viernes, 11 de febrero de 2011

El Gobierno murciano recurre ante el TC la aplicación en la Región de la nueva Ley de Financiación Autonómica

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad y de un conflicto positivo de competencias contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, ya que considera que la nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas lesiona la autonomía política y financiera de la Región.

   Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha recordado que otras CCAA ya han iniciado este procedimiento.
   El objeto del mismo, ha subrayado, es que no haya discriminación, por lo que ha exigido un "trato igualitario" para todas las Comunidades.
   Entre otras cuestiones, el importe de la financiación para 2011 en la Región no recoge el pago de los Fondos de Convergencia, entre los que se encuentra el Fondo de Competitividad, que ascienden a 211 millones de euros, ha precisado Reverte.
   Así, la Comunidad inició los trámites legales tras tener conocimiento de forma oficial, en octubre de 2010, del importe de la financiación autonómica de la Región de Murcia para el año 2011, por aplicación de la citada Ley. A partir de este momento, el Gobierno regional puso en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance, en defensa de los intereses de la Región.
   En diciembre de 2010 ya se interpuso un requerimiento previo a la interposición de conflicto positivo de competencia, que no tuvo respuesta, por lo que se procede ahora a la interposición de los recursos citados.

Denuncian que con la reforma de la Ley de Costas se pretende consolidar el urbanismo descontrolado en el litoral

MURCIA.- Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF denuncian un nuevo intento de recortar la Ley de Costas. Durante el día de hoy se está discutiendo en el Senado dos Proposiciones de Ley, promovidas por Convergència i Unió (CiU) y Partido Popular (PP), que limitarán la protección del litoral. Las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa.

"Los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros. Si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa", ha declarado Jorge Sáez, coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción.

En concreto, la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

"Estas modificaciones a la Ley de Costas supondrían un inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental. Sería un paso atrás sin igual en todo el continente europeo, que está reforzando las políticas de protección marina", ha añadido Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

Por otro lado, la Proposición de CiU promueve redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretenden, bajo el concepto de "ciudad navegable", que urbanizaciones como la Marina d?Empuriabrava (Castelló d?Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S?Abanel escapen a la Ley de Costas (1).

"No se puede permitir la revisión a la carta de la Ley de Costas con el fin de garantizar los diferentes intereses privados. La definición de "ciudad navegable" se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que provocaría un claro proceso de privatización de la costa" Por su parte,, concluye José Luis García Varas, director del Programa Marino de WWF/España denuncia .

Las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a nuestras playas y acantilados.

Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral.

NOTA (1)
El grupo parlamentario CiU define por "ciudad navegable" como "el conjunto integrado por una urbanización residencial y por una red de canales artificiales permitiendo la navegación de embarcaciones hasta el pie de las parcelas. El citado conjunto deberá contar un plan urbanístico legalmente aprobado. Pueden formar parte del conjunto: un puerto deportivo, muelles de servicios portuarios y dársenas con diferentes tipos de amarres".

Satse califica el acuerdo de "antisocial" y "lesivo" para los derechos de los trabajadores

MURCIA.- La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo del Sindicato de Enfermería de Murcia (Satse), reunida para valorar el denominado Acuerdo Social suscrito entre Gobierno, sindicatos de clase y patronal, lo ha calificado de "antisocial" y lesivo para los derechos de los trabajadores, según han informado fuentes sindicales en un comunicado. 


   De este modo, de su análisis se desprende que "es un acuerdo hecho a la medida de los partícipes, que necesitaban cualquier pacto para lavar su deteriorada imagen social".
   Satse ha criticado lo acordado sobre jubilaciones por entender que "han tomado la solución más fácil y arbitraria sin tener en cuenta los perjuicios que van a ocasionar a los derechos adquiridos por los ciudadanos al elevar la edad de jubilación a los 67 años, con 38,5 años trabajadas, e incrementar el cálculo de años para percibir la pensión".
   Asimismo, han indicado que tras este acuerdo "la enfermería tiene más difícil conseguir la jubilación anticipada en base a nuestras especiales condiciones de trabajo y se dificulta notablemente el acceso a la jubilación parcial".
   En su opinión, los sindicatos de clase, "después de aparentar diversas movilizaciones y realizar la huelga general menos seguida de la democracia, han firmado el acuerdo para evitar la convocatoria de unas movilizaciones que ni ellos creían y han otorgado un balón de oxigeno a un Gobierno necesitado de un gesto hacia los sindicatos".
   Por otro lado, creen que han cedido ante el Gobierno "para seguir manteniendo su situación privilegiada, lo que les puede reportar beneficios en ámbitos diversos", y han recordado que el denominado Acuerdo Social "les permite seguir negociando casi con exclusividad, gestionar directa o indirectamente planes de pensiones de las Administraciones Públicas y obtener fondos públicos a través de la formación de trabajadores".
   Y es que, para los responsables del Sindicato de Enfermería, el acuerdo "está en la línea de continuar con la preeminencia de los sindicatos de clase en las negociaciones, en detrimento de los sindicatos profesionales".
   Al hilo, han comentado que, en el ámbito de las empresas privadas, "han promovido que los convenios colectivos se negocien a nivel sectorial, para hacer más difícil que los sindicatos profesionales puedan participar en los mismos".
   Finalmente, en su opinión, "el acuerdo avala que las empresas puedan descolgarse de dichos convenios y que éstos se negocien, a la baja, empeorando las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores".

jueves, 10 de febrero de 2011

Unas 15.000 personas piden a voz en grito la dimisión de Valcárcel por la Gran Vía

MURCIA.- Cerca de 40.000 personas, según los sindicatos, y más de 15.000 según otras fuentes, se han manifestado este jueves en Murcia en la que ha resultado ser la octava marcha celebrada contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la que se han desmarcado varios sindicatos tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional.

   Al grito de 'Aquí estamos, nosotros no firmamos' y bajo cánticos de 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'La Parranda', 'Mensajes del agua' de Macaco que dice 'somos una marea de gente' o versiones de 'Nada de esto fue un error' de Coty han exigido la dimisión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "por mal gestor" y porque "se creía Superman cuando había mucho dinero y ahora nos está buscando la ruina".
   Tras lo que los representantes de las centrales convocantes, UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, han advertido a la Administración regional que "continuaremos hasta reducir toda a la normalidad" porque esta Ley, subrayaron, "tiene vocación de permanencia".
   "El maquillaje del Gobierno regional es insuficiente y la sociedad demuestra que está de acuerdo", indicó el secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Bueno, quien espera que el Ejecutivo murciano "escuche la voz de la calle" y "cambie finalmente, derogando esa Ley".  
   Según señaló Antonio Jiménez, secretario general de UGT, que evitó hacer declaraciones sobre el resto de sindicatos desmarcados, es momento de "frenar esta agresión injustificada y desmesurada a los trabajadores por lo que aquí continuaremos".
"Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos a continuar hasta que lo consigamos porque si se asientan estas medidas regresivas en Murcia, lógicamente serán copiadas fuera de la Región".
   Y es que, expresaban los sindicalistas, "aunque se han conseguido avances, estos no suficientes porque se han usurpado y violado derechos fundamentales". Por lo que insistieron en que seguirán con el calendario de movilizaciones y estudiarán intensificar las mismas o llevar a cabo, incluso, una huelga general.
   A pesar de que desde el sindicato Sterm-Intersindical, su portavoz Toni Carrasco, alertó que personas vinculadas a las organizaciones sindicales que aprobaron el acuerdo con Ejecutivo regional estaban "desmovilizando" a los funcionarios, miles de personas guiados por la tradicional pancarta 'Frente a la agresión social de Valcárcel dignidad y resistencia', desvinculando a los sindicatos CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico de la misma, se movilizaron hasta la Plaza Circular al grito de 'Resistiremos, no nos resignaremos'.
    A los que se unieron los ya habituales gritos de 'Valcárcel, guapetón trabaja de peón', 'Valcárcel y sus consejeros nos quitan los dineros', 'Valcárcel, precioso esto es vergonzoso', 'Dónde están los libros de mis niños', 'La solución es la derogación', 'Menos corrupción y más educación', 'Consejera preciosa trabaja en otra cosa' o 'Menos asesores y más profesores'. 

