viernes, 20 de enero de 2012

La Región de Murcia, con un 11,7%, es la tercera CCAA con menor presupuesto destinado a inversión

MADRID.- La Región de Murcia es la tercera Comunidad Autónoma con mayor porcentaje destinado a inversión en sus Presupuestos Generales de 2012 junto con Baleares, con 547.285.014 euros, lo que representa un 11,7 por ciento del total, según las cuentas publicadas.

   En concreto, las CCAA con menor porcentaje destinado a inversión en sus presupuestos de 2012 son Madrid con un 4,7 por ciento (1.025.132 euros); Cataluña, con un 6,7 por ciento (presupuesto en trámite parlamentario) con 2.482.300 euros; Baleares y Murcia, ambas con un 11,5 por ciento (421.945.206 euros y 547.285.014 euros, respectivamente) y Comunidad Valenciana con 11,6 (1.597.546.750) y Aragón con 11,7 por ciento (620.988.436 euros).
   Por el contrario, el Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje destinado a inversión en sus Presupuestos Generales de 2012 con 726.519.762 euros, lo que representa un 16,7 por ciento del total que asciende a 4.348.270 euros, según las cuentas. Esos 726 millones salen de las suma de los gastos de capital recogidos en los capítulos seis y siete.
   Seguida de Asturias se encuentra Galicia con un porcentaje destinado a inversión de un 15,5 por ciento, con 1.531.600 euros; Cantabria con un 15,4 por ciento, con 376.506.849 euros; y de Andalucía con un 15,2 por ciento, con 4.854.584 euros.
   La Rioja con un porcentaje de inversión de 14,9 por ciento (187.355.671 euros); Extremadura con un 14,5 por ciento (713.578.113 euros); Navarra con 14,1 por ciento (542.031.849); País Vasco con un 13,5 por ciento (1.049.340 euros) y Canarias con 12,2 (833.136.229).

Pujante cree que de aplicarse la responsabilidad penal a CC.AA. "tendrían que meter a la mitad del PP a la cárcel"

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, cree que las posibles sanciones penales a las comunidades autónomas por mala gestión, anunciadas por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, es una "estulticia total". 

   Y de ser cierto, ironizó, "habrá que hacer grandes inversiones en infraestructuras para instituciones penitenciarias y facilitar el ingreso en las celdas a gran parte de los responsables políticos y gestores del PP que han despilfarrado de una forma tremenda".
   Así se cuestionó quién está gobernando este país, "quién ha cometido el despilfarro en la Comunidad de Valencia, en el aeropuerto de Castellón, en Terra Mítica o la Fórmula 1" o en el caso de Murcia, quién ha despilfarrado con la campaña 'No typical'.
   Por lo que, hizo hincapié, "tendrían que meter a la mitad del PP en la cárcel si la pena fuese de cárcel". A su juicio, esta medida "no tiene ningún sentido", aunque si fuese gestor, añadió, "estaría muy orgulloso de ser penalizado y de que se me aplicase el Código Penal en esas circunstancias".
   También depende en qué se invierta o incurra en déficit público, indicó, ya que, acentuó, "si se invierte en I+D, cuantía que aquí se ha reducido, es una inversión de futuro que va a reportar beneficio para el conjunto de la sociedad".
   Así, ha puesto como ejemplo el caso de una economía familiar, donde los padres pueden pedir un préstamo para irse a unas vacaciones de lujo, lo que sí ha considerado un despilfarro, o para cubrir la educación universitaria de sus hijos.
   Y ha insistido en que se sentiría "orgulloso" si fuese gestor de la Administración regional e incumpliese el objetivo de déficit siempre que el dinero se destinara a salvar la situación económica, mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, y ayudar a los damnificados.
   El problema, concluyó, es que en España "se ha apostado por el ladrillo y esto no es una economía productiva y estable, que sirva para resolver cualquier déficit".
   "Aquí se cree en la cultura del pelotazo, de la especulación, en el enriquecimiento fácil y rápido, de coge el dinero y sal corriendo"; aquí, criticó, "no hay empresarios de verdad".

Aprobado el acuerdo sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad en 2012

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha adoptado, en su sesión de este viernes, el acuerdo sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad para este año.

   De esta forma, los salarios del personal de servicio de la Comunidad "no experimentarán incrementos con respecto a 2011", ha explicado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.
   Por otro lado, se recuperarán los conceptos retributivos que se vieron afectados por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas de diciembre de 2010.
   En concreto, se trata de los 37,5 euros para el personal de servicio de la Educación y el 5 por ciento de los complementos salariales del personal al servicio de la Sanidad.
   De esta forma, los elementos retributivos "suspendidos" por la Ley se recuperan en este acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de este viernes.

Nombrado nuevo jefe superior de Policía Nacional de Murcia

MURCIA.- La Dirección General de la Policía ha nombrado este viernes a los nuevos responsables de ocho Jefaturas Superiores, entre ellos al de Murcia, el comisario Cirilo Duran, que sucede en el cargo a Carlos Llorente.

   Comisario desde diciembre de 2008 y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, actualmente ejercía como jefe de la Comisaría de Distrito Moncloa-Aravaca en la Jefatura Superior de Madrid desde mayo de 2011 y ha sido también jefe de Brigada en la Comisaría General de Información de diciembre de 2008 hasta mayo de 2011.
   De este modo, será en los próximos días cuando tomen posesión los nuevos jefes superiores; todos ellos comisarios de reconocido prestigio y con una amplia trayectoria profesional.
   El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha propuesto al ministro del Interior los relevos de los responsables de ocho  Jefaturas Superiores de Policía de las 20 existentes en el territorio nacional.
   A estos relevos hay que sumar los ya efectuados en las Jefaturas Superiores de Policía del País Vasco y de Madrid, cuya dirección estaba también vacante, según informa la Policía en una nota de prensa.

IU quiere saber si el Banco de España informará sobre los incentivos de su cúpula

MADRID.- El diputado de IU y portavoz parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, ha registrado una iniciativa en la Cámara Baja en la que reclama al Gobierno aclarar si pretende recomendar al Banco de España detallar los incentivos y gratificaciones que reciben los altos cargos de la institución. 

   En concreto, la pregunta por escrito del diputado de IU señala textualmente: "¿Piensa el Gobierno recomendar al Banco de España que informe adecuadamente y con la publicidad y transparencia necesarias de dichos incentivos y gratificaciones?".
   Garzón aprovechó para recordar la "falta" de transparencia del organismos presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez y lamentar "las resistencias" del Banco de España a la hora de informar sobre su política retributiva en forma de incentivos, premios o gratificaciones.
   "Esta cuestión es hoy importante simplemente considerando los escándalos retributivos que hemos conocido en distintas entidades financieras", reprochó en un comunicado.

