martes, 8 de junio de 2010

El 5,5% de los funcionarios secunda en Murcia la huelga

MURCIA.- Los datos de incidencia de la huelga en la Administración General del Estado en la Región Murcia ha sido del 6,6 por ciento. En concreto la han secundado 277 empleados públicos, respecto a 4.189 que han asistido al trabajo. Tal como está establecido por el Reglamento que lo regula han sido 618 las personas que han cumplido servicios mínimos.

En el caso concreto de la Delegación del Gobierno, la huelga ha tenido aún menor incidencia, pues ha sido secundada por sólo 10 funcionarios, respecto a 251 que no lo han hecho, siendo la incidencia del 3,9 por ciento.

En cuanto al desarrollo de la jornada en la Región, la normalidad ha sido la nota predominante, que sólo se ha visto ocasionalmente interrumpida en el corte de accesos al puerto de Cartagena a primera hora de la mañana, así como la inutilización de las cerraduras de unos pocos centros oficiales mediante silicona e introducción de palillos.

De hecho, señala, salvo la concentración realizada a las 12.00 horas en Murcia, en el resto de la Región ha destacado la "escasa" asistencia de las convocadas en otras poblaciones de la Región, desarrollándose todas ellas sin ningún tipo de incidente.

Por otra parte, los servicios mínimos estaban garantizando el normal funcionamiento de los servicios básicos y la atención a los ciudadanos y se estaban cumpliendo prácticamente sin excepciones, según aseguró la Delegación del Gobierno en comunicado de prensa.

Por otra parte, la huelga de empleados públicos en la Administración regional ha alcanzado un seguimiento en torno al 4,7 por ciento en la Administración General de la Comunidad Autónoma, según informaron desde el Ejecutivo murciano.

Un 3,79 por ciento de los funcionarios del sector docente no universitario ha secundado la jornada de huelga, mientras que en el Servicio Murciano de Salud (SMS), la incidencia alcanza un 2,63 por ciento.

Desde la Dirección General de Empleo Público de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas se asegura que la jornada se ha desarrollando sin incidentes.

Finalmente, unos 5.000 empleados públicos según la organización, alrededor de 3.000 según fuentes policiales, se manifestaron hoy por las calles de Murcia contra la reforma laboral y las medidas de recorte del Gobierno central.

Con pancartas como 'Más esfuerzo mental y menos recorte social', 'No a una reforma laboral, que los ricos paguen la crisis', la manifestación transcurrió sin incidentes desde la Avenida Libertad hasta la Delegación del Gobierno en Murcia y duró hora y media aproximadamente.

Interceptan a pescadores furtivos en la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas

MADRID.- La Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha interceptado pescadores furtivos en la Reserva Marina de Cabo Palos-Islas Hormigas, a través los servicios de vigilancia y protección de las mismas.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, los pescadores furtivos practicaban pesca submarina en la reserva integral de Hormiga Grande (Cabo de Palos).

En concreto, las reservas integrales son las zonas de las Reservas Marinas que albergan los fondos más sensibles y en mejor estado de conservación, así como los lugares de cría y alevinaje cuya regeneración se fomenta con esta figura de protección pesquera.

Por esta razón, la pesca furtiva reviste una especial gravedad, ya que su objetivo son los ejemplares de mayor tamaño y de mayor potencial reproductor.

En consecuencia, su captura representa una importante amenaza para la regeneración y recuperación de las especies de peces de estas zonas y el llamado "efecto reserva", es decir, la diseminación del entorno de peces que se crían y crecen dentro de las Reservas Marinas, con lo que éstas actúan como viveros naturales para las aguas circundantes.

La Comunidad Autónoma tendrá que aplazar "unos seis meses" el 50% de su capacidad de endeudamiento

MURCIA.- La Comunidad Autónoma tendrá que aplazar el 50% de su capacidad de endeudamiento, estimado en unos 300 millones de euros, hasta que el Ministerio de Economía lo autorice, seguramente "a finales de 2010 o principios de 2011", según anunció hoy la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.

En este sentido, añadió que este "condicionante" quiere decir que la Comunidad "no va a tener la posibilidad de acudir al endeudamiento hasta que no le autorice por parte del Ministerio, y eso repercutirá en la liquidez y la tesorería que la Comunidad tenía que haber tenido ya, porque la Región de Murcia ha cumplido y es la Comunidad menos endeudada en términos del PIB".

Esto significa que la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma "sigue siendo el 2,4 por ciento del déficit, pero está pendiente de autorizar por parte del Ministerio de Economía, y el calendario de autorizaciones lo atrasan seis meses, si somos buenos", aclaró la consejera.

García indicó que la Comunidad Autónoma tuvo noticia ayer de estos "condicionantes" en el endeudamiento de las comunidades autónomas a través de una carta en la que el Gobierno de España "comunica que, de momento y en el primer semestre, como mucho, el Estado iba a aprobar el 5% del endeudamiento autorizado".

En concreto, el endeudamiento autorizado para las comunidades, que ya se había autorizado en el acuerdo del 20 de marzo de 2010, era del 2,5% del déficit y "como consecuencia del decretazo y las previsiones de bajada del PIB" bajó una décima, al 2,4 por ciento, por lo que la Región "tuvo que recortar 25 millones de euros".

"Ahora, lo que se nos anuncia es que el 50% de ese endeudamiento, que calculamos que son unos 300 millones de euros, se autorizará a la comunidad autónoma cuando cumpla el déficit y con unos plazos en los que se irá, seguramente, la autorización a finales de año o principios del 2011", precisó.

La titular de Economía y Hacienda explicó que esta decisión del Gobierno central "obedece al plan que le había exigido la Unión Europea, en el que iba incluido unos condicionantes en el endeudamiento para las comunidades autónomas".

Además, no disponer de este nuevo condicionante "habría supuesto que la Región hubiera acudido a los mercados de capitales en un buen momento o tener la opción de elegir en qué momento acudir para colocar sus emisiones lo más barato posible".

Sin embargo, la decisión del Gobierno de España "avocará a la Comunidad a ir cuando el Ministerio decida que tenemos que ir a los mercados de capitales, que probablemente será en el 2011, e implicará un atraso en el pago de los importes que decida el Ministerio", aseveró García.

Para ello, la consejera explicó que el Gobierno de España va a convocar urgentemente un Consejo de Política Fiscal y Financiera que "va a ser la semana que viene, probablemente el día 16", pero lamentó que el condicionante "está ya decidido y autorizado, precisamente porque Bruselas ha dicho que todavía no está aprobado el Plan de reequilibrio del Gobierno de España en el que va incluido esta medida, y que tiene que hacer más recortes para 2011".

La consejera manifestó que el Ministerio "tiene la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", por lo que auguró que aprobará esta nueva medida.

"Es la forma que tiene el Gobierno de España de tomar decisiones y de comunicar sus decisiones a los afectados, y lo que es peor, tratar a todos con el mismo rasero cuando no todas las comunidades hemos actuado de la misma forma ni estamos en la misma situación", concluyó.