En esta ocasión también se unieron cientos de alumnos, convocados por el Sindicato de Estudiantes Independientes y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia, que coreaban 'Esto pasa por un gobierno facha'.

   En su ya tradicional paseo por la Gran Vía los funcionarios, convocados por los sindicatos UGT, CCOO y Sterm, volvieron a gritar 'Manos arriba esto es un atraco' a las puertas del Banco de España y a las puertas del edificio donde reside el presidente murciano, donde les esperaban agentes de la Policía Nacional y un cordón sindical como medida preventiva.
   Allí, Valcárcel se llevó una gran pitada, algún que otro petardo, saludos personalizados de los congregados, que de forma espontánea terminó haciendo una sentada al grito de 'Fuera', 'Dimisión', 'Nosotros no firmamos' y 'La Gran Vía también es nuestra'.
   Entre las cientos de pancartas alusivas a una Ley "injusta" se encontraban 'Abolición de la clase política y sus privilegios', 'Racionalización de plantillas=interinos al paro', 'El futuro es nuestro', 'El preacuerdo está en este pirulo, arranca una hoja y límpiate el culo', 'Me rebelo contra los recortes sociales'; además de los ya habituales como 'Soy trabajadora, funcionaria y ciudadana' o 'Por unos servicios públicos de calidad'.
   La manifestación se ha dado por concluida en la Plaza Cruz Roja, donde se ha leído un manifiesto en el que se indicaba que "después de 50 días de lucha contra la Ley de los recortes, el Gobierno regional sólo ha alcanzado a reducir una parte de las inaceptables medidas que incorporaba la Ley 5/2010. Hoy más que nunca, alzamos nuestra voz contra el ataque sin precedentes que se ha producido contra nuestros derechos. los derechos laborales de los empleados públicos y los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía de nuestra Región".
   Y es que, reza el manifiesto, se insiste en ahorrar a base de rebajar el número de personas que trabajan para mantener el funcionamiento de este mínimo Estado de Bienestar que aún nos queda. Lo hacen cargando contra el derecho a la negociación colectiva, incumpliendo su propia palabra, lo hacen sin cuestionar su propia responsabilidad sobre el despilfarro y la mala gestión de las cuentas públicas.
   La propuesta de modificación que el Gobierno regional ha presentado sigue aumentando el paro, mandando a la calle a más de 2.000 contratados temporales, rebaja los salarios, prevé la gestión privada de las prestaciones por Incapacidad Temporal, disminuye las Ayudas de Acción Social, acaba con derechos sindicales, pretendiendo eliminar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante sus acciones.
   Y quieren que firmemos estos recortes, este retroceso histórico en nuestras condiciones laborales, "quieren que firmemos la rendición", pues, no, aquí nos siguen teniendo, con nuestra voz y nuestra protesta, con nuestra unidad, que la de la dignidad y resistencia. Seguiremos haciendo asambleas y movilizaciones hasta que el Gobierno rectifique y modifique las injusticias que se incluyeron en esta Ley.
   Nuestro compromiso es con los trabajadores, lo único que mostramos es el respeto y la lealtad que nos merecemos, un respeto que el Gobierno regional "no ha mostrado", nuestro compromiso es con la sociedad de esta "castigada" región, así como con la calidad de los servicios públicos que una sociedad solidaria y desarrollada debe garantizar. "No estamos solos, nos acompaña buena parte de la sociedad, seguimos en la lucha" tras lo que llaman a la unidad.

(Periodismo gráfico de Concha Cano)

La Unión Europea estudia poner más topes a la bonificación a los banqueros

BRUSELAS.- La Comisión Europea examinará la imposición de nuevos topes a las bonificaciones de los banqueros, dijo el jueves el responsable de las reformas financieras de la UE.  En una reunión del sector, el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, dijo a los banqueros que sean cuidadosos a la hora de dar grandes primas, diciendo que podía aumentar la dureza de las leyes comunitarias, que ya obligan a prorratear los pagos durante años y establecer límites estrictos a los beneficios inesperados.
 
"Vamos a examinar las medidas actuales sobre remuneración y vamos a examinar si son o no suficientes", dijo el comisario.
"Remuneración, bonuses - son cosas escandalosas para gente a la que le cuesta llegar a fin de mes", dijo.
"Los bancos son parte de la sociedad europea. Deberían tener esto en cuenta", agregó. Las nuevas reglas impuestas desde comienzos de enero ya establecen los topes más rígidos del mundo para las primas de los banqueros en los 27 países que forman la Unión Europea.
Los comentarios de Barnier llegan tras un difícil acuerdo el miércoles entre Reino Unido y los banqueros, llamado "Proyecto Merlín", para frenar las primas y estimular los créditos a las empresas, algo que los críticos dicen será difícil de obligar a cumplir.

El PSOE Totana solicita al alcalde que se persone como acusación particular en el caso Tótem

TOTANA.- El Grupo Municipal Socialista ha solicitado un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las dos causas que hay abiertas en relación con la operación Tótem.

   Y es que, según ha explicado Andrés García, concejal del Grupo Municipal Socialista, han tenido conocimiento a través del auto que ha dictado el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez Templado, de serios indicios de acciones que perjudican los intereses públicos de todos los totaneros, lo que supone, señala, "un perjuicio grave para el Ayuntamiento de Totana".
   García Cánovas asegura que "en el último pleno ordinario, se presentó una moción sobre este tema, que el PP se negó a debatir" y recuerda que "como representantes públicos tenemos la obligación de preservar los intereses del Consistorio".
   Este, esclareció en comunicado de prensa, "es el único interés que nos mueve".

IU critica la política "privatizadora" de los presupuestos municipales de Murcia en 2011

MURCIA.- La concejala de Izquierda Unida en Murcia, Esther Herguedas, ha argumentado hoy su voto en contra de los presupuestos municipales para 2011 en que están basados en una política "privatizadora" que deja en "manos de otros" servicios con los que el consistorio podría obtener importantes ingresos.

   Herguedas tampoco ha presentado enmiendas parciales a los citados presupuestos porque entiende que hacerlo "sería admitir la filosofía neoliberal que rezuman y los resultados de una política municipal que en lugar de dotar al municipio de una red de servicios básicos, los ha privatizado y a la larga resultan más caros". 

   A su juicio, la política del equipo de Gobierno "no es una política de eficacia, ni siquiera de gestión municipal", y ha asegurado que "de seguir a este paso fijado por el equipo de Gobierno, dentro de unos años bastará con nombrar a un técnico que coordine el funcionamiento de las distintas empresas contratadas".

Los desmadres del consejero de Cultura en el festival Sos / Cartas de los Lectores

La noticia ha corrido como la pólvora llenando de estupor a las personas interesadas por la vida cultural en la región murciana. Un periódico valenciano publicaba estos días que la banda inglesa de rock Suede, cabeza de cartel del festival SOS 4.8. de este año cobraba por su hora y media de actuación en Murcia 400.000 €. Pero en una situación como ésta, con los graves recortes de todo tipo de actuaciones públicas, tanto en cultura como en bienestar social o en los salarios y derechos de los legítimamente cabreados trabajadores públicos, ¿es aceptable este tipo de acciones? .