Las CC.AA. informarán a Hacienda de las cuentas pendientes con proveedores cada tres meses

MADRID.- Las comunidades autónomas tendrán que remitir trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información de la evolución de la tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, así como información de la ejecución de los planes de reestructuración del sector público, según lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así consta en el informe que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, el primero tras la reunión del CPFF en la que las comunidades autónomas dieron el visto bueno a las líneas generales que planteó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y los cambios de la Ley de Transparencia.  
   Las comunidades también tendrán que remitir puntualmente la información que resulte necesaria para dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y acompañarán sus presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional.
   Además, los presupuestos recogerán información sobre necesidad de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados y obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.
   Estas son algunas de las novedades que incluirá el Ejecutivo en la Ley de Transparencia, con el objetivo de mejorar la información que recibe el Estado de las comunidades y determinar así si pueden acogerse a las diversas medidas que implementará el Gobierno para mejorar la liquidez de los territorios.

El PPCV solicitará informes a la CAM, al Banco de España y al IVF

VALENCIA.- El portavoz del grupo popular en la Comisión de Investigación en el Parlamento valenciano sobre la CAM, David Serra, ha informado que su formación solicitará diversos informes de inspección, auditorías y viabilidad a la propia CAM, al Banco de España, al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y a la firma de auditorías KPMG.

   Así lo ha anunciado tras registrar la propuesta de su grupo, ya que este viernes culminaba el plazo para que las formaciones parlamentarias presentaran sus iniciativas, según ha informado el grupo parlamentario popular en un comunicado.
   Serra ha señalado que la documentación solicitada es "extensa", por lo que los populares van a plantear en la comisión que se habilite hasta el 29 de febrero como plazo para poder recabarla en su totalidad.
   La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España engloba las tres últimas inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre la última inspección de la caja y la intervención del Banco de España.
   A la CAM se le solicitan actas del consejo de administración y la comisión de control, así como reglamentos internos, informes anuales, de Gobierno y documentación "detallada" que acredite el contenido de los contratos relativos a los miembros de los órganos de gobierno y dirección. Por su parte, en el plan de trabajo se incluye la solicitud de los informes de auditoría de las cuentas generales de 2008, 2009 y 2010 realizados por la firma KPMG.
   Por último, Serra ha explicado que al IVF se le solicitan informes semestrales, propuestas de la comisión de control y documentos de auditoría. El portavoz en la comisión ha explicado que, por el momento, no se ha incluido el nombre de personas para que comparezcan en la comisión, "a la espera de analizar todos los documentos y de que los grupos parlamentarios dispongan de ellos".
   Según se incluye en el escrito, la Mesa de la comisión abrirá el plazo, hasta el 12 de marzo, para que los grupos puedan presentar sus propuestas de comparecencias y el 15 de marzo se reunirá la comisión para acordarlas.
   Serra ha reiterado el "interés" de los 'populares' por llegar a las últimas consecuencias de lo ocurrido en la CAM y ha señalado que su formación tiene "toda la voluntad de llegar a acuerdos y de trabajar con la máxima transparencia".

Rajoy obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial

MADRID.-  El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Esta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que los populares llevarán al XVII Congreso Nacional del partido que tendrá lugar a mediados de febrero en Sevilla.

   La citada ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes.
   Para ello, los redactores de la ponencia --Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego-- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.
   En el establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico".
"La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.
   La citada Carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
   En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.
   En la Carta se recordará a los dirigentes populares que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.
   También se comprometerán a actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez además de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente.
   En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.
   Finalmente, en la citada "Carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.
  Este nuevo Capítulo Primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes populares. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".
   También deben actuar de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad y se abstendrán de "toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses en el ejercicio de su función". En este punto, el PP deja claro que sus cargos "no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".
   Además, establece que "no influirán" en la "agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social". Tampoco podrán dedicarse a actividades recogidas en el régimen de incompatibilidades ni por sí mismos, ni por persona interpuesta.
  Los populares también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.
   Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.
   La duración del citado expediente se extenderá hasta que transcurran dos meses de la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que ponga fin al proceso penal correspondiente y, en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no sean firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse y el partido reparará al afiliado, con los medios a su alcance, los "perjuicios" que hubiera podido sufrir.
   Además, los Comités de Derechos y Garantías pueden acordar la apertura de una información reservada, que podrá dar lugar a un expediente disciplinario, cuando tengan conocimiento "por cualquier medio" de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del PP.
   El PP también dos comportamientos que considera como infracciones muy graves. Se trata de la realización de conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos.
   También añade como falta grave la "deslealtad manifiesta al Partido, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".
   En este capítulo precisa mejor la pena de expulsión del partido, dejando claro que se podrá imponer "en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración".
  No obstante, en otro apartado, deja claro que el Comité Nacional de Derechos y Garantías podrá "suspender el cumplimiento de la sanción firme, impuesta a un afiliado, siempre que se den circunstancias especiales".
   En el preámbulo de la ponencia explican que los Estatutos son "algo más que un Código de funcionamiento interno" y para ello incorporan el Código de Buenas Prácticas, con el fin de que sea norma de obligado cumplimiento.

El Gobierno fijará "obligaciones legales"

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que el Ejecutivo quiere "fijar con precisión" un conjunto de "obligaciones legales" que deberán cumplir gestores públicos y altos cargos de la Administración en materia económica y después revisará el sistema sancionador para "intensificar y fortalecer" la respuesta penal a los casos "más graves".
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' del Gobierno ha explicado que en el control de la responsabilidad de los gestores públicos lo primero es "determinar" por ley las obligaciones legales de exigido cumplimiento. Esto se hará, por un lado, a través de la futura Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, pero también en una ley de transparencia, acceso a los documentos y buen gobierno en la que se está trabajando y que es competencia del Ministerio de la Presidencia.
   En esta segunda ley, ha precisado, se va a "concretar una serie de obligaciones legales que tienen en materia de buen gobierno los gestores públicos" en lo que se refiere a "la gestión económica que tienen encomendada".
   Además, la ley también determinará qué incumplimientos deben ser objeto de "un reproche administrativo o contable" y cuáles otros "por su gravedad" tienen que ser objeto de una sanción penal. Entre estos últimos, ha dicho, "indudablemente" estarán los incumplimientos "más graves y que además puedan tener un carácter doloso, de ocultación". Sáenz de Santamaría ha recordado que ya "existe" un reproche penal ante determinados comportamientos de gestores públicos, pero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "trabajando para intensificar y fortalecer" esta respuesta.
   Por ello, según ha explicado, una vez se establezca la "base amplia" de obligaciones legales, se va a "revisar" el régimen de sanciones e infracciones ya existente. El objetivo, ha dicho, es "establecer, para los casos más graves, de dolo acreditado o gran culpa" una respuesta penal, mediante las reformas correspondientes, que, en el caso del Código Penal, necesitarán de una ley orgánica, ha recordado.
   Dicho esto, la vicepresidenta también ha puntualizado que esta reacción penal no debe identificarse automáticamente con la cárcel, ya que "hay gran variedad de penas", entre ellas "algunas muy adecuadas" para este tipo de delitos, como es la inhabilitación para el desempeño de un cargo público, ha indicado.
   Además, también ha descartado que las nuevas sanciones que se establezcan se puedan aplicar con carácter "retroactivo", como había planteado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. En cualquier caso, ha incidido en que lo primero es fijar el "conjunto de obligaciones legales", 'porque "no se puede sancionar una conducta si no hay una ley que dice que esa obligación existe para los gestores".