Las comunidades tendrán que devolver al Estado unos 20.000 millones

MADRID.- El nuevo director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ha adelantado que las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado casi dos puntos de PIB (unos 20.000 millones de euros) por los anticipos a cuenta recibidos en el año 2009 y una vez que se realice la liquidación de los mismos (en 2011).

López Carbajo hizo esta estimación durante su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde dedicó parte de su intervención a explicar la cantidad que adeudan comunidades autónomas y entidades locales por la diferencia que existe entre las entregas a cuenta recibidas en los años 2008 y 2009 y la liquidación final de esos ejercicios (en 2010 y 2011).

El nuevo director de la Agencia Tributaria explicó que el Estado concede estos anticipos en función de los Presupuestos de cada ejercicio y las previsiones que contemplan los mismos, y dos años después liquida esos anticipos para ver si las cantidades adelantadas han sido las adecuadas.

En 2007, los anticipos resultaron insuficientes y llevaron al Estado a pagar 6.000 millones adicionales a las comunidades en el momento de la liquidación del ejercicio. En 2008, la cifra de liquidación será negativa y rondará los 5.700 millones para las comunidades autónomas y los 1.612 millones para las entidades locales, según López Carbajo.

En 2009, las cifras serán también negativas y "mucho más importantes" que las de 2008 debido a la crisis económica y a la caída de la recaudación, entre otras cosas. Esto provocará que las comunidades tengan que devolver casi dos puntos de PIB al Estado y las entidades locales unos 4.000 millones, aunque no lo tendrán que hacer hasta el año 2012 y a lo largo de 60 mensualidades.

Preguntado por la liquidación 2010, López Carbajo no quiso adelantar cifras y se limitó a decir que no es previsible que este año se dé una situación "parecida" a la ocurrida en 2008 y, "por supuesto", a lo que sucedió en 2009.

Por otro lado, el director de la Agencia Tributaria se refirió también a los cambios fiscales que ha introducido el Gobierno en los últimos tiempos, y aseguró que elevarán en 7.160 millones de euros la recaudación.

En concreto, la subida de IVA que incluyen los Presupuestos de 2010 y que entrará en vigor en el mes de julio aportará 1.900 millones de euros, mientras que el último incremento de los Impuestos Especiales --aprobado en junio de 2009-- elevará la recaudación en 1.190 millones.

La supresión parcial de la deducción de 400 euros en el IRPF aportará unos 3.670 millones de euros y la elevación de los tipos de ahorro permitirá incrementar la recaudación de IRPF en 280 millones y la del Impuesto de Sociedades en 120 millones de euros.

Sobre la evolución de los ingresos en lo que queda de año, López Carbajo aventuró que se podrán cumplir las previsiones planteadas en los Presupuestos de 2010 (unos 155.000 millones), aunque la distribución de dichos ingresos puede variar respecto a lo planteado inicialmente.

Así, tanto la recaudación del Impuesto de Sociedades como la de IRPF serán inferiores a las previstas, aunque estos descensos serán compensados con un mejor comportamiento del IVA, que se recuperará más de lo que había planteado el Ejecutivo gracias al incremento de los tipos en la segunda parte del año y a la menor petición de devoluciones.

En concreto, sobre el Impuesto de Sociedades, López Carbajo admitió que puede haber una "significativa desviación" respecto a previsión presupuestaria, aunque descartó que este cambio esté relacionado con comportamientos fraudulentos a lo largo de 2009 ó 2010.

En cuanto al IRPF, achacó la mejora del impuesto a la eliminación parcial de la deducción de 400 euros, que supuso un gasto de casi 6.000 millones en 2008 y que benefició a más de 15,5 millones de contribuyentes.

Tras la supresión parcial de la deducción, el coste de la misma se reducirá a unos 500 millones y los afectados a 2,9 millones de contribuyentes (2,3 millones de asalariados, 470.000 pensionistas, algo más de 40.000 desempleados y unos 110.000 empresarios).

Se hunde el tráfico en el Puerto de Cartagena hasta abril con un -17,9%

MADRID.- El tráfico de mercancías en los puertos españoles creció un 1,6% durante el pasado mes de abril en comparación con igual mes de 2009, hasta sumar 35,22 millones de toneladas. Pero el de Cartagena experimentó justo la tendencia contraria al ser el que más vió hundir su tráfico, casi un 18%, hasta el 30 de abril pasado.

La red de puertos públicos encadena así seis meses con subidas en los tráficos de mercancías, informó Puertos del Estado.

En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, los puertos gestionaron 135,24 millones de toneladas de mercancías, un 2% más respecto al mismo periodo de 2009.

El ente público dependiente del Ministerio de Fomento considera que este dato confirma la gradual recuperación que el tráfico portuario viene experimentando desde que en octubre de 2009 se anotara su mínimo interanual.

El repunte del arranque del ejercicio contrasta así con el descenso del 12,9% que el tráfico de mercancías por la red de puertos públicos sufrió en 2009 como consecuencia de la crisis económica.

En concreto, entre los pasados meses de enero y abril la mercancía general creció un 10,3%, mientras que, por contra, los graneles líquidos cayeron un 5,3%.

De su lado, los graneles sólidos se mantuvieron estables en el conjunto del cuatrimestre y el tráfico de contenedores progresó un 11,2%.

Por puertos, un total de 18 de los 28 que componen la red pública se anotaron aumentos en el volumen de toneladas de mercancías gestionadas entre enero y abril. Entre ellos sobresalen los de Marín y Ría de Pontevedra (+37,8%), Avilés (+26,4%) y Pasajes (+23%).

En el lado opuesto, los que experimentaron los descensos más pronunciados en el primer cuatrimestre son el puerto de Cartagena (-17,9%), Vilagarcía (-11,8%) y Alicante (-11,7%).

lunes, 7 de junio de 2010

El Gobierno ecuatoriano designa a Marjorie Ulloa nueva consulesa de Ecuador en Murcia

MURCIA.- El Gobierno de Ecuador nombró el pasado viernes nueva consulesa de este país en la Región de Murcia a Marjorie Ulloa, quien sustituirá al frente de este organismo a Patricio Garcés, que regresará al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador para asumir otras funciones.

Tras desempeñar durante más de seis años este cargo, Garcés precisó que "hasta la incorporación de la nueva consulesa, será la viceconsulesa, Maria Elena Granja, quien estará al frente de la oficina consular en la Región de Murcia".

Garcés, quien el 1 de julio estará en Quito para que se le dé el destino que le corresponda debiendo permanecer en Ecuador unos dos o tres años para después marchar al nuevo destino, dijo partir de Murcia "con la satisfacción del deber cumplido", y reconoció que "dejamos a muy buenos amigos que nos visitarán y que también visitaremos".

Sobre la futura consulesa, que permanecerá al frente de este destino durante un plazo de cinco años, Garcés comentó que el Gobierno ecuatoriano "ha creído necesario mantener la profesionalización de este consulado, ya que esta persona ha desempeñado en varios países tanto en América como en Europa", por lo que, consideró, "tiene experiencia consular".

Asimismo, adelantó que "dentro de un mes y medio o dos estará ya en Murcia".

En este punto, subrayó que la actividad consular "es una de las materias que hay que cuidar mucho", para lo que se le ofrecerá a Ulloa una memoria sobre los temas del Consulado.

