martes, 20 de marzo de 2012

Los autobuses de Latbus cumplen su segundo día de huelga sin incidentes y con un retraso de 20 minutos

MURCIA.- Los autobuses de la empresa pública de transportes Latbus han cumplido su segundo día de huelga "con normalidad" y sin incidentes pero con un retraso de unos 20 minutos en algunas líneas, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Este retraso se debe a que se ha dado prioridad a la salida de los autobuses escolares de las cocheras, dadas las condiciones climáticas de lluvia, y las líneas que han salido con posterioridad llevaban un cierto retraso.
   De todas formas, Cano ha explicado que los autobuses han tomado la salida "con regularidad y con más puntualidad que en otras ocasiones". Asimismo, ha indicado que los servicios "están circulando bien en principio".
   Cano confirma que los empleados todavía no han recibido la llamada de ninguno de los responsables de la empresa y no ha habido toma de contacto con ellos, lo que consideraban previsible "dado el puente de San José que ha habido de por medio".
   En este sentido, los empleados siguen esperando que la empresa desembolse el dinero de la paga extraordinaria de marzo, que tenía que haber abonado el pasado jueves, día 15. La dirección de la empresa anunció la semana pasada que iba a hacer efectivo el 50 por ciento de esta cantidad, que finalmente no se ha pagado.
   Asimismo, el Comité de Empresa espera que se le facilite el documento que la dirección de Latbus y sus administradores concursales remitieron a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Murcia solicitando el cese de determinados servicios para hacer viable la compañía.
   Cano explica que los trabajadores perciben que la deuda de la empresa es "inasumible" por la "gestión nefasta que se ha hecho", y que se están "barajando despidos", sobre todo de los empleados con más años de servicio, que resultan más "caros de mantener". Por ello, solicita a la Administración que "tome medidas" y "rescate" a la compañía.
   A pesar de que los empleados en huelga no cobran su nómina, Cano ha anunciado que les da "igual" y que van a seguir "aguantando" hasta que se cumplan sus reivindicaciones. En este sentido, puntualiza que esta huelga "es diferente a todas las demás que se han llevado a cabo hasta ahora", porque su objetivo es que se garanticen los puestos de trabajo.

Nace oficialmente la Universidad Católica de Alicante (UCAL), de la mano de la UCAM


ALICANTE.- La Universidad Católica San Antonio ha presentado este martes, de forma oficial, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant la nueva Universidad Católica "San Antonio" de Alicante (UCAL), que comenzará su andadura con 13 titulaciones oficiales de grado, a las que se irán incorporando distintos títulos oficiales de postgrado y otros títulos.

   En concreto, el campus se instalará en unos terrenos iniciales de 50.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant, ampliables en un futuro, según fuentes de la institución docente.
   En el transcurso de un acto, en el que han intervenido el presidente de la institución docente, José Luis Mendoza; el alcalde de Sant Joan D'Alacant, Manuel Aracil; el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sant Joan, Javier Yebes; y el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero, el presidente de la Universidad Católica ha incidido en que "existe una gran demanda de alumnos que quieren estudiar en la UCAM".
   Por ello, Mendoza ha resaltado que gracias a la puesta en marcha de la nueva Universidad "no van a tener que desplazarse fuera de Alicante para formarse".
   Asimismo, ha recalcado que las titulaciones que se impartirán en la recién erigida Universidad Católica San Antonio de Alicante "contarán con  los mismos estándares de calidad que las impartidas en Murcia".
   Por su parte, el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero, ha destacado que "desde hace muchos años era una aspiración de la diócesis alicantina que la Universidad Católica se instalara aquí, ya que había mucha demanda de alumnos que así no tendrán que desplazarse fuera para cursar sus estudios universitarios".
   Tras precisar que se ha creado una universidad independiente, ha indicado que la UCAM "no exporta una serie de titulaciones, sino que crea una nueva Universidad".
   Mientras, el alcalde de Sant Joan D'Alacant ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto y ha destacado su importancia de cara al desarrollo económico y a la promoción exterior del municipio alicantino.
   "La creación de esta nueva Universidad se traducirá en la creación de numerosos puestos de trabajo para los habitantes de Sant Joan D'Alacant", ha asegurado.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentan en la Región un 0,5%

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 80.076 en febrero, lo que supone un aumento del 0,5 por ciento con respecto al mismo mes de 2011, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia registró un aumento en febrero de 396 personas, frente al descenso del 0,51 por ciento registrado en el conjunto nacional.
   En lo que va de año el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región decreció en 3.952 personas, lo que supone un descenso del 4,70 por ciento con respecto al año anterior.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 70.743 pertenecen al Régimen General, 4.939 al Régimen de Autónomos, 4.245 al Régimen del Hogar (en extinción), 149 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 42.699 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 943; y el general, con 27.101.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 12.903 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 67.174 son extracomunitarios.

UPyD propone la supresión en la Región del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha propuesto la supresión en la Región de Murcia del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico, "por tratarse de instituciones u organismos que duplican funciones que ya realizan otros entes homólogos de carácter estatal". 

   Sánchez cree que estas supresiones se deben acometer "de forma especial en el actual momento de crisis y de déficit en las cuentas públicas". Además, ha subrayado que esos organismos no se crearon bajo mandato estatutario y que por tanto el Gobierno regional puede derogarlos con una ley, sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía.
   Ha expuesto que el ahorro que se produciría sería de unos 3,8 millones de euros, según los presupuestos de la CARM para 2012, "una cifra que no es despreciable en absoluto".
   Asimismo, Sánchez ha señalado que estas propuestas de UPyD para evitar duplicidades innecesarias, así como otras que su formación política reivindica (la privatización de la tv regional entre ellas) "no las estamos formulando sólo ahora que el déficit nos ahoga, sino que las venimos reclamando desde que nos constituimos como partido hace más de cuatro años y en todas las instituciones en las que estamos presentes".
  En este sentido, y solicitando la racionalización de las AA PP, Sánchez ha recordado la reciente moción presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso y por el Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, solicitando la supresión de organismos duplicados.
   El coordinador regional de UPyD ha señalado que la posición de su partido viene avalada por lo que opinan expertos del mundo académico. Así ha subrayado que existe una opinión próxima al consenso entre diferentes expertos, sobre la oportunidad de suprimir estos organismos duplicados en el nivel del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, sobre todo en un momento de crisis.
   Catedráticos de Derecho Constitucional, como Joan Oliver y Javier Pérez Royo, o el profesor de ESADE, Francisco Longo, son de esta opinión. Y recuerdan "cómo Madrid ha estado muchos años sin Consejo Jurídico Consultivo y Baleares no ha tenido nunca Defensor del Pueblo. No tiene sentido que se reproduzca el mapa institucional del Estado en cada Comunidad Autónoma".
   Para finalizar Sánchez indica que la proliferación masiva de organismos es un síntoma de "las alegrías de la  bonanza" anterior a la crisis. "Hemos vivido años que parecía  que era todo posible. Por algún lado hay que empezar para reducir el déficit y hay que  redefinir prioridades: los organismos duplicados son los primeros  que hay que suprimir antes que recortar en Sanidad o Educación", ha concluido.

Banco CAM prometió ante notario asumir el pago de las cuotas participativas

ALICANTE.- Más de 300 inversores que compraron cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) se han personado ya como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer las posibles responsabilidades penales de la anterior cúpula directiva de la caja.