El Gobierno buscará un pacto por la austeridad para evitar duplicidades

MADRID.- El Gobierno trabajará para sacar adelante un "pacto por la austeridad" entre todas las administraciones públicas para revisar las competencias con el fin de evitar duplicidades determinando a qué administración corresponde más la gestión.

   Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que por otro lado se está procediendo a la simplificación de estructuras tanto del Estado como de las comunidades autónomas.
   "Es necesario reducir toda la estructura administrativa que supone la multiplicidad de organismos y presupuestos", ha dicho la portavoz, quien ha explicado que el Gobierno va a dar un "nuevo impulso" al compromiso que ya habían adquirido las administraciones en el pasado para reducir el sector público.
   Para lograrlo, el Gobierno acordó con las comunidades en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Finanicera (CPFF) la creación de un grupo de trabajo para actualizar los anteriores compromisos y realizar un seguimiento "exhaustivo" de la reducción del sector público.
   En este sentido, Sáenz de Santamaría ha valorado la importancia de los acuerdos alcanzados en el CPFF, los primeros "grandes acuerdos" del Gobierno, que incluyen además la implementación de medidas para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas, supeditadas al cumplimiento de los objetivos de déficit, los planes de saneamiento y las reformas estructurales.
   De hecho, ha resaltado el "apoyo total" que ofrecieron las comunidades durante la reunión a las bases que presentó el Gobierno sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que se aprobará en los próximas semanas. "Sale un compromiso firme y unánime con la estabilidad presupuestaria", ha dicho.
   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la "voluntad y determinación" del Gobierno para cumplir sus objetivos en materia de consolidación fiscal y reducir el déficit al 4,4% comprometido con Bruselas.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría respondía así al ser preguntada por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que en una entrevista a un diario alemán mostró dudas sobre el cumplimiento de esta cifra.
   Sáenz de Santamaría ha recordado que la reducción del déficit es una medida "clave e imprescindible" para volver a crear empleo. "Toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo. Para eso hay que cumplir los objetivos", ha dicho.
   En este sentido, ha asegurado que el Gobierno tomará más medidas si las circunstancias económicas hacen que tenga que trabajar "más y con más reformas". "Lo vamos a hacer", ha señalado la vicepresidenta, tras asegurar que el Ejecutivo intentará "consejo tras consejo" cumplir objetivos y luchar contra los "malos datos" con más "rigor y esfuerzo".
   Esta labor, según Sáenz de Santamaría, se tendrá que complementar con las correspondientes reformas estructurales, "fundamentales" para dinamizar la economía y ayudar a la creación de empleo. En este sentido, ha recordado que en los Consejos de Ministros de las próximas semanas se aprobarán la reforma del sistema bancario y la del sistema laboral.
   Con todo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es trabajar para no defraudar la confianza de los españoles, para lo que el propio Rajoy está cumpliendo en "plazos y calendario" las reformas que planteó en el Debate de Investidura.   

Con las previsiones de la CE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que al margen de la previsión de crecimiento para España del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una caída del PIB del 1,7% para este año, el Ejecutivo atenderá "especialmente" las estimaciones de la Comisión Europea (CE) para, "de acuerdo con ellas", establecer el cuadro macro y el techo de gasto para este año.
   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría apuntó que aunque el Gobierno está "atento" a las distintas previsiones que realizan los diferentes organismos, los Presupuestos de 2012, que pretende aprobar antes del 31 de marzo, recogerán la previsión de crecimiento y el techo de gasto de acuerdo con la estimación que realice Bruselas sobre la economía española.
   No obstante, añadió que previsiones como las del FMI renuevan el compromiso del Ejecutivo de trabajar "todavía más y con mayor esfuerzo" para luchar contra el cumplimiento de las mismas y para que no afecten "de un modo tan grave" a España.
   "Contra ello estamos trabajando desde el primer momento, haremos todos los esfuerzos y todas las reformas que sean necesarios", reiteró la portavoz del Gobierno.

jueves, 19 de enero de 2012

García-Yelo acusado por la Fiscalía de varios presuntos delitos en la Comunidad de Regantes de Abarán

MURCIA.- Los dos primeros imputados por un presunto delito de malversación de caudales y fraude en la Comunidad General de Regantes de Abarán acudieron al juzgado de instrucción nº 2 de Cieza requeridos por su jueza titular, aunque ambos se acogieron a su derecho de no declarar en esta primera cita. 

A las dependencias judiciales llegó José Joaquín García Yelo, que fue presidente de esta comunidad de regantes en el periodo que va desde 1981 hasta 2006 y responsable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura por esos mismos años. A instancias de las denuncias de varios comuneros, la Fiscalía acusa a García Yelo de un presunto delito fiscal, otro delito societario, falsedad documental y delito medioambiental, según recoge 'La Opinión'.

Son los mismos cargos que el Ministerio Público atribuye a Manuel Mora, quien hasta hace seis meses fuera presidente de la Comunidad de Regantes de Casablanca, también de Abarán, y actual gerente de la Comunidad General de Regantes de este municipio.

Junto a otros gestores de los riegos en Abarán, los dos imputados supuestamente habrían vendido agua de los caudales de la cuenca del Segura al precio que costaba la proveniente del trasvase del Tajo, obteniendo un beneficio durante varios años de unos 200 millones de pesetas, equivalentes hoy a 1,2 millones de euros.

El corto interrogatorio que la jueza mantuvo con los dos imputados apenas duró media hora. La primera toma de contacto de la jueza con otros imputados proseguirá la próxima semana, cuando están citados en los juzgados de Cieza Antonio Morte y Jesús Tornero.


El inicio de este proceso se remonta al 8 de febrero de 2010, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que entonces dirigía José Luis Díaz Manzanera, dio la orden de registro de las instalaciones de la Comunidad General de Regantes de Abarán, que engloba a los comuneros de ´Motor Resurrección´ y ´Grupo 1485´ y cuyas oficinas se encuentran en la denominada Casa Alcántara.

Una veintena de guardias civiles tomó y desmanteló aquella mañana estas dependencias, haciéndose con toda la documentación que se acumulaba en los archivadores.

Fuentes de la investigación ya explicaron entonces a este periódico que, durante años, los comuneros presentaron reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la gestión irregular de la citada comunidad de regantes. En muchos casos, los demandantes alegaban que se les estaba cobrando el agua de la cuenca a precio de trasvase, que era entonces tres veces más cara.

Además, estos agricultores, alrededor de 1.000 que riegan más de 1.800 hectáreas en los municipios de Abarán y Blanca, pensaban que tenían adjudicados seis millones de metros cúbicos para regar. A mediados de junio de 2005, en plena sequía, se enteraron de que habían consumido la cantidad asignada para todo el año hidrológico, que acaba en septiembre, por lo que el motor que eleva el líquido a las zonas regables había sido precintado por la Confederación Hidrográfica.