Las tareas "importantes" actuales del Consulado, según comentó, y que están "prácticamente listas con la necesidad de afinar algún tema para su aplicación", pasan por "poder otorgar los certificados de antecedentes penales, ya que el problema es la fase de legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid".

Del mismo modo, destacó, "ya están instalados los equipos que permitirán entregar los documentos de registro civil, como las partidas de matrimonio; y de quienes tienen inscrita su información en Ecuador".

El objetivo es que estos documentos "antes de fin de año ya se puedan emitir y se evite el gasto en tiempo y dinero que demandan los ciudadanos para obtener esos papeles desde Ecuador".

Otra de las aspiraciones que se ha convertido en un hecho real es la que tenían los ciudadanos ecuatorianos de "poder mantener el censo electoral abierto".

Sobre esta cuestión, anunció que el próximo lunes se celebrará una reunión en Madrid a la que asistirán técnicos del Consejo Nacional Electoral, encabezados por el presidente de dicho organismo, "para decir la aplicación inmediata de ese registro electoral que permitirá a quienes no están inscritos que lo puedan hacer, y a quienes han cambiado su domicilio dentro de España pues que también puedan realizar esos cambios, para que el número de electores sea parecido al de inscritos".

En dicha reunión, la vicecónsul de Ecuador en Murcia transmitirá al presidente del Consejo Nacional Electoral "la necesidad de crear subsedes electorales, una en la zona del Guadalentín y otras en el norte, con el fin de que no exista necesidad de desplazarse desde diferentes puntos de la Región a la ciudad de Murcia".

Por otro lado, Garcés indicó que en lo que va de año "se ha inscrito el nacimiento de 1.100 niños ecuatorianos en el Consulado, lo que compensará con creces el número de compatriotas que han vuelto a su país por la crisis".

Y es que, según los últimos datos de los que dispone, son 45.000 los ecuatorianos con tarjeta de residencia que hay en la Región, cifra que ha descendido con respecto al pasado año, que se situaban del orden de 48.700.

De igual modo, también es "alto" el número de ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española y que en la Región supera los 20.000.

Por último, Garcés se despidió con la satisfacción de "labor cumplida" durante su mandato, periodo en el que ha asistido a varios procesos que calificó de "importantes", como el inicio de la regularización de los ciudadanos ecuatorianos, "lo que ha permitido la integración de la mayoría de ellos".

En este tiempo, manifestó, "también se han podido realizar por primera vez en el exterior el empadronamiento de ecuatorianos y que tenga representantes a la Asamblea Nacional Ecuatoriana, hasta el punto de que uno de los representantes por la zona de Europa es una ciudadana ecuatoriana radicada en Murcia".

En definitiva, precisó, "el peso específico que ha ido ganando Murcia en relación con Ecuador, y que ha hecho que tengamos el segundo número de empadronados para votar en el exterior, con más de 30.000 inscritos".

"En relación con otras zonas donde la colonia ecuatoriana es mucho más grande, como Nueva York, con 700.000 ecuatorianos radicados en la zona de influencia, pues los inscritos con derecho a voto no llegan a 5.000", concluyó.

(En la imagen, Marjorie Ulloa, durante una reunión de UNASUR)

Retegui quiere conocer el coste de vídeos promocionales y folletos de "lujo" de Cruz

CARTAGENA.- La viceportavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, anunció que su Grupo Parlamentario va a presentar en la Asamblea Regional iniciativas para conocer "cuál es el coste de los vídeos promocionales y los folletos de lujo de los que se sabe que sólo su diseño tiene un presupuesto de más de 66.000 euros".

Tras conocer las nuevas piezas de la campaña de comunicación 'No-Typical', integrada por nuevas guías turísticas y un nuevo spot publicitario, García Retegui dijo entender que en situación de crisis, "elaborar 100.000 folletos de lujo, con el coste que eso significa, no es una apuesta por que vengan turistas a la Región, sino una muestra más del despilfarro del consejero, que parece que la crisis no va con él".

Sostuvo, por tanto, que "en una situación en donde todas las comunidades, el Estado español y todos los Estados en Europa están haciendo recortes, y cuando la propia Región está dejando de pagar a los proveedores, no abona el transporte escolar, tiene más de 500 millones pendientes de pago, además de los 300 millones en el SMS, parece una broma de mal gusto que el consejero saque unos folletos de lujo".

"Estamos a favor, lógicamente, de promocionar el turismo, pero la promoción de Cruz da unos resultados inversamente proporcionales, en cuanto a la llegada de turistas que aporten algo a la economía regional, al despilfarro que hace el consejero", subrayó la diputada, quien se preguntó "si Pedro Alberto Cruz ha contado con los representantes del sector turístico", informó el PSOE en una nota.

PSOE de Granada: "El protocolo de intenciones firmado requerirá ahora de un proceso de negociación"

GRANADA.- El PSOE granadino insistió hoy en su posición de "respeto" a lo que decidan los órganos de gobierno de CajaGranada, que esta tarde firmaron en Madrid junto a CajaMurcia, Sa Nostra y Caixa Penedés un protocolo para poner en marcha un Sistema Integrado de Protección (SIP) después de que así lo aprobaran los consejos de administración de las cuatro entidades la pasada semana.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Entrena (en la imagen), incidió en que los socialistas granadinos han sido "bastante claros" desde que comenzó a hablarse de una posible 'fusión fría' de CajaGranada con otras cajas de fuera de la Comunidad Autónoma, siempre "convencidos" de que lo que decidan los órganos de gobierno de la granadina será "bueno para la provincia" y, en consecuencia, "bueno para Andalucía".

En cuanto a las declaraciones efectuadas por otros dirigentes socialistas a nivel regional, Entrena consideró que éstas son "opiniones". "No hemos llegado aún al final de ningún viaje, se ha aprobado un protocolo de intenciones que hoy se está firmando y que requerirá un proceso de negociación", mantuvo.

Por otra parte, en Sevilla, el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, manifestó que no sabe si la operación de 'fusión fría' que llevará a cabo CajaGranada es buena para el sistema financiero andaluz, por lo que pidió que se explique.

En rueda de prensa tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Velasco quiso dejar claro que si ese proceso es bueno para el sistema financiero andaluz, estarán encantados, pero que ni no es así, "no estaremos contentos".

Durante su comparecencia, Velasco garantizó que los socialistas van a trabajar por que haya alianzas estratégicas en Andalucía, sin descartar también con entidades de fuera, para que haya en la Comunidad una "gran caja andaluza".

CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedés firman el protocolo para el SIP

MADRID.- Los presidentes de CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedés, entidades que forman un Sistema Integrado de Protección (SIP), firmaron hoy en Madrid el protocolo para poner en marcha un nuevo grupo que va a aglutinar a las cuatro cajas a partir de 2011, informaron en un comunicado.

La firma del protocolo de intenciones, que deberá ser validado por el Banco de España, se produce en virtud de los acuerdos adoptados el pasado miércoles por los consejos de administración de las cuatro cajas.

El acuerdo establece que cada una de las cuatro entidades que constituyen el nuevo grupo mantendrá su personalidad jurídica, su marca, su lealtad territorial y su negocio minorista, así como sus propios órganos de gobierno y su obra social, independientes.

