor titular de Sociología de la Universidad de Murcia

viernes, 31 de octubre de 2014

Diego de Ramón lleva a Europa, a través de Interpol, la corrupción política en la Región de Murcia


LYON.- El abogado murciano Diego de Ramón pondrá el próximo lunes a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y de Europol, en La Haya, toda la documentación entregada hoy en la sede de Interpol, en Lyon, y en su Fiscalía de enlace en el Palacio de Justicia de esta ciudad francesa sede de la organización policial mundial, según fuentes de su bufete.

Esa documentación tendría que ver con ayudas del Instituto de Fomento a la cooperativa farmaceútica 'Hefame' y su componente de fondos comunitarios, así como con otras empresas murcianas emblemáticas beneficiadas desde el INFO, alguna de ellas muy encuadrada en la CROEM, cuyas actividades de formación, también con fondos comunitarios, van a ser investigadas desde el año 2010, cuando su responsable directo era el actual secretario general, José Rosique Costa, siempre según fuentes del citado bufete.
De Ramón lleva, además, meses de contactos con la OLAF (la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea) al objeto de que no cese de investigar el destino final de todos los fondos comunitarios que llegan a la Región de Murcia donde, según documentación en su poder, se pueden haber repartido bastantes con cierta arbitrariedad y laxitud, y puede que, supuestamente, hasta malversado en algunos casos concretos.
Precisamente por 'Hefame' y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Diego de Ramón lleva también meses de contactos con los máximos responsables de la 'Sepblac' como máximo organismo público especializado dedicado a la prevención  y persecución del blanqueo de capitales, con sede en el Banco de España e integrado por guardias civiles muy especializados.

Se prepara un acto de homenaje al fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador

MURCIA.- Un grupo de amigos y colegas del fallecido periodista murciano Gerardo Aguilar Amador, encabezado por Jaime Gray entre otros promotores, prepara un homenaje en su recuerdo de cara al primer aniversario de su muerte, acaecida en Aledo el pasado 23 de enero, a los 58 años, como consecuencia de un ataque al corazón.

Alumno interno del colegio de los Jesuitas, en Alicante, y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Gerardo Aguilar estuvo en sus comienzos muy ligado a Alianza Popular de la Región de Murcia, como su jefe de prensa primero y asesor luego del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, en época de Juan Ramón Calero como jefe de fila y portavoz.
Retirado hace ya algún tiempo para vivir en Aledo (muy cerca de su Totana natal y donde fue enterrado al día siguiente de fallecer, 24 de enero, festividad de San  Francisco de Sales, patrón de los periodistas) para dedicarse a la literatura, en el interregno asesoró empresas en temas de comunicación después de ejercer su profesión durante años y dedicarse luego a la exportación a países hispanoamericanos.
En Murcia trabajó en La Opinión, Radio Murcia y Radio Popular.
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia le absolvió en 1985 del delito de desacato e injurias al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, el socialista Andrés Hernández Ros, por el que le condenó el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia. Gerardo Aguilar lo comparó, en un comentario radiofónico con unos conocidos payasos de la época.

Diez años después imputan al alcalde de Caravaca y a 33 personas más por el 'caso Roblecillo'

MURCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia ha imputado finalmente a los bastantes concejales y ex concejales del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004. Entre ellos, el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y el ex concejal de Urbanismo, Amador López García; y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.