Porque el SOS 4.8. es, contra la situación más general del resto de grandes festivales musicales españoles, un festival sostenido en lo esencial con recursos públicos: este año las cifras oficiales
aportadas por el consejero Cruz en el debate presupuestario cifran en al menos 1.200.000 € la cantidad de dinero público regional dedicado a este festival. Para hacerlo posible se ocuparon en la Consejería de formalizar -a inusitada velocidad- los correspondientes contratos con la empresa que lo desarrolla justo los días previos a la entrada en vigor de la famosa Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Era imprescindible esa celeridad ya que la citada ley establece claramente la imposibilidad de financiar este tipo de actuaciones para 2011, tanto en su Exposición de Motivos como en su artículo 45 donde específicamente se dice que “ninguna de las entidades integrantes del sector público regional podrá organizar ni contratar la organización de grandes eventos que pretendan la proyección de la imagen de la región”, entendiendo por tales aquellos que superen, de forma aislada o acumulada un cuantía superior a 300.000€.

¿Qué reacción podemos esperar ante esta revelación de un gasto tan desproporcionado por parte de quienes, sólo en el ámbito de la gestión cultural,  van a ver como desaparece la mayor parte de la oferta pública: festivales que dejarán de hacerse o verán reducido drásticamente su presupuesto, desaparición de las ayudas a bandas, coros, escuelas de música; a los cine clubs, a los títeres y al teatro, a las empresas audiovisuales, a los galeristas, etc.; sin Feria del Libro ni premios literarios; con los museos bajo mínimos y sin dinero para programar actividades;  el Cineforum cerrado, como la Filmoteca Regional;  sin dinero apenas para bibliotecas o patrimonio histórico, ,etc., etc.?
Es una situación de precariedad para la cultura sostenida con fondos públicos que no habíamos conocido nunca desde que existe la Comunidad Autónoma. 
Francisco Jiménez

El Foro Ciudadano llama a la manifestación de esta tarde 'por lo mucho que está en juego'

"Esta tarde hay una manifestación de empleados públicos y de ciudadanos convocada por UGT, CCOO y STERM. Nuestro lugar está allí. con los trabajadores y los convocantes.

La Comunidad ha logrado su propósito, tras semanas de zozobra y angustia para nuestros gobernantes regionales. Han conseguido un pacto con los sindicatos sectoriales y corporativos más afines politicamente al PP, y han roto la unidad sindical separando a los sindicatos de clase y de izquierda. A continuación han dado por cerrada la negociación y se han puesto -con sus nuevos aliados- a intentar hacer fracasar la manifestación de esta tarde.


Sobran razones para mantener la protesta. Lo saben bien los miles de empleados públicos que están sosteniendo el más importante conflicto laboral y social en muchos años en Murcia. Pero ahora se trata además de saber si el gobierno de Valcárcel y quienes le dan apoyo en este momento han logrado doblegar la voluntad de estos empleados públicos, y derrotar a los sindicatos resistentes, y a la izquierda murciana con ellos, cerrando la hemorragia de credibilidad y desgaste que -hasta ahora fe forma incontenible- se les ha abierto peligrosamente con un horizonte elctoral tan cercano.


Por eso tengo que insistiros una vez más: lo que hoy ocurra por las calles de Murcia es mucho más que una cuestión de 35 o 36,5 horas de trabajo semanales. No puede faltar nadie que entienda lo mucho que está en juego. Hay que correr la voz, llegar a mucha gente, vencer las dudas que se estén sembrando interesadamente en estas horas decisivas".


Patricio Hernández

CCOO, UGT y Sterm dicen que el acuerdo "carece de validez jurídica" y no descartan la huelga

MURCIA.- Los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical han señalado que el preacuerdo alcanzado por la Administración regional y los otros seis sindicatos que integran la mesa de negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, carecería de "validez jurídica" de llevarse a efecto porque los firmantes "no alcanzan el 44 por ciento de la representatividad de todos los empleados públicos".

   Así lo han hecho saber en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, de UGT de la Región, Antonio Jiménez, y el secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, quienes este miércoles decidieron rechazar la última propuesta del Gobierno regional por considerar que "daña las condiciones de los empleados y los servicios públicos, al tiempo que supone el despido de trabajadores".
   Jiménez ha añadido que los acuerdos "se adoptan en las mesas instituidas de negociación, que se constituyen con la representación que tiene cada sindicato, fruto de las elecciones sindicales, y el Gobierno regional no puede ratificar ningún acuerdo que se haya adoptado con la minoría de la representación", por lo que ha insistido en que "sin el apoyo de la mayoría sindical el acuerdo no puede tener validez jurídica".
   Y es que estos seis sindicatos que han pactado el preacuerdo, CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico, "poseen 124 delegados en el Área Pública, frente a los 159 que suman CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, el 56 por ciento del total".
   Tanto CCOO como UGT y Sterm han coincidido en resaltar el aumento de la jornada laboral como el "principal escollo" para alcanzar un pactyo, aunque "no el único". Carrasco manifiesta que el aumento de la jornada laboral supondrá el despido de los trabajadores temporales que consideren "desechables", y Bueno estima que "significará la desaparición de 2.200 empleos de forma inmediata y a medio plazo".
   Según sus cálculos, esta situación va a suponer una repercusión "desfavorable sobre la tasa de desempleo regional, que va a aumentar algo más de dos puntos, pasando de una tasa actual del 25 por ciento a una tasa incrementada del 27 por ciento, muy previsiblemente".
   Bueno ha señalado que no se están haciendo previsiones de destrucción de empleo, y ha recordado que en sanidad "ya se han destruido, desde el 1 de enero hasta la actualidad, en torno a 760 contratos de trabajo que venían los dos últimos años prestando ininterrumpidamente servicio".
   Por su parte, Jiménez ha tachado el acuerdo de "regresión laboral histórica contra el empleo público y una violación de derechos fundamentales a la negociación colectiva, a la libertad sindical, al régimen estatutario básico de los empleados públicos que va a perjudicar directamente al resto de Administraciones públicas de la Región y de España, con un calado muy negativo en las empresas privadas". De hecho, ha indicado que ayuntamientos como Murcia, Totana o Torre Pacheco.
   Aparte de la jornada laboral, Carrasco ha criticado la previsión de que una mutua privada "pueda gestionar las prestaciones por incapacidad temporal, al tiempo que se prevén movilidades forzosas que no se entenderían de otra forma si no estuvieran vinculadas a la reducción de la jornada y la redistribución de la gente que trabaja en la Administración".
   Asimismo, ha aseverado que las ayudas sociales en la Ley "disminuyen en los aspectos más sociales, como la discapacidad, la natalidad o la ayuda por hijo", al tiempo que ha arremetido contra la rebaja salarial y "el incumplimiento de los acuerdos salariales, que implica acabar en la práctica con la negociación colectiva y resquebrajar la confianza que tiene el personal empleado público en la Administración".
   Bueno ha señalado que el Gobierno regional "no ha cedido al clamor que exigía una modificación profunda de la Ley", y ha considerado que el avance que se ha producido en esas negociaciones "estriba básicamente en reducir al 50 por ciento las pérdidas salariales que estaban previstas", y "no garantiza ni el empleo ni la calidad de los servicios públicos".
   Entre los principales inconvenientes, Jiménez ha considerado básico "el aumento de la jornada laboral a 36 horas y media, que es el principal obstáculo a un acuerdo". No obstante, también ha enumerado "la suspensión de los 16 acuerdos firmados en los 12 últimos años, así como rebajar al 50 por ciento la retribución y las ayudas sociales".
   Jiménez ha aclarado que el acuerdo "no se plantea con vocación de ser coyuntural como han estado diciendo un mes el Gobierno regional, sino que la propia exposición de motivos de la Ley decía claramente que se trata de una Ley estructural". Así, matizó que "tiene vocación de permanencia y, al menos, va a estar vigente dos, tres o cuatro años, que es lo que se prevé que va a durar la época de recesión".
   Por lo tanto, ha insistido en que, aunque el Gobierno regional "diga que las medidas caducan el 31 de diciembre de 2011", la Ley se adopta en un escenario de déficit que "seguramente estará mucho más desbocado en 2011, cuando se quiera cumplir la limitación del porcentaje del déficit público, y el Gobierno regional vuelva a justificar el mantener estos recortes".
   Incluso, ha señalado que "si las medidas se implantan será difícil retomar nuevamente las condiciones de trabajo que habían antes del 23 de diciembre en la Región de Murcia".
   Por todo ello, Jiménez ha dicho que CCOO, UGT y Sterm-Intersindical "van a mantener su capacidad propositiva, aunque se ve que no sirve para nada a tenor del desprecio del Gobierno regional a nuestras medidas alternativas". Además, ha dicho que "vamos a emplear todas las movilizaciones planteadas e, incluso, las incrementaremos, al tiempo que utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para combatir esta Ley injusta, inconstitucional e ilegal".
   En este sentido, CCOO, UGT y Sterm-Intersindical se han reunido esta mañana en Comité de Crisis para decidir las medidas a realizar que, de momento, pasan por la continuación del calendario de movilizaciones y la celebración esta tarde de una nueva manifestación en Murcia, aunque no excluyen ninguna posibilidad, como la realización de una huelga general de la función pública.
   El Comité de Crisis "tiene planteado un elenco grande de movilizaciones, y se van a retomar todas si la Administración regional no modifica su postura", según Carrasco, quien ha añadido que los tres sindicatos harán estas movilizaciones para que la Administración "rectifique y se siente a negociar otra vez para modificar la Ley", y Bueno ha reclamado "un cambio profundo y no un maquillaje".
   Al respecto, Bueno ha instado a los trabajadores de la Administración autonómica para que "independientemente de cómo haya quedado cada uno independientemente en la modificación del Gobierno, contribuyan y apoyen las movilizaciones para defender la calidad del empleo y los servicios públicos". "Vamos a seguir movilizando a los trabajadores porque entendemos que los cambios no son los que planteábamos los sindicatos".
   A juicio de Bueno, los seis sindicatos que han alcanzado el preacuerdo "deberían reflexionar este viernes para no tergiversar la voluntad mayoritaria de los trabajadores de una modificación profunda de la Ley que no se ha dado hasta la fecha".