La sociedad central, que adoptará la forma jurídica de banco, con sede en Madrid, será la responsable de la definición y gestión de las políticas financieras y operativas del grupo, entre ellas, gestionará la solvencia; diseñará la estrategia corporativa; el negocio mayorista; definirá la gestión de riesgos o la planificación tecnológica.

El consejo de administración del grupo, en el que estarán representadas las cuatro entidades, contará con 16 miembros, cinco, en representación de CajaMurcia; cuatro, en representación de Caixa Penedès; tres, en representación de CajaGranada; dos, en representación de Sa Nostra y dos independientes.

La sociedad central estará participada en un 39 por ciento por CajaMurcia; en un 27 por ciento por Caixa Penedès; un 19,5 por ciento por CajaGranada y un 14,5 por ciento por Sa Nostra.

Además de la firma del protocolo, hoy se han constituido las mesas de trabajo encargadas de estudiar la estructura de esta "fusión fría", que deberá ser refrendada por las distintas asambleas generales de las cajas. Quedan por determinar los aspectos sobre la sede central.

Esta alianza intentará mantener plantillas y que los trabajadores, como máximo, puedan ser recolocados en los servicios centrales de la nueva entidad o en la reorganización de la red de oficinas.

Además, indicaron que, si la reestructuración de oficinas conlleva la reducción de la plantilla, se acometerá mediante jubilaciones anticipadas, aunque todas estas medidas se discutirán en las mesas laborales de las cajas.

El SIP propuesto posibilitará aprovechar la oportunidad de solicitar fondos del FROB, según la normativa del Banco de España, en una cantidad aún no concretada.

El presidente CajaMurcia, Carlos Egea, destacó que "el grupo nace con absoluta vocación de liderazgo en el Arco Mediterráneo entre otras zonas, porque las entidades que lo forman son a su vez líderes en sus respectivos ámbitos de actuación".

Por su parte, el presidente CajaGranada, Antonio Jara, resaltó que el nuevo grupo "ha puesto el acento en el mantenimiento de la propia marca y de las señas de identidad históricas de cada una de las cuatro cajas integrantes del mismo", a la vez que ha preservado fielmente la lealtad territorial de cada una de las entidades.

El presidente Caixa Penedès, Josep Colomer, subrayó que "esta alianza permite mantener las singularidades territoriales de cada entidad y, al mismo tiempo, reforzar la solvencia y ganar la dimensión suficiente para ser más competitivos en el futuro".

Por último, el presidente Sa Nostra, Fernando Alzamora, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado e indicó que "el grupo quiere resaltar la voluntad de aumentar en su zona de actuación la inversión crediticia, el apoyo a las empresas como factor fundamental para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía del país".

"La importancia del grupo, al que hoy hemos dado el punto de partida, radica en que, las comunidades, las zonas de nuestro ámbito de actuación, suponen el 70% del PIB de España", concluyó.

El comisario europeo de Transportes insta a finalizar las infraestructuras pendientes

ZARAGOZA.- El comisario europeo de Transportes, Siin Kallas, afirmó hoy en Zaragoza que se puede aprovechar la construcción de infraestructuras para superar los actuales "momentos difíciles" que atraviesa la economía española.

De visita en Zaragoza para participar mañana, martes 8 de junio, y pasado mañana en la Reunión de ministros de Transportes de la UE, con motivo de la Presidencia española de turno de la UE, Siin Kallas expresó que es preciso "presionar, mover e intentar que se cumplan" y se ejecuten los proyectos pendientes, entre otros el denominado Proyecto 16, que incluye la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP) para conectar España con Francia a través del Pirineo aragonés.

Siin Kallas recordó que, históricamente, "se han utilizado las inversiones para generar empleo". También indicó que están aprobados por la UE el Proyecto 16 y el denominado Eje Mediterráneo, que enlazaría España con Francia a través del Levante y Cataluña, con el que compite Aragón como eje de comunicaciones terrestres a largo plazo.

En este sentido, aseveró que "hay que cumplir con estos proyectos", tras lo que consideró que "no hay competitividad" entre ambos, sino "complementariedad", ya que ambos formarán parte de las Redes Transeuropeas.

Siin Kallas se entrevistó con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autónomo, y después ambos se trasladaron a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), donde conoció el proyecto y visitó el área ferroviaria.

Los alcaldes piden ayuda al Gobierno para que no les corten la luz

MADRID.- A las Administraciones Públicas se les ha atragantado la liberalización del mercado eléctrico. Ayuntamientos y comunidades autónomas (una fuente tradicional de morosidad para las eléctricas) están en pie de guerra ante la perspectiva de que las compañías les corten el suministro de luz, sin contemplaciones y con todas las de la ley, según 'Expansión'.

El problema viene de lejos, pero estalla ahora. Las Administraciones han pedido auxilio al Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les proteja de posibles apagones. El regulador ha abierto un expediente para ver qué se puede hacer. Intenta buscar una solución, aunque debe ser el Ministerio de Industria el que decida.

¿Qué está ocurriendo para que la situación se pueda calificar de grave? Hasta hace un año, los organismos públicos podían marear a las eléctricas a la hora de pagar sus recibos de luz (tarde, mal o nunca, en muchos casos). La ley forzaba a las compañías a dar el suministro obligatoriamente. Pero todo cambió en julio de 2009, con la llegada de la liberalización eléctrica, destinada a eliminar los precios y los contratos regulados de luz.

Con los cambios legislativos, ahora son las compañías las que tienen la sartén por el mango. Legalmente, no tienen obligación de firmar contratos ni hacer ofertas a clientes de alta tensión, o a aquellos de baja tensión con 10 kilovatios o más de potencia contratada.

Entre esos clientes están miles de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estos cubren sus propias necesidades de luz, y también los servicios públicos esenciales, como bomberos o policía. El suministro de luz en estos servicios públicos esenciales sigue estando protegido por ley. Pero para el resto, los organismos públicos tienen la obligación legal de firmar un contrato de luz en el libre mercado.

Sin ofertas
Las eléctricas, que tradicionalmente han estado en posición de desventaja con los organismos públicos debido a leyes que limitaban su capacidad de negociación como proveedores, han dado ahora la vuelta a la tortilla. Las compañías se niegan a hacer ofertas a los organismos públicos. Ya no están obligadas por ley y nadie les puede exigir que lo hagan. La CNE ha recibido quejas de los organismos públicos en las que alegan «la falta de ofertas presentadas por las comercializadoras». La CNE lleva desde hace meses analizando la situación. Ha comprobado que el problema está extendido entre ayuntamientos y comunidades, al margen de otros posibles clientes privados.

En el caso de los organismos públicos, subyace el espinoso asunto de la morosidad, explican fuentes cercanas a la propia CNE. Las eléctricas no están siendo especialmente generosas en sus ofertas a los organismos públicos. En eso, ayuntamientos y comunidades tienen razón. Pero es una verdad a medias. En muchos casos, las eléctricas sí hacen ofertas, pero exigiendo garantías. Piden avales que, al menos, garanticen el cobro del servicio de suministro de luz durante varios meses; incluso un año.