Fue el entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, quien otorgó la aprobación definitiva del Plan Parcial El Roblecillo.
Las supuestas prevaricaciones que se investigan en la causa se habrían extendido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a la que el expediente fue remitido en noviembre de 2004 para su aprobación definitiva, como así acabó ocurriendo.
Todo apunta, además, a que el listado de imputados puede ir en aumento conforme siga avanzando la investigación, como ya anuncia el juez Andrés Carrillo en su auto.
Igualmente, en ese auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico El Roblecillo en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa.
Como desarrolla la resolución, también serán interrogados por estos hechos el arquitecto Oscar M.N., redactor del informe que se emite respecto al Sector UR-S16 de Caravaca de la Cruz (El Roblecillo), por la Dirección General de Vivienda. Los que fueran jefa del Servicio de Urbanismo, Margarita Ros.; jefe de Sección Administrativa de Urbanismo, Antonio A., de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así como, José María Ros y Manuel Alfonso Guerrero, en aquellos momentos subdirector y director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, respectivamente, de la referida Consejería
El auto anuncia también la citación como imputado de Julián C., quien fuera ingeniero de caminos municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz; y de Jesús L., secretario general del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz a la fecha de algunos de los hechos investigados.
Además, se imputa a todos los que fueran miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 19 de octubre de 2009, los que lo fueran el 3 de septiembre de 2010 y los que lo fueran el 18 de enero de 2013.
Por último, tendrán que comparecer ante el juez que dirige la instrucción: Isabel G. y Encarnación G., ambas emisoras de informes jurídicos por la empresa ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local).
Además, el juez recibirá como testigos a tres personas "relacionadas con lo relativo al devenir del Plan Parcial El Roblecillo en el entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Esta decisión, se toma después de que el juez instructor haya analizado la abundante documentación del Informe sobre las supuestas irregularidades acaecidas en relación al Desarrollo Urbanístico El Roblecillo, promovido por Golden Sky S.L, remitido por la UCO el pasado mes de julio.
La firma promotora de El Roblecillo registró en sus cuentas 50 millones de pesetas más de los suscritos en el convenio urbanístico
Dicho informe es el resultado del examen del material incautado en los registros realizados en junio de 2013, autorizados por el juzgado que dirige la instrucción.
Para el señalamiento concreto de las fechas de las declaraciones en calidad de imputados, el titular del juzgado dejará "un tiempo prudencial" para que los interesados puedan conocer los autos, teniendo en cuenta "lo muy voluminoso de la documentación que ya consta en relación con esta pieza separada en este Juzgado".
El caso ha provocado las primeras dimisiones, como es el caso de Amador López García, exconcejal de Urbanismo y actual secretario general de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. El consejero Campos ha comunicadoya que cesará a todos los implicados en el caso.

El plazo del juez

El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción El Roblecillo, sobre la recalificación de esta finca protegida para hacerla urbanizable, ha dado hoy cuatro horas de plazo al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para entregar la nueva documentación que ha reclamado sobre el asunto.
El auto señalaba que ese plazo de cuatro horas, "como máximo", comenzaba a contar desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personasen en el consistorio para recabar la documentación requerida.
Esta, según se añade en la resolución judicial, se refiere a la copia íntegra de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2010 y de sendos informes técnico y jurídico referidos a la aprobación inicial de la modificación puntual del programa de actuación de una junta de compensación.
El Ayuntamiento dispuso solo de ese plazo tasado para hacer entrega a la Guardia Civil de la copia íntegra de todas las Juntas de Gobierno Local de la segunda quincena del mes de febrero de 2010 y de las de marzo siguiente, "con todos los informes técnicos y jurídicos".
El requerimiento se extiende también a la entrega del acta de otra sesión de la Junta, de diciembre de 2012, en la que también se analizaron cuestiones urbanísticas que pueden tener relación con el caso que se investiga.
Por otra parte, el secretario general del Ayuntamiento quedó requerido para entregar la documentación referida a las personas que votaron a favor del convenio urbanístico que permitía la urbanización de la finca para construir ocho mil viviendas y un campo de golf.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado librar sendos mandamientos a la que en el momento de los hechos era consejera de Industria y Medio Ambiente del gobierno murciano para que aporte los expedientes tramitados sobre esa recalificación.
Para ello, el juez señaló que los requeridos deberían hacer entrega de esa documentación en la misma mañana en que se personasen los agentes.
Estas diligencias se contienen en el auto en el que el Juzgado de Instrucción nº 6 imputa al alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y a otras treinta personas, que serán llamados a declarar en esa condición en los próximos días.
El juez considera que la documentación incorporada a la causa contiene indicios que, presumiblemente, apuntarían a la comisión de varios delitos que se habrían cometido con la recalificación urbanística, llevada a cabo a instancias de la empresa promotora, Sky, S.L., cuyos responsables, Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, figuran entre los imputados.