Ante las manifestaciones de protesta, responsables locales y de la gestión del agua tanto regionales como nacionales «consiguieron aflorar» otros dos millones de metros cúbicos que «hasta entonces los comuneros desconocían que era parte de su dotación o derecho de riego», señalaron las citadas fuentes, que añadieron que después de todas estas maniobras, los regantes tuvieron agua todo el verano y al final del año hidrológico todavía les habían sobrado unos 300.000 hectómetros cúbicos.

Bruselas insiste en que no hay pruebas de que Marruecos vulnere el acuerdo agrícola con la entrada de tomate

BRUSELAS.- La Comisión Europea insiste en que "no tiene ninguna prueba" de que Marruecos no esté cumpliendo las normas que estipula el acuerdo comercial agrícola con la Unión Europea respecto a la entrada de tomate marroquí en el mercado comunitario, pese a las críticas del sector europeo y de las quejas de España.

   "Siendo consciente de la relevancia de las importaciones de tomates en el mercado de la UE, la Comisión sigue con atención las cantidades que se importan. En este contexto, no tiene ninguna prueba de que se haya infringido el acuerdo", según ha respondido el comisario responsable de Aduanas, Algirdas Semeta, a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado Ramon Tremosa (CiU).
   Tremosa interpela a la Comisión para preguntarle se ha reforzado los controles sobre la entrada de producto marroquí al mercado comunitario, si Marruecos ha vulnerado el pacto con la UE y si esa situación ha repercutido en el "hundimiento" de los precios.
   En diciembre, España envió una carta al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para reclamar medidas urgentes, porque aseguraba que esta campaña ha entrado al mercado comunitario tomate marroquí a un precio inferior a los 46,1 euros por 100 kilos que la Unión Europea tiene pactado con el país magrebí.
   Ciolos dijo entonces que no había datos que apoyaran esa tesis y recordó a España que compete a los Estados miembros supervisar la entrada de las exportaciones.
   Por su parte, el comisario Semete explica en su respuesta a Tremosa que para el Ejecutivo comunitaria este caso es de "enorme importancia" y pide al eurodiputado que aporte "cualquier información que obre en su poder en relación con la posible infracción".
   También apunta el comisario de Aduanas que se han corregido algunas deficiencias para mejorar el contacto regular con los países de la UE afectados para evitar "discordancias" registradas en el pasado, al tiempo que se han simplificado los mecanismos de declaración en aduana, que han permitido una "sensible mejora".

IU-Verdes de Molina revela que el sueldo del alcalde es uno de los más altos de la Región

MOLINA.- Izquierda Unida-Verdes de Molina de Segura ha pedido este jueves al alcalde, Eduardo Contreras, que "sea consecuente" y se baje el sueldo, establecido en más de 72.000 euros anuales, uno de los más altos de la Región de Murcia, según fuentes de dicho grupo municipal.

     El concejal de la organización de izquierdas en el municipio, Antonio López, ha indicado que Contreras ha mantenido "intactos" sus emolumentos respecto a la anterior legislatura, pese a la "gravedad" de la situación económica.
    López también ha reclamado la reducción de los salarios de los concejales que conforman el equipo de Gobierno. Así, ha recordado que la primera Teniente de Alcalde gana 4.273 euros al mes, y el resto de liberados 3.795, todos con 14 pagas anuales.
   "Es necesario que se solidaricen con la situación que ellos mismos califican de muy difícil y delicada, cuando exigen a otros esfuerzos salariales, como así lo han hecho con los empleados del ayuntamiento, a los que les han recortado sus nóminas y sus beneficios sociales", ha apostillado.
   Por ello, ha animado a Contreras y a su equipo de Gobierno a que "tengan un gesto con la ciudadanía molinense, y sean los primeros en dar ejemplo a la hora de pedir sacrificios".

El juicio oral del caso 'Totem' tendrá lugar a mediados de febrero

MURCIA.-   La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha establecido para el 20 de febrero el comienzo de las sesiones del juicio oral del denominado caso 'Tótem', de corrupción urbanística en Totana.

   En concreto, según han informado fuentes del TSJ en comunicado de prensa, el juicio se desarrollará en la Sala del Jurado desde el 20 de febrero hasta el 8 de marzo, "por principios de organización de la oficina judicial y calendario de disponibilidad de la Salas".
   Será entonces cuando el presidente de Sala explicará a los letrados de la defensa, acusación popular y al representante del Ministerio Fiscal el contenido y desarrollo de la vista en las diferentes jornadas programadas, algunas con sesiones de mañana y tarde.
   Este juicio, contra el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras doce personas, estaba previsto inicialmente para principios de noviembre, pero fue suspendido por encontrarse enfermo el magistrado ponente en la presente causa, Manuel Abadía Vicente.
   Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
   En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio, Juan Morales, que aunque por su condición de diputado (primeramente del PP y tras ser expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto) no fue detenido, la Sala competente del caso acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.
   De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex parlamentario, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
   Está previsto que pasen por el banquillo el ex alcalde y ex diputado, Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
   Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.

Fomento perfilará desde este viernes el nuevo modelo de AENA

MADRID.- El Ministerio de Fomento comenzará a diseñar este viernes un nuevo modelo aeroportuario "que ponga en valor a AENA como uno de los principales operadores aeroportuarios del mundo", señaló hoy la titular de la cartera, Ana Pastor.

  "Mañana será publicado en el BOE el nombramiento del nuevo presidente de AENA, José Manuel Vargas, y a partir de ese nombramiento iniciaremos el proceso de diseño de un nuevo modelo aeroportuario", aseguró la ministra en declaraciones a la prensa.
   El nuevo modelo pondrá en valor los "valiosos" activos del gestor aeroportuario, que a su juicio cuenta con uno de los personales más especializados del mundo. "Los activos que son de los españoles uno tiene que ponerlos en valor, mejorarlos, y hacerlos más eficientes", destacó Pastor.
   La ministra también se comprometió a liderar la política de austeridad del Gobierno y recordó que Fomento es el Ministerio "que más ha adelgazado su estructura administrativa" y que está trabajando en un plan que maximice la eficiencia. "La austeridad empieza por uno mismo", concluyó.

CC.OO. calcula que uno de cada cuatro funcionarios puede perder su trabajo

ÁVILA.- La secretaria de Empleo y Migraciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Paloma López Bermejo, ha estimado que el 25% de los empleados públicos son temporales e interinos, y que con los recortes "irán a la calle", por lo que ha pedido el reparto del trabajo.