"Están en su derecho de hacerlo", dicen desde la CNE, que consideran que el asunto es muy complejo jurídicamente. Y muy acuciante. La esencia de la liberalización eléctrica es el libre mercado. Es decir, los contratos deben ser acuerdos libres entre las partes. No se puede obligar a nadie, por ley, a firmar un contrato ni tampoco a ofrecerlo en unas condiciones determinadas. Además, los organismos han ido agotando prórrogas sucesivas para adaptarse: la última, diciembre de este año. Está también el problema de la contratación pública, con concursos, que limitan a los organismos.

Un experto ve los SIP como algo "descafeinado"

SEVILLA.- El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Málaga Joaquín Aurioles consideró que la fórmula de 'fusión fría' o Sistema Integrado de Protección (SIP) es una "figura de fusión descafeinada" y consideró que con los actuales SIP que se están constituyendo "no se está avanzando en la despolitización de las cajas de ahorros, e incluso se está ahondando en localismos".

Aurioles consideró que los SIP es una figura con "ciertas limitaciones" e "incompleta", por lo que espera que la reforma legislativa que planea el Gobierno para el segundo semestre de 2010 "incluya una emisión de cuotas participativas o similar que sirva para completar la fórmula de los SIP".

Consideró que los SIP "puede ayudar a garantizar la estabilidad financiera a largo plazo, aportando liquidez y solvencia a las entidades", aunque, a su juicio, esta fórmula "no resuelve el problema de fondo sobre el control político de las cajas, por lo que habrá que esperar a la nueva normativa".

Recordó que una parte del problema de solvencia de las cajas está en las posibilidades de capitalización de las mismas, algo que "el SIP resuelve parcialmente, puesto que esta figura sólo supone plantear una fórmula de solidaridad entre las cajas".

Asimismo, apuntó que las cajas tienen como "principal limitación que no pueden acudir al mercado de capitales para que se puedan invertir en las entidades".

Auguró que la reforma normativa que plantea el Gobierno irá encaminada a "intentar profesionalizar las cajas de ahorros y despolitizarla, algo que deben acometer decididamente y de forma valiente".

Sobre los movimientos emprendidos entre las cajas de ahorros, Aurioles precisó que "el Banco de España venía reclamando esas uniones para acabar con el agujero financiero que existía, y las cajas empiezan a reaccionar".

Precisó que estos movimientos "son una solución en el momento en que les da sentido el FROB", aunque se lamentó que las diversas operaciones que se están emprendiendo "se están orientando fundamentalmente a la permanencia de los actuales órganos de dirección que en este momento tiene cada una de las cajas, no están primando intereses económicos ni el interés general, sino que siguen primando intereses políticos, en algunos casos de carácter muy local, como el de CajaGranada, por encima de cualquier estrategia de vocación andaluza".

"No creo que se esté avanzando en la despolitización de las cajas sino todo lo contrario, se incide en una politización más localizada aún en un territorio; se está perdiendo algo de lógica", aseveró.

No obstante, expresó su deseo de que estas operaciones "al menos sirvan, con la ayuda del FROB, para que las entidades recompongan su desequilibrio financiero".

Recordó que el sentido de estos movimientos "lo da el FROB, que procede del dinero de los contribuyentes, por lo que no son buenas las soluciones de carácter político, sino que se debe exigir medidas de responsabilidad social y emprender operaciones con perspectiva más amplia".

Las nuevas tecnologías de la sociedad de la información incrementan la jornada y la presión laboral / Pedro Costa Morata *

Entre los mitos –numerosos, descarados– que la sociedad de la información (SI) nos hace asumir destaca uno especialmente frustrante: el que mantiene aquellas miríficas promesas que se nos hacía en los años de 1960 y 70 para el Año 2000: que debido precisamente al benéfico efecto de la tecnologización creciente de la sociedad el futuro nos llevaría a una neta reducción de la jornada de trabajo y al aumento del tiempo libre y el ocio. El tiempo, sin embargo, nos ha traído una realidad caracterizada por todo lo contrario por lo que éste es uno de los aspectos más hirientes que presenta la SI.

El mito persiste porque renunciamos al análisis y a reconocer que el impulso económico que genera esas técnicas busca en primer lugar (y no pocas veces, en exclusiva) la explotación intensiva del empleo humano inevitable. Así, con la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la década de 1980 hemos ido asistiendo al continuo aumento de la carga de trabajo y actualmente “descubrimos” que en las sociedades informatizadas el incremento de la jornada de trabajo es un hecho (legal o no).

Con una novedad adicional, directamente relacionada con la intermediación de las TIC: que la disponibilidad del trabajador ante su empresa o empleador tiende a ser de 24 horas por día, lo que viene facilitado por el despliegue incesante de eficaces aparatos cuyo empleo generalizado (y tantas veces obligado) facilita la conexión/sumisión: el teléfono móvil, el ordenador portátil, el correo electrónico…

Todavía hay que describir otro paso más en el recargo de trabajo, cuya novedad principal es que cuenta con una cierta voluntad de autoexplotación por parte del ciudadano (sea o no trabajador). Esto sucede cuando asumimos la realización de tareas –informáticas– que hasta ahora se inscribían en el proceso productivo, digamos, especializado, y que ahora las TIC –y ciertos señuelos que nos despistan con eso del ahorro de tiempo o de dinero– facilitan bajo el estímulo, siempre al acecho, de la dinámica empresarial.

Es lo que sucede cuando adquirimos por Internet un billete de avión u operamos en línea con nuestro banco, y lo que irá sucediendo según se generalice la e-administración, el e-comercio, el llamado proceso interactivo en el enseñar-aprender…

Se trata de una autoexplotación que nos absorbe crecientemente e incluso nos cautiva, añadiéndonos trabajo “voluntario”, pero que incrementa instantáneamente las ganancias empresariales; éstas se relacionan ante todo con el ahorro de trabajo empleado así que actuando de esta forma no sólo realizamos un trabajo no remunerado sino que al mismo tiempo inducimos desempleo en la cadena productiva: y todo ello envuelto en la euforia que producen las maravillas de las TIC.

(*) Pedro Costa Morata, murciano de Águilas, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de Electromagnetismo: silencioso, ubicuo, inquietante (1996). Premio Nacional de Medio Ambiente.

Las consecuencias de un modelo de crecimiento equivocado / Pedro Saura *

La semana que ahora termina ha generado sensaciones confusas en lo económico. Por un lado, la crisis de la deuda está forzando a todos los gobiernos de Europa a diseñar planes de austeridad valientes que demuestren a los especuladores que no vamos a perder el pulso que están echando a la democracia y al estado del bienestar europeo.

Ni los niveles de deuda actuales ni sus perspectivas futuras justifican estos ataques, y una respuesta más tímida o menos coordinada supondría un colapso tal que nadie en Europa entiende la postura del PP respecto al Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno de España.


Esta crisis de la deuda es una más de las caras que está mostrando la crisis económica que atravesamos, y coincide con datos de empleo que muestran un claro cambio de tendencia. No podemos pecar de optimismo, pero el aumento en mayo en España en más de 113.000 en el número de trabajadores ocupados es una buena noticia que no debemos dejar de ponderar.