Todos los imputados



Domingo Aranda Muñoz Alcalde de Caravaca de la Cruz
Amador López García Exconcejal de Urbanismo. Actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento y Obras Públicas
Antonio Vilaplana Vivancos Es uno de los «actuantes principales» en las gestiones urbanísticas por parte de Golden Sky S. L.
Manuel Sánchez Contreras Presidente de Golden Sky S. L.
Óscar Madrid Nicolás Arquitecto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, redactor del informe de 26 de octubre de 2006 sobre la finca El Roblecillo.
Margarita Ros Mcdonnell Jefa de servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Antonio Alcázar Muñoz Jefe de Sección Administrativa de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
José María Ródenas Cañada Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Manuel Alfonso Guerrero Zamora Exdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Julián Caballero Amor Ingeniero de caminos municipal de Caravaca de la Cruz
Jesús López López Secretario general municipal (por una supuesta falsedad en documento, en un expediente no vinculado a El Roblecillo)
Gonzalo López-Agüy Torres Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
Salvador Gómez Sánchez Concejal de Empleo
Juan Pedro Sánchez Martínez Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010
María Cruz Pérez Sánchez Concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo.
José Alfonso Sánchez-Guerrero Cantó Exconcejal de Obras y Servicios
Orencio Caparrós Exconcejal de Cultura y ex miembro de la comisión de Urbanismo.
María Isabel García Sánchez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
María Encarnación González Sáez Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.
Juan Francisco Jiménez Puerta Concejal de Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
María Teresa Romero Milanés Concejal de Sanidad
Pedro Vilchés Pacheco Concejal de Hacienda

También los 11 concejales que votaron a favor del convenio urbanístico en el pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 11 de noviembre de 2004.

Los funcionarios José María Ródenas y Margarita Ros ponen sus cargos a disposición tras su imputación

MURCIA.- José María Ródenas Cañada, subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma, y Margarita Ros McDonnell, jefa de servicio de Urbanismo, han puesto su cargo a disposición del consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, tras ser imputados en el caso de la finca El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, según confirmaron hoy  fuentes de la Consejería. El consejero decidirá en los próximos días qué hace con estos dos funcionarios públicos. 

Campos, responsable político del departamento en el que están destinados, se tomará este fin de semana para meditar si acepta o no las renuncias, aunque parece más que probable que lo haga en el caso del subdirector general por tratarse de un cargo de libre designación.
Por su parte, el secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación en el caso 'El Roblecillo', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Caravaca de la Cruz.
López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004, por la la presunta recalificación ilegal de una finca de 500 hectáreas.
Entre ellos se encuentra el alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda Muñoz y otros dos concejales integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo de dicho Ayuntamiento, José Alfonso S. y Orencio C.
Igualmente, en el auto, ya notificado, se imputa a Antonio V.V., como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, por parte de Golden Sky S.L.; y a Manuel S.C., firmante del ya meritado Convenio Urbanístico 'El Roblecillo' en fecha 19 de noviembre de 2004, también por la citada empresa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El secretario de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, ha dimitido tras su imputación.
   López, ex concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, ha sido imputado por el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia junto al resto de ediles que votaron a favor de la aprobación del Convenio Urbanístico suscrito con Golden Sky S.L., celebrado en el pleno de 11 noviembre de 2004.
   Al respecto, el consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos, ha aceptado la dimisión de López "con tristeza", porque confía en su inocencia, pero agradece su gesto. Así, ha anunciado que la subsecretaria general de la Consejería asumirá las funciones de forma interina.
Es criterio del Tribunal Constitucional que «la dimisión de un cargo político debe establecerse cuando existe un escrito de acusación del Ministerio Público».
Cuando se produce la acusación formal de la Fiscalía es «cuando hay unos indicios sólidos de criminalidad o de responsabilidad penal», que dan lugar a «una calificación penal y a la solicitud de la pena correspondiente, acompañada de la solicitud de juicio oral». 

La corrupción impide ahora la regeneración inmediata de la Bahía de Portmán

LA UNIÓN.- La detención de Alireza Roodsari, presidente de Aria, la empresa adjudicataria de la regeneración de Portmán, hoy en Madrid, supone una  adversidad de calado para recuperar la bahía, proyecto para el que la empresa se había comprometido a presentar un plan de ejecución antes del 5 de noviembre.