El Gobierno regional alcanza un preacuerdo inviable con los sindicatos minoritarios

MURCIA.- El Gobierno regional ha alcanzado un preacuerdo, jurídicamente inviable, con seis de los sindicatos presentes en la mesa de negociación  - precisamente los minoritarios- sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, concretamente, con CSI-F, SATSE, ANPE, SAE, SIDID y Sindicato Médico, quienes han de refrendar esta decisión en sus órganos. Los otros tres sindicatos, CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, han mostrado su rechazo al acuerdo por discrepancias en aspectos "fundamentales".

   El "principal escollo" que han encontrado estos tres sindicatos ha sido el aumento de la jornada laboral, que queda fijada en 36 horas y media frente a las 37 horas y media del texto original. Así, las tres organizaciones han decidido desmarcarse del acuerdo inicial y mantener el calendario de movilizaciones, que continúan este jueves por la tarde con una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde la plaza Circular, de Murcia.
   La última propuesta planteada por la Administración contemplaba la rebaja a la mitad de los recortes salariales, la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, la jornada laboral de 36 horas y media, la eliminación de la rebaja salarial en caso de incapacidad laboral transitoria, aunque con supervisión externa por parte de mutuas, y la disminución al 50 por ciento de algunas de las ayudas contempladas en el Plan de Acción Social.
   El secretario regional de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, ha explicado que su sindicato ha rechazado este acuerdo junto con CCOO y UGT "fundamentalmente, por el escollo de la jornada laboral", aunque todos ellos poseen "otros inconvenientes igualmente rechazables en común, ya que el texto final presentado por el Gobierno regional traspasa líneas rojas fundamentales que no se pueden admitir de ninguna manera".
   Entre estos asuntos, ha señalado "la rebaja de las ayudas del Plan de Acción Social, la intervención de las mutuas en el control de las bajas por incapacidad transitoria y la derogación de los acuerdos sindicales". De hecho, ha manifestado que "lo que provoca falta de confianza en que se pueda cumplir el plazo al 31 de diciembre de 2011 es la derogación de estos acuerdos".
   Sin embargo, el Gobierno regional señaló que su propuesta era "su última palabra y que daba por terminada la negociación". Así, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, pidió a los sindicatos que se posicionasen y tomasen una decisión definitiva.
   Carrasco señaló que "es más importante que nunca" que la gente acuda a manifestarse esta tarde, cuando los trabajadores de la enseñanza, la sanidad y la administraciones públicas están convocados, a las 18.00 horas, a una nueva manifestación contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, la octava desde que comenzaron las protestas.
   Como novedad, la manifestación comenzará en la Plaza Circular y no en la plaza de la Fuensanta, como en las ocasiones anteriores. Así, continuará su recorrido hasta llegar a la Gran Vía que es "el manifestódromo histórico de Murcia", según el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Francisco Ferrández.
   Con el lema 'manifestación a la carta, elige tu pancarta' los trabajadores públicos de enseñanza, sanidad y administración y servicios, pedirán la derogación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Zapatero dice que las CCAA que cumplan con el déficit pueden endeudarse


MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicado que todas las comunidades autónomas que cumplan con el objetivo de déficit podrán refinanciar deuda y ha recalcado que no ha habido "trato de favor" a Cataluña ni tampoco una "rectificación" posterior del Ejecutivo.

   "Hay cierta confusión con alguna intención, porque es evidente que hay un régimen ya fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no hay nada nuevo ni antes de la entrevista con (el presidente de la Generalitat, Artur) Mas, ni ayer en la decisión del gobierno", ha declarado Zapatero anoche en los pasillos del Congreso.
   El jefe del Ejecutivo ha tachado de "ficticio" el debate generado en torno a un supuesto trato de favor a Cataluña, después de que Mas, tras reunirse el lunes con el propio Zapatero en Moncloa, anunciase que la Generalitat podría emitir deuda. Mas confió en que podría incluso emitir un primer tramo --de entre 2.000 y 2.5000 millones de euros, destinados a refinanciar deuda que vencerá próximamente-- antes de que su plan de ajuste recibiera el visto bueno.
   Así, el presidente ha reclamado "un poco de rigor" porque, según ha dicho, "no ha habido ni trato de favor" con Cataluña "ni rectificación" para permitir endeudarse al resto de comunidades autónomas.
   Zapatero ha subrayado que las normas son las mismas para todas: "Todas tienen que cumplir el déficit. Si no cumplen, para poder endeudarse y refinanciar deuda tienen que presentar un plan de consolidación fiscal, y eso estaba antes de la entrevista con Artur Mas, durante la entrevista y después", ha remachado.
   En ese sentido, ha recordado que Cataluña presentó el pasado 30 de enero al Ministerio de Economía y Hacienda un plan de austeridad para reducir su déficit público al 1,3 por ciento en 2011, que es lo autorizado, y ahora "tiene que desagregarlo y concretarlo".
   En función de ese plan, ha concluido, Cataluña "tendrá autorizaciones de deuda, igual que todas las comunidades autónomas que cumplan con el déficit, es así de sencillo".