Tras adquirir el Banco CAM en subasta pública al precio simbólico de un euro, Banco de Sabadell notificó oficialmente el pasado 9 de diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el valor de las cuotas participativas de la caja había quedado reducido a cero. Esto supone que los alrededor de 54.000 compradores de las cuotas de CAM habrían perdido el dinero invertido en su adquisición.
En concreto, el Sabadell comunicó como hecho relevante que «las cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) no han sido traspasadas a Banco CAM en virtud de la escritura pública de segregación de la actividad financiera de CAM a Banco CAM de fecha 21 de junio de 2011. Tal y como está diseñado el proceso, es de prever que las cuotas paticipativas no tengan valor económico significativo».
La propia caja de ahorros ratificó esta explicación en un comunicado de prensa emitido pocos días después, el 15 de diciembre, en el que indicaba que, como consecuencia de la inyección económica de 2.800 millones de euros del FROB, «la participación accionarial de Caja Mediterráneo en Banco CAM ha quedado reducida a cero, con el consiguiente impacto negativo en su patrimonio y en el valor de las cuotas participativas en circulación». 
Pero los inversores, que han acudido a la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades penales por la pérdida de sus ahorros, pueden aferrarse a un documento, al que ha tenido acceso Abc, para hacer prevalecer sus derechos.
El secretario del consejo de administración de Caja Mediterráneo, José Forner, y el consejero del Banco CAM Ginés Pérez Ripoll, firmaron el pasado 21 de junio en el despacho del notario Ignacio Paz-Ares, de Madrid, la escritura pública por la que se hacía efectivo el traspaso de todo el negocio financiero de la caja de ahorros al banco, un requisito indispensable para recibir los fondos del FROB. Aunque ni la Obra Social ni las cuotas participativas formaron parte del traspaso, en el documento suscrito ante notario se indica que «Banco CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden derivarse de las cuotas participativas». Por tanto, el Banco de Sabadell ha asumido ahora ese compromiso, al convertirse en titular de Banco CAM.
De hecho, la entidad financiera catalana ha anunciado que estudiará la situación de los afectados, individualmente, para ofrecerles alguna solución. Como ha informado Abc, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, ha reclamado oficialmente que la caja asuma sus obligaciones con los cuotapartícipes. 
En un escrito que someterá al voto de los miembros de la comisión mañana miércoles, Avilés propone incluso que la caja presente concurso voluntario de acreedores, lo que permitiría liquidar su patrimonio —compuesto ya exclusivamente por la Obra Social— para pagar las cuotas.

lunes, 19 de marzo de 2012

España, Francia e Italia buscan frenar la crisis en frutas y hortalizas

BRUSELAS.- España, Francia e Italia han pedido al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, medidas "urgentes" y "más potentes" para ayudar al sector de frutas y hortalizas a superar la crisis que atraviesa, según ha informado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien también ha mostrado descontento por el funcionamiento del sistema de precios de entrada para los productos agrícolas marroquíes en el mercado comunitario.

   En concreto, reclaman una "reforma urgente" del reglamento que regula los instrumentos de gestión de crisis y que permite, por ejemplo, retirar una parte de mercancía en situaciones graves del mercado con el objetivo de recuperar los precios, de cara a actualizar las compensaciones y cantidades previstas a la situación del mercado tras los últimos años.
  Antes de una reunión con Ciolos, Arias Cañete ha evitado cifrar las mejoras que persiguen Francia, Italia y España con su alianza, pero ha dejado claro que "lo actual es insuficiente" y ha apuntado la necesidad de elevar los precios de retirada "por lo menos un 5 por ciento" y aumentar también los volúmenes que se puedan retirar del mercado "hasta un 10 por ciento".
   Arias Cañete ha explicado que Francia, España e Italia suscribieron la semana pasada un documento para exigir que la UE "aumente las cantidades que son objeto de posible retirada" y también los "precios" que se paga como compensaciones por tal retirada.
   También han expuesto al comisario su descontento con el sistema de precios de entrada a la Unión Europea de productos agrícolas marroquíes porque "no gusta su funcionamiento" y han apostado por modificar la facultad de elección del sistema que determina los aranceles para los exportadores marroquíes.
   El objetivo, ha dicho el ministro español, sería que el régimen de entrada esté sujeto a una mayor seguridad jurídica que garantice los volúmenes de contingente y una "competencia leal".
   Respecto a la crisis que atraviesa el sector hortofrutícola en general, Arias Cañete ha advertido de que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se negociará de aquí a 2014 debe servir para impulsar cambios "en profundidad" de la OCM de frutas y verduras "para dotarla de más estabilidad, de más capacidad de regular el mercado y de ser un instrumento más eficiente al servicio" del sector.
   Sin embargo, también ha destacado que la situación de los productores de frutas y hortalizas "no pueden esperar" a que llegue la reforma y por ello son necesarios "mecanismos más potentes" que los actuales para luchar contra la volatilidad de los mercados, la pérdida de competitividad y la caída de los precios.

El presidente de la Comisión de Control de CAM se querella contra dos jefes de Inspección del Banco de España

ALICANTE.- El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés, ha presentado una querella contra el jefe del Grupo I de Inspección del Banco de España, Ángel Rico, y contra el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González, como presuntos autores de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionarios en el ejercicio de su cargo, al incluir en el expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad".

   Juan Ramón Avilés ha presentado la pasada semana en Madrid una querella contra ambos responsables como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, entre los que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.
   En concreto, estas afirmaciones son relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".
   Según la querella, "el informe-denuncia, entre otros asuntos, contiene una serie de afirmaciones y hechos relativos a Juan Ramón Avilés que son frontalmente contrarias a la verdad y que, incluidas en el informe de la Inspección del Banco de España, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, han sido la base para que se incoara expediente disciplinario contra él".
   En concreto, según añade, el informe señala que "utilizando las sociedades participadas de la Caja, se evitó que la asamblea general conociera y aprobara determinados cobros de los miembros de administración y control".
   Por el contrario, el querellante sostiene que las remuneraciones "están aprobadas por los órganos internos competentes" y que, además, por parte del que fuera presidente de la Comisión de Control "no se ha ocultado a la asamblea general ninguna retribución ni se ha evitado en ningún momento que la dicho órgano conociera tal circunstancia".
   A este respecto alega que en el Informe Anual del Gobierno Corporativo de la CAM de 2006, que es "público y se envía anualmente al Banco de España para su conocimiento y efectos, señala textualmente: Juan Ramón Avilés, miembro de la Comisión de Control, renunció de forma expresa y desde el principio, al cobro de dietas por su pertenencia a la Comisión de Seguimiento y Control de T.I. Participaciones".
  "La razón de esta renuncia radicaba en el entendimiento, por parte de Juan Ramón Avilés, de que, previamente al cobro de cualquier retribución en la sociedad participada y, a pesar de que ya estaban aprobados por los órganos internos competentes, debía darse cuenta a la Asamblea General", apunta la querella.
   En este sentido, asegura que cuando accedió a la presidencia de la comisión, a su propuesta, Avilés "hizo contar en el informe semestral de julio de 2007 para conocimiento de la Asamblea General, y además de todos los consejeros, que los miembros de la Comisión de Control componen a su vez la comisión de seguimiento y control de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL, mercantil 100% CAM, por cuya actividad perciben una dieta igual a la que reciben los miembros del Consejo de Administración en Gestión Financiera del Mediterráneo SA e Inversiones Cotizadas del Mediterráneo SL, también participadas en su totalidad por la Caja".
   Además, asegura que ese informe "se incluyó en los dossier enviados a todos los consejeros generales, junto con la convocatoria a la asamblea del 14 de diciembre de 2227, para su estudio conocimiento y efectos, al tiempo que se aseguró de que efectivamente así fuera, para lo que presenta pruebas documentales de correos con la Secretaría de Órganos de Gobierno".
   Según Avilés, "los querellados, en sus funciones de Inspección del Banco de España, tenían constancia de toda la documentación anteriormente aportada, pese a lo que no han tenido reparos en falsear el informe-denuncia con la finalidad de que la Comisión Ejecutiva incoara expediente sancionador".
   La querella atribuye a Ángel Rico y Pedro González "manifestaciones de absoluto descaro y desprecio a la verdad que se ocultaron remuneraciones a la asamblea general, lo que es evidentemente falso". Por ello, considera que ambos "han abusado de su posición privilegiada con la finalidad de que se incoe expediente disciplinario" contra él para "destruir su buen nombre, honor y dignidad, mediante la grosera consignación de falsedades e incluso sus familiares más directos".
   En este punto, en concreto, el informe acusa a Avilés de haber "presumiblemente realizado operaciones de ocultación de propiedad, utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un crédito "en condiciones favorables".
  Sin embargo, Avilés ha incorporado a su querella un informe pericial que sostiene que la sociedad familiar a la que se hace referencia, 'La Vereda de Sucina', refinanció en abril de 2011 el crédito que había recibido de la CAM, pero endureciendo sus condiciones.
   Así, aunque se le concedieron dos años de carencia, el crédito tuvo "un mayor coste financiero para la empresa de Avilés por el aumento de los tipos de interés y una mayor aportación de garantías", en concreto de la "pignoración de 245,999 euros" en total y por la "renuncia a la disposición total del préstamos sin modificar la responsabilidad hipotecaria".
   Por todo ello, la querella considera que ambos han cometido un delito de falsificación de documento público, castigado con penas de prisión de tres a seis años, ya que argumenta que ambos tienen la consideración de funcionarios "cuando ejercen las funciones inspectoras reservadas al Banco de España pues están al servicio de este ente público".
   Igualmente, puesto que del informe se dio traslado al Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, considera que ambos han incurrido en un delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, que señala que será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores aquellos que "a sabiendas de su falsedad, presentaran en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso".
   Según la querella, "sólo la inveraz y falsaria narración de los hechos que contiene el informe- denuncia ha motivado que se acordara la incoación del expediente disciplinario".
   En esta línea, apunta la comisión de un dolo falsario por "la voluntad de cambiar la realidad", al elaborar un informe "faltando a la verdad en la narración de los hechos, conociendo y siendo conscientes de dicha falsedad, con la finalidad de que se incoara expediente disciplinario". 
En su opinión, "las motivaciones espurias de los querellados" se demuestran también en "la falta absoluta de comunicación de la citada inspección y que jamás se les solicitase información o documentación" a los miembros de la Comisión de Control.