La confirmación de este estancamiento de los planes de regeneración la confirmaba esta tarde el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una rueda de prensa. El alcalde se confesó desolado por las últimas noticias acaecidas sobre Aria y su máximo responsable.
Tras contactar con el entorno de la compañía, le dejaron claro que veían prácticamente imposible poder presentar el proyecto antes de la fecha límite. Ante estas circunstancias, Bernabé manifestó que ahora lo más beneficioso para la bahía de Portmán será que la multinacional no presente su proyecto y el concurso quede desierto.
Aria fue la única empresa que se presentó al concurso abierto por el Ministerio de Agricultura para regenerar la bahía, y su proyecto incluía la regeneración integral de la zona hasta dejarla igual que antes de que comenzaran los vertidos de estériles mineros.
Según explicó Bernabé, es el Ministerio el que deberá ahora tomar todas las decisiones, y él mismo se reunirá de manera urgente el próximo lunes en Madrid con sus representantes para abordar la situación y barajar diferentes opciones. 
Fuentes del entorno de la multinacional aseguraron que previamente advirtieron al Ayuntamiento de que Aria tenía la intención de no presentar su proyecto, ya que el grupo atraviesa importantes dificultades económicas.
«Dadas las circunstancias actuales, creo que lo más beneficioso para Portmán sería que Aria no presente el proyecto, ya que de esa manera el concurso quedaría desierto. Si la empresa presenta su proyecto pero luego no tiene capacidad económica para ejecutarlo, el problema sería mucho más serio», apuntó Bernabé.
Así, si la multinacional renuncia a llevar a cabo la regeneración, el Ministerio podría abrir un nuevo concurso, y el alcalde recordó que las seis grandes constructoras españolas (Acciona, Ferrovial, OHL, ACS, FCC y Sacyr) también se interesaron por este proyecto y, de hecho, iban a participar en él a través de un acuerdo con la alemana.
    A pesar de recalcar, que lo ocurrido es «una mala noticia», el alcalde insistió en que la tramitación administrativa está ya muy avanzada. «Llevamos 24 años luchando por la regeneración, y tendrán que prolongarse hasta los 25, pero se llevará a cabo. No nos vamos a rendir nunca, la regeneración se hará sí o sí», sentenció.
El presidente de Aria ha sido detenido por adquirir bienes de lujo por valor de 200.000 euros con unas tarjetas de crédito de su empresa, desde agosto en suspensión de pagos.
La oposición municipal no tuvo dudas en cargar las tintas contra el alcalde Francisco Bernabé por lo ocurrido. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, calificaba de «cínicas» las declaraciones del alcalde y recordó que  «desde hace meses el Partido Socialista venía denunciando la falta de viabilidad económica y ambiental del proyecto de Aria». 
Izquierda Unida, por su parte, exigió la dimisión de Bernabé, por haber puesto la regeneración en manos de una compañía «de muy escasa fiabilidad».  Asegura IU que «las cosas no pueden salir gratis a quienes, desde la política, sustituyen el interés público por el servicio al fraude»

El comisario de Cartagena pone su cargo a disposición del Ministerio del Interior por el 'caso Cala Cortina'

CARTAGENA.-El comisario de Cartagena, Alfonso Navarro, ha puesto esta semana su cargo a disposición de la Dirección General de la Policía tras la detención de seis policías nacionales por su presunta implicación en el crimen de Cala Cortina, lo que llevó también al responsable de la Seguridad Ciudadana de Cartagena, Damián Romero, a presentar su renuncia ante el Ministerio del Interior, que aún no ha contestado si acepta las dimisiones o no.

Navarro tiene 56 años, es licenciado en Criminología y ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia. Tomó posesión en 2011 como comisario de Cartagena con el ahora candidato del PSOE a presidente del Gobierno regional, Rafael González Tovar, aún como delegado del Gobierno de Zapatero.
El responsable de Seguridad Ciudadana, Damián Romero, el inspector más veterano de la ciudad y jefe director de los agentes encarcelados también ha puesto su cargo a disposición del Ministerio del Interior a raiz de las revelaciones de la investigación del crimen de Cala Cortina.
La decisión estaría relacionada con la preocupación social y el clima enrarecido en la propia Policía a raíz de conocerse, por las escuchas realizadas por Asuntos Internos, la existencia de presuntas agresiones, detenciones ilegales y otras prácticas irregulares por parte de agentes de Seguridad Ciudadana en Cartagena.

El juez acusa al exalcalde socialista de Cartagena de cohecho y de otros cinco presuntos delitos

 MADRID.-  El ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, quedó anoche libre y sin fianza tras declarar durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, Eloy Velasco. Alonso está acusado de mediar y, supuestamente, cobrar comisiones por contratos de servicios.

La situación de libre y sin fianza, tras pasar tres noches en los calabozos, es similar a la del secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, quien anoche salió de la Audiencia Nacional tras prestar declaración. En el caso de Galindo, éste continúa imputado y se deberá presentar una vez al mes en los juzgados.

El juez describe a José Antonio Alonso describe "cabeza de un entramado de tráfico de influencias" que se concertó con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la Administración, a través de contratos públicos adjudicados a terceras personas.

El cartagenero ha estado en las dependencias de la Guardia Civil desde que fue detenido el pasado lunes.

José Antonio Alonso fue detenido por dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana del pasado lunes, cuando llegaba a su domicilio en Madrid, ciudad a la que viaja con frecuencia desde Cartagena por motivos profesionales.