Economía reitera a las CC.AA. que no se ha producido cambio en los mecanismos de autorización de endeudamiento

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha reiterado a las comunidades autónomas que "no se ha producido cambio alguno" en el procedimiento de autorización de endeudamiento y refinanciación establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   En una carta remitida por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, a los presidentes de las comunidades autónomas, se subraya que "no se ha producido cambio alguno, ni es nuestra intención proponerlo, en el mecanismo de autorización del endeudamiento a largo plazo".
   Así, destaca que el compromiso del Gobierno "es garantizar que las AAPP españolas cumplen con los objetivos de reducción del déficit a los que estamos solidariamente comprometidos". "Para ello, los mecanismos vigentes de control del endeudamiento se seguirán aplicando, sin excepciones", añade.
   La titular de Economía y Hacienda recuerda que, en la actualidad, han recibido planes de reequilibrio de las 15 comunidades autónomas que debían presentarlo, que todavía se están examinando, y que no será hasta que cada uno de estos se apruebe individualmente cuando se puedan autorizar nuevas emisiones de deuda por la comunidad correspondiente.
   Sin embargo, señala que "cuestión distinta" es el tratamiento de la deuda existente suscrita de conformidad con los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sus vencimientos.
   En este caso, la renovación de la deuda a su vencimiento no supone aumento del saldo de la deuda viva de una comunidad autónoma ni afecta a su déficit.
   Por esta razón, recuerda, los acuerdos del CPFF permiten refinanciar los vencimientos de deuda y así se ha venido haciendo, siempre y cuando la deuda de la comunidad se sitúe dentro de su techo de endeudamiento derivado de los acuerdos del CPFF, posibilidad que en 2010 ejercieron las 17 comunidades.

Eduardo Punset considera que hace falta "otro tipo de estado" más flexible

PALMA DE MALLORCA.- El jurista y divulgador Eduardo Punset considera en España "hace falta otro tipo de estado" más flexible que el actual y, comparándolo con la evolución del nomadismo al sedentarismo, ha dicho que el país está saliendo "de una situación que era la necesaria hace 10.000 años pero que no es la de ahora". 

"Tengo una concepción evolutiva y me doy cuenta de que estamos viviendo todavía en un estado de cosas que creamos cuando dejamos de ser nómadas y nos afincamos sedentariamente hace 10.000 años", ha contestado Punset sobre las recientes críticas al Estado de las Autonomías.
En una rueda de prensa ofrecida en Palma, previa a su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Punset ha definido España como "un estado centralista único" y ha declarado que lo considera "un estado muy bruto, que no sabe de distinciones y finuras".
"Al ser una sociedad globalizada con mayor componente nómada, estamos reclamando un estado más flexible", ha defendido Punset, que considera que "muchas de las reivindicaciones de la gente son de cosas que le pertenecen".
"Hace falta otro tipo de Estado y creo que estamos saliendo de una situación que era la típica y la necesaria hace 10.000 años, pero que no es la de ahora", ha zanjado.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Valcárcel lamenta haber aprobado un recorte que ha llevado a situaciones "indeseables" y ahora "seamos todos iguales

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha lamentado que Murcia haya tenido que tomar medidas de recorte hace mes y medio, aprobadas en el Parlamento Regional y presentadas al Ministerio de Economía y Hacienda, "teniendo que soportar manifestaciones, importantes en número y también comprensibles, y algunas otras cosas que no tiene porqué vincularse a esto".

   No obstante, en declaraciones en el programa Protagonistas, de Punto Radio,Valcárcel explicó que en general, "han sido una escalada de situaciones indeseables" para que ahora se diga que "todos iguales" cuando otros no han presentado medidas aprobadas en un Parlamento "sino simplemente un compromiso de cumplirlas, que es cosa distinta".
   Algo, que desde su punta de vista, "podría haberse hecho el 24 de diciembre y no ahora, porque para este viaje no eran precisas esas alforjas", subrayó.
   Así el presidente de la Comunidad ha solicitado la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "debatir y aclarar" la autorización de endeudamiento a las comunidades autónomas, tras las explicaciones dadas por el Gobierno central al resultado de la reunión entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de Cataluña, Artur Mas.
   Valcárcel, en declaraciones a Punto Radio, afirmó que en la Comunidad de Murcia "estamos dispuestos a cumplir con los objetivos marcados para que se nos autorice el endeudamiento", aunque advirtió que "es necesario que se cumpla el sistema de financiación autonómica".
   Añadió que el Gobierno de España "lo incumple y no hace frente al gasto autonómico que tenemos las comunidades para atender la Sanidad, la Educación o la Dependencia", en referencia a los 450.000 nuevos murcianos que no son reconocidos y cuyas necesidades hay que cubrir.
   Valcárcel advirtió que "es verdad que ante esta situación económica todos tenemos que apretarnos mucho el cinturón", y añadió que "esto nos exige un esfuerzo de patriotismo, de españoles que sienten España, como nosotros hacemos en la Región de Murcia aunque con muchas incomprensiones". Por ello, dijo Valcárcel, ahora "esperamos que todos seamos tratados por igual".

4.500 millones


La comunidad autónoma de Cataluña afronta vencimientos de deuda este año por valor de unos 4.500 millones de euros, dijo el miércoles una portavoz del Gobierno catalán, después de que Cataluña lograra el lunes del Ejecutivo central autorización para refinanciar vencimientos.
Esta portavoz, que confirmó cifras difundidas hoy en medios de comunicación tras unas declaraciones del presidente autonómico Artur Mas y de su consejero de economía, indicó que en conjunto Cataluña tiene necesidades de financiación de algo menos de 11.000 millones de euros en 2011.
Esta última cifra incluiría, además de los vencimientos de emisiones, el déficit regional no previsto de 2010, más el déficit esperado en 2011 (2.600 millones si se sitúa en el 1,3 por ciento de límite impuesto por el Ejecutivo central a las Comunidades Autónomas).
La deuda de las comunidades autónomas es una de las principales incertidumbres sobre la economía española para los analistas y los mercados, que temen que las cuentas regionales hagan peligrar los objetivos de déficit público nacional.
Las 17 comunidades autónomas suponen alrededor de la mitad del gasto público español, con una deuda total próxima a los 105.000 millones de euros.
La difícil situación de las cuentas públicas catalanas ha llevado al nuevo presidente de la Generalitat a solicitar al Gobierno español autorización para emitir deuda a largo plazo y poder salvar así la prohibición que impuso el Ejecutivo central para reducir el déficit público español.
Mas dijo el lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que esperaba recibir autorización para emitir deuda a largo plazo en los próximos días con el fin de refinanciar vencimientos.
Tras el malestar creado por esta autorización en otras comunidades, el Ministerio de Hacienda aclaró que las comunidades autónomas que hayan cumplido sus objetivos de déficit podrán refinanciar sus deudas de próximo vencimiento este año.
Un portavoz de Hacienda explicó que ninguna de ellas podrá emitir deuda nueva este año.
Las autonomías tenían un objetivo de déficit del 2,4 por ciento para 2010, pero se estima que al menos tres de ellas - Cataluña entre ellas - no lo habrían cumplido.
A mitad de 2010 Cataluña era la comunidad más endeudada con un saldo récord de unos 28.769 millones de euros de deuda.