Estamos en un punto de la crisis en el que las expectativas, que siempre son importantes, lo son todavía más, y, si entre todos somos capaces de generar las medidas adecuadas y con ellas la confianza necesaria, estaremos dando los pasos para remontar una crisis que va a poner a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad y como país.


La situación en la Región de Murcia, por desgracia, es radicalmente distinta. Nuestra tierra entró antes en la crisis, la ha sufrido más, y todo hace pensar que va a salir más tarde y peor. Los datos de paro registrado conocidos esta semana y relativos al mes de mayo son demoledores.

Si usamos las comparaciones con mayos anteriores observamos que en este último año el paro ha crecido aquí más que en ninguna otra Región, más de un 20 %, 8 puntos más que la media nacional y 4 más que la siguiente Región. Respecto a 2008, el crecimiento en España y Murcia es, respectivamente 73 % y 108 %. Si nos vamos a mayo de 2007, el final de la pasada legislatura autonómica, el crecimiento es de 106 % y 199 %.

Y estas cifras se refieren a comparaciones con la media, donde estamos incluidos nosotros y otras comunidades que, como Canarias o la Valenciana, nos han seguido en el despropósito; si nos comparamos con regiones, alguna incluso gobernada por el PP, que llevan tiempo trabajando de verdad por paliar esta crisis, veríamos que una parte importante de España tiene una situación difícil, pero mucho menos, sin comparación, que la que atravesamos nosotros. En términos ciclistas, no es que vayamos en cabeza en esta lamentable carrera, es que vamos escapados y aumentando la ventaja.


Dado que en la legislatura actual del presidente Valcárcel el paro en la Región se ha triplicado, y ha crecido el doble que la media nacional, podemos afirmar que, de cada dos nuevos parados en la Región, uno puede ser imputable a Wall Street, a la política económica nacional, a la competencia china o a lo que cada uno considere, pero el otro lleva el sello inconfundible Made in Valcárcel.

Dicho en cifras absolutas, de los 86.000 nuevos parados que hay en esta Región desde las últimas elecciones autonómicas, la mitad, 43.000 personas con nombre y apellidos, están viviendo un drama personal que está relacionado directamente con lo que el PP regional ha hecho, ha dejado hacer, o ha dejado de hacer.


El pasado no se puede cambiar, aunque no estaría de más que Valcárcel, el que tiene que girar el rumbo de la nave, reconozca los errores que ha cometido. En cualquier caso, lo importante ahora son los errores de esta legislatura, la forma en que ha dilapidado unas finanzas saneadas sin tomar ninguna decisión; nuestra capacidad de respuesta como Región se está yendo por el sumidero del despilfarro autonómico sin que el señor Valcárcel se decida a cortar la sangría y dedicar los recursos y los esfuerzos a intentar poner remedio a esta situación.

Desde el PSOE de la Región de Murcia estamos haciendo propuestas de reformas centradas en la reducción del despilfarro y en la dedicación de esos fondos a una verdadera apuesta por la calidad que permita a nuestras empresas mejorar su posición competitiva; propuestas siempre enmarcadas en una permanente oferta de diálogo.

Pero no hay manera de que Valcárcel asuma que esto va con él, que deje de ponerse de perfil como si esto de la crisis no tuviese nada que ver con un Gobierno que maneja la mayoría de las competencias que realmente nos pueden sacar de esta situación (educación, promoción industrial, turismo, etc.). A pesar de toda su propaganda y su boato (o, en parte, por culpa de ello), el “efecto Valcárcel” es un lastre para la reactivación de nuestra Región de Murcia.

(*) Secretario general del PSRM-PSOE

Teresa Rosique demuestra con datos de la propia Comunidad Autónoma el recorte inversor de Valcárcel

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique manifestó hoy que la Cuenta General de la Comunidad de 2009, publicada por la Consejería de Economía y Hacienda, a fecha de 30 de diciembre de ese año, confirma el tijeretazo de Valcárcel a la inversión pública.

“El propio gobierno regional reconoce según sus propios datos lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos denunciando”.

Los datos que aporta este documento confirman que en 2009, Valcárcel y su gobierno invirtieron, 153,66 millones de euros menos de los que habían presupuestado, es decir, 25.600 millones de las antiguas pesetas, de un importe total de 480,82 millones de euros, lo que supone un 32 por ciento menos.

Este “drástico” recorte en la inversión de obra pública, realizado por el Gobierno regional el pasado año tiene varias consecuencias, según la diputada: la primera, en el empleo, ya que estos 153,66 millones de euros hubieran dado empleo a alrededor de 5.000 personas.

Además, por otro lado, habrían permitido mantener la actividad económica a numerosas empresas del sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis en nuestra Región.

Rosique reprochó que este recorte de las inversiones públicas las realiza el Gobierno regional en un año donde la crisis económica golpea con más fuerza a esta Comunidad que a otras regiones en materia de empleo, “como consecuencia del errático modelo de desarrollo de Valcárcel y su gobierno”.

La diputada considera que esto explica que el paro en la Región de Murcia esté a más de tres puntos por encima de la media nacional y que se haya alcanzado la cifra de parados mayor de la historia en esta Comunidad, con 170.000 parados.

“El tijeretazo” en las inversiones de 2009, por parte del Gobierno regional, se suma a la caída de 91 millones de euros en la inversión de obra pública en 2008 y al recorte en el presupuesto de inversiones para 2010, que ha sido de 157 millones de euros. Todo esto sumado a los incumplimientos del Plan estatal de Vivienda 2009-2012 ha impedido que se crearan 20.000 empleos en la Región de Murcia desde 2008.

“El Gobierno regional es quien menos esfuerzo inversor ha hecho desde que estalló la crisis”. Rosique afirma que sólo hay que acudir a los datos de SEOPAN para comprobar que mientras el Gobierno de España, desde 2008, ha contratado obra pública en nuestra Región por 1.100 millones de euros, Valcárcel y su gobierno se han quedado en la mitad, con 558 millones de euros”.

Teresa Rosique exige explicaciones al Ejecutivo regional sobre el significativo y preocupante recorte de sus inversiones en la Comunidad, lo que pone al descubierto “la hipocresía y el cinismo que demuestra día a día el PP cuando exige a otras administraciones lo que ellos no hacen”.

ERC rechaza la fusión de Caixa Penedés

BARCELONA.- El secretario general de ERC, Joan Ridao, rechazó hoy la fusión que ultiman Caixa Penedés y Caixa Laietana con otras entidades porque incumplen el Estatut, y criticó al Banco de España por "atornillar a las entidades y empujarlas a fusionarse".

En rueda de prensa, recordó que el Govern impulsó un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al considerar que invade competencias, y menoscaba el derecho del ejecutivo catalán a vetar las fusiones.

Ridao calificó ambos procesos de fusión como "absorciones en la práctica", y defendió que el modelo de cajas catalán es un modelo de éxito, aunque algunas entidades puedan tener riesgo de insolvencia, según dijo.

"La batalla jurídica y constitucional no se ha acabado", destacó Ridao, y aseguró que si la impugnación del FROB prospera, también quedarían impugnadas las fusiones de las cajas catalanas amparadas por el fondo.