Por otra parte, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación ha abierto un expediente informativo al secretario general técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo Sánchez, que fue detenido el lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, y que el pasado miércoles fue puesto en libertad sin medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En concreto, el expediente informativo a Jesús Galindo Sánchez ha sido abierto «según la normativa laboral aplicable a los empleados públicos», según lo hizo saber el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves.

Al ser preguntado por la renuncia de los tres altos cargos de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en la Operación Pública,  el portavoz reiteró que el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz,  pretende no cubrir los puestos «hasta que haya una decisión por parte de la autoridad judicial competente».

«Evidentemente, no van a pasar años, y esperamos que sea una cosa provisional y transitoria», manifestó el consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma.


 La alcaldesa de Alicante contra imputados en las listas


La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, imputada en dos casos judiciales de presunta corrupción urbanística, ha respaldado una moción de UPyD para instar a los partidos políticos a excluir de las listas electorales a imputados.
La iniciativa de UPyD presentada en el pleno municipal celebrado hoy ha salido adelante por unanimidad, por lo que no ha hecho falta proceder a la votación ni tampoco se ha producido la fotografía de la alcaldesa y el resto de concejales del PP levantando la mano a favor, tal y como deseaban los partidos de la oposición.
El apoyo se ha producido sin que la alcaldesa ni nadie del PP tomara el uso de la palabra para justificar el sentido del voto tras los turnos explicativos de UPyD, EU-IU y PSPV-PSOE.
"Así que, sin nada más que debatir, se levanta la sesión", ha indicado antes de aclarar a los presentes que la iniciativa contra los imputados no se sometía a voto por acordarse "por unanimidad".
Castedo figura como imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal, el relativo a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan urbanístico del barrio de Rabasa, en ambos casos a beneficio, presuntamente, del constructor Enrique Ortiz.
La ausencia de votación ha enfadado a los partidos de la oposición, sobre todo al concejal que ha presentado la moción, el portavoz del partido magenta, Fernando Llopis, para quien "el PP no se atreve a levantar las manos" y a ser "inflexible" contra los imputados.
Llopis había justificado la iniciativa en que la ciudadanía pide "medidas ejemplarizantes" y mano dura contra la corrupción, y en este sentido ha recordado que en las ramas del caso Brugal hay imputados 33 políticos del PP (entre ellos Castedo y su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi), seis socialistas y uno de EU-IU.

martes, 28 de octubre de 2014

Garre anuncia la dimisión de Mariola Martínez, José Fidel Saura y Reyes Samper

CARTAGENA/MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha atribuido a un acto de "generosidad" la dimisión presentada por la directora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez, el ex concejal del PP en Cartagena y actual jefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura y la directora del INFO, Reyes Samper, imputados en la presunta trama de corrupción, Operación Púnica.

   Garre ha asegurado este martes en la Asamblea Regional que ésta es "una decisión que favorece la confianza en el Gobierno" y no ha dudado en ningún momento de "la honestidad" de los tres. Es más, ha dicho que si resultaran absueltos "se estudiaría compensarlos de alguna manera".
   El presidente de la Comunidad Autónoma también ha recalcado que el resto de los imputados "no han podido presentar aún su dimisión" por estar arrestados.
   A preguntas sobre si piensa emprender acciones contra los dos consejeros de su gobierno que están imputados en otras tramas, Garre ha zanjado el tema diciendo que "la generosidad es algo personal".
Por otra parte,  Joaquín Ortega, el abogado de la ex directora del INFO, Reyes Samper, asegura que "no está imputada en el procedimiento penal abierto, ni pesan cargos sobre ella, o al menos no se le ha notificado la existencia de los mismos".
   En un comunicado, el abogado explica que personal de la Guardia Civil citó a Samper a una comparecencia en las dependencias de la Benemérita "para que aclarara algunos extremos referentes a las indicadas actuaciones".
   Asimismo, puntualiza que le sugirieron acudir con abogado "por el supuesto de que su declaración pudiera derivar en imputación, evitando con ello una posible nulidad de actuaciones". Sobre ello, destaca que "dio respuestas a todas las preguntas planteadas y aclaró todo lo que solicitaron respecto a las actuaciones" y concluyó la declaración "sin declaración ninguna".
   Además, ha concluido que Samper salió de las dependencias de la Guardia Civil "en libertad, como en libertad había acudido y que no puede calificarse de provisional, pues es la misma que tiene cualquier ciudadano en plenitud de derechos".