El Gobierno fija en el 10% el nivel mínimo de solvencia para las cajas

MADRID.- El Ministerio de Economía elevará hasta el 10% los requisitos mínimos de capital básico para las entidades financieras que no coticen o no tengan al menos el 20% de presencia de inversores privados en su capital, mientras que situará en el 8% el de los bancos, aunque permitirá que las ayudas públicas del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) computen como capital.

El Gobierno exigirá un nivel mínimo de capital básico, de máxima calidad, del 10% a las entidades financieras que no coticen, o que no tengan una presencia de inversores privados de, al menos, el 20%, y cuya liquidez dependa en más de un 20% de los mercados mayoristas.
Este requisito, que afecta sobre todo a las cajas de ahorros, ya que el nivel exigido a los bancos cotizados será del 8%, está recogido en una carta que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha remitido al presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, y al de la patronal de cajas (CECA), Isidro Fainé.
En las misivas, Salgado destaca que "los elementos que vamos a incluir en el concepto de capital principal son: capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios, más los instrumentos suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y transitoriamente instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, y minorados por resultados negativos y pérdidas, activos inmateriales y ajustes de valoración".
En las cartas se señala además que, si las futuras pruebas de resistencia que se realicen a los bancos y cajas ponen de manifiesto potenciales carencias de capital en los escenarios más desfavorables, el Banco de España podrá exigir a las entidades un nivel de recursos propios superior.
El pasado 26 de enero la ministra de Economía ya alertó de que las cajas podrían necesitar un nivel de capital básico de entre el 9 y el 10% de sus activos ponderados por riesgo, al tiempo que su departamento explicó que era pronto para poder determinar con exactitud cuánto capital necesita el sistema español.
El Ejecutivo esgrime estas medidas con el argumento de restaurar la confianza del sistema financiero, aunque ello suponga unas mayores necesidades de capital básico, que es la proporción de los fondos de los que una entidad puede disponer libremente respecto a los activos ponderados por riesgo y, según las normas internacionales de Basilea III, tendría que ser de al menos el 7%, pero el Gobierno lo ha elevado al 8% "con carácter general".
En las cartas enviadas a las dos patronales, Salgado recuerda a sus presidentes que el Plan del Gobierno para el Reforzamiento del Sector Financiero persigue recuperar la confianza de los mercados en la "solidez" de la economía española y la "credibilidad" de sus entidades financieras, facilitando su financiación e impulsando la canalización del crédito y el empleo.
Además, Economía pedirá al Banco de España que determine, una vez que estos requisitos sean aprobados, la situación de capitalización de acuerdo con la nueva norma a partir de las cuentas de estas entidades al cierre de 2010 y, en su caso, las cantidades máximas de recapitalización previstas para cada una de ellas.
Después, las entidades deben presentar al organismo un plan detallado de cómo esperan cumplir esta nueva normativa, que tiene que ser aprobado por el Banco de España y que finalmente evaluará en septiembre el cumplimiento de estos planes.

Compromisos

Las entidades financieras que reciban recursos públicos con el fin de fortalecer su capital, deberán asumir compromisos en cuanto a la concesión de créditos a familias y empresas, según un escrito del Ministerio de Economía sobre el plan para reforzar la solvencia del sistema financiero.
   El texto, que ha sido remitido a las entidades financieras y a los grupos parlamentarios para su negociación, no tiene carácter de borrador de decreto ley y no se puede considerar documento formal, indicaron en fuentes conocedoras del proceso.
   Las entidades financieras que no cumplan los requisitos de capital básico del 8% para bancos y de entre el 9% y el 10% para cajas de ahorros en un plazo de quince días tras la publicación del decreto deberán comunicar un plan de cumplimiento al Banco de España.
   Dicho plan podrá contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberá ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes.
   El Banco de España analizará en septiembre el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinará si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital. No alcanzarlos se considerará infracción muy grave.
   Se consideran elementos del capital principal los contenidos en Basilea III: capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios e instrumentos suscritos por el FROB, minorados por pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.
   El texto también incluye un mayor peso del Ministerio de Economía y Hacienda en el FROB, ya que la comisión rectora del mismo incluirá a representantes del Gobierno. Asimismo, el FROB no se verá obligado a lanzar una OPA sobre una entidad y deberá deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años.
   Algunas formaciones políticas apuntan a la posibilidad de que el Gobierno no apruebe el decreto este viernes para dar tiempo al desarrollo de las negociaciones con el fin de lograr el apoyo del PP. Hasta ahora, PNV y CC son las formaciones más proclives a respaldar al Gobierno, mientras que éste aún sigue en negociaciones con CiU.

Oñate dice que "si Valcárcel no controla el despilfarro no podrá hacer frente a la deuda ni los acuerdos sociales"

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco J. Oñate, ha señalado este miércoles que "si Valcárcel no controla el despilfarro, no podrá hacer frente a la deuda ni podrá garantizar el cumplimiento de acuerdos sociales", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Oñate destacó que el presidente ha demostrado que "no sabe muy bien lo que lleva entre manos ni cómo gestionar. Tampoco ha entendido que el problema lo tiene en su forma de gobernar y además ahora se permite el lujo de criticar todos los acuerdos que el mismo apoyó y firmó en su momento".
   Asimismo, ha recordado que el pasado lunes, el PSRM "ya se preocupó de obtener información de primera mano sobre este tema. Ese mismo día ya tuvimos garantías del Gobierno de España de que no habría ningún trato de favor a Cataluña. Y eso es lo que en realidad ha pasado, por mucha demagogia que quiera hacer el PP con este tema".
   La actitud del PSRM ha sido "seria y responsable y hemos dicho a los murcianos lo que sabíamos, tal y como se ha confirmado tanto por los acontecimientos como a través de los comunicados del Gobierno de España", ha añadido.
   Y es que, el dirigente socialista acusó al PP de intentar confundir a la población. "Parece que Juan Carlos Ruiz, no  ha entendido que tiene un jefe despilfarrador, cuyo problema ha estado en los excesos y en manejar estos últimos años, alegremente, una chequera con subvenciones para todos los amigos. Ese clientelismo es lo que ha llevado a la bancarrota a la Comunidad autónoma", subrayó.
   En este sentido, recordó que todas las CCAA que cumplan con el objetivo de déficit "podrán refinanciar deuda y ha recalcado que no ha habido trato de favor a Cataluña, ni lo habrá para ninguna comunidad".
   Seguramente, añadió Oñate, "el portavoz del Grupo Parlamentario Popular piensa más en intentar la rentabilidad electoral que les da el victimismo, que en decir la verdad y por eso han optado por prolongar un debate ficticio".

Personas de la izquierda demandan a Valcárcel y al PP por la acusación de la agresión a Cruz

MURCIA.- Un grupo de personas de distintas organizaciones de la izquierda de Murcia han presentado una demanda en el Juzgado Decano (Decanato) de Murcia contra Ramón Luis Valcárcel, como presidente del PP murciano, así como al propio partido, en relación a las acusaciones públicas en las que se responsabilizaba a la izquierda de la agresión al Consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, según han informado fuentes del Foro Social en un comunicado.