   En una jornada sobre cambios en la legislación laboral, formación y empleo, López Bermejo ha propuesto "calibrar" lo que se hace para hacer "justamente lo contrario", que es "reducir los tiempos de trabajo para repartir el trabajo existente".
   López Bermejo ha dicho que la situación de recesión y la destrucción de empleo "van a continuar a lo largo del primer semestre de 2012", ante lo que ha propuesto "una apuesta firme por el mantenimiento del empleo y no por la destrucción".
   Por ello, ha instado al Gobierno a manifestar su postura sobre la reforma laboral porque "habla siempre de ella pero no concreta qué es exactamente lo que quiere", de manera que "debería apuntar ya en la dirección que quiere ir".
   El sindicato, ha dicho López Bermejo, ha propuesto cambios en el sistema financiero para favorecer la liquidez de las empresas, medidas para contener los precios evitando la subida del IVA, y no congelar los salarios.
   Al congelar los sueldos "no habrá capacidad de consumo", por lo que "quien tenga dinero ahorrará en previsión de lo que pueda ocurrir en un futuro y no consumirá", situación que puede generar "un problema de demanda".

EUPV pide la comparecencia de Camps, Zaplana y Olivas en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianas

VALENCIA.- El grupo parlamentario EUPV en las Corts ha pedido que comparezcan en la comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) creada en la cámara autonómica los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, por considerar que "tienen mucho que decir sobre su responsabilidad respecto de las decisiones políticas y no políticas sobre la caja de ahorros".

   Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto de EUPV, Lluís Torró, que, junto a la diputada Esther López Barceló, ha explicado la propuesta de este grupo para la comisión de investigación de la CAM. El plazo para presentar estos planes de trabajos finaliza este viernes. Ese mismo día, la Mesa de las Corts se reunirá y decidirá el plan a seguir.
   Torró ha criticado que ni EUPV ni Compromís estén representados en la Mesa y teme que el PP "utilice su mayoría absoluta para que no se produzca lo que debería de producirse" en este tema. "El PP tiene una responsabilidad política muy importante y eso la comisión de investigación lo debe de aclarar", ha subrayado.
   La propuesta de EUPV también reclama las comparecencias de los exvicepresidentes del Consell Vicente Rambla y Gerardo Camps; del actual conseller de Hacienda y Administracion Pública, José Manuel Vela; y de los exdirectores generales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio y Enrique Pérez Boada, así como del actual responsable de esta entidad, Jorge Vela. Al respecto, Torró ha argumentado que el IVF "es igual de responsable, si no más, que el Banco de España" de la situación de la CAM.
    Asimismo, solicita que comparezcan los dos últimos gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.
   Además, el grupo parlamentario propone que expliquen su función en las Corts los directivos de la cúpula de la CAM, especialmente los que han ostentado esta responsabilidad en los últimos años, así como representantes de los trabajadores, el abogado Diego de Ramón que ha presentado varias querellas sobre la caja y un integrante de la Plataforma de Afectados por el Engaño de la CAM y del Banco de España.
   Respecto a la documentación, el portavoz adjunto de EUPV ha explicado que pedirán los balances de la empresa CAM Capital SA y de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL. También solicitarán informes de viabilidad en poder de la CAM sobre los proyectos Terra Mítica, Cabo Cortés, Novo Carthago, Puntas de Calnegre, Polaris World, Residencial Francisco Hernando y sobre la adquisición de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario, entre otras.
   Lluís Torró considera que en la comisión de investigación se debe analizar la gestión de la caja alicantina para conocer todo el proceso que ha llevado a su "quiebra", así como aclarar su estrategia empresarial y el proceso que ha conducido a la adquisición de Banco CAM por parte del Banco Sabadell. Del mismo modo, considera que se deberán depurar las responsabilidades personales que se hayan podido derivar de la gestión de la entidad.
   Preguntado por si la comisión en las Corts puede verse afectada por las investigaciones que lleva a cabo la Justicia, Torró considera que "no deberían de generarse interferencias" dado que "son dos vías diferentes". Así, ha precisado que "una comisión de investigación no va a juzgar penal ni civilmente a nadie", sino que "se trata de establecer una valoración política sobre unos hechos determinados".
   Por su parte, Esther López Barceló ha denunciado que las cajas se han convertido "en instrumentos para alimentar financieramente la especulación urbanística y los despropósitos megalómanos de algunas administraciones", a lo que ha añadido que las cajas valencianas "han sido los exponentes más destacados".
   Según la diputada, en marzo de 2011 el "agujero" en las cuentas de la CAM era de 4.587 millones de euros, "la morosidad más alta del sistema financiero español". Al respecto, ha dicho que algunos problemas financieros de la caja son de "naturaleza partidista" mientras que otros se derivan "de una mala gestión comercial, especialmente de su implicación en el sector inmobiliario".
   Asimismo, López Barceló ha denunciado que la cúpula de la CAM "se haya dedicado a prestar dinero en condiciones privilegiadas a los consejeros, cosa prohibida por la Ley de Cajas Valencianas" y que, además, "se han querido asegurar prejubilaciones o indeminizaciones millonarias". Por este motivo, considera que existen "claros indicios de corrupción en la gestión que deberían ser clarificados".

La Seguridad Social pierde en la Región más de 3.200 cotizantes extranjeros en 2012

MURCIA.- La Seguridad Social perdió en la Región de Murcia un total de 3.241 cotizantes extranjeros en 2011, lo que supone un -3,77 por ciento en relación a 2010, casi medio punto por debajo de la media nacional, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 82.812 ocupados, según datos difundidos este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Así, Murcia fue la quinta CCAA que registró un menor descenso durante el pasado año. Por contra, en el mes de diciembre la afiliación de extranjeros subió en la Región en 510 personas (-0,62 por ciento), por encima del conjunto nacional, que registró un descenso de 0,71 por ciento.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia a final de año, 28.223 se enmarcaron en el régimen general; 44.248 corresponden al régimen agrario; 5.012 fueron autónomos; 5.229 en el Hogar y 100 trabajadores del Mar.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.381 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 69.431 son extracomunitarios.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social perdió 76.057 cotizantes extranjeros en 2011, un 4,2 por ciento en relación a 2010, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.738.922 ocupados.
   Solo en el mes de diciembre, la afiliación de extranjeros bajó en 12.375 personas (-0,7 por ciento). Con el descenso de diciembre, el sistema de la Seguridad Social encadena cinco meses de pérdida de afiliados extranjeros tras haber registrado en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre un total de 1.142, 19.715, 13.384, 31.300 y 34.065 bajas, respectivamente.
   Del total de inmigrantes en alta al finalizar el año pasado, 1.084.633 cotizaba al Régimen General, 258.608 al Agrario, 208.512 al de Autónomos, 182.695 al del Hogar, 3.871 al del Mar y 603 al del Carbón.

Ecologistas tacha a Fitur de "feria insostenible" y dice que el turismo causa un "gran deterioro ambiental"

MADRID.- Ecologistas en Acción ha calificado este jueves a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2012 de ser "una feria insostenible" y ha llamado la atención sobre todas aquellas actividades realizadas con el objeto de promocionar y difundir un modelo de turismo que, "a pesar de ser accesible solamente a menos del 20 por ciento de la población mundial, es una de las actividades de la globalización económica que implican un mayor deterioro medioambiental y también conlleva graves impactos sociales, tanto a nivel global como en los países anfitriones". 