Ridao acusó al Banco de España de impulsar un mapa de cajas basado en "la arquitectura y el diseño que acordaron Zapatero y Rajoy" en la reunión de mayo sobre esta cuestión.

Las cajas de ahorros necesitan entre 24.000 y 34.000 millones de euros para recapitalizarse a través de los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta con capacidad de endeudamiento de hasta 99.000 millones de euros, según un informe de Citi conocido hoy.

El fondo articulado por el Gobierno será "suficiente" para elevar el core capital de máxima calidad (Tier 1) de las cajas de ahorros al 8% en cada entidad, y al estar disponible hasta finales de junio, acelerará los procesos de fusiones y adquisiciones entre estas entidades, considera.

Según sus cálculos, las únicas entidades que no necesitarán inyecciones de dinero del FROB son BBK, Cajastur, Kutxa, Unicaja y Vital, entidades que cuentan con un 'Tier 1' superior al 10,5% en la actualidad.

El 65% de las necesidades de capital se concentran en seis instituciones, entre las que figuran CajaSur y Caja Castilla-La Mancha (CCM), ambas intervenidas por el Banco de España por sus problemas de solvencia y elevada exposición al sector inmobiliario y de la construcción.

La decisión del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez de endurecer las provisiones al sector financiero, lo que acelera el reconocimiento del deterioro de los activos inmobiliarios, también espoleará los procesos de reorganización de cajas de ahorros, agrega la firma.

"¿A quién pertenecen las cajas?", se pregunta la firma. A su parecer, "no está muy claro si son compañías mutualistas o fundaciones, ni siquiera está claro si son instituciones privadas o públicas. Se trata de un problema significativo y es fuente de confusión desde el punto de vista de la identidad".

Por otro lado, destaca que las cuotas participativas sin derechos políticos, que sólo han sido emitidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), no han captado la atención de los inversores institucionales en los mercados.

Los presidentes de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra han firmado hoy en Madrid el protocolo de fusión aprobado por los consejos de administración de las cajas la semana pasada para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP) que empezará a funcionar en 2011 después de que el Banco de España convalide el protocolo suscrito hoy.

El Comité de Empresa del Ministerio de Medio Ambiente en Murcia denuncia despilfarro del dinero público y duplicidad de gasto

MURCIA.- El Comité de Empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en Murcia ha aprobado por unanimidad poner en conocimiento de la opinión pública como se dilapidan los fondos públicos en la actual crisis económica en la CHS y M.C. del Taibilla con la contratación de “asistencias técnicas” contratas y subcontratas para relazar los trabajos de los propios funcionarios (personal laboral y funcionario).

"Mediante contratos millonarios de obras y servicios pagados por el Estado, estas “asistencias” ceden trabajadores al Ministerio en Murcia para hacer de auxiliares administrativos, secretarias de directivos, vigilantes de canales, operarios de plantas de tratamiento de agua potable, guardas fluviales y técnicos que actúan en expedientes de alta responsabilidad.

Por el contrario, los propios funcionarios de oposición, se ven, en no pocos casos, postergados por estos “trabajadores cedidos”, relegados e incluso con poca carga de trabajo.

El Comité ha denunciado a la Inspección de Trabajo estos hechos y se ha reunido hoy con el Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo de Murcia para que conozca más detalles de esta duplicidad de gasto público y de esta posible cesión ilegal de mano de obra, algo prohibido por Ley en la Administración Pública.

Algunos de estos trabajadores subcontratados no tienen la titulación requerida para el puesto que ocupan (titulación que si se le exige a los funcionarios en la oposición) y son familiares de directivos o mandos intermedios de la CHS y M.C. del Taibilla.

El Comité de Empresa, que apoya la huelga de mañana día 8 junio de los funcionarios por el recorte de sueldo del Gobierno, cree que atajando este despilfarro de dinero público, estimado en uno 10 millones de euros anuales solo en Murcia, se mejoraría más en control de gasto, eficiencia, trasparencia y legalidad en la gestión pública en estos organismos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino".

domingo, 6 de junio de 2010

El Banco de España y magistrados de lo Mercantil debaten en Elche qué hacer con las viviendas de las entidades financieras

ELCHE.- El Centro de Congresos de Elche reunirá el próximo miércoles, 9 de junio, a más de 200 participantes para asistir al debate de magistrados de lo Mercantil en diversas mesas redondas dedicadas a cuestiones relacionadas con el Derecho Concursal como la liquidación, el incumplimiento y la impugnación del convenio o el tratamiento de las ejecuciones.

Además, también se contará con la presencia de la letrada del Banco de España, Nieves Prieto, que abordará la normativa del Banco de España sobre dotaciones y provisiones.

La cuestión fundamental de esta jornada, organizada por el Colegio de Economistas de Alicante y promovida por diversos Colegios Profesionales de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, es determinar qué se puede hacer con el "enorme" stock inmobiliario que han adquirido bancos y cajas de ahorro como consecuencia de la extensión de la dación en pago --aceptar la vivienda hipotecada como pago de una deuda que no se puede solventar de otro modo--, según informaron fuentes de la organización del acto en un comunicado.

La posición del Banco de España, que defenderá la letrada, está reflejada en el reciente anuncio de la institución supervisora de "endurecer" las provisiones que exigirá a bancos y cajas de ahorro por créditos morosos y por la adquisición de activos inmobiliarios como consecuencia de la dación en pago, una herramienta que consideran, no obstante, una "opción legítima".

Según el Banco de España, deberá reconocerse un "deterioro mínimo" del 10 por ciento al adquirir la vivienda por este procedimiento, que se incrementará hasta el 20 por ciento si pasan 12 meses desde la adquisición y hasta el 30 por ciento si llega a los 24 meses.

Esta interpretación contrasta con la de algunos magistrados de lo Mercantil como el del número 2 de Valencia, Fernando Presencia, quien defiende "suavizar" la normativa sobre provisiones para fomentar que las entidades financieras devuelvan al mercado los bienes inmobiliarios utilizando herramientas como, por ejemplo, periodificar las pérdidas que se deriven de poner inmuebles a la venta un precio menor que el de tasación.

A diferencia del Banco de España, que pretende evitar nuevas daciones, estos magistrados de lo Mercantil entienden que la dación en pago ya se ha extendido y ahora lo importante es conseguir que bancos y cajas de ahorro den salida a su stock, lo que resultará "más difícil endureciendo las provisiones".

Un juzgado de Murcia admite a trámite una querella criminal contra el consejero Sotoca

MURCIA.- El juzgado de Instrucción nº 9 de Murcia ha admitido a trámite una querella criminal por presunta prevaricación contra el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca Carrascosa, según un auto del pasado seis de mayo firmado por el magistrado Francisco Navarro Campillo.

La citada acción de la funcionaria doña Rosario Sánchez Muñoz se hace extensible a dos altos cargos más de la Consejería: el responsable de Recursos Humanos, José María Ramírez Burgos, y el inspector Juan Gregorio Avilés. El juez ordena ya que se incoen diligencias previas al apreciar indicios racionales en hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

Al mismo tiempo ordena se dé traslado a la Fiscalía y que se practiquen algunas diligencias, como librar oficio a la Consejería para que le remita el expediente disciplinario abierto a la querellante, a la que se cita a declarar en el juzgado nº 9 y se ratifique en su denuncia.