   Los demandantes, tras recoger las múltiples referencias que se hicieron los días posteriores a la agresión al Consejero por Valcárcel y otros portavoces del PP, responsabilizando a la "izquierda poliédrica como inductora de este acto violento", consideran estas acusaciones "injuriosas y lesivas para su dignidad, fama y propia estima, que amparan las leyes, y por tanto una intromisión ilegítima en su derecho al honor, que piden se restablezca".
   Asimismo, solicitan que se proceda a excusarse ante los demandantes por tal comportamiento, y piden la cantidad de 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados, incluidos daños morales, que adelantan que de ser obtenidos entregarán a familias necesitadas afectadas por las hipotecas.
   Por ello, piden que se obligue a la publicación o divulgación de la retractación y la excusa a los que suscriben, a costa del demandado, en los medios de comunicación en los que fueron expresadas. Para ello solicitan al juzgado la comparecencia de los demandados en un acto de conciliación.
   Y es que, entienden que "uno de los límites de la libertad plena que defienden para el debate político democrático es la acusación directa de la comisión de actos delictivos del todo rechazables como es la agresión física de que fue objeto el Consejero de Cultura y Turismo. Ese límite fue excedido con las graves acusaciones por las que se criminalizaba a la izquierda, al menos de la autoría intelectual cuando no de la propia agresión".
   Finalmente, han señalado que "no hay que ver en esta acción legal un intento de judicializar el debate político, sino un claro rechazo a que todo esté permitido, incluyendo la injuriosa atribución de la comisión de actos delictivos a una importante parte de la sociedad murciana que se identifica y se considera de izquierda, y que está amparada por el estado de derecho".

Fabra dice que el rescate unilateral de la concesión del aeropuerto no supondría ninguna "catástrofe"

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón y de Aerocas, Carlos Fabra, ha asegurado este miércoles que el rescate unilateral de la concesión del aeropuerto, que está prevista en el pliego de condiciones, "no supondría ninguna catástrofe ni nada por el estilo", tal y como se lo comunicó la promotora de este proyecto a Glovalbía --empresa formada por FCC Concesiones y Caja Madrid que cuenta con el 45 por ciento del capital de la concesionaria--.

   "Lo que no voy a asumir es que me pidan 8 millones de euros anuales durante los 50 años que dura la concesión, es decir, 400 millones de euros, para hacerse cargo ellos de los controladores, la seguridad y los bomberos, cuando nosotros hemos cuantificado todo eso más el pago de los euros por pasajero en menos de 6 millones y medio de euros, por lo que estaría tirando 2 millones de euros tontamente", ha señalado en relación a la última reunión mantenida con Globalvía.
   Fabra ha realizado estas declaraciones tras presentar la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense y tras ser preguntado por la reunión que mantuvo este martes con el secretario general del PSPV-PSOE en Castellón, Francesc Colomer, para hablar sobre la situación actual del aeropuerto.
   Según Fabra, "la reunión fue cordial, le expliqué toda la situación del aeropuerto y le dije que las obras ya estaban prácticamente terminadas, a falta de la revisión de algunas cuestiones".
   Respecto a la "controversia" existente con una parte del concesionario --Globalvía-- Fabra ha informado a Colomer de que les han pedido "una serie de cosas que nosotros no tenemos constancia de que tenga acuerdo del Consejo de Administración de la concesionaria para plantear la cuestión", no obstante -ha dicho- "les hemos atendido porque tienen el 45 por ciento del capital de la concesionaria".
   Sin embargo, ha dicho, "el resto de socios no estaba de acuerdo, en principio, con los planteamientos del Globalvía, incluso manifestaron su desacuerdo con el mismo, y Concesiones Aeroporturarias tiene una cláusula interna por la que se necesita el 84 por ciento del acuerdo de los socios para poder llevar adelante una propuesta", por lo que -ha aclarado- "no puedo llegar a un acuerdo con Globalvía si el resto del Consejo no está de acuerdo".
   El presidente de Aerocas ha aclarado que sólo podría alcanzar un acuerdo con Globalvía, "si al final decidiéramos y fuera posible jurídicamente una gestión mixta y comprarle Aerocas su participación y hacer la gestión entre el resto del concesionario y nosotros, posibilidad que los técnicos ven viable, aunque con dificultades".
   En referencia a la última reunión mantenida entre Aerocas y Globalvía, Carlos Fabra ha señalado que le comunicó que, en todo caso, "el rescate unilateral de la concesión está previsto en el pliego de condiciones y que no supondría ninguna catástrofe ni nada por el estilo, pues, seguro que si nosotros lleváramos el aeropuerto, nos resultaría incluso más económico porque podríamos ahorrar".
   Fabra también ha destacado que Colomer le ofreció en la reunión "algo que era una obviedad, que desde el Ministerio de Fomento se dará toda la agilidad posible para que, una vez se solicite, se nos conceda la autorización para que el aeropuerto pueda estar operativo".
   También le manifestó a Colomer que los ayuntamientos de Benlloch y Vilanva "no han colaborado lo más mínimo con nosotros, pues han puesto más bien obstáculos que otra cosa", por lo que -ha asegurado- "sería conveniente que les explicara que el aeropuerto en sí ya es una generación de riqueza para la provincia y que alrededor de él se generará una zona industrial que podrá crear 500 o 600 puestos de trabajo directos más indirectos".
   "Si la actitud del señor Colomer ayer hubiera sido la misma en la Diputación durante estos cuatro años, seguro que hubiéramos avanzado mucho más en todos los temas de la provincia y hubiera habido muchos puntos de encuentro que hubieran servido para agilizar más muchas cosas", ha añadido.
   Preguntado cuándo se podrá inaugurar el aeropuerto, ha preferido no dar ninguna fecha porque -ha apuntado- "ya la di en su momento una con garantías de la concesionaria y de mis técnicos, pero en estos momentos no me atrevo a decirla", aunque espera que, por lo que le han comentado los técnicos que han proyectado el aeropuerto, puedan solicitar ya los permisos necesarios y que en junio o julio pueda estar operativo.
   Así mismo, Carlos Fabra ha indicado que el reequilibrio de Concesiones Aeroportuaria sería posible con la salida de Glovalvía, "aunque hay que partir de criterios objetivos razonables, puesto que plantear que el AVE genera una situación distinta es un absurdo porque el proyecto estaba hace 14 años en marcha", ha dicho.
   Además, ha manifestado estar de acuerdo con otras dos cuestiones que plantea Golbalvía, "como la no aparición de los campos de golf o la situación del mercado turístico y bancario, lo que hay que valorar es la cuantía", ha apuntado. La próxima semana Aerocas volverá a reunirse con Globalvía para continuar con las negociaciones.

Los sindicatos "decepcionados" porque la Administración regional no aporta novedades

MURCIA.- Los sindicatos se muestran, en cierto modo, "decepcionados", tras recibir el documentado redactado de la Administración regional en la que ya se incorpora las 36,5 horas en lugar de 37,5 como especificaba la Ley de Medidas Extraordinarias, porque, explican, "estamos exactamente igual que anoche". "Hay modificaciones muy escasas", remarcan.

   Por lo que ahora, apostillaron fuentes sindicales,  "comienza lo que es verdaderamente la negociación". Los sindicatos se muestran cautos y esperan "expectantes".
   De momento, señalaron las mismas fuentes, "no ha habido cambios ni ninguna aportación nueva" por parte de la Comunidad Autónoma, "simplemente se han incorporado las ya anunciadas".
   A pesar de ello, esperan "con toda la cautela del mundo" que haya recorrido en la negociación y "se muevan  posiciones". 
   Y es que, concluyen, "hay predisposición, pero en el conjunto de la norma hay escasas variación" con lo que volverán a exigir a la Administración regional aspectos como el de la homologación retributiva.
os sindicatos confían en un nuevo movimiento por parte del Ejecutivo murciano por el mero hecho, subrayó Carrasco, "de que Gobierno central haya admitido el endeudamiento, lo que pudiera significar la rectificación y retirada de la Ley, que es el motivo expuesto por el presidente Valcárcel".
   De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que el Ministerio de Economía autorizará todas las peticiones que hagan las comunidades autónomas para refinanciar los vencimientos de su deuda en 2011, tal y como ocurrirá con Cataluña.
  En concreto, los sindicatos esperan una nueva propuesta alternativa que incluirá una nueva redacción por escrito sobre los temas principales que fueron objetos de negociación en la última reunión. La ampliación de la jornada laboral a los 36 horas y media es el principal escollo en la negociación. No aceptan un aumento de la jornada laboral porque, lo que demandan los trabajadores en la Asamblea, son las 35 horas semanales.
Los sindicatos ceden en aspectos como el Plan de Acción Social, en el plan de pensiones, en la homologación del Personal de Administración y Servicios o la reducción salarial.