   Los ecologistas han señalado además que el turismo es interdependiente de otras actividades que suponen perjuicios ambientales, "como es el caso del transporte motorizado nacional e internacional, las fuentes de energía no renovables o la construcción, entre otros, configurándose así como uno de los principales agentes en el agravamiento de las innegables crisis que atraviesa nuestro planeta: las crisis ecológica, energética y climática".
   "El tipo de promoción que se realiza desde espacios como Fitur, centrada en la expansión del modelo turístico dominante y en el incremento del beneficio de las grandes empresas del sector, y realizada para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, innovando para atender las cambiantes demandas del mercado, no tiene en cuenta ni las consecuencias negativas del turismo ni los límites biofísicos del planeta y la biosfera que existen para su globalización", han agregado.
   La organización ambientalista ha apuntado que a pesar de que se prevé que en 2012 por primera vez se superarán los 1.000 millones de desplazamientos internacionales y los 1.800 millones en 2030 "no se anuncia ninguna propuesta de medida para eliminar algunos de sus principales impactos, como por ejemplo las emisiones de CO2, de las que este sector alcanza el 5 por ciento de estas emisiones a escala global".
   Por ello, Ecologistas en Acción insta, en primer lugar, a la sociedad a "la reflexión crítica" sobre su estilo de ocio y viajes, "la urgente necesidad" de reducir la velocidad y la distancia de los desplazamientos para preservar las condiciones naturales del planeta, respetar los territorios y las poblaciones de destino "y, principalmente, asumir un estilo de vida que sea social y ambientalmente sostenible, de modo de garantizar el futuro de las generaciones venideras".
   Los ecologistas también han conminado a las instituciones públicas competentes y a todos los actores empresariales del sector a fomentar un modelo de turismo "que sea sostenible y responsable".

La dirección del PP defiende las sanciones penales de Montoro, también para la gestión que hagan los populares

MADRID.- El secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves la propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de pedir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto y que "dilapiden" el dinero de los españoles. Así, ha asegurado que esta normativa se aplicará también a la gestión que realicen los populares.

   En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del partido, Floriano ha arremetido contra los socialistas por criticar esta propuesta ya que, según ha recordado, el PSOE es el "responsable" de la situación de déficit en la que se encuentran "muchas administraciones" y de que, concretamente, la Administración central haya tenido "déficits ocultos".
   "Esta iniciativa no es una ocurrencia del PP sino que es una exigencia del sentido común y de la mayoría de la gente que entiende que el dinero de todos no es el dinero de nadie. El PSOE pretende hacernos creer que el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos es un dinero con el que se puede hacer cualquier cosa y para nosotros esto no es así", ha recalcado.

Aznar tacha de "reduccionista, limitado y falso" ligar la sostenibilidad sólo a la dimensión ambiental

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado que "son enfoques reduccionistas, limitados y falsos, aquellos que pretenden circunscribir el concepto de sostenibilidad a una sóla dimensión, como la ambiental, ignorando el resto de facetas". 

   Durante su intervención en el I Foro Global de Sostenibilidad Ernest & Young, ha recalcado que sostenibilidad es responsabilidad con "los que no pueden reclamar sus derechos", "la responsabilidad de dejar para el futuro una economía más próspera y con oportunidades" y "con el medioambiente que se legará a los que sigan".
   Aznar ha indicado que "la sostenibilidad debe ser entendida y practicada como un concepto global que incorpore, entre otros, aspectos económicos, sociales, políticos y medioambientales".
   Así, ha destacado que "una política sostenible es una política sensata" y ha señalado que "es necesario recuperar para la política una visión de la sociedad que incluya la preocupación por el futuro" y las "generaciones venideras".
   Por otra parte, ha insistido en que el crecimiento económico y la mejora del medio ambiente no son objetivos contrapuestos, y ha exaltado las políticas medio ambientales puestas en marcha bajo su mandato como la creación del Ministerio de Medio Ambiente o la adhesión de España en 1999 al  protocolo de Kyoto.
   Además, ha hecho alusión a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares por parte de su Gobierno. "No emiten CO2 ni otros gases de efecto invernadero y producen energía de calidad y barata que mejora la competitividad del conjunto del tejido productivo", ha subrayado.
   Del mismo modo, ha recordado que fue su ejecutivo el que sentó las bases del desarrollo de las energías renovables y ha apuntado que "la forma más eficiente y justa y sostenible" de que la sociedad alance sus compromisos es "aprovechar en toda su plenitud la fuerza más importante de progreso y prosperidad de generar conocimientos".
  "Sólo teniendo presente en todo momento la dimensión de la sostenibilidad económica podrá España tener éxito en el cumplimiento de todos sus compromisos internacionales", ha asegurado.

El ministro Soria pide a las CC.AA. más endeudadas que "hagan sus deberes"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido este jueves a las comunidades autónomas cuyo nivel de endeudamiento respecto a su PIB es superior a la media que "hagan sus deberes", al igual que ha hecho la Comunidad Valenciana, que ha aprobado un ajuste por valor de 1.000 millones de euros.

   "Valencia está haciendo sus deberes. Lo deseable es que el conjunto de las comunidades que están por encima de esa media hagan también sus deberes", ha señalado Soria en declaraciones a Telecinco.
   El ministro ha insistido en que el objetivo de reducir el déficit público es "irrenunciable" y ha recordado que de los dos puntos en los que el Gobierno estima que se desvió el déficit respecto al objetivo previsto, las comunidades autónomas son responsables de 1,4 puntos de esa desviación.  
   Por ello, Soria ha declarado que son los gobiernos autonómicos los que "mayor esfuerzo" tienen que hacer en el marco de sus cuentas públicas para contribuir al recorte del déficit.
   El ministro ha reiterado además que el Gobierno tiene intención de introducir modificaciones legales para que se puedan imputar responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo aprobado en el presupuesto. "Incurriendo en ese tipo de actitudes se llega a problemas tan serios como los actuales", ha advertido.

El abogado Diego de Ramón y la Plataforma CAM convocan una manifestación mañana viernes en Alicante

ALICANTE.- La Plataforma CAM y el abogado Diego de Ramón han convocado para este sábado una manifestación en Alicante con el fin de recoger firmas para presentar una demanda penal en la Audiencia Nacional, según ha indicado la plataforma en un comunicado.

   La manifestación se celebrará a las 19.00 horas de este viernes en la plaza de Los Luceros, de Alicante. La plataforma recogerá firmas para presentar esta demanda por la infracción penal, y según han dicho, "la reparación  económica será solo para los que estén inscritos y hayan firmado la denuncia".
   La demanda será presentada por el abogado Diego de Ramón el 26 de enero en la Audiencia Nacional, junto con representantes de la plataforma, que ha destacado que continuarán con "el embargo de la Obra Social de la CAM para recuperar el dinero, ya que ni el FROB ni el Banco de España tienen la voluntad política de dar solución a los afectados". "Es como si nos castigasen a nosotros por los desmanes de los directivos que debían controlar".
   También han resaltado que los diputados de las Corts Valencianes de los cuatro partidos "aceptan y proponen a Diego de Ramón a declarar en la comisión de investigación sobre el caso CAM".
   Finalmente, respecto a las preferentes, han indicado que no hay "ningún acuerdo firmado ni escrito donde especifique que el Banco Sabadell pagará las acciones", al tiempo que han subrayado que las cuotas participativas "quedan fuera de toda negociación".