El consejero de Industria, Juan Carlos Ruíz, confía en la "honradez" de sus directores y anuncia que no cubrirá sus puestos

MURCIA.- El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado que confía en la "honradez" de Reyes Samper, Mariola Martínez y José Fidel Saura, hasta esta mañana directoras del Instituto de Fomento de la Región (Info) y del Instituto de Turismo, así como jefe de Gabinete de la Consejería, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Púnica'.

   "Son personas honradas que han hecho un gesto tremendamente generoso que no se puede olvidar", ha manifestado a los medios de comunicación congregados en la Consejería, tras lo que ha recordado que "no están imputados, están siendo investigados" y ha anunciado que no cubrirá sus puestos "hasta que un juez determine en qué situación judicial se encuentran".
   Sus puestos quedarán vacantes hasta que el juez determine si su situación procesal es o no la de imputados, ha recalcado Ruiz, al tiempo que ha indicado que la información que tiene la Consejería sobre la investigación "es limitada", se refiere a un contrato pequeño, del Instituto de Turismo de 24.000 euros, "que se acababa de firmar y no se había abonado".  
   Ruiz se ha mostrado, de tal forma, convencido de que sus tres ex altos cargos se encuentran fuera de la 'macroperación Púnica' y ha valorado, aún así, "su generosidad y compromiso con el Gobierno regional y el PP".
   Preguntado porque no se exija la dimisión de otros altos cargos imputados, el consejero del ramo no ha querido entrar a valorar, "lo que tiene que entender la gente es la generosidad de estas tres personas", ha insistido, "que ante una situación que les supera, han dimitido".
   "Cada uno tiene que ver lo que hace con su propio cargo y situación", ha apostillado, "yo solo hablo de mi Consejería y de las personas en las que he depositado mi confianza". El consejero ha asegurado, en este sentido, que no ha tenido que pensar en destituirlos, "la decisión ha sido suya".
   Sobre la situación del secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, el consejero ha asegurado desconocer su situación judicial, parece que "está incomunicado", por lo que "no podemos pensar en su cese cuando todavía no hemos podido hablar con él ni ha podido mostrar su capacidad de dimitir o no". Al hilo, ha aclarado que no es un cargo político, "es funcionarial".
   Según Juan Carlos Ruiz, esta trama no puede hacer daño a la Región y al partido porque "no hay trama".
   A la pregunta de si se ha planteado dimitir, ha afirmado que "lo haría si me afectara a mí", así como que está en el cargo "para solucionar los problemas" y si entendiera que su labor no ayuda a solucionar los problemas "que entonces se iría a su casa".
   Por su parte, el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ha resaltado la "honorabilidad" de Mariola Martínez, "quien lleva una vida transparente" y ha tachado la situación de "injusta".
   Según el primer edil, Martínez "se está comiendo un marrón, es algo que todo el mundo reconoce" pero también "entiendo que el PP debe dar ejemplo", el problema, a su juicio, "es que el ejemplo son ellos".