El consejero Cruz insiste ya demasiado en lo del turismo gay para Murcia

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, declara, ante las críticas acentuadas, que el turismo gay "no es un invento del visionario consejero", y es que, defiende, "hay un sector que en este momento exige y requiere diversificación. Se trata de normalizar determinadas situaciones", acentúa.

   Asegura que a estas alturas quien critique un concepto u oportunidad como la del turismo gay "está fuera de este mundo", en primer lugar, argumentó, "porque es un retrógrado y en segundo, porque estaríamos desaprovechando un nicho dentro del turismo que muchas comunidades están desarrollando como estrategia".
   Así, enfatizó, "el turismo gay no es un invento del visionario consejero Cruz, es una realidad global que surge como consecuencia de la consecución, afortunada, de las libertades sociales".  
   Cruz respondía así a las criticas del coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia, José Antonio Pujante, quien señaló que la campaña de la Consejería para impulsar el turismo gay "indica un poco una situación o estado de desesperación del consejero".
   "Hay un sector que en este momento exige y requiere diversificación", defendió el consejero del ramo, quien lamenta que personas como José Antonio Pujante "digan que estamos haciendo una discriminación positiva". Tras lo que se cuestionó "qué es la Ley de Paridad o el lenguaje no sexista".
   Vamos a ponernos de acuerdo, aseveró, pues "que la izquierda se oponga al turismo gay es prácticamente el mundo al revés, es absurdo", lamentó.
   Aquí, explicó, de lo que "se trata es de normalizar determinadas situaciones que en otros lugares están en proceso de normalización". La cuestión del turismo gay nace, no tanto como una cuestión de mercado y economía, "sino como una cuestión de convicción de determinados asuntos sociales que se deben de normalizar", reiteró.
   "Por qué una pareja de gays o lesbianas no va a poder venir a un hotel de la Región", exclamó Cruz, que sorprendido por el revuelo generado, valoró que la labor de cualquier institución pública "es conseguir que eso no pase", pues, recordó, "vivimos en una sociedad civilizada, avanzada, democrática, y supongo, que cada vez más libre".
   Así no cree que la Región de Murcia "esté chapada a la antigua" el problema, indicó, "es que siempre se escuchan las mismas voces". Según el consejero, "no podemos permitir que un discurso muy anquilosado, insolidario e irrespetuoso con la pluralidad se ponga".
   En su opinión, "en Murcia somos muy libres, plurales y consecuentes, lo que tenemos que hacer es que la mayoría ejerza como mayoría y ninguna minoría se pueda imponer a esa mayoría".
Por otra parte, Cruz lamenta que algunos partidos políticos hayan aprovechado su agresión para remover y bucear en su vida privada, intentando "enmierdar", con tal de "desviar la atención hacia otros ámbitos", acentuó.
   "Me parece algo propio de un régimen fascista todo lo que se ha ido vomitando en torno a mi agresión", aseveró espantado.
   Cabe recordar que la juez archivó hace unos meses el caso de la agresión física al consejero, "por falta de autor conocido".

Investigadores almerienses utilizan la luz ultravioleta para desinfectar hortalizas

ALMERÍA.- Investigadores del Centro Tecnológico para la Industria Auxiliar de la Agricultura (Tecnova) en Almería han conseguido reducir entre un 20 y un 50 por ciento la podredumbre de productos hortofrutícolas como el calabacín y la berenjena mediante la aplicación de radiación ultravioleta. 