José Manuel Vargas, nuevo presidente de AENA

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha nombrado a José Manuel Vargas Gómez nuevo director general-presidente de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), informó hoy el Ministerio en una nota. 

   Vargas, nacido en Madrid en 1970, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y en Derecho por la UNED.
   Su última etapa profesional la ha desarrollado en el grupo Vocento, al que se incorporó en el año 2000, desempeñando diversos puestos de responsabilidad.
   En esta compañía ha sido consejero delegado de 2008 a 2011, y previamente director general financiero, así como director jurídico y secretario del Consejo de Abc.
   Anteriormente, ocupó los cargos de director financiero y secretario general de JOTSA, S.A, del Grupo Philpp Holzmann, de 1995 a 2000, y trabajó en la Auditoría Price Waterhouse de 1993 a 1995.

miércoles, 18 de enero de 2012

Pujante considera "decepcionante" el resultado del CPFF

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha calificado este miércoles de "decepcionante" el resultado de la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo lugar ayer en Madrid.

   Pujante ha indicado que no tiene conocimiento de que en este encuentro el Gobierno regional, representado por el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, haya reclamado "de forma concreta" el pago de la deuda histórica y los retrasos del Fondo de Convergencia.
   Ha denunciado que el CPFF no trató tampoco el nuevo sistema de financiación autonómica "más allá de una mención genérica", ni la posibilidad de flexibilizar el objetivo de déficit público de la Región por las inversiones regionales en la reconstrucción de Lorca.
   Por ello, el dirigente de la federación de izquierdas ha presentado en la Asamblea Regional una solicitud de comparecencia de Marín, con el fin de que detalle los acuerdos adoptados en el seno del CPFF y concrete la postura que ha defendido para mejorar la situación de la Región.
   El dirigente de la federación de izquierdas también ha afirmado que "no hay un incremento real de financiación" para la Comunidad, "en todo caso una mejora en los plazos, en cualquier caso insuficiente, para resolver los problemas de financiación de la Región de Murcia".

Murcia cuenta con la tasa de natalidad más alta por comunidades autónomas

MADRID.- La tasa de natalidad se redujo hasta el primer semestre de 2011 en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía, Asturias, País Vasco, La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla. Entre julio de 2010 y junio de 2011 las que tuvieron un índice más bajo fueron Asturias (7,43), Galicia (8,02) y Castilla y León (8,13). En el otro extremo se situaron Murcia (12,16), Cataluña (11,42), Madrid (11,38) y Andalucía (11,21), además de Ceuta (15,10) y Melilla (18,63).

   Según los datos consolidados de Movimiento Natural de la Población difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa bruta (por cada mil habitantes) de nupcionalidad alcanza el 3,36 por ciento en Murcia, la tercera más baja por comunidades, por detrás de Castilla y León (3,21%) y Canarias (2,64%).
   Mientras que la tasa bruta de mortalidad, entre julio de 2010 y junio de 2011, es del 6,96 por ciento, por detrás nuevamente de Canarias (6,52%) y Madrid (6,55%).
   En el año 2010, la esperanza de vida alcanzaba de media en Murcia los 81,61 años: 78 años los varones y 84 años las mujeres.

Espinardo contará con un gran monumento en homenaje a su histórica industria del pimentón

MURCIA.- La pedanía murciana de Espinardo contará con un gran monumento en homenaje a su histórica industria del pimentón. Será un homenaje a la tradición, a la historia, y a las generaciones de vecinos de Espinardo que crecieron y prosperaron en torno a la industria del pimentón. 

   Así, la entrada principal de la pedanía contará en las próximas semanas con un monumento en recuerdo del esfuerzo y el trabajo desarrollado durante siglos en torno a esta destacada materia prima, que logró difundir el nombre de Murcia en todo el mundo y que aún mantiene su presencia en los mercados internacionales.
   El programa municipal MurciaEscultura, dedicado a la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, ha dado luz verde a la colocación de un antiguo molino pimentonero, que ha sido cedido por José María Fuster Hernández, propietario de la firma La Odalisca, ubicada en la pedanía desde 1919, según han informado fuentes municipales.
   El antiguo molino está siendo restaurado y será ubicado sobre una plataforma de hormigón en la rotonda de acceso a la calle Mayor de la pedanía, junto a una placa identificativa.

Los Príncipes de Asturias se ofrecen a colaborar en la reconstrucción de Lorca

MADRID.- Los Príncipes de Asturias han trasladado este miércoles al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, su voluntad de colaborar, a través de la Fundación Hesperia, constituida por Don Felipe y Doña Letizia, en la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del pasado mes de mayo.

   Así lo ha indicado el regidor lorquino en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a los Príncipes en el 'stand' de la localidad murciana en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR), ubicado en la zona exterior del recinto, en un espacio que ha sido cedido por la organización.
   Don Felipe y Doña Letizia han hecho una parada en el 'stand' de Lorca, con el lema 'Lorca, abierta por restauración', donde les han recibido, además del alcalde, el consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Dolors Monserrat.
   Tras hacerse una foto con los Príncipes, el alcalde les ha entregado algunos "modestos presentes", como recuerdo de su agradecimiento por el "detalle" que han tenido con los lorquinos por visitar el 'stand' y por haber realizado una visita a Lorca en su momento, después del terremoto.
   Estos obsequios han sido un libro de fotografía de la Semana Santa de Lorca, una revista solidaria sobre "la tragedia", que empieza por cómo era Lorca antes del terremoto y narra cómo se vivió el seísmo, la emergencia y la solidaridad, para terminar con "la esperanza", además de dos piezas de cerámica típica lorquina.
   Don Felipe ha conversado durante unos minutos con el alcalde, que después ha dicho a los medios de comunicación que el Príncipe le había trasladado que, a través de la Fundación Hesperia, "quería contribuir a la financiación de la recuperación o bien del Patrimonio o de un edificio que tenga que ver con temas sociales". 
Según Jódar, Don Felipe le ha trasladado que "miembros de su Casa se van a poner en contacto con el Ayuntamiento para ver las posibilidades que hay de contribuir en la reconstrucción de Lorca".
   El alcalde lorquino ha manifestado que las muestras de apoyo de la Casa Real son muy importantes para la localidad, "por lo que significan de destacar Lorca, de efecto llamada". "Necesitamos que no se nos olvide, necesitamos que se nos tenga muy presente porque vamos a tardar muchos años, lamentablemente, en reconstruir lo que la naturaleza destruyó en unos segundos. Por lo tanto, el que se mantenga esa llama encendida, esa llama de la solidaridad, del recuerdo, de la compañía, es muy importante, y si viene de sus Altezas, de la Casa Real, mucho más", ha declarado Jódar.
   Además, ha destacado que "el pueblo de Lorca tiene muchas ganas de salir adelante, de ponerse en pies, de reconstruir lo destruido, para ello es importante que lleguen cuanto antes las ayudas, que han empezado a llegar de manera muy tímida". Según su balance, han sido demolidos un total de 206 edificios, 1.600 viviendas, y esas cifras podrían aumentar por nuevos expedientes de ruina.
   "Tenemos todos lo mecanismos dispuestos, lo tenemos todo preparado para comenzar la reconstrucción, pero hay un requisito sine qua non, que la gente tenga el dinero, a través de las indemnizaciones o de las ayudas, para empezar la reconstrucción", ha agregado.
   Por su parte, el consejero de Cultura ha valorado que este FITUR, marcado por la crisis, supondrá "un antes y un después" en lo que respecta a la forma de estar presentes de las Comunidades Autónomas. En este sentido, ha señalado que Murcia ha sentado "un precedente" al optar por un 'stand' "no tanto de exhibición como a modo de centro de negocios", cuyo principal objetivo es generar contratos con touroperadores y diferentes agentes turísticos a fin de atraer el mayor número de visitantes a la región.
   Según Pedro Alberto Cruz, al igual que Murcia, otras Comunidades Autónomas han renunciado al "carácter de exhibición", lo que considera una forma de "ajustarse a los tiempos y, sobre todo, a la realidad de las ferias internacionales, que no tienen tanto este carácter de parque temático y se dirigen exclusivamente a los profesionales".
   "Debemos reconducir las ferias y otros encuentros en ese sentido, no queremos tanto que venga gente sino que vengan los profesionales y, en definitiva, que la estructura económica de cada región o cada país se ve beneficiada", ha zanjado.