Dimisiones

  La directora del Instituto de Fomento de la Región (Info), Reyes Samper; la directora general del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el jefe de Gabinete del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura, que han presentado este martes su renuncia tras ser detenidos e interrogados por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Púnica', han tachado de "tremenda injusticia" lo ocurrido, pero "queremos ser un ejemplo para todos y que no haya duda alguna sobre nuestra honorabilidad".
   Confiados en que el tiempo demostrará su inocencia, han declarado que "no tenemos nada que ver con este asunto", a día de hoy, "no estamos imputados, no hay imputación ni por parte de un juez ni del fiscal, las diligencias eran policiales, salimos igual que entramos, sin ningún tipo de cargo" y "esperamos volver pronto para decir que no hemos tenido nada que ver".
   En una multitudinaria rueda de prensa, ofrecida en la Consejería de Turismo y arropados por el propio consejero, Juan Carlos Ruiz o el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, entre otros, Reyes ha explicado que declaró "voluntariamente" ante la Comandancia de la Guardia Civil, "en ningún momento estuve detenida y a día de hoy no he recibido notificación ninguna ni estoy imputada judicialmente" tras lo que ha indicado que, ante esta situación, presenta su dimisión "por respeto" al INFO.
   Reyes, que ha asegurado que el Instituto de Fomento "sólo tiene encima de la mesa una propuesta de posicionamiento online del pasado viernes", de diez folios, con la empresa que se está investigando, Madiva, y que "no teníamos ningún tipo de relación expresa", ha agradecido el apoyo de la familia, de su equipo y "las personas que siempre han confiado en mi" y mostrado su deseo de que "en algún momento, se haga justicia sobre todos nosotros".
   Por su parte, José Fidel Saura ha insistido en que ninguno de los tres tienen imputación judicial pero, ha explicado, "presento mi dimisión porque no quiero perjudicar la imagen del partido y del Gobierno regional, que tan bien está haciendo las cosas".
   Saura, que estuvo retenido en el cuartel durante varias horas, ha defendido su inocencia, a pesar de que "no tenemos información sobre la trama", pues "jamás nos hemos beneficiado de dinero público alguno".  
   "Nunca imaginé verme en esta situación", ha declarado, por su parte, Mariola Martínez, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura antes de ponerse al frente del Instituto de Turismo hace seis meses, "no tengo nada de que esconderme, nunca me he llevado un céntimo de la Administración, nunca he participado ni tenía conocimiento de la existencia de ninguna trama y ayer colaboré con la Guardia Civil sin que se me comunicara imputación de delito alguno".
   Martínez ha defendido así su "honorabilidad" y ha destacado que, a raíz de los acontecimientos "y para que la ciudadanía no pueda plantearse dudas", abandona su cargo "a la espera de que se decrete oficialmente, y así será, que no estoy involucrada en ninguna supuesta trama".
   Los tres ex altos cargos han explicado que la decisión de dimitir la han tomado tras reunirse los tres esta mañana con el consejero Juan Carlos Ruiz porque "no podemos dañar, en ningún momento, la imagen de esta Consejería", además "no tenemos nada que esconder" y esperamos se resuelva "pronto", ha recalcado Mariola Martínez, tras indicar, al ser preguntados por cómo ven que el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ya anunciara que los iba a cesar cuando hay otros altos cargos imputados en sus puestos, "allá cada uno con lo que entienda que debe hacer".
   Nosotros, ha continuado, "entendíamos que debíamos tomar esta medida, muy injusta y dolorosa, porque estábamos metidos en un plan de trabajo muy ilusionante con ganas de poder cambiar y hacer muchas cosas con los ciudadanos de la Región". A su parecer, "hemos demostrado en poco tiempo lo que somos capaces de dar y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado durante estos meses"; un trabajo "que podemos seguir desarrollando en el Instituto".
   Al respecto, la ya ex directora general del Instituto de Turismo ha explicado que el pasado viernes se firmó un contrato "menor" de 24.000 euros con Madiva, "conforme al reglamento", para "posicionar a la Región de Murcia en el mercado británico".
   Una propuesta "bastante interesante y original", siendo la primera que trabajaban con la misma, ha asegurado Mariola Martínez, un contrato que "ni se ha pagado ni ejecutado".
 "El procedimiento fue perfecto, no tiene ningún sentido", ha enfatizado. Al hilo, Saura ha manifestado que es un contrato "ridículo cuando se está hablando de una trama de 150 millones", se trata de una empresa "que está siendo investigada y que tiene aquí un contrato y punto" pero "no sabemos más".
   Preguntados por el secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, --detenido dentro de la misma operación--, los ex altos cargos han dicho desconocer su situación, "está todo bajo secreto de sumario", no sabemos de qué se acusa a ninguno de los detenidos.
   Sobre el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, el que fuera jefe de Gabinete del consejero de Industria ha asegurado conocerlo "pero ya está, no hay más", es una persona que conozco "como a tantas otras".
   Finalmente, los ex altos cargos han mostrado su deseo de volver una vez se aclare la investigación, "eso espero de mi partido", ha declarado Martínez. "Obviamente ahora nos toca pasar un mal trago, defender nuestra inocencia y honor si llega el caso" pero "sería de justicia, si acaba como esperamos, que es bien, se restituya nuestro honor en todos los ámbitos posibles, aunque el daño ya está hecho".
   A día de hoy no estamos imputados, han concluido, "hemos hecho un gran gesto a la ciudadanía de esta Región y al partido al que representamos" y con la misma esperan que el partido "nos vuelva a llamar".
Finalmente, la empresa Madiva Soluciones aclara, en relación a la aparición de su nombre con respecto a la 'Operación Púnica' en Murcia, que su empresa no tiene nada que ver y que no se dedica a la publicidad.
   Es una empresa de tecnología y soluciones de digitalización de procesos "y no ha tenido ningún contacto o trato con ninguna administración de la Región de Murcia", explican en un comunicado de prensa.
   Por supuesto, añade la empresa en el escrito, "Madiva Soluciones no tiene nada que ver con ningún asunto relacionado con esta operación".