Los sindicatos presentan a Sotoca 22.000 firmas de docentes de toda la Región contra la Ley de recortes

MURCIA.- Las organizaciones del sector educativo ANPE, CCOO, STERM, UGT, SIDI y CSIF han presentado este miércoles en el registro de la Consejería de Educación, Formación y Empleo las firmas de unos 22.000 docentes de centros educativos de toda la Comunidad Autónoma respaldando un manifiesto en contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

   Se trata de las firmas de los integrantes de 700 claustros de colegios, institutos de Educación Secundaria, escuelas oficiales de idiomas y centros de educación especial de toda la Comunidad Autónoma, que suscriben el manifiesto que los sindicatos pusieron en circulación a principios de enero y que ha recorrido todas las asambleas de docentes celebradas desde entonces para informar sobre la Ley de recortes.
   El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha señalado que estas firmas "reflejan la disconformidad y el desacuerdo del profesorado con la Ley de recortes".
   A su juicio, el Gobierno regional "debe tomar buena nota a la hora de la mesa de negociación, de que lo que las organizaciones sindicales reivindican es una petición del conjunto de los empelados públicos y, en este caso, de los centros docentes a través de los distintos claustros".
   En ese manifiesto, lo que se ha puesto "en claro" es que el profesorado de la Región "no está en contra sólo de los recortes salariales y laborales que lleva consigo la Ley, sino por las consecuencias que tiene en la calidad de la educación pública en la Región de Murcia", ha añadido.
   Por lo tanto, ha insistido en pedir al Gobierno regional que "tome buena nota de que se trata de una reivindicación de un colectivo como el docente, que representa a parte de la comunidad educativa y que, por lo tanto, está manifiestamente en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias".
   El manifiesto y las firmas va dirigido directamente al consejero del ramo, Constantino Sotoca, y avalado por todos los sindicatos con representación en el sector de la enseñanza. Su finalidad es que el titular vea "que todo el profesorado ha manifestado su rechazo a esta Ley, y que sepa que, detrás de los sindicatos, está el conjunto del profesorado".

Industria y servicios, los sectores que más ofertas de empleo generaron durante 2010

MURCIA.- Los sectores de industria y servicios concentraron dos tercios de las ofertas de empleo recibidas por el Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP) de la Cámara de Comercio de Murcia durante el pasado año.

   Según los datos de este servicio, de las 121 ofertas de trabajo recibidas, un 35 por ciento provinieron del sector industrial; seguido de servicios, con un 30 por ciento; comercio (25 por ciento); hostelería (4 por ciento); enseñanza (2 por ciento) y otros (4 por ciento).
   Según fuentes de la Cámara de Comercio de Murcia, la fidelización sigue siendo uno de los distintivos de este servicio cameral, cuyo principal objetivo es poner en contacto a empresas que ofertan puestos de trabajo con los demandantes de empleo más adecuados, ya que un 62 por ciento de las empresas repitieron el uso de este servicio, frente al 38 por ciento que acudieron por primera vez.
   En cuanto a las contrataciones que gestionó el SCOP, los técnicos camerales destacan la importancia de formación, ya que el 25 por ciento de los contratados era licenciado, ingeniero superior o equivalente; un 22,7 por ciento, personas con ciclo formativo de grado superior o análogo (FPII); un 18,2 por ciento, diplomados o ingenieros técnicos; y con porcentajes menores se emplearon a demandantes con ESO/EGB (13,6 por ciento), Bachillerato/BUP/COU (11,3), ciclo formativo de grado medio-FPI (6,8 por ciento) y otros (2,2 por ciento).
   En línea con los años anteriores, entre los puestos ofertados destacan los perfiles de ámbito empresarial, administración, departamentos comerciales, departamentos de exportación, producción y calidad.
   En muchos de estos casos, la empresa se basa en su conocimiento de la formación que la Cámara de Comercio de Murcia ofrece sobre ámbitos específicos de su actividad como el comercio exterior.
   El dominio de una segunda lengua, preferentemente el inglés, es un requisito imprescindible ya en un 74 por ciento de las ofertas de empleo. En cuanto a la edad, el 52,2 por ciento de los contratados (mujeres en un 61,3 por ciento de los casos), estaban entre los 31 y los 45 años; seguidos de los menores de 30 (45,4 por ciento); y tan solo en un 2,2 por ciento de los casos, con más de 45 años.
   Otro de las áreas de actuación del SCOP es la de orientación profesional que, durante 2010 y en consonancia con al actual situación del mercado laboral, mantiene un elevado nivel de actividad.
   Concretamente, el pasado año un total de 565 personas recibieron, dependiendo de su perfil: asesoramiento sobre su propio currículum; orientación sobre sus metas; estudio de aptitudes y actitudes potenciales y refuerzo de las que no dominan; adecuación de un plan formativo, siguiendo las pautas del mercado laboral; cambio de actitud hacia la formación permanente; ánimo hacia la autocandidatura y derivación a otras Bolsas de empleo u oportunidades laborales; información de bases de datos de empresas; y asesoramiento en cómo acceder a ellas.

Médicos griegos


Médicos en huelga chocaron con la Policía el miércoles en las afueras del parlamento en Atenas, donde las protestas contra las medidas de austeridad se extendieron a los grupos profesionales y el sector minorista.
Más de 1.000 médicos, algunos con batas blancas, realizaron una protesta en medio de la capital griega contra planes gubernamentales para imponer reglamentos de monitoreo más severo sobre los gastos en el Servicio Nacional de Salud.
La Policía empleó pequeñas cantidades de gas pimienta durante las escaramuzas breves, que concluyeron sin heridos ni arrestos.
Los mayores sindicatos del país planean una huelga general para el 23 de febrero y anunciaron el miércoles que los trabajadores del sector minorista se van a sumar al paro y cerrar sus tiendas durante 24 horas.
La Confederación griega de Profesionales, Artesanos y Mercaderes dijo que uno de cada cuatro de sus miembros _unas 225.000 empresas_ enfrenta riesgos de cierre en 2011.
El primer ministro George Papandreou dijo que su gobierno socialista no tenía otra opción que proceder con sus severas medidas de austeridad.
"Incluso si nuestra deuda fuese cero, tendríamos que implementar reformas radicales y cambiar nuestro modelo de desarrollo. De lo contrario, bajo el sistema existente, aparecerían deudas pronto", dijo Papandreou durante una reunión del gabinete transmitida en vivo por internet.
El miércoles, médicos en el principal asegurador de salud del país, IKA, continuaron sus huelgas, a las que se sumaron médicos de los hospitales estatales el área de la capital, mientras se esperaba que el parlamento aprobase la más reciente serie de reformas para reducir gastos.
Médicos, abogados, farmacéuticos, maestros y trabajadores del transporte público toman parte en huelgas esta semana contra las medidas de austeridad.