lunes, 28 de mayo de 2012

Carlos Egea se va quedando solo en el nuevo proceso de fusiones financieras

SANTANDER.- Liberbank, el banco de Caja Cantabria, Cajastur y Caja de Extremadura, ultima una fusión con Ibercaja Banco, grupo bancario con sede en Zaragoza. La operación, según fuentes consultadas, se encuentra en una fase muy avanzada y podría anunciarse en breve, al existir un principio de acuerdo en la mayoría de los términos y condiciones de la integración, según adelanta hoy 'El Diario Montañés'.  En cuanto a posibles aperturas a otros proyectos, el presidente de Unicaja, el sevillano Braulio Medel, ha aclarado hoy que no tienen acuerdo o preacuerdo con otra entidad o con un grupo (en clara referencia a BMN) para formar otro más amplio.

Los Consejos de Administración de Liberbank e Ibercaja se reunirán hoy y con toda probabilidad aprobarán la integración. La operación, que sería una fusión casi entre iguales por el tamaño de ambas entidades, daría lugar al séptimo grupo financiero del país con un volumen de activos de 115.847 millones de euros, 2.795 oficinas y 12.758 trabajadores.
Fuentes próximas a la operación confirmaron ayer lunes que ambos grupos negocian una integración desde hace varias semanas y que los contactos se han intensificado desde que el pasado 20 de abril el Ministerio de Economía instara a los cuatro grupos de bancos medianos -Liberbank, Ibercaja, Unicaja y Banco Mare Nostrum- a fusionarse. 
El deseo del ministro Luis de Guindos era una unión a cuatro bandas, pero las dificultades de una operación de esas dimensiones -conformarían el quinto banco del país con 270.000 millones- han derivado en eventuales acuerdos a dos bandas como el que Liberbank e Ibercaja ultiman. El peso de Caja Cantabria -hoy representa el 14% de Liberbank- se reducirá notablemente con la entrada de Ibercaja en el nuevo grupo bancario.
Liberbank e Ibercaja podrían comunicar hoy mismo la fusión una vez finalicen las reuniones de sus respectivos consejos de administración. Y es que medios periodísticos de Castilla La-Mancha, donde Liberbank es propietario de Banco CCM, daban ayer por hecha y cerrada la operación.
En el transcurso de las negociaciones, los dos grupos bancarios han tenido que contemplar las nuevas exigencias del Gobierno incluidas en su segundo decreto de reforma del sistema financiero para provisionar los activos financieros sanos vinculados al sector inmobiliario. En el caso del grupo de Caja Cantabria, Cajastur y Caja de Extremadura las dos reformas -la primera fue aprobada en febrero- le supondrán un impacto de 1.336 millones entre provisiones y capital, un esfuerzo económico que en la práctica le empuja a una fusión.
La integración de Liberbank e Ibercaja Banco daría lugar al séptimo grupo bancario del país y sería una operación que afectaría a ocho entidades financieras. En efecto, el presidido por Manuel Menéndez está formado por Cajastur, Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Y el encabezado por Amado Franco está integrado por Ibercaja y Caja3, grupo que surgió de la fusión de Caja Inmaculada (Aragón), Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. 
El futuro grupo Liberbank-Ibercaja tendría presencia en todo el territorio nacional y sería líder en sus territorios de origen: Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Madrid tendría cerca de 300 oficinas y también sería fuerte en La Rioja. De acuerdo con los datos de las memorias e informes de ambos grupos, la red comercial sería de 2.795 sucursales. El nuevo grupo tendría un volumen de negocio de 186.596 millones de euros y 7.504 millones en fondos propios. Sumaría dos entidades bastante saneadas con ratios de 'core capital' superiores al 10%. Según la información que trascendió, Amado Franco ocuparía la presidencia del nuevo grupo y Manuel Menéndez sería el consejero delegado.
Por el momento no se conocen más detalles de la operación, ni los plazos para que sea operativa, la sede del nuevo grupo y el impacto en el empleo, que será relevante si se tiene en cuenta que en Liberbank participa Caja Extremadura y en Ibercaja-Caja3 Caja Badajoz. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, adelantó el pasado viernes que una integración iba a tener un impacto fuerte en su comunidad autónoma porque «se iban a solapar muchas oficinas» e «iba a ir a la calle mucha gente».
La nueva fusión de Liberbank e Ibercaja es la tercera operación en la que participa Caja Cantabria. En mayo de 2010 protagonizó una de las mayores fusiones de cajas al unirse a la alicantina CAM, Cajastur y Caja de Extremadura. El proyecto fracasó en marzo de 2011 por el agujero detectado en las cuentas de la CAM debido a su exposición al ladrillo.
Egea, un problema 
Hace cinco días fuentes próximas a BMN habían señalado al periódico 'Ideal' de Granada que la mejor alternativa que considera la cúpula de este grupo bancario, es la de una fusión con Unicaja, presidida por Braulio Medel (en la imagen). 
La unión de BMN, con 68.000 millones de euros en activos a cierre del pasado ejercicio, y de Unicaja, con 79.000, daría lugar a un potente grupo bancario que sumaría 147.000 millones y que se situaría, con el mapa financiero conocido hoy en día, como el séptimo en el ranking nacional atendiendo a este criterio de activos. 
Pero a Unicaja y Medel no parece gustarle esta opción con el presidente de BMN y Caja Murcia, Carlos Egea, de por medio pese a la insistencia del también murciano Antonio Jara, presidente de Caja Granada y vicepresidente de BMN, para que se consume esa fusión, muy andaluza, antes del 30 de junio próximo. 
Sin descartar su propio hueco y peso dentro del conjunto del sistema financiero de España, Unicaja y Caja España-Duero quieren certificar su unión primero. Y no sólo eso, la nueva entidad busca «seguir ostentando» el «claro liderazgo» que ya tiene en sus territorios de origen a través de sendas Cajas, según 'Abc' de hoy.
Según destacó Medel, «satisfechos» con la evolución de los trabajos, el proyecto «está perfectamente encarrilado» y «marcha a muy buen ritmo», con «muchos ámbitos en los que ya trabajamos como una sola entidad», pese al retraso acumulado por el «momento complicado» de cambio de regulación en el que se enmarca. 
Y es que fue el 26 de septiembre de 2011 cuando ambas cajas aprobaron unirse, aunque las variaciones en el sistema con nuevas necesidades de recapitalización han ido demorando la firma que, por el momento, juntará a Unicaja y Caja España-Duero, aunque no se descartan más compañeros de viaje pese a que Egea hizo en su día inviable una fusión de BMN con las cajas castellano-leonesas. 
El presidente de la entidad andaluza aseguró que «no tenemos» firmado «ningún acuerdo ni preacuerdo» con otra entidad o grupo, pero sí admitió «conversaciones» que «si viéramos» que permiten «servir mejor» a los objetivos a un proyecto que calificó de «acierto», «no sólo es que podemos, es que debemos» hacerlo. «Es una hipótesis de futuro potencial», precisó.
Sin necesidad de nuevos socios, Medel reiteró que el proyecto en marcha con Caja Duero-Caja España ya se basa en un plan económico «absolutamente solvente y muy sólido» incluso en «hipótesis más negativas del comportamiento de la economía».
 «Consideramos que está suficientemente blindado», con un rating del 10% que «ninguno supera». 
«Los cimientos del proyecto difícilmente pueden ser más sólidos que los que son», subrayó el máximo responsable de Unicaja, quien defendió que «no» contempla la «necesidad de inyectar más provisiones», concluye Medel.

La Fiscalía remite a Anticorrupción una denuncia contra Fernández Ordóñez por la gestión del 'ladrillo'

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia presentada contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición al ladrillo.

   Según informó la denunciante, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), en un comunicado, todos ellos son "presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
   A partir de ahora, Anticorrupción asignará a un fiscal para que se encargue de estudiar la denuncia de CIC y comprobar si existen indicios de delitos penales en los hechos denunciados.
   Entre las pruebas aportadas por el sindicato se encuentra el informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la existencia de "motivos suficientes para la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   Además, CIC también ha aportado un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007 en el que también se advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
   El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, apuntó que "existen multitud de operaciones fallidas otorgadas sin ningún rigor técnico, concedidas a empresas sin ingresos recurrentes, o con un capital social despreciable para la cantidad que se concedía".
   Postigo añadió que estos procedimientos siguieron un patrón de comportamiento que ha terminado por anular los recursos propios de las cajas de ahorros, "poniendo en grave riesgo todo el sistema financiero español".
   "Los 19.000 millones de euros del rescate del Gobierno a Bankia son un ejemplo bastante relevante de la dimensión del problema y aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se empeñe en tapar y no investigar qué ha ocurrido en Bankia, el sindicato exige que esto no sea así", indicó Postigo.
   Por último, CIC denunció la situación de bloqueo que se mantiene sobre la comisión de investigación presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios La Izquierda Plural y el Grupo Mixto el pasado 16 de febrero, sobre las causas de la crisis financiera y el papel de las entidades financieras, de los reguladores y supervisores y de las entidades asociadas en la burbuja inmobiliaria.

Denuncia anterior

El abogado español Diego de Ramón presentó la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', en la primera semana de febrero de 2011.


Esta denuncia se basaba entónces en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.

El escrito, no admitido todavía a trámite pero convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero de 2010 en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España.

Cerca de 200 personas se concentran nuevamente contra los recortes de interinos

MURCIA.- Cerca de 200 personas se ha concentrado nuevamente a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda para protestar contra los recortes del Gobierno regional que, según advierte, "pueden suponer la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en la Administración y Servicios de la Comunidad".

   A la concentración han acudido sindicatos de Administración y Servicios Públicos de la Región de Murcia --CCOO, CSI-F, FSES, Intersindical y FSP-UGT, junto con la Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Laborales de la Comunidad (AFIC).
   Los convocantes han portado pancartas y coreaban consignas de 'no al despido de interinos y contratados', 'Sobran políticos, no funcionarios' y 'Valcárcel vete ya y llévate a Bernal'.
   Desde CSI-F, su portavoz, Ángel López, ha reclamado un estudio económico, ya que "las estimaciones que tenemos es que el ahorro por parte de la Administración regional en contratar a empleados públicos y no a través de empresas privadas o concierto estaría en torno al 40 por ciento".
   Por su parte, la secretaria de Organización de la FSP-UGT, María José Salazar, ha advertido que "para primeros de julio está previsto que se recorten probablemente, según palabras de Valcárcel, cerca de 2.200 interinos"
   En su opinión, "no hace falta ese recorte de interinos porque la Administración necesita esos empleados públicos para que siga funcionando y no se pierda calidad en el bienestar social".
   "Estamos aquí porque no sabemos qué puede ocurrir con esos interinos, ya que según el plan de reajuste está previsto que se vayan, pero no nos han dicho cuántos de ellos se irán", ha reprobado.
   El presidente de la FSES (Satse y Anpe), Clemente Hernández, ha dejado claro que son los interinos "los más afectados y cientos de miles pueden quedarse en el paro".
   Mientras que el portavoz de Sterm-Intersindical, Vicente Cervantes, ha destacado que el acto sirve para reivindicar la defensa del empleo público, dadas las "amenazas tan graves que ha habido por parte de la Administración, que en una gestión de los recortes absolutamente clasista y ataca a los eslabones más débiles de la sociedad".
   En este caso, ha criticado que estos recortes "se centran en el personal interino, que se cuantifica en una cifra de 2.200 personas que podría ir a la calle".
   Cervantes cree que "otra austeridad es posible", y ha mostrado su agrado de que "haya unidad de todos los sindicatos en defensa del personal interino".

La emisión neta de deuda en 2011 de Murcia alcanzó los 363 millones de euros

MADRID.- La emisión neta de deuda de la Comunidad de Murcia se situó en 363 millones en 2011, según la Memoria del Mercado de Deuda Pública correspondiente al año 2011 del Banco de España.

   A nivel general, la deuda del Estado en circulación aumentó un 10,2 por ciento en 2011, hasta 580.516 millones de euros, un incremento inferior al registrado en 2010, cuando creció un 14 por ciento.
   Así lo anunció hoy el jefe de la División de Instrumentación de Política Monetaria del Banco de España, Javier Maycas, en una rueda de prensa, donde avanzó que la emisión neta se redujo un 17 por ciento y alcanzó los 53.603 millones de euros, frente a los 64.812 millones de 2010, por el descenso de la necesidad de endeudamiento del Estado a unos 47.000 millones, fruto de la continuidad del ajuste en las cuentas públicas.
   Durante 2011, la emisión neta de deuda del Estado se concentró en la captación de fondos mediante bonos y obligaciones del Estado, por importes de 24.262 millones de euros y 28.490 millones, respectivamente.
   La emisión neta de letras se cifró solamente en 851 millones de euros, lo que ha favorecido que la vida media del saldo de deuda del Estado se estabilizara en torno a los seis años y medio.
   Por las menores necesidades de financiación, la actividad del Tesoro en el mercado primario registró una reducción del 4 por ciento en el volumen de colocaciones brutas, que ascendió en 2011 a 199.724 millones, frente a los 208.624 millones del año anterior. Además, el volumen de amortizaciones fue ligeramente superior al de 2010.
   Las líneas que contabilizaron la mayor emisión neta fueron los bonos a cinco años, cuyo volumen colocado en términos brutos coincidió con el incremento en su saldo vivo, y las obligaciones a diez años.
   Sobre la política de emisión del Tesoro, Maycas ha asegurado que el programa de financiación se ha ejecutado mediante un total de 91 subastas y sus correspondientes segundas vueltas, frente a las 76 celebradas en 2010, así como mediante la colocación por sindicación de dos referencias.
   Por su parte, el coste medio de la financiación captada aumentó en 130 puntos básicos influido por la crisis de deuda soberana en Europa, al pasar de 2,54 puntos básicos a 3,85 puntos. En 2010, el coste aumentó en 37 puntos básicos.
   Hasta el 30 de abril, en cambio, el coste se ha reducido hasta los 3,04 puntos básicos por el estrechamiento de los costes en los primeros tres meses del año.
   En este contexto, el diferencial entre la rentabilidad de la referencia española a diez años y el correspondiente bono alemán fue ampliándose en 2011 hasta alcanzar en diciembre un valor medio de 360 puntos, frente a los 247 puntos básicos de diciembre de 2010.
   Según la Memoria, la variación más significativa en las tendencias de letras, bonos y obligaciones fue el aumento de 22.800 millones de euros por parte del sistema crediticio, una vez excluido el Banco de España.
   Por su parte, los inversores no residentes aumentaron sus tenencias en unos 2.000 millones como consecuencia del aumento de su cartera en bonos y obligaciones, que compensó la caída en sus tenencias de letras.
   Así, los inversores no residentes siguen siendo el primer grupo inversor, con el 48,8 por ciento del total de deuda, aunque disminuyeron su participación en 4,6 puntos.
   Por su parte, las carteras de los inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, empresas de seguros etc.) se situaron como segundo grupo inversor, con un 18,3 por ciento de las tendencias tras elevarse en 16.600 millones.
   Asimismo, resalta el incremento en las tendencias de las Administraciones Públicas en 3.800 millones, aunque su cuota cayó en 0,5 puntos y se situó en el 11,4 por ciento. La participación de las carteras de empresas no financieras y familias disminuyó del 5,2 por ciento de 2009 al 4,7 por ciento de 2010.
   En concreto, destaca la emisión neta de Madrid (1.195 millones) y la de Galicia (507 millones). En niveles más reducidos, pero considerables se sitúan Murcia (363 millones), Navarra (361 millones), Castilla-La Mancha (322 millones), Baleares (300 millones), Aragón (265 millones) y Valencia (200 millones).
   Por último, destacan las emisiones netas negativas de Canarias y Andalucía, con valores negativos de 18 y 129 millones, respectivamente.
   La emisión neta de deuda de otros emisores en el mercado de deuda pública en anotaciones registró un incremento significativo (40,6%) al cifrarse en 11.302 millones, gracias a las comunidades autónomas (3.507 millones) y, sobre todo, al grueso de emisión de otras instituciones públicas (7.795 millones) por las emisiones del FROB.
   En el mercado secundario de deuda del Estado, la negociación creció un 9,5 por ciento gracias al crecimiento en sus dos ámbitos de negociación: entre titulares creció un 8,7 por ciento, hasta los 9,2 billones de euros, mientras que la contratación con terceros subió un 10,1 por ciento, hasta 11,1 billones.

Las praderas submarinas absorben el doble de carbono que los bosques

MADRID.- Las praderas submarinas, que ocupan el 0,2 por ciento de la superficie oceánica de la Tierra y que son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, entierran más del 10 por ciento del carbono que los mares absorben cada año, según un equipo internacional de científicos que ha descubierto que las praderas submarinas pueden almacenar el doble de carbono que los bosques templados y tropicales del planeta.

   El trabajo, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido publicado en el último número de la revista Nature Geoscience y confirma el "relevante papel" que estos ecosistemas cumplen en la mitigación de los efectos del cambio climático.
   Se trata del primer análisis global del almacenamiento de carbono en estas praderas, después de compaginar 3.640 estimaciones de carbono almacenado en el suelo y la biomasa de 946 praderas submarinas distribuidas por todo el planeta.
   El trabajo demuestra que las plantas que rodean las costas pueden enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea en el suelo que tienen debajo. Mientras, un bosque tropical puede almacenar una media de 300 toneladas por hectárea.
   Los científicos calculan que más de una cuarta parte de la extensión de las praderas de posidonia ha sido destruida, principalmente por la eutrofización de la costa y los dragados del fondo, que están provocando que la tasa de pérdida global se acelere. De hecho, en la actualidad son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
   "Las praderas pueden acumular depósitos de carbono orgánico en sus suelos de más de un metro de espesor. En algunas como las de la especie Posidonia oceánica en el Mediterráneo, el espesor de estos depósitos puede ser de hasta más de cuatro metros", ha destacado el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes Óscar Serrano.
   Además, los científicos calculan que las praderas acumulan aproximadamente el 90 por ciento del carbono que tienen en el suelo sobre el que crecen y, a diferencia de los bosques, continúan haciéndolo indefinidamente mientras sube el nivel del mar.
   Para el investigador del CSIC Carlos Duarte, la gran capacidad de las praderas como sumideros se debe a que este ecosistema "fija más carbono que el que consume o respira", a que parte de la producción neta del ecosistema se entierra y a que atrapan y entierran partículas de la columna de agua.
   Asimismo, ha añadido que, a diferencia de los suelos de los bosques, el sedimento en las praderas submarinas se acumula verticalmente mientras el nivel del mar sube y, por tanto, pueden aumentar su volumen a lo largo de siglos y milenios. "La ausencia de fuegos en el mar contribuye también a que estos sumideros de carbono persistan", ha agregado.
   Por su parte, el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Miguel Ángel Mateo, ha apuntado que estos depósitos de carbono orgánico son el resultado de la acumulación durante "siglos y milenios". Concretamente, donde mayor concentración de carbono se ha encontrado durante la realización del trabajo es en las praderas de posidonia del Mediterráneo.
   En este contexto, los científicos subrayan que los resultados demuestran que es "fundamental conservar y restaurar las praderas submarinas para conservar su capacidad como sumidero de CO2" y que su conservación, junto con la de los manglares y las marismas contribuiría a mitigar los impactos del cambio climático, además de preservar los beneficios que aportan a la sociedad.

La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

MADRID.- La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado.

   El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".
   De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).
   Salvaterra consideró que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".
   Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo.
   Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.
   Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).
   Por último, Salvaterra afirmó que "se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros".

El arzobispo de Granada niega privilegios en el pago del IBI y ve una "motivación política" en el debate

GRANADA.- El arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez,  mantiene que la Iglesia católica "no tiene ningún privilegio" respecto al pago del IBI y considera que el debate abierto en torno a este asunto tiene "una motivación exclusivamente política".

   A preguntas de los periodistas sobre la intención del PSOE de impulsar mociones en todos los ayuntamientos para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, el arzobispo granadino ha subrayado este lunes que privilegios respecto a este impuesto "los tienen un montón de entidades deportivas, culturales y de todo tipo", pero no así la Iglesia católica.
   El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, afirmó la semana pasada que la cantidad que se recaudaría en toda España si la Iglesia pagara el IBI no superaría nunca los 100 millones de euros.
   "Hablar de los privilegios, creo que tiene una motivación exclusivamente política en estos momentos", ha añadido el arzobispo, que al hilo de una pregunta posterior sobre la huelga de hambre que mantienen tres parados en la Curia, ha destacado que el "pueblo cristiano es el que está haciendo más por paliar la crisis de manera efectiva", mediante iniciativas como la recogida de alimentos.
La diócesis de Cartagena pertenece a la provincia eclesiástica de Granada.

domingo, 27 de mayo de 2012

La Audiencia Nacional pide a la CAM que identifique a todos sus directivos entre 2001 y 2011

MADRID.- La Audiencia Nacional ha solicitado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que remita al juzgado un listado con los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la entidad entre 2001 y 2011, entre ellos el murciano y ex vicepresidente 1º de la entidad, Javier Guillamón Álvarez (en la imagen), según una providencia dictada el pasado 9 de mayo.

   "Líbrese de oficio a la CAM a fin de que sea remitida certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y retribuciones durante el periodo 2001-2011", según la providencia dictada por el juez Eloy Velasco, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska.
   Además, el magistrado encomienda a la Unidad de Apoyo de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la labor de "ejecución" de la orden.
   Según fuentes jurídicas solventes, esta petición de nombres supone el primer paso para que los directivos de la entidad alicantina sean llamados a declarar como testigos o imputados por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión.
   Estas diligencias de investigación las asumirá previsiblemente el juez Javier Gómez Bermúdez en junio, después de su nombramiento como titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional en sustitución de Grande-Marlaska, que pasa a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que supone un intercambio de cargos entre ambos.
   El pasado mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.
   En marzo, el juez admitió la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la entidad, representados también por De Ramón, que denuncian la presunta estafa sufrida por la adquisición de productos financieros como las cuotas participativas o las participaciones preferentes, entre otros.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
   En los informes emitidos por el Banco de España y los administradores del FROB se describen numerosas irragularidades, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En marzo de 2011, los gestores de la CAM comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a Amorós (directora entre noviembre de 2010 y agosto de 2011) por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

UPyD pide al Gobierno decidir las inversiones del AVE con criterios de rentabilidad

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que pide al Gobierno que decida las inversiones que se destinan al AVE en función de criterios de rentabilidad económica y que fomente de manera más decidida la red de ferrocarril convencional por ser la que utiliza la población de manera mayoritaria.

   En el texto, la formación magenta señala que la inversión en Alta Velocidad de los últimos años ha supuesto un "gasto excesivo" para las arcas públicas y critica que las decisiones han sido "muchas veces injustificadas" y tomadas por criterios "partidistas" y no de "rentabilidad económica", dando lugar a un sistema "insostenible" y "subvencionado mayoritariamente".
   En paralelo, esto ha conllevado el "abandono" del ferrocarril convencional de media distancia, que es el "utilizado por la mayoría de los usuarios".
   Por eso, pide al Gobierno que "reconsidere las inversiones en el AVE" y que "sean otorgadas exclusivamente con criterios de rentabilidad económica a través de un análisis obligatorio de viabilidad económico-financiera y social".
   También reclama la redacción de un Plan de Ferrocarriles que promocione "con especial atención" los regionales, Cercanías y de Larga Distancia, así como un plan de impulso de transporte de mercancías para hacer una red "moderna, eficaz y competitiva".
   "Si las inversiones realizadas en AVE hubieran sido o se destinaran a la red de ferrocarril convencional, las mejoras en velocidad y servicios ferroviarios hubiera conllevado más beneficios para la sociedad y menor coste de inversión para el Estado. Además, el impulso del transporte ferroviario de mercancías conlleva ventajas como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ahorro de costes a las empresas y la descarga de carretera de la circulación de transportes de camiones", concluye la propuesta.
   Además de proponer su debate en el Pleno de la Cámara, esta iniciativa está incluida en el orden del día de la Comisión de Fomento que se celebrará este miércoles, 30 de mayo.

El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para Paradores

MADRID.- El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para la cadena hotelera del Estado, Paradores, si bien matiza que eso "en modo alguno significa la privatización" de la red, imcluido el de Puerto Lumbreras.

   El ministro de Industria, Energía y Turismo ha cifrado en 110 millones de euros el 'agujero' de déficit que se encontró en la compañía cuando asumió la cartera ministerial.
   Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   La Sociedad Paradores de Turismo ingresó entre 2008 y 2011 un total de 1.006,1 de euros, de los cuales 985,75 millones procedían de ingresos de explotación, según consta en una respuesta al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
   En concreto, las ventas de los establecimientos alcanzaron su nivel más alto en 2008, con 259,9 millones de euros de ingresos y, a partir de ese momento, comenzaron un declive sostenido hasta cerrar 2011 con 238,22 millones de euros.
   Los ingresos totales han seguido una senda similar, con el punto más alto en 2008 (265,06 millones) y el más bajo en 2010 (243,24 millones), si bien el pasado ejercicio las cifras se recuperaron y Paradores cerró el año con unos ingresos totales de 251,1 millones de euros, aunque registró pérdidas por 83 millones de euros.
   Sin embargo, estos datos no son óbices para que el Gobierno se plantee otras fórmulas de gestión, entre las cuales "no se descartan fórmulas de colaboración público-privada", aunque eso no suponga de forma automática la privatización de la red.
   Paradores registrará en 2012 pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   Según las mismas estimaciones, la empresa presidida por Ángeles Alarcó generará unas ventas de 235,1 millones de euros, mientras que su partida de gasto principal serán los gastos de personal, por valor de 129,5 millones de euros, por delante de otros gastos de explotación por valor de 65,8 millones de euros.
   Alarcó ha reconocido que Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros, y que ante la falta de presupuesto solo continuarán adelante las obras que ya se han iniciado. No obstante, estimó recientemente que la cadena podría volver a beneficios en "tres años".

Hacienda retendrá el 50% de la financiación a los ayuntamientos que no han aprobado un plan de saneamiento

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retendrá el 50 por ciento de la participación en los ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo presentado, se les rechazó.

   Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.
   Sin embargo, de ese total, y según precisó el propio Beteta en una conferencia reciente, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una valoración negativa.
   La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval.
   Entre esos planes de ajuste rechazados Beteta ha asegurado que figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo.
   El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.
   Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros.
   La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando y aceptando los datos de las facturas penduentes y a lo largo de junio, las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar.
   Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de facturas, por valor de 17.255 millones de euros.

Advierten que Bankia "va a contaminar" al resto del sistema bancario español

LEÓN.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado hoy en León que no se conoce una "gestión peor" por parte del Gobierno que la nacionalización de Bankia, y ha advertido de que "se ha hecho tan mal" que el proceso iniciado "va a contaminar" al resto del sistema financiero español.

López ha criticado en su intervención durante la apertura del XII Congreso del PSOE de León que el Ejecutivo nacionalizase el cuarto banco del país un lunes por la mañana, y que cada día se haya ido conociendo una nueva cifra para salvar a la entidad.
El secretario de Organización de los socialistas ha denunciado que nadie del Gobierno haya explicado cómo se ha llegado a la situación actual, y ha incidido en que el PSOE va a pedir "transparencia" para saber quiénes son los responsables de esa "mala gestión" y garantías para que los recursos aportados por el Estado "no tengan un coste para los ciudadanos".
López ha añadido que hablar de banca pública no significa socializar las pérdidas de los bancos, un día después de que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, presentara el plan de recapitalización de la entidad y solicitara al Estado 19.000 millones de euros.

El socialista Iglesias defiende a ultranza a las CCAA y augura que ninguna será intervenida

MADRID.- El portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha hecho una cerrada defensa de modelo territorial del Estado, ha considerado "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos y ha augurado que ninguna comunidad será intervenida.

Así lo ha señalado en sintonía con el líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes porque el Estado autonómico "no funciona bien si periódicamente" los presidentes de las comunidades y el del Gobierno "no comparten estrategias generales".
Se ha referido a la situación económica y ha recordado que hay tres autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León- "que han hecho aflorar un déficit unos meses más tarde que otras", lo que ha provocado una nueva desviación al alza de cuatro décimas del déficit de 2011, hasta el 8,9 % del PIB.
En concreto, ha considerado "imposible" que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no supiera que había "una desviación del déficit de más de mil millones en Madrid", ya que fue consejero de Hacienda de esta comunidad.
Sin embargo, el portavoz del PSOE ha señalado que "no será necesario" intervenir ninguna comunidad y ha hecho hincapié en que es "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos.
Así, ha recordado que son las comunidades las que tienen las competencias en la salud de los ciudadanos, la educación, los servicios sociales y la dependencia, y que "es mucho más difícil" hacer los ajustes en estas políticas "que dejar de construir trenes de alta velocidad".
"Es extraordinariamente injusto que carguen contra las comunidades por el hecho de que tienen más dificultades para ajustar sus déficits y sus presupuestos, porque cerrar un hospital es muy complicado y no deberíamos hacerlo, cerrar una escuela es muy complicado y no deberíamos hacerlo, y estas son responsabilidades autonómicas", ha señalado.
Por otro lado, Iglesias ha considerado que si hay un momento en los últimos 30 años, "desde el primer despliegue de las autonomías", en el que el Estado y las comunidades, y estas entre sí, deberían ser capaces de cooperar más, es el actual.
Por este motivo, el portavoz del PSOE ha recalcado que sería "muy importante" que se convocara una Conferencia de Presidentes que, como en las celebradas anteriormente, debe acoger el Senado.
"El Estado autonómico no funciona bien si periódicamente los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno de la nación no comparten estrategias generales. No funciona bien si no somos capaces de tener un espacio, como es el Senado, donde las comunidades autónomas puedan debatir, encontrarse, coordinarse", ha manifestado.
También se ha referido a la reforma del Senado, para la que se ha constituido una ponencia en la comisión de Reglamento de la cámara que mañana celebrará su segunda reunión, y ha asegurado que debería haberse hecho "hace mucho tiempo, pero el PP no ha querido".
"Ahora parece que hay una actitud distinta", ha continuado el portavoz del PSOE, quien ha avanzado que su partido, al igual que el PP, es partidario de que el Senado sea cámara de primera lectura para las leyes territoriales y de "tener un modelo similar al alemán".
"Nuestro modelo territorial es similar al alemán y, por tanto, deberíamos tener una cámara territorial similar al Bundesrat", ha opinado Iglesias, para quien la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado no ha funcionado, especialmente en las dos últimas legislaturas, "porque ha habido poca generosidad por parte del PP, que no ha querido avanzar en los temas territoriales".
"En este momento en que hay una gran mayoría de comunidades autónomas dirigidas por el PP, ellos tienen toda la capacidad para hacer estas reformas. Se han comprometido y quiero pensar que ese compromiso es firme. Nuestro apoyo para esa reforma ya saben que lo tienen", ha concluido.

La financiación local, la eterna reivindicación municipal

MADRID.- Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un nuevo sistema de financiación local para mejorar su autonomía financiera, pero no han conseguido que sus demandas se materialicen a pesar de las buenas palabras del resto de administraciones. ¿Se aprobará por fin durante esta legislatura?

El Gobierno y los ayuntamientos son conscientes de que, antes de acometer una reforma de la Ley de Haciendas Locales, hay que resolver una cuestión vital para los consistorios: el reparto de competencias.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha apostado por revisar la ley de Bases de Régimen Local (1985) dentro de la ordenación administrativa que pretende el Gobierno para hacer efectiva la máxima de "una administración, una competencia".
Con esa norma se quiere poner freno a las llamadas "competencias impropias" de los consistorios, aquellas que prestan los ayuntamientos a pesar de que no son titulares de las mismas, como la construcción de guarderías o de otros servicios sociales.
Estas "competencias impropias" representan hasta el 26% del presupuesto total de los 8.116 ayuntamientos, como recuerda el vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo.
"Esta vez sí", responde el también presidente de la Diputación de Zamora cuando se le pregunta si esta será la legislatura definitiva para la financiación local, cuyos últimos cambios datan de 2004, con una serie de modificaciones a la ley aprobada en 2002.
Para Maíllo, es "imprescindible" y "necesario" que el Ejecutivo lleve a cabo una reforma de la Ley de Haciendas locales, que debe venir precedida por la también anhelada reforma competencial.
Una queja extendida entre los alcaldes es que se ha prestado más atención a la situación económica de las comunidades que a la de las corporaciones locales.
"No ejercemos la suficiente capacidad de presión", explica, por su parte, el alcalde de Zaragoza y portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Juan Alberto Belloch, quien pide que la FEMP sea mucho "más enérgica como sujeto interlocutor" con el Gobierno.
Belloch afirma que hay un cierto "escepticismo" entre los alcaldes sobre si en esta legislatura se aprobará una nueva ley. "Ojalá sea así. Yo, desde luego, lo dudo", apostilla el alcalde.
Advierte además de que este proceso de reforma sería "tan largo y extenso en el tiempo" que se deben tomar "medidas urgentes" para paliar la situación de las entidades locales.
Insiste en que lo primero que hay que hacer es aclarar las competencias impropias, pero no para "pelear por más", sino para que estén bien financiadas aquellas que correspondan a los consistorios.
En este proceso, continúa Belloch, hay que hacer una reforma para que no haya duplicidad de competencias y que los ayuntamientos tengan sentido de la "responsabilidad", para evitar los "excesos manifiestos que ha habido" anteriormente.
Coincide con Belloch el presidente de la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien cree que esta modificación debe hacerse en "el marco de ese esquema que el Gobierno está pensando y ha comprometido de una administración, una competencia".
De la Torre apuesta por una estructura municipal similar a la de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.
El alcalde de Málaga subraya que la problemática actual de los ayuntamientos va ligada a "dos cuestiones: financiación y competencias".
Las modificaciones en estos ámbitos deberían ir acompañadas de una "política muy seria, rigurosa y austera" de los ayuntamientos y de la "sensibilidad del Estado y las autonomías" para mejorar la situación de los consistorios, agrega De la Torre.
Las comunidades son objeto de crítica por parte de muchos ayuntamientos al considerar que el proceso de descentralización se paró en las regiones y que estas no han querido ceder competencias e ingresos a los municipios.
El alcalde de Málaga llega a decir que este "mal proceso" de descentralización ha llevado a que haya más déficit público y que España tenga un "municipalismo más débil" que el del resto de países europeos.
En palabras de Belloch, los ayuntamientos se sienten "absolutamente" discriminados frente a las autonomías y el municipalismo "se está convirtiendo en un producto que solo sostiene quien está en la oposición".
"Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no ha habido ni un solo Gobierno municipalista hasta ahora. Ninguno, ni del PSOE, ni del PP", asevera el regidor zaragozano.
Martínez Maíllo recuerda que los ayuntamientos no están recibiendo fondos a través de las PICAS (la participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas), algo reivindicado históricamente por los alcaldes.
El modelo estaba pensando para un reparto en los ingresos de un 33% para cada uno de los niveles de la Administración (general, autonómica y local), pero los ayuntamientos apenas llegan al 13%, comenta el vicepresidente de la FEMP.
Ante estos datos, se ha reforzado el consenso en la vida municipal, que se ha reflejado en la aprobación en el Senado en febrero de una moción con el apoyo de todos los partidos, a excepción de la abstención de Amaiur.
El texto, presentado por CiU, pedía al Gobierno que apruebe este año una nueva ley de financiación local y una norma de gobierno municipal para clarificar las competencias.
Los ayuntamientos siguen esperando estas dos leyes para afrontar su difícil situación, y mientras tanto tapan sus agujeros con medidas como el plan de pago a proveedores, con el que liquidarán 1.967.000 facturas por un importe total de 9.750 millones de euros.

El Fiscal Jefe Anticorrupción ordena recopilar las investigaciones abiertas contra bancos y cajas

MADRID.- El Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado una orden a los delegados de la Fiscalía en todas las provincias para que le remitan información de todas las investigaciones que tienen en marcha sobre posibles irregularidades en bancos y cajas de ahorros, según informaron hoy fuentes jurídicas.

   Salinas ha cursado la petición hace unos días a través de una nota interna de servicio, en la cual reclama a los delegados Anticorrupción que le remitan información sobre las investigaciones de cualquier operación económica que están llevando a cabo ellos y también las que han puesto en marcha, si las hay, las Fiscalías de todas las provincias, tanto en anticorrupción como en delitos económicos.
   La Fiscalía que dirige Antonio Salinas centraliza en estos momentos las investigaciones de las presuntas irregularidades y de las operaciones dudosas de la Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida por el Banco de España en marzo de 2010 y las relativas a las indemnizaciones millonarias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y las denuncias por venta de cuotas participativas y preferentes en esta caja valenciana. Ambos procesos están ya judicializados en la Audiencia Nacional.
   El Fiscal Anticorrupción también tiene abiertas, desde noviembre de 2010, diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España.
   Una historia que se repite en Caixa del Penedés - integrada en Banco Mare Nostrum (BMN)- , donde también la Fiscalía investiga "una posible responsabilidad penal" en relación con las pensiones millonarias que se asignó la cúpula de la entidad financiera y que en conjunto superaba los 20 millones de euros. Estas dos últimas investigaciones aún no se encuentran judicializadas.
   Pero, además de estas investigaciones que centraliza la Fiscalía que dirige Salinas, también puede haber otras en curso en las fiscalías provinciales en virtud de la orden que dio en abril el Fiscal General del Estado al fiscal superior de Castilla y León para que la fiscalía de cada provincia de esa CCAA investigara las presuntas indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los ex directivos de cajas ya fusionadas como Caja Segovia, Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Avila, tras una denuncia de IU en esta región.
   De hecho, la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado reabrir el caso, que archivó un juzgado de instrucción de Segovia, por las presuntas irregularidades cometidas por directivos de Caja Segovia antes de la incorporación de la entidad en Bankia. Se trata de las prejubilaciones otorgadas al exdirector general Manuel Escribano --de unos 12 millones de euros-- y al resto del Comité de Dirección, que sumarían otros 30 millones.
   También la Fiscalía de León abrió a finales de 2011 diligencias de investigación por las indemnizaciones recibidas de Caja España por el ex alcalde de la capital leonesa y que ascendieron a 554.000 euros.
   Ahora, el Fiscal Jefe Anticorrupción quiere tener una fotografía de las investigaciones que se han iniciado en cada una de las fiscalías y para ello cursó hace unos días la orden de servicio, una petición interna para recopilar la información de lo que está en curso.

El PSOE impulsará mociones en ayuntamientos para que la Iglesia pague el IBI de inmuebles

MADRID.- El PSOE impulsará mociones en todos los Ayuntamientos españoles para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, así como para que se presente una ley de libertad y conciencia religiosa y una revisión de los acuerdos de España con El Vaticano.

    Esta fue la decisión que tomó la comisión permanente de la ejecutiva federal en su última reunión, en la que solicitó al responsable de política municipal que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los plenos municipales.
   De esta manera, el partido socialista ha preparado un documento modelo en el que se incluye una exposición de motivos para justificar esta moción. Así, recuerda que "la regla básica de un sistema fiscal justo" es que todos los ciudadanos e instituciones contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica".
   A día de hoy, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992).
   Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
   Sin embargo, los socialistas consideran que esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada, ya que en las décadas precedentes "se ha realizado una aplicación extensiva de la misma", de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje o lonjas, entre otros.
   En ese sentido, el secretario de ciudades y política municipal, Gaspar Zarrías, ha señalado que el PSOE apuesta por una legislación que "evite privilegios y discriminaciones" por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones "igual que el del resto de instituciones".
   "Los socialistas defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos", ha resaltado.
   Por el contrario, Zarrías ha criticado la política fiscal del Gobierno ya que, a su entender, pretende condonar las deudas "a los que defraudan" y aumentar los impuestos a los trabajadores. Así, ha asegurado que "fruto de esa política" es el reciente Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI entre el 4% y el 10% y cuya aplicación "obliga a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones".
   El dirigente socialista ha salido también al paso de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas".
   Así, Zarrías ha pedido a Rouco "que no amenace" en nombre de esta ONG, ya que "son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos" los que a través de subvenciones permiten a Cáritas "hacer la magnífica labor que hace". Además, ha pedido a Rouco Varela que diga "cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor supone una sorpresa".

Ahora resulta que no falta agua en la Cuenca del Segura, según el presidente de la CHS


MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la sociedad de cara a cómo se presenta el verano. Según ha confirmado, se plantea "con plenas garantías para agricultores y ayuntamientos, ya que las reservas actuales de agua permiten asegurar los riegos y los envíos para abastecimiento". 

   Actualmente, ha puntualizado, los embalses de la cuenca del Segura cuentan con 635 hectómetros cúbicos de agua, "estando previsto que concluya el año hidrológico con 348 hectómetros (contando sólo con los recursos del Segura, no los del trasvase del Tajo)".
   De ahí que Ródenas haya dejado claro que este verano no será peor que el pasado, sino "similar", ya que "se cumplirán todos los compromisos con los usuarios de la cuenca".
   El agua acumulada en los embalses de la Cuenca del Segura permite garantizar la campaña de riegos del próximo verano al regadío tradicional con 270 hectómetros cúbicos del río Segura, lo que supone que los agricultores podrán disponer de todos los recursos programados para sacar adelante sus cultivos.
   Todo hace prever que los embalses del Segura terminarán el año hidrológico con 348 hectómetros cúbicos de reservas, siempre que se mantengan las previsiones de consumo aprobadas en la última comisión de desembalses y no haya una situación meteorológica excepcional.
   Sin embargo, ha advertido, "no podemos olvidar que las reservas de los embalses nos ayudan a empezar mejor el año hidrológico", por lo que ha hecho un llamamiento "al uso responsable del agua en todos los ámbitos, agricultura y abastecimiento".
   Ródenas también ha rechazado que puedan haber cortes de aguas en este año hidrológico, "ni siquiera reducción en los derechos de los usuarios", por lo que los agricultores "pueden muy tranquilos, pero con responsabilidad".
   Y es que, ha insistido, "en el horizonte del presente año hidrológico no hay razón para la intranquilidad de los agricultores".
   Pese a esto, ha considerado que hay que tener en cuenta que durante el último periodo de sequía se llegó a reservas inferiores incluso a la reducción prevista este año.
   Por ello, ha subrayado que "resultan de vital importancia las reservas que se han acumulado en los años precedentes, gracias al aumento de las aportaciones y a la red de embalses que gestiona la CHS, y que convierte a la Cuenca del Segura en una zona muy regulada".
   Aunque no declina prever qué va a ocurrir más adelante, ha advertido que "si no se producen lluvias de importancia antes del final del año hidrológico, la cuenca del Segura comenzará el año 2012-2013 en situación de Pre-Alerta, lo que implica que la Confederación deberá tomar ciertas medidas de precaución".
   En cualquier caso, ha asegurado que tiene la seguridad de que la cuenca del Segura, gracias a las infraestructuras (embalses) con las que cuenta y la experiencia atesorada de anteriores sequías, "es una de las zonas más preparadas para hacer frente a la escasez de agua".
   En la actualidad, la Cuenca del Segura está sufriendo uno año muy seco, lo que implica una reducción gradual de las reservas con las que cuenta.
   En concreto, en lo que llevamos de año hidrológico (de octubre de 2011 a abril de 2012) ha sido el tercer periodo más seco de la década. En cifras, se puede observar que ha llovido un 21 por ciento menos que el año pasado (151 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 2011-2012 frente a los 191 l/m de 2010-2011) y un 34 por ciento menos que la media de los últimos diez años (227 l/m).
   En esta situación de Pre-Alerta se aspira a movilizar la inercia de los hábitos del consumidor, empezando a crear conciencia social del uso del agua.
   Las medidas tendentes a reducir la demanda se planificarán de forma que al inicio del siguiente estado se haya conseguido una reducción del 5 por ciento en los usos de abastecimiento y regadío.
   Se realizará el seguimiento rutinario de la demanda analizando mensualmente la evolución de la misma y verificando el grado de cumplimiento de las previsiones de consumo; y se constituirá la Oficina Técnica de la Sequía por técnicos de la Comisaría de Aguas, Dirección Técnica y Oficina de Planificación Hidrológica.
   Para los usos urbanos las medidas previstas son la redacción de los informes de definición de la situación de la cuenca, una vez alcanzado este nivel se incrementará, de las tres fechas del año (trimestrales) 1º de octubre, 1º de diciembre, 1º de abril y 1 de julio, pasándose a realizar con carácter mensual mientras se esté en esta situación.
   También se incluye, entre otras acciones, preparación de campañas de difusión del uso racional del agua; prohibición de usos que no exijan agua potable; y campaña de difusión del uso racional del agua.
   Además de optimizar la utilización de desembalses de presas destinadas a la generación de electricidad; y las escorrentías no reguladas.

El Ayuntamiento de Murcia sigue apoyando una prostitución avanzada

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia mantiene su colaboración con el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los trabajadores sexuales, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   Desde esta asociación se atiende gratuitamente a personas que trabajan en calles y carreteras, clubes, pisos y de forma autónoma. El Ayuntamiento viene colaborando desde 2005 con esta asociación, a la que aporta una subvención de 50.000 euros para apoyar sus actividades de carácter social
   CATS acude semanalmente a los lugares de prostitución tanto en calle como en club para informar, apoyar y dar a conocer los servicios de la asociación y ofrece un servicio de atención telefónica. Asimismo realiza labores de sensibilización y de prevención de infecciones de transmisión sexual.

La Región de Murcia amplía los aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria

MURCIA.- La Región ha aumentado el número de aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, que es la figura de calidad de la que es propietaria la Comunidad Autónoma, con la concesión del uso de este sello de garantía en el etiquetado del aceite de oliva virgen extra a la almazara Olmo Vega

   Así, el director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, explicó que "esta marca certifica que el aceite de oliva virgen extra de la marca comercial 'De Olmo Vega', posee una calidad diferenciada y está sometido a un procedimiento adicional de control que garantiza que este aceite llega al consumidor en óptimas condiciones físico-químicas y organolépticas".
   De este modo, la zona de producción se encuentra ubicada en el municipio de Jumilla, en el paraje conocido como Cañada de Albatana, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Con la marca comercial se puede envasar el aceite extraído de las variedades Picual, Cuquillo y Arbequina. Las aceitunas que dan origen a estos aceites son recolectadas con el mayor esmero directamente del árbol, con el grado de madurez adecuado y son molturadas antes de las 24 horas posteriores a la recolección.
   El aceite procedente de la variedad Picual presenta gran estabilidad, aromas frutales, ligero amargor y un matiz picante. El aceite elaborado con la variedad Arbequina es denso, afrutado, entre verdoso y amarillo, con aromas frutales, suaves y dulces. Por su parte, la variedad Cuquillo produce aceites de color amarillo pálido, sabor dulce y muy fluido.
   La Región de Murcia apuesta por la calidad diferenciada que ya se está obteniendo tanto con las variedades tradicionales, tales como Cuquillo y Cornicabra, sobre todo, como con otras recientemente introducidas, como Picual, Arbequina y Hojiblanca, o en los aceites Virgen Extra convencionales obtenidos por molturación conjunta de distintas variedades, o en 'coupages' de diseños propios de algunas empresas.
   García Lidón señaló que "dicha promoción debe pasar por explotar adecuadamente todo el potencial de calidad de los aceites, a través de una estrecha colaboración entre agricultores, empresas implicadas en la producción y distribución, y el sector de la hostelería, restauración y establecimientos afines".
   Y es que, la producción regional de aceite de oliva en la presente campaña ha sobrepasado las 8.000 toneladas, según datos de la Agencia para el aceite de oliva. La superficie de cultivo del olivar para la producción de aceite de oliva es de 21.925 hectáreas.
   De ellas, 3.011 están ya en cultivo ecológico y 1.396 en producción integrada. La superficie regional de olivar se completa con las 1.204 hectáreas dedicadas a la producción de aceituna de mesa (Mollar de Cieza y Cuquillo, sobre todo), de las que 11 hectáreas son de cultivo ecológico.
   La comarca con mayor superficie de olivar es el Altiplano, con 8.828 hectáreas, seguida del Valle del Guadalentín, con 5.160 y del Noroeste, con 3.641, según la última estadística agraria regional. Las variedades predominantes son Cuquillo y Cornicabra, con destino, principalmente, a la producción de aceite.
   En la comarca del bajo Guadalentín, en la última década, se ha ampliado el cultivo del olivar, mayoritariamente con la variedad Arbequina, en plantaciones superintensivas, porque permiten la recolección mecanizada a muy bajo coste y registran altas producciones por hectárea los primeros años de cultivo.
   La Consejería de Agricultura y Agua sigue potenciando la mejora continuada de los aceites de oliva a través de la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, el Panel de Cata Regional, la Red Dacus para el control de la Mosca del Olivo, el Programa 'Agricultura Limpia', la Mejora Nutricional del Olivar, los cursos de formación y la transferencia tecnológica, principalmente.

El alcalde de Murcia se encuentra desprestigiado ante la Oposición por su opacidad e ineficacia

MURCIA.- El portavoz del grupo municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de  Murcia, muestra su alarma porque los acuerdos de Pleno "no se cumplan". Y es que denuncia que dos meses después de presentar una moción, --aprobada en Pleno por todos los grupos políticos--, para que se estudiara que los ruegos y preguntas se contestaran de forma oral, el PP les ha trasladado su intención de no llevarla a la práctica, porque, explica, "ahora consideran que no procede".

   Según Serna, "esta es una acción democrática buena, participativa, un signo de transparencia que hace más cercana la actividad municipal y que se hace en muchos otros ayuntamientos españoles". Por lo que lamenta la situación de "indefensión" con la que se encuentran como oposición y critica la falta de transparencia del equipo de Gobierno de Miguel Ángel Cámara.
   Además, "el Pleno es el mayor órgano de Gobierno que tiene el municipio, y desligitimar los acuerdos tomados allí es peligroso y debe empujar a la reflexión", ha añadido Serna, quien ha especificado, "que presentamos una serie de preguntas o solicitamos información para realizar nuestro trabajo como oposición, con todo el derecho que nos otorga la legislación como concejales a conocer detalles de la actividad municipal, que finalmente no se nos aporta sin mayores explicaciones".
   De hecho, ha recordado, "denunciamos que en numerosas ocasiones hemos requerido información y formulado preguntas que no se nos responden o no se nos facilitan".
   Por ejemplo, ha señalado, cuando la formación política solicita conocer los destinatarios de las entradas de determinados eventos regaladas a terceras personas, el coste de los alquileres que paga el Ayuntamiento por los inmuebles que tiene arrendados, el presupuesto ejecutado del año 2011 y de 2012 de las Juntas Vecinales y Juntas de Distrito o el número de pasajeros que el tranvía de Murcia tiene por parada.
   Ésta última "es una información que he pedido hace cuatro o cinco meses y no se nos ha facilitado porque parece que al equipo de Gobierno no le interesa dar a conocer que hay determinadas paradas del tranvía que tienen un bajo número de pasajeros", ha destacado Serna, quien ha añadido que esto demostraría "el error de haber diseñado unas líneas con un trayecto por zonas que no tienen densidad de población".
   Con lo que parece, ha continuado, "que el Consistorio municipal no realiza una gestión todo lo adecuada que el equipo de Gobierno debiera, o que incluso no da la información por dejadez o incluso por obstruir la labor de la oposición, algo que no queremos terminarnos de creer".
   Esto es "absolutamente grave" porque, según ha expuesto el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, "si a los concejales no se nos contesta lo que preguntamos ni se nos da la información solicitada, la labor democrática de un Consistorio no funciona".
   A su parecer, esto demuestra que "no se está cumpliendo uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática, y es que los partidos políticos, mediante la representación que le han otorgado los ciudadanos, realicen sus funciones en las administraciones".
   "Están haciendo un daño a la institución, a la actividad política municipal y a la salud democrática", ha concluido Serna, que pide al equipo de Gobierno municipal "un poco de seriedad, rigor y conciencia política y democrática".

Los gestores de las Cajas quebradas se han llevado 93,2 millones de euros

MADRID.- La reciente nacionalización de Bankia ha despertado numerosas suspicacias. Aparte de la lógica preocupación por sus ahorros, muchos ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que ha obligado al Estado a inyectar ayudas públicas, se pregunta 'Intereconomía'. 

No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan. Los ex directivos han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones. Una cifra que sobrepasaría ampliamente los cien millones si se suman las cantidades pendientes de recibir. 
Antiguos gestores siguen reclamando un resarcimiento, como el que fuera director general de Caixa Penedés –entidad que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum–, que reclama por vía judicial los 3,7 millones de euros que no le han dado a su salida de la entidad. Otros directivos han llegado incluso a blindar su futuro nada más incorporarse a su nueva responsabilidad. Es el caso del ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza, que pactó una indemnización de diez millones de euros a su salida. Una suma escandalosa para una entidad nacionalizada desde septiembre. 
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tiene casi el 90% de su capital, ha iniciado la venta de la firma, aunque, por el momento, el proceso no ha despertado gran interés.
Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 25.000 millones de euros, está ya en manos de José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación por valor de 52 millones de euros, que puso fin a los desencuentros con el presidente del Banco, Francisco González. 
Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que según fuentes del sector podría percibir en acciones.
El panorama de las Cajas de ahorro en España ha dado un vuelco de 360 grados. El interés de los políticos por financiar proyectos innecesarios muchas veces y su exposición al ladrillo las han empujado al abismo. Su presunta solvencia ha dejado al descubierto profundos agujeros en sus cuentas. 
Sólo unas cuantas entidades han sobrevivido a esta hecatombe.