Podemos Murcia exige la dimisión de todos los cargos imputados en casos de corrupción en la Región de Murcia

MURCIA.- Podemos Murcia ha pedido la dimisión de los implicados en la 'Operación Púnica' y que "se sume el cese de otros cargos en activo imputados desde hace tiempo y que siguen en instituciones".

   Es el caso, añade la formación, "entre otros muchos en la Región, del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; del consejero de Educación, Empleo y Universidades, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de la Ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, todos ellos asociados judicialmente a diferentes casos", según han informado fuentes de la formación en un comunicado de prensa.
   Al respecto, han añadido que en todo el Estado, y en la Región de Murcia en particular, se "está viviendo una situación de excepcionalidad política que empobrece sobremanera y cuestiona la calidad democrática de su espacio público, al tener a numerosos responsables institucionales imputados en graves casos de corrupción, aunque estos sean supuestos".
   En este sentido, manifiestas, "la Operación Púnica, que se cerró en la jornada de ayer con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia, es solo un ejemplo más de unas prácticas ilícitas que ya parecen instauradas como habituales en el Partido Popular, en concreto, en el grupo popular de la Región, y que también salpican a los socialistas".
   Podemos, considera que "esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción".
   Asimismo, asegura que "sería un buen ejercicio para la transparencia que dicen promover que comparecieran ante los ciudadanos para dar explicaciones y castigaran con férrea contundencia los casos citados. No se puede permitir que altos cargos de nuestras instituciones no tengan un mínimo de ética y de decencia social y política, y permanezcan en sus puestos como si no hubiese pasado nada".

El Consejo Territorial del PSRM exige el cese de todos los imputados del PP que mantienen cargos de responsabilidad

MURCIA.- El PSRM manifiesta que seguirá defendiendo "la honestidad política y la limpieza democrática" y exigiendo al presidente de la Comunidad, Alberto Garre, que cese "de forma inmediata" a todos los cargos públicos del PP imputados por corrupción y que siguen en sus puestos. Así lo ha ratificado el Consejo Territorial del Partido Socialista en la Región de Murcia tras su reunión de este martes.

   Ante la creciente ola de casos de corrupción relacionados con cargos públicos del Partido Popular en la Región de Murcia, el Consejo Territorial del PSRM ha acordado, además, exigir que se celebre un debate en la Asamblea Regional en el que se aborde plenamente el problema y del que salga un compromiso real de que ninguna persona investigada por casos de corrupción mantendrá responsabilidad pública alguna.
   "Sentimos asco y vergüenza, pero también dolor, porque cada día que Garre no cesa a sus imputados, la democracia de esta región se resiente un poco más. Exigimos al presidente que deje de dar cobijo a la corrupción y que no ponga paños calientes defendiendo la expulsión de unos corruptos pero arropando a otros. Le exigimos que limpie la Administración y devuelva la decencia a la política regional", ha indicado el candidato socialista a la presidencia de la CARM, Rafael González Tovar.
   "En el Partido Socialista trabajamos desde siempre por la transparencia y la decencia democrática; y no permitimos que haya ni un solo corrupto militando en nuestro partido, sea por actividades públicas o sea por actividades privadas", ha asegurado.
   Además, ha indicado, "se debe recordar que los socialistas en esta Región llevamos una trayectoria de más de diez años combatiendo y denunciando ferozmente la generalizada corrupción en nuestra tierra, un trabajo ingrato y poco reconocido al principio que creemos que es importante destacar".
   "En una región en la que el 50% de municipios tienen problemas de corrupción, Garre es el máximo responsable, tanto por su papel de presidente del Gobierno regional, como por ser el responsable de velar por la decencia política en su partido. La Región de Murcia se merece un gobierno decente, que no permita que la corrupción sea la norma general y que asegure la honestidad en la gestión de lo público", ha concluido.

La Región de Murcia registra un déficit de 436 millones de euros hasta agosto, el 1,59% del PIB

MURCIA.- El déficit de la Región de Murcia se situó en los ocho primeros meses del año en 436 millones de euros, el 1,59 por ciento del PIB, lo que representa la segunda mayor desviación por autonomías, solo inferior a la registrada por Extremadura (2,22 por ciento), según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

   De acuerdo a los mismos datos, en el mismo periodo del año anterior la Región sumaba 375 millones de euros, que suponían el 1,39 por ciento del PIB.