El magistrado abre un plazo de tres días para interponer recurso de reforma contra su resolución.

La querella habla de "comportamientos injustos", "abusos de autoridad", "abusos de superioridad", "asociación ilícita", "acoso administrativo", "abuso de poder", "violación de derechos funcionariales y constitucionales" y "grave daño personal", por lo que al parecer el juez puede ver indicios de una clara persecución a doña Rosario Sánchez Muñoz, funcionaria del Estado transferida a la Comunidad Autónoma.

La funcionaria es profesora de la asignatura Fundamentos de la Composición desde hace 28 años y ha venido desempeñando el cargo de Directora del Conservatorio Profesional de Música entre los años 2001-2008 hasta que, al evaluar su función directiva desempeñada entre 2005-2008, fueron vulnerados sus derechos funcionariales que, al ser reclamados en vía contencioso-administrativa, fueron aceptados con la nulidad de los actos en contra de su ilegal cese.

Es, a partir de ese momento, cuando la querellante, doctora además en Filología Hispánica y Lingüística, habla de una presunta venganza con vulneración continuada de sus derechos por haber ejercido acciones en defensa de sus intereses y haber obtenido una resolución judicial favorable en contra de las actuaciones de los querellados.

Se da la circunstancia de que en su vida profesional el señor Sotoca , natural de Albacete como la querellante, es subinspector de Trabajo y en su vida privada está casado con una jueza ejerciente en nuestra región dentro de la jurisdicción de lo contencioso.

(En la imagen, el consejero Sotoca)

Obras Públicas acomete mejoras en otra carretera prelitoral

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Carreteras, invertirá 463.000 euros para la eliminación de un tramo de concentración de accidentes en una intersección viaria situada cerca de la diputación de Canteras, que comunica Cartagena con Mazarrón a través de diversos núcleos costeros.

La actuación consistirá en la construcción de una glorieta en la intersección donde confluyen las carreteras RM-E20, que conecta dicho punto con Molinos Marfagones, la RM-E21, que permite el acceso a Galifa y la localidad litoral de El Portús, y la RM-E22, que comunica los municipios de Cartagena y Mazarrón a través de diversos núcleos costeros de interés turístico, entre ellos Isla Plana, El Mojón y La Azohía.

El director general de Carreteras, José Guijarro, afirmó que con esta obra “se mejorará notablemente la seguridad vial en beneficio de los usuarios en más de millón de desplazamientos que se registran cada año por este trazado”, y añadió que la mejora se apreciará “especialmente durante la época estival, cuando se produce un incremento en la afluencia a las localidades costeras de la zona”.

Para las obras de eliminación de este punto negro se construirá una glorieta de 40 metros de diámetro que contará con una isleta interior de 12 metros de radio y una calzada con dos carriles de cuatro metros cada uno. Asimismo, la rotonda contará con sistema de drenaje e iluminación. Por último, se instalarán las señales verticales, horizontales y de balizamiento.

Guijarro recordó que con este tipo de infraestructura viaria “se facilita la incorporación de los vehículos a las intersecciones”, además de ser un elemento que contribuye a reducir la accidentalidad en carretera, “un objetivo muy importante para el Gobierno regional”.

Caixa Penedés y Sa Nostra, las grandes perdedoras del SIP con Cajamurcia

PALMA DE MALLORCA.- La marca Sa Nostra desaparecerá en los próximos meses de la Península. La fusión lo exige. Según figura en el protocolo de creación del nuevo grupo, la red de las cuatro cajas se reparte en función de las áreas de influencia natural de cada una de las entidades, según 'Levante'.

Cajamurcia, la entidad que lidera la fusión fría y que controla la presidencia y la participación mayoritaria en el grupo recién nacido, consigue también llevarse el gato al agua en lo que a oficinas se refiere: el acuerdo le concede el control sobre su región y sobre las vecinas Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, con lo que sus carteles rojos brillarán en 49 nuevas sucursales que ahora operaban bajo la imagen de marca de Sa Nostra, Penedès y CajaGranada.

También gana la representante granadina, que tras elevar su participación en el nuevo grupo por encima de lo que le correspondía por tamaño, consigue una victoria estratégica: aleja a Cajamurcia de la provincia andaluza de Almería, donde la murciana contaba con 23 oficinas que pronto cambiarán de cartel para llevar los colores de CajaGranada.

En el otro lado de la balanza aparecen Caixa Penedès y Sa Nostra, que salen con menos oficinas de la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP, el banco que controlará el 40% de los recursos propios y el 40% de los beneficios de las cuatro cajas).

La que más pierde es Caixa Penedès. Su salida de la Comunitat Valenciana -donde hasta ahora detentaba 36 oficinas- y el hecho de que el resto de socios tengan una presencia modesta en Cataluña y en Aragón, las zonas que le corresponden según el protocolo de fusión a la firma catalana, dejan a la entidad de la comarca vinatera próxima a Barcelona con un saldo negativo de 23 sedes.

También cede presencia Sa Nostra, que es la única de las cuatro cajas que no se hace con ninguna oficina de sus socios. La explicación es simple. Sa Nostra recibe todas las oficinas que tienen sus aliados en Balears y Canarias: ninguna.

Y esa circunstancia no excluye a la balear de cumplir el protocolo y quitar su logo de las nueve sucursales que hasta ahora gestionaba en la Comunidad Valenciana y Albacete, para que se vistan con el color rojo que da identidad a Cajamurcia. Lo mismo le ocurre a la caja histórica de Balears en Cataluña: las tres sedes hoy caracterizadas con el verde Sa Nostra pasan a estar presididas por el símbolo del racimo de uvas que alegra las sedes de Caixa Penedès.

Aunque podría ser por poco tiempo: las mas de 400 oficinas que la caja catalana controla en Barcelona hacen pensar que el futuro más probable de las dos sucursales de Sa Nostra y las nueve de CajaGranada en Barcelona es el cierre en aras del ahorro de costes.

sábado, 5 de junio de 2010

Caravaca de la Cruz acoge el XXVIII aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

CARAVACA DE LA CRUZ.- Caravaca de la Cruz, con motivo de la celebración del II Año Santo, acogerá el próximo miércoles, 9 de junio, el Acto Institucional del Día de la Región de Murcia, en la conmemoración del XXVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, que tendrá lugar a las 12:00 horas en el Teatro Thuillier.

Se entregarán las Medallas de Oro de la Región, que este año serán para el Colegio Oficial de Enfermería, el cirujano Pascual Parrilla y la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam), según informan fuentes del Gobierno regional.

En este acto, que reúne a los representantes de la mayoría de los sectores sociales, políticos, económicos y culturales de la Región, intervendrán el alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, y representantes de los galardonados, que precederán al discurso del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.

El acto estará amenizado por el quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que interpretará Fanfarria 'La Peri', de Paul Dukas, y completará su actuación con 'Pavana Op. 50', de Gabriel Fauré, y la 'Canzon Bergamasque', de Samuel Scheidt.

Desde 1989 