Murcia dispondrá este año de 140 millones por las nuevas medidas de liquidez del Gobierno central

MURCIA.- El Gobierno regional podrá disponer este año de 140 millones de euros aproximadamente gracias a las medidas de liquidez adoptadas por el Ejecutivo de la nación.

   En concreto, al ampliarse de cinco a diez años el plazo para devolver al Estado los 700 millones de euros que se ingresaron por los anticipos a cuenta --petición ésta que realizó Murcia al anterior gobierno socialista--, el Gobierno regional tendrá que devolver 70 millones de euros, la mitad de la cantidad prevista inicialmente este año (140 millones de euros).
   Otra de las medidas de liquidez de la que se beneficiará el Gobierno regional, también petición al anterior gobierno de Zapatero, será el adelanto al mes de enero o febrero de 68 millones de euros del sistema de financiación autonómica.
   Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, quien se ha remitido a las palabras del ministro Cristóbal Montoro, de que lo que se busca es "incrementar en lo posible el pago a proveedores". Y es que, ha subrayado, "la principal política económica que podemos hacer ahora mismo es pagar lo que debemos a las pymes".
   En esta misma línea, Marín ha hecho referencia al Plan de Pago a proveedores de la Comunidad, adelantando que ya se están recibiendo consultas y será a final de mes cuando se hagan los primeros pagos.
   En la reunión del CPFF, ha comentado el consejero, se abordó el hecho de que quien quiera ir a un préstamo del ICO para obtener liquidez "va a tener que presentar su deuda con proveedores, transparencia, y nosotros lo hemos hecho".

martes, 17 de enero de 2012

El cartagenero Tomás Olivo niega pagos a Roca desde que dejó de ser su empleado en 1978


MÁLAGA.- El empresario cartagenero Tomás Olivo, acusado en el caso 'Malaya', ha negado que fuera socio del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y que le pagara nada una vez dejó de ser su empleado en 1978; intentando explicar las cantidades anotadas a su nombre en archivos intervenidos, como 600.000 euros, que ha dicho son la comisión a Roca por intermediar en una operación, cantidad que se compensó por una deuda que el principal acusado tenía con él.

   "Yo al señor Roca los pagos que le realicé se los hice, cuando era empleado mío", ha asegurado Olivo, promotor de La Cañada en Marbella (Málaga), que ha comenzado a declarar en la sesión de este martes del último bloque del juicio contra la presunta trama de corrupción marbellí. Así, ha insistido en su comparecencia en que "yo no le pago nada al señor Roca, dejé de pagarle en los años 77 o 78".
   En relación con estos 600.000 euros, el acusado ha explicado que él vendió una parcela en diciembre de 2001 a la empresa Condeor, que después supo que era de Roca, que "me dejó una deuda de 148 millones de las antiguas pesetas --889.497 euros--". Un año después, ha explicado que el principal acusado intervino en una operación en la que Olivo vendió un terreno en Córdoba a otro procesado, fijándose la comisión para el principal procesado en un cuatro o cinco por ciento.
   "Entonces, esos 600.512 euros supongo que son esa comisión que yo le dije al señor Roca que se diese por compensado de los 148 millones de pesetas que me debía", ha insistido el empresario, quien ha recordado que acudió a los juzgados de Marbella de forma voluntaria cuando se inició la investigación del caso 'Malaya' al conocer que se le estaba investigando. Ha presentado documentos de la venta a Condeor "para demostrar que aún me siguen debiendo dinero".
   Sobre la anotación de 1,8 millones de euros, relativa a la compra de un edificio en Puerto Banús, ha explicado que el precio total fue algo más de siete millones de euros que pagó al representante de la empresa, vinculada a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, con cheques y con esa cantidad en metálico. Ha dicho que "nadie tiene por qué seguirle la pista al dinero que paga" en cualquier compraventa u operación.
   Así, ha desvinculado de esta operación a Roca, con quien "de esto no hablé nada" y de quien ha apuntado que "todos aquí en la Sala debemos saber que desde que se fue de mi empresa ha sido empresario". Éste ha sido llamado por el presidente del Tribunal, José Godino, para que aclarara ciertos extremos de esa operación de venta del inmueble y sobre el recorrido que tuvieron los 1,8 millones de euros pagados por el empresario.
   Olivo ha asegurado que muchos de los procesados "están arruinados, yo también prácticamente, pero un poco menos que ellos".
"Estamos todos machacados a lo largo de estos años, estamos cumpliendo penas seis años ya. Hemos cumplido la pena de la imputación, la pena de estar procesado, la pena de estar en los calabozos, la pena de los medios y el desprestigio que hemos tenido nosotros y las empresas, y ahora de banquillo, que llevamos un año", ha indicado.
   Respecto al urbanismo, el empresario ha asegurado que logró licencias para la ampliación de La Cañada, las cuales "en el orden contencioso no han sido suspendidas ninguna de ellas", pero ha lamentado que por llevar "la marca de Malaya" no ha podido comercializarlas y "he dejado de generar 1.500 puestos de trabajo al año", destacando que en dicho centro comercial, hay 4.500 puestos directos y 1.500 indirectos desde hace 16 años.