   Según ha informado la Fundación Descubre en una nota, esta técnica supone, en algunos casos, una alternativa a los higienizantes clorados (lejía) que se suelen utilizar como desinfectantes. Además, la radiación acelera la capacidad de los vegetales para producir antioxidantes, beneficiosos para la salud de los consumidores.
   En concreto, los expertos han utilizado luz ultravioleta tipo C (UV-C) para desinfectar la superficie de frutas y verduras frescas y de los productos mínimamente procesados en fresco (IV gama), es decir, aquellos que se presentan cortados, pelados, lavados y envasados, listos para consumir.
   Los ensayos realizados han demostrado que la potencia energética de la radiación UV-C actúa contra todo tipo de microorganismos (bacterias, virus, hongos) dañando su AND e impidiendo, por tanto, su reproducción. En el caso del calabacín y la berenjena, uno de cuyos principales problemas es su deterioro a causa del hongo 'Botrytis', o la bacteria 'Erwini', la aplicación de ultravioleta ha disminuido la microflora inicial consiguiendo reducciones de podredumbre entre un 20 y un 50 por ciento.
   "En España, las pérdidas post-cosecha se sitúan en torno al 20 por ciento. Por ejemplo, si en una partida de berenjenas una media del 10 por ciento no se puede aprovechar porque está deteriorada, aplicando esta tecnología conseguiríamos reducir considerablemente los productos inservibles", explica el investigador del área de Tecnología Post-cosecha y Envasado de Tecnova, Joaquín Pozo.
   Otro de los efectos de la radiación es su capacidad para inducir la producción de compuestos antioxidantes. La energía irradiada por los ultravioleta es percibida por el producto como una supuesta agresión ante la cual establece un mecanismo de defensa. Éste consiste en activar los mecanismos metabólicos destinados a generar ciertos compuestos antioxidantes.
   Sin embargo, para evitar que la luz emitida genere daños en el fruto, al tiempo que fomente esa producción de antioxidantes, es necesario medir con precisión la dosis que se aplicará en función del tipo de producto. "Si la dosis es insuficiente, los microorganismos no se ven afectados y, si es excesiva el vegetal sufrirá daños irreversibles", han señalado.
   Uno de los objetivos de este proyecto es obtener una alternativa al uso de higienizantes clorados (lejía) -utilizados en los procesos de desinfección de productos hortofrutícolas- mediante la aplicación de radiación ultravioleta, técnica respetuosa con el medio ambiente al no generar residuos durante el proceso de descontaminación. No obstante, en el caso de los productos de IV gama, la luz UV-C no se plantea como sustituto sino como complemento de otros desinfectantes.
   Según ha explicado el investigador Pozo, las frutas y verduras que se presentan preparadas para su consumo inmediato son, por sí mismos, productos dañados. Una fruta, por ejemplo, es rica en azúcares, fuente de la que se alimentan y crecen los microorganismos. Cuando cortamos una fruta, estamos facilitando que salgan al exterior todos esos jugos (exudados) que son caldo de cultivo idóneo para esos elementos patógenos. Por lo tanto, es indispensable una etapa de lavado líquido para desprenderse de todos esos microorganismos y exudados".
   La forma irregular que presenta la superficie de corte de este tipo de productos hace que la radiación ultravioleta sea insuficiente ya que no llega a todos los resquicios. En el caso de vegetales frescos y enteros sólo se trata de disminuir la carga microbiana superficial. La piel es en principio, una extraordinaria barrera de protección frente al ataque de bacterias, mohos y levaduras de manera que no se requiere de procesos de desinfección tan importantes.
   Aunque la radiación ultravioleta ya se utiliza para la desinfección de aguas o la esterilización de envases de plástico, su aplicación a nivel agroalimentario es novedosa, apuntan desde Tecnova.
   De hecho, comprobada la eficacia de este tratamiento con diferentes ensayos, el centro tecnológico y la empresa Ingro Maquinaria -especializada en la fabricación de tecnología para la industria hortofrutícola- han diseñado un prototipo de equipo que se comercializará próximamente.
   Éste consiste en una cinta transportadora sobre la que se sitúa el equipo UV-C el cual va irradiando la luz conforme los productos van pasando por su interior.

El Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de Ley de Transparencia

CÁDIZ.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará entre sus siguientes leyes un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se traducirá en un "régimen sancionador administrativo y penal" que fijará los márgenes para los responsables públicos.

   Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Provincia en la Diputación Provincial de Cádiz, el día en el que se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que esta ley busca dar "un paso más" y "con mayor ambición" en la "cercanía" del Gobierno con los ciudadanos "y en la responsabilidad que su confianza nos impone, sometiéndonos al escrutinio público".
   Así, ha añadido que la intención es "reforzar el respeto a las normas". De ahí que la Ley de Transparencia traducirá "por primera vez" las recomendaciones éticas y los códigos morales "en obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y también penal, que fije los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se puede hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras", según ha recalcado Sáenz de Santamaría.
   La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de una reforma legal "imprescindible" que dota a nuestro ordenamiento jurídico "de una innovación que, en el fondo, es una consecuencia de nuestro pasado y es consecuente con nuestro presente".

domingo, 18 de marzo de 2012

Nueva descortesía de Valcárcel con el presidente ecuatoriano Correa

MURCIA.- Los 50.000 ciudadanos ecuatorianos que habitan en la Región de Murcia han vuelto a comprobar la falta de cortesía, que no ya de buena educación, de la que adolece el presidente Ramón Luis Valcárcel, quien esta vez tampoco ha querido entrevistarse con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su doble visita a nuestra tierra, a la ida y vuelta de Turquía, y pese al encuentro tenido con Rajoy en La Moncloa.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha realizado este domingo en Murcia, en el Pabellón Príncipe de Asturias, un nuevo 'Enlace Ciudadano' ante unos 2.000 compatriotas ecuatorianos, según han informado fuentes del consulado del citado país.
   De este modo, Correa que ya estuvo hace unos días en Murcia antes de viajar a Turquía, ha vuelto a la capital murciana para realizar una de las alocuciones televisivas que viene presentando cada semana desde que fue elegido como presidente de su país.
   Entre los temas que ha tratado, han destacado las oportunidades para la comunidad ecuatoriana en Murcia, ya que alrededor de 50.000 inmigrantes ecuatorianos viven en esta provincia, siendo la segunda mayor colonia de inmigración ecuatoriana.
   Asimismo, el presidente ha informado de los programas educativos y bacas que Ecuador ha lanzado para que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellas.
   Y es que, Ecuador ha emergido como uno de las economías que más rápido crece en Latinoamérica, experimentando un crecimiento económico "excepcional" desde 2007, utilizando un paradigma de desarrollo novel. Además, la tasa de desempleo en Ecuador cayó del 7,9 por ciento en diciembre de 2009 al 5,1 por ciento en 2011.
   En 2011, el Programa de Desarrollo de la ONU indicó que Ecuador había pasado por primera vez de ser un país con una renta media baja a una renta media alta. Entre las reformas del presidente Correa destacan la renegociación de los contratos de petróleo con compañías multinacionales, diversificación de la economía para reducir la dependencia sobre las exportaciones de petróleo, la expansión del empleo público directo o el aumento de los salarios mínimos.
   Concretamente, Ecuador ha lanzado una serie de reformas significativas en sus sistemas sociales y de educación, que han aumentado considerablemente los estándares de educación en el país y han ayudado a mejorar el sector empresarial y la innovación en el país.
   Por otro lado, Correa ha comentado que España ha apoyado los esfuerzos medioambientales y climáticos de Ecuador. La iniciativa ecuatoriana 'Yasuni-ITT' y que tiene por objetivo ayudar a preservar una de las selvas con mayor biodiversidad en el mundo de la explotación del petróleo, ha recibido un apoyo de más de 1,4 millones de dólares por parte del gobierno de España en 2011.
   Los fondos se invertirán en desarrollar un mix de energía alternativa para Ecuador, convirtiendo a Ecuador en un modelo para el mercado de la energía alternativa en el siglo 21. Además, la iniciativa ha recaudado aproximadamente 120 millones de dólares hasta la fecha y el presidente Correa la ha prolongado para los próximos dos años.

Las hipotecas

El presidente Rafael Correa ha insistido en que le escandaliza la regulación de las hipotecas en España y ha asegurado que es "muy difícil de comprender que el riesgo" recaiga sobre las personas y no sobre el capital.

Esta impresión se la trasladó Correa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa.

Según Correa, Rajoy reconoció la "necesidad" de flexibilizar esta normativa.

"Es terrible, me escandaliza", dijo el presidente ecuatoriano sobre la devolución de las hipotecas que no se pueden pagar.

Correa lamentó que no se pague la deuda con la devolución de la casa cuando no se puede hacer frente al pago, lo que hace que todo el riesgo recaiga sobre las personas.

Esto evidencia, continuó el presidente, el "problema esencial" de la "supremacía total del capital sobre los seres humanos".

Añadió que, "si no se flexibiliza, vamos a llegar al peor de los mundos", en el que habrá "gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas".

Correa considera inmoral esta situación.

Empleados de Latbus mantienen la huelga indefinida a partir de mañana lunes

MURCIA.- Los empleados de Latbus decidieron esta semana en asamblea continuar con la huelga que prevén ejecutar a partir de mañana lunes las 24 horas del día y de forma indefinida, si la empresa no garantiza los puestos de trabajo y no abona los atrasos en sus retribuciones. 

   Así lo ha hecho saber el presidente del Comité de Empresa de Latbus, Miguel Cano, quien ha explicado que la empresa "tal y como está ahora no está capacitada para poder garantizar al 100 por ciento los puestos de trabajo", y ha reivindicado el derecho a "seguir pataleando" antes de que haya sacrificios de empleos.
   Asimismo, ha recordado que la empresa ha abonado los atrasos del mes de febrero, pero indica que "todavía" no se ha abonado la paga extraordinaria del mes de marzo, cuya fecha límite de pago era el pasado jueves, 15 de marzo. Al parecer, la dirección de la empresa transmitió su intención de pagar el 50 por ciento de la paga extraordinaria, pero "hasta el momento no ha entrado el dinero", ha señalado Cano.
   Los empleados, los administradores concursales de la empresa y la dirección de Latbus celebraron el pasado jueves una reunión en la Oficina de Resolución de Conflictos, donde intentaron llegar a un acuerdo para la desconvocatoria de huelga, pero finalmente las partes no alcanzaron ningún consenso.
   Posteriormente, tras este acto de conciliación, los trabajadores se reunieron en Asamblea y ratificaron la decisión de continuar con la huelga.
   Ante la incertidumbre por los puestos de trabajo, el Comité de Empresa solicitó a la dirección que le permitiera el acceso al documento que ellos han presentado a las administraciones con los recortes de servicios y de mínimos, para poder cuantificar los daños o perjuicios que se va a crear a los trabajadores.
   El presidente del Comité de Empresa indica que el abono de una paga extraordinaria "ya no es un punto tan importante", pero ha insistido en que los empleados "necesitan tener acceso al documento que se han presentado al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma, para ver la solicitud de cese de servicios y líneas para poder cuantificar el número de empleos que puede conllevar".
   En caso de poder cuantificar esta repercusión, Cano indica que el Comité de Empresa podría tomar medidas como rebajar la jornada laboral por un periodo de tiempo, con lo que eso conlleva de disminución de sueldo".
   Cano considera que los últimos ocho días, el Comité de Empresa ha asistido a reuniones y mediaciones, en las que han deducido que "es imposible que se nos puedan garantizar los puestos de trabajo, porque, según la empresa, sería contradictorio estar en concurso de acreedores y garantizar los puestos de trabajo".
   Critica que los administradores concursales "no aportan el documento que han facilitado a las administraciones, porque no se comprometen a que no se vayan a perder puestos de trabajo.
   "Sabiendo la situación de la empresa, que es una situación muy delicada, con un nivel de endeudamiento bestial", Cano solicita por lo menos "acceder al contenido del documento para saber por dónde van".

La Comunidad Autónoma aprueba el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Blanca

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio aprobó esta semana el Plan General de Ordenación Urbana de Blanca, que culmina el proceso de formulación y tramitación para adaptar el planeamiento municipal a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   De este modo, la directora de Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz, explicó que "hasta la fecha, algunos ámbitos del Plan estaban sujetos a requisitos especiales por parte de la Administración regional, como áreas de huerta de regadío tradicional y otro enclave junto a suelos de protección, que quedan clasificados como suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística".
   Así, una vez cumplimentando lo dispuesto por la Consejería, que refunde lo establecido por otros departamentos de la Comunidad Autónoma, se ha dado paso a la aprobación definitiva del citado Plan.
   Muñoz subrayó el esfuerzo y trabajo de la corporación municipal de Blanca "en relanzar y ultimar un instrumento de ordenación y planificación muy ventajoso para su municipio", que ha salido publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
   La titular de Vivienda y Territorio concluyó afirmando que "más del 75 por ciento del suelo de la Región de Murcia está adaptado a la Ley del Suelo regional, y adecuadamente clasificado y regulado con la transparencia y seguridad jurídica que supone para los ciudadanos".

El PSOE recuerda a la nueva comisionada "lo mucho que queda por hacer" en Lorca

LORCA.- El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Soler, ha expresado su felicitación a la exconsejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, tras ser designada por el Consejo de Ministros como comisionada del Gobierno para la reconstrucción de la ciudad de Lorca; valorando positivamente que esta responsabilidad recaiga en una persona que reside en la Región. 

   Soler ha recordado que "el paso sin pena ni gloria por el cargo del anterior comisionado, Mario Garcés, ha supuesto una valiosísima pérdida de tiempo que Lorca no puede volver a permitirse ante la acuciante situación por la que atraviesan muchas familias lorquinas", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Cabe recordar, ha continuado, "que solo visitó una vez la ciudad y que se marcha dejando todo tal como estaba cuando aterrizó como comisionado. El dinero sigue sin llegar y tampoco las soluciones a los múltiples problemas que los seísmos han originado en la localidad".
   Soler ha subrayado que "la época de los estudios, los análisis, la recopilación de información y los bellos propósitos han concluido; ahora es momento de pasar a la acción. El pago de 3,3 millones de euros ordenado por el Gobierno Regional no es suficiente pues todavía quedan más de 20 millones de euros retenidos en las cuentas de la Comunidad, que se deben liberar para atender las necesidades de los lorquinos".
   Finalmente, ha deseado a García "éxito en su labor. Es urgente que el dinero inmovilizado por la CARM se desbloquee y que termine por aprobarse el denominado Plan Lorca o cualquier otro con una dotación importante y cuyo destino sea la reconstrucción de la ciudad y la reactivación de su economía".

Pujante cree que el PP "debía de haber dado explicaciones" y pedido perdón a la sociedad por el caso Totem

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, considera que el Partido Popular "debería de haber dado explicaciones  y haber pedido perdón a la ciudadanía y la sociedad" en base a la sentencia del caso Totem, que condenó al exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales, a casi cinco años de cárcel y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos.

   Pujante destaca el hecho de que ha habido "sentencia condenatoria" y que, por tanto, se ha demostrado que "hubo corrupción, que hubo cazo, que hubo cobro de comisiones, que hubo corrupción, y que las palabras del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, defendiendo la honorabilidad y honradez del ex alcalde de Totana, quedan en entredicho, aunque las palabras están grabadas y todo el mundo puede recurrir a ellas".
   A su juicio, si la sociedad no entiende la sentencia, lo primero que tendría que haber hecho es "no haber votado otra vez al PP en Totana, en la Región de Murcia, en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares".
   Respecto al resultado, Pujante considera fundamental que se devuelva el dinero público "que se haya esquilmado", y sostiene que lo demás "forma parte de las características judiciales y jurídicas de España y de nuestro Derecho", algo sobre lo que dice no tener mucho que decir, a pesar de que puede tener su opinión personal sobre el resultado deseable.
   "Al final se ha llegado a un acuerdo que evita un juicio cuya resultante también, en cierto modo, era una incógnita, y quien lo sabe es el fiscal, que es quien tiene los detalles", ha añadido el coordinador de la Federación de izquierdas.
   Al ser preguntado por el caso Nóos, en el que está imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, Pujante cree que se tiene que aplicar la Justicia "exactamente igual a todo el mundo, sea el yerno del Rey o sea cualquier mendigo".
   El problema, a su juicio, es que a un pobre mendigo que "roba una cierta cantidad en un centro comercial o en cualquier otro sitio acaba desgraciadamente empapelado", aunque estos hechos "no tienen ni punto de comparación con lo que han hecho otros que no van a ir nunca a la cárcel".
   Por ello, Pujante considera que la Justicia "no es igual para todos, esto es falso, y el poderoso tiene mucha más ventaja que quien no lo es, y quien puede pagarse un bufete de abogados tiene muchas más posibilidades que quien tenga que recurrir a un abogado de oficio".
   Pujante manifiesta que su aversión a la monarquía "es racional, no emotiva", ya que considera que el jefe del Estado "tiene que ser elegido democráticamente por el pueblo, y el presidente de la República tiene que ser una figura igual ante la Ley que cualquier ciudadano, y no inviolable, como es el Rey, que no puede ser juzgado aunque cometiera un crimen, un asesinato o un robo".
   Por ello, lo único que espera es que en el caso de Urdangarin "se le aplique la Justicia igual a él que a cualquier otro ciudadano, con la presunción de inocencia, con todas las garantías jurídicas correspondientes y que no tenga ningún trato de privilegio ni de loc ontrario, es decir, de animadversión ni de ir a por él".

Huermur trata de evitar un 'golpe de estado' económico en el Juntamento huertano del miércoles

MURCIA.- La asociacion en defensa del patrimonio natural y arquitectónico de la huerta tradicional murciana (Huermur) hace un llamamiento para que se acuda al Juntamento que se celebra el próximo miércoles 21 de marzo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia con el objeto de impedir que su presidente, Sigifredo Hernández Pérez, pretenda asumir plenos poderes para firmar pólizas de avales y créditos.

Así lo pide a través de un comunicado el presidente de Huermur, José Antonio Moreno, a partidos políticos, asociaciones, colectivos y murcianos en general, que desde la oposición a la actual cúplula dirigente de la Junta de Hacendados, afirma que existen "graves" circunstancias que hacen necesario que se produzca cuanto antes un relevo entre los dirigentes hurtanos. Huermur la acusa de "oscurantismo" y actuar con "prácticas caciquiles de tiempos pasados".

Huermur considera que la Comunidad de Regantes tiene que volver a ser ejemplo de institución democrática y participativa, tal como establecen sus centenarias ordenanzas. Según la asociación pro patrimonio, la Huerta de Murcia se encuentra en una situación "desastrosa", y considera esencial que para la recuperación de sus grandes valores ambientales, paisajísticos, culturales y etnográficos se produzca un "cambio" en la Junta de Hacendados para conseguir la "participación de toda la sociedad en su gestión", al ser patrimonio de todo el pueblo murciano y "no de unos pocos".

El Juntamento o Asamblea General de la comunidad de regantes murcianos comenzará a las diez de la mañana del miércoles, 21 de marzo, con un orden del día en el que también será aprobado el presupuesto para 2012 y la presentación de propuestas por parte de los procuradores de las acequias, según la convocatoria aparecida en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORMU), del pasado cinco de marzo.

La sentencia contra Amorós puede abrir las puertas de la cárcel a la anterior cúpula de la CAM

ALICANTE.- El Juzgado de lo social nº 4 de Alicante ha desestimado finalmente esta semana la demanda presentada por la ex directora general de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), Dolores Amorós, y ha declarado procedente su despido de la entidad, dado que considera que la presentación de las cuentas de los dos ejercicios, directamente imputables a ella, «impidió que la CAM pudiera conocer su verdadera situación financiera, suministrándo un conocimiento absolutamente falso de forma intencionadamente originada». 


La sentencia, que da por probadas buena parte de las irregularidades que el Banco de España atribuye al anterior equipo directivo de la caja de ahorros, abre así también posibles actuaciones de la jurisdicción penal ordinaria y, tal vez, las puertas de la cárcel a varios de los miembros de la anterior cúpula de la CAM. 

La abogada de la CAM,  Isabel Merenciano, ha dicho, que la resolución judicial, "muy bien fundamentada", entiende que han quedado "acreditados los cuatro hechos reflejados en la carta de despido". En este sentido, ha añadido que también indica que hay "responsabilidades que deben dilucidarse en otros ámbitos".

Además, ha llamado la atención sobre que se "desestima íntegramente" la alegación de Amorós de vulneración de derechos fundamentales, ya que la sentencia indica que "no se ha lesionado el derecho al honor" y que lo recogido en la carta son "expresiones absolutamente necesarias y vinculadas a los hechos".

También ha resaltado que la sentencia refleja que los "deberes de fidelidad y lealtad, si deben ser cumplidos por cualquier trabajador, lo deben ser con mayor escrupulosidad y rigor por quienes ejercen cargos de confianza, dada su categoría profesional en la empresa a la que pertenecen, que interviene decididamente en las operaciones".

En su opinión, como "punto y cierre" de la sentencia, es destacable cuando apunta que, dado el cargo que Amorós ocupaba, "esta irregular actuación supone una grave quiebra de la buena fe contractual.


 La juez considera que Amorós no es la única responsable, sino que los «trece miembros del comité de dirección de CAM no fueron ajenos a las decisiones adoptadas, sino que conocieron y consintieron las conductas contrarias a la normativa contable y a la disciplina laboral». Los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) argumentaron ante la jueza que la gestión de la entidad por Amorós es punible penalmente.

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la Asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Amorós pedía 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, y el doble de indemnización que le correspondería, una pensión vitalicia de 370.000 euros brutos anuales, que ella misma se asignó mediante un pacto con el expresidente Modesto Crespo, por el despido acordado por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a finales de septiembre. Sin embargo, la sentencia entiende que las conductas imputadas en la carta de despido han quedado acreditadas, por lo que declara procedente el despido de la denunciante sin ningún derecho a indemnización.

Bajo la gestión de Amorós, la CAM fue intervenida en junio de 2011, tres meses después de que Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura expulsaran de su fusión a la entidad alicantina tras percatarse que habían sido engañados sobre su situación financiera. Esta manipulación fue la causa de su despido por el FROB y el Banco de España. La sentencia judicial acredita ahora que sí hubo engaño.

El fallo recoge textualmente que la conducta de la ex directora general es "muy reprochable" en términos jurídico laborales, "pues prevaliéndose de su condición y abusando de la confianza" depositada en ella por la entidad, se asignó" una jubilación cuya renta era de 369.000 euros. Una vez sea firme el fallo, se derivaría que la denunciante "perdería el derecho a percibir la prestación adicional asegurada -la pensión-", fijada en 369.497 euros anuales.

El ex director general de Recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol, había declarado en el juicio y ha reconocido que el anexo para la modificación de las pensiones de los directivos se firmó el 11 de marzo del año pasado en un restaurante de Alicante, aunque matizó que se produjo durante una reunión de directivos en una sala aparte, un encuentro en el que estaba presente Roberto López y en el que también se trataron otros temas.

Soriano es uno de los cuatro directivos jubilados de la anterior cúpula, compuesta por 12 miembros, y recibió una indemnización de 1,5 millones de euros.
Al respecto, la sentencia señala que el cobro de dicha pensión, que se asignó «prevaleciéndose de su condición de directora general y abusando de la confianza en ella depositada por la entidad», supondría para Amorós «un enriquecimiento injusto difícilmente justificable». Algo que en opinión de la juez adquiere una «extrema gravedad en el actual contexto de generalizada crisis económica que está padeciendo nuestro país».

La sentencia considera probado que, para garantizarse el cobro de unas pensiones por importe superior al que realmente les correspondía, tanto María Dolores Amorós como el resto de miembros del comité de dirección de la CAM modificaron en su beneficio el sistema de prestaciones sociales de la caja «de espaldas» a los órganos de gobierno de la entidad y sin la preceptiva fiscalización de la comisión de retribuciones.

Engañó a los socios del SIP

No solo esto, sino que además falsearon de forma «fraudulenta» la fecha del acuerdo firmado con el entonces presidente Modesto Crespo. Según la sentencia, el acuerdo para modificar las condiciones de su pensión se firmó a principios de marzo de 2011, pero el documento se fechó el 7 de diciembre de 2010. Por tanto, añade la resolución judicial, los miembros del comité de dirección actuaron «con ocultación que encubría su carácter fraudulento», probablemente para que no tuvieran conocimiento sus socios de la fallida fusión pactada con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, apunta la sentencia.

La resolución judicial considera probado que el equipo directivo de CAM engañó a sus socios del SIP en otros aspectos. En este sentido, alude a un correo electrónico en el que el jefe de control de riesgos, Gadea Pérez, reconocía que el Grupo CAM había tenido en 2011 unas pérdidas de 448 millones de euros, pese a haber comunicado al SIP que había registrado 245,8 millones en beneficios. La «fusión fría» se rompió definitivamente en marzo de 2011, cuando los responsables de Cajastur descubrieron que habían sido engañados sobre la cuenta de resultados de CAM.

La sentencia difundida esta semana da por hecho que María Dolores Amorós «maquilló» las cuentas de la caja de ahorros de 2010 y 2011, lo que «impidió que la entidad pudiera conocer su verdadera situación financiera y evitó que se adoptasen las decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía». 

Al respecto, la juez recuerda que Amorós anunció públicamente —ante el consejo de administración primero y luego ante la asamblea— que la CAM había registrado un beneficio de 81 millones de euros en el primer semestre de 2011. Tras la intervención por el Banco de España, los administradores del FROB revisaron el balance y corrigieron este resultado, que en realidad arrojó unas pérdidas de 1.135'8 millones.

Entre los mecanismos utilizados para maquillar las pérdidas de la entidad, la juez cita la reclasificación de créditos fallidos y dudosos como activos sanos, así como la titulización de créditos hipotecarios «altamente deteriorados» con opción de recompra, por valor de 1.803 millones de euros que la CAM «no debió dar de baja en su balance» porque «el riesgo no se transmitió a terceros».

Del mismo modo, la juez se refiere al correo electrónico que el exdirector general Roberto López Abad dirigió a las sociedades participadas en diciembre de 2010 exigiéndoles que repartieran dividendos , «aún a costa de la propia solvencia y liquidez de las filiales». Los actuales abogados de la CAM expresaron su satisfacción por la sentencia, que María Dolores Amorós tiene intención de recurrir, según anunció su letrada.

El juicio por el despido de Amorós, quien fue relevada de su cargo en septiembre del pasado año, se celebró el pasado 24 de febrero. Y durante su vista, las exigencias de Amorós contrastaron con la opinión de José Antonio Iturriaga, uno de los tres administradores del FROB, quien afirmó que la gestión de CAM es propia de la "vía penal". Expuso que hay documentos, soportes informáticos y correos electrónicos que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

El testigo señaló que la situación patrimonial real de la Caja era "muy distinta" a la que dibujaba su dirección y que las pensiones asignadas a los ejecutivos que abandonaban la entidad "eran muy superiores" a la media de otras entidades.

Un informe del Banco de España desvela que seis directivos de CAM que se acogieron al ERE de junio de 2011 cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación.

Ecologistas denuncia el intento de una política de 'hechos consumados' en el proyecto portuario de El Gorguel

CARTAGENA.- Ecologistas en Acción ha recordado esta semana a los parlamentarios populares que la vía de los hechos consumados es ilegal y que asegurar que se han realizado estudios que dejan como única alternativa la ubicación del macropuerto en El Gorguel es faltar a la realidad, según una nota de esta formación.


"Ecologistas en Acción considera que la apuesta del PP por ubicar el macropuerto de contenedores en El Gorguel, apoyada por el silencio del PSRM, es una muestra clara de que los dirigentes de esta región aceptan el todo por el todo y están dispuestos a permitir una de las mayores agresiones medioambientales y sociales en la ya degradada costa de la Región de Murcia", proclama la nota.

Tras rechazar la propuesta que IU-Verdes ha llevado a la Asamblea Regional, para que se abandone la inversión en este irracional proyecto, los populares aseveran que ”no existe incompatibilidad entre la recuperación de la bahía de Portmán y la construcción de la dársena de contenedores de El Gorguel”. Además el Gobierno regional y la Autoridad Portuaria de Cartagena "siguen insistiendo en que El Gorguel es la única zona que reune los requisitos para albergar estas instalaciones".

Para Natalia Martin, responsable de Medio Marino, de Ecologistas en Acción,”cuando el PP presente un informe técnico que demuestre que la regeneración de la bahía de Portmán y esta macroinfraestructura insostenible son compatibles podrán permitirse el lujo de hacer estas declaraciones”. Y añade: "Este empeño está vacío de fundamento, ya que a día de hoy no se ha hecho un análisis exahustivo de alternativas, tal y como exige la ley".

Para el colectivo ecologista "el afán de la Autoridad Portuaria de Cartagena, del Gobierno regional y de la mayor parte del PP, por imponer esta ubicación, es caminar por la vía de los hechos consumados y perpetuarse en un modelo totalmente insostenible que no mira por el interés general, sino por el beneficio de unos pocos.

Ecologistas en Acción exige a los políticos que sean prudentes y consecuentes en sus declaraciones, que se respeten los trámites legales y se tengan en cuenta las opiniones de los expertos y del propio Ministerio de Medio Ambiente, el cual dejó bien claro que había que hacer un análisis de alternativas en condiciones, ya que El Gorguel estaba muy desarrollado en contraposición al resto de alternativas, así como dejaba claro que es necesario aprovechar infraestructuras ya construidas, como es el caso de Escombreras.

La ubicación de El Gorguel debe ser desechada, por los graves impactos ambientales, culturales, geológicos y mineros. La mala gestión y planificación de las Administraciones Públicas puede llevar una vez más a desarrollar un proyecto que, a la larga, sea un lastre para las arcas públicas y tengamos que pagar todos los ciudadanos un mal negocio, como está ocurriendo con la Autopista Cartagena-Vera", concluye la nota.

Cunde el escepticismo muy fundado sobre las supuestas inversiones en la Paramount

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado el escepticismo de su formación política hacia la construcción del parque Paramount. Tras la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, para dar explicaciones sobre las fechas de ejecución para el mismo, Sánchez ha expresado esta semana sus dudas hacia “un tipo de proyecto que es deficitario en toda Europa, incluido la instalación emblemática de Eurodisney”.

En relación a los fondos públicos que se han empleado ya para el proyecto, Sánchez ha manifestado que “parece que son algunos euros más que los 200.000 que nominalmente se han aportado a la sociedad Premursa” En cualquier caso, Rafael Sánchez ha afirmado que es de esperar que el proyecto no suponga ningún riesgo económico para la Región, ya suficientemente castigada por la crisis económica y la mala gestión de sus administradores.

Hay que  recordar que UPyD ha cuestionado en los últimos días la pertinencia de la existencia de la propia Consejería, dada su incapacidad y su política cultural y turística “tremendamente errática y fuera de foco”.

Rafael Sánchez también se ha mostrado crítico con la insistencia del Gobierno regional por apostar por un modelo urbanístico sobredimensionado, que nos ha conducido a que la crisis en la Región tenga una intensidad singular. En ese sentido, ha señalado que la vinculación del parque, junto con el complejo urbanístico LifeStyle,  nos hace recordar episodios que en la Región han sido un auténtico fiasco.

Para finalizar, y a pesar de su posición crítica, Sánchez  ha señalado que UPyD  no tendrá ningún inconveniente en aplaudir al consejero y al Gobierno regional si se cumplen los extremos y plazos anunciados hoy, “sería una rectificación muy gustosa”. 

También IU

IU ha denunciado, por su parte, que el gasto del Gobierno autonómico en las gestiones realizadas para el proyecto de instalación de un parque temático de la multinacional Paramount en Murcia asciende a 950.000 euros directos y 300.000 indirectos, pese a que el PP aseguró que la Administración no realizaría ningún gasto en esta infraestructura.

"Mientras el Ejecutivo regional malgasta tal cantidad de dinero público en un proyecto quimérico y sospechoso, la ciudadanía de Lorca sigue esperando las ayudas que el Gobierno de la Nación ha derivado a las arcas regionales para la rehabilitación de la ciudad", ha señalado el portavoz de la formación en la Asamblea regional, José Antonio Pujante.

A su juicio, las expectativas en torno al parque están sobredimensionadas tanto en lo referente al empleo, porque se estima la creación de 22.061 puestos de trabajo, lo que equivale a toda la población activa de Alhama, Totana y Fuente Álamo, así como en lo que respecta al número de visitas, ya que la previsión es de 10.000 personas por día.

Asimismo, ha preguntado al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, quién va a invertir ahora en este proyecto, dado el actual contexto de crisis internacional y la decadencia de parques temáticos tan emblemáticos como Eurodisney, en París; Port Aventura, en Tarragona; Isla Mágica, en Sevilla; Warner, en Madrid, y Terra Mítica, en Alicante.

El PSRM solicita un plan económico para garantizar la sanidad pública murciana

CARTAGENA.- La diputada Socialista, Teresa Rosique, ha defendido esta semana en la Asamblea Regional una moción para elaborar un plan económico financiero que garantice la sostenibilidad de la Sanidad Pública en la Región.

En sus propias palabras, ha dicho que se trata de "un instrumento extraordinario que fije un pacto por la sostenibilidad de la Sanidad en Murcia, que debe ser consensuado con las organizaciones sociales y con los profesionales de la sanidad, donde arrimemos el hombro todos, para que no caiga la Sanidad en Murcia".

Rosique ha dicho que "el escenario ha empeorado tras el nuevo recorte de 200 millones de euros que ha anunciado la consejera Palacios hace dos días, que habrá que sumar a los 238 que ya estaban anunciados".

Entre los datos que ha proporcionado la diputada socialista, se encuentra el hecho de que "el tiempo máximo de espera ha aumentado durante los últimos seis meses" y que "la deuda de la sanidad murciana se ha ido acumulando a lo largo de los años, pues empezó en 2007 y ya en 2009 se habían acumulado 800 millones de euros de deuda y no se tomó ni una sola medida".

Ha añadido que "el año pasado se pusieron en marcha las primeras medidas como el uso de genéricos, lo que supuso un ahorro de 34 millones de euros, aunque la pena es que no se aplicara antes".

Y también ha dicho que "los presupuestos de 2012 contemplan un recorte del 12%, de hasta  238 millones de euros en términos absolutos", lo que supone "una situación complicada en la Sanidad Regional" y que "va a mandar al paro alrededor de 1000 trabajadores".

Por todo ello, Rosique ha pedido que "se elabore un plan económico financiero que garantice la universalidad y la gratuidad, con calendario de ejecución".

Este fín de semana ha muerto Antonio Pérez Crespo, primer presidente de la Región de Murcia


MURCIA.- Este fín de semana ha muerto en Murcia, a los 82 años, el político y abogado Antonio Pérez Crespo, que fué el primer presidente de la Región de Murcia y que provenía del partido regionalista Unión Democráta de Murcia, integrado posteriormente en la Unión de Centro Democrático (UCD). Se encontraba ingresado desde el pasado jueves en la unidad de cuidados intensivos de la clínica 'San Carlos', después de sufrir un infarto de madrugada como consecuencia de una caída, con rotura de la cadera derecha, en su propio domicilio. Estaba viudo de Ángela Payá desde hace pocos años y tenía cuatro hijos.


Hijo de maestros nacionales, realizó estudios secundarios en el Instituto Alfonso X el Sabio, de Murcia y, al finalizarlos, estudió Magisterio en la Escuela Normal y posteriormente realizó los de Derecho en la Universidad de Murcia.
Entre los años 1961 y 1971 fue el presidente de la Junta del Puerto de Cartagena y también vocal del Sindicato Nacional de la Marina Mercante, asimismo colaboró en la fundación en 1968 del "Consorcio del Depósito Franco del Puerto de Cartagena" con el fin de facilitar el comercio internacional de mercancías. Anteriormente, durante el franquismo, fue consejero provincial de Educación y vocal del Consejo Económico Sindical de la Zona del Campo de Cartagena.
Su participación política como miembro de la Asociación Católica de Propagandistas fue destacada y le permitió convertirse en el líder del partido Unión Demócrata de Murcia, de tendencia democristiana. Este partido se integró en la coalición Unión de Centro Democrático en mayo de 1977.
Pérez Crespo participó activamente en el proceso político de la transición en la Región de Murcia y con mayor intensidad en la formación de la comunidad autónoma: formó parte de la comisión permanente del órgano de trabajo para la elaboración del Estatuto de Autonomía y fue nombrado Presidente del Consejo Regional.
Como representante de la UCD fue diputado por la provincia de Murcia en las Cortes durante el periodo constituyente lo que le permitió participar en la aprobación de la Constitución y en las elecciones de 1979 fue elegido senador. Al finalizar su mandato se dedicó, en mayor medida, a su actividad profesional y a la investigación en temáticas relacionadas con la región.
Era cronista oficial de la Región de Murcia y realizó diferentes investigaciones sobre la misma, además de empresario del Metal, profesor, escritor y una persona muy apreciada entre la sociedad murciana.

Como abogado obtuvó el Premio San Raimundo de Peñafort por trabajos de investigación sobre costumbres locales, aparcería rústica y pecuria de la región murciana.

Entre otras muchas distinciones, estaba en poder de la Orden del Mérito Constitucional y la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, ambas concedidas por el Rey Don Juan Carlos.

En el año 2008 recibió la Medalla de Oro de la Región y en septiembre de 2011 fue nombrado Hijo Predilecto de Murcia. 

El 6º Foro Mundial del Agua adjunta a sus conclusiones el Plan Hidrológico Europeo de Diego de Ramón


MARSELLA.- El 6º Foro Mundial del Agua, que concluyó este fín de semana en Parc Chanot tras cinco días seguidos de conferencias y debates, incorporó como documento adjunto a sus conclusiones finales, una síntesis de las propuestas de Plan Hidrológico Europeo del abogado español Diego de Ramón, aprobadas en su día por el Parlamento Europeo, según fuentes próximas a la organización citadas por la agencia 'Noticias Económicas del Mediterráneo'.

Esas mismas propuestas las desarrolló en síntesis Diego de Ramón durante su intervención pública en el pabellón de España tras ser recibido en el de Portugal por el señor Lacerda Ruano, responsable de la recién creada Agencia Lusa del Medio Ambiente, y en el de Italia por Emma Dellafina, en su calidad de ministra sin cartera de relaciones exteriores para la cooperación y el desarrollo.

De Ramón también tuvo encuentros o almuerzos de trabajo con las delegaciones de la Comisión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón, OCDE, Oficina Internacional del Agua, Países del Mediterráneo, Ciudadanos por el Agua y Consejo Mundial del Agua, con sede en Marsella y que preside el señor Loïc Faudión y vicepreside el profesor Benedito Braga, a la sazón presidente de este 6ª Foro Mundial del Agua.

Previamente, en el Palacio de la Mediterraneidad, el director del Plan Hidrológico Europeo mantuvo una sesión de trabajo con el staff de Jean Marc Lacave, director ejecutivo de este 6º Foro, y otras dos, más breves, en el Palacio de los Focenses, con los españoles Milagros Couchoud, presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, también con sede en Marsella, sobre la próxima Conferencia Euromediterránea del Agua, y con el catedrático emérito de Hidrogeología de la Universidad Complutense, de Madrid, Ramón Llamas, actualmente director del Observatorio del Agua en la Fundación Botín, sobre su evolucionado concepto de 'agua virtual' en contraposición al de los trasvases.

En nombre del doctor Eun-kyung Park, el abogado español ha sido invitado a participar en el próximo Foro Mundial del Agua a celebrar en Corea del Sur en 2015, y por Sergio Zelaya-Bonilla, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación, que va a tener lugar en Ginebra exactamente dentro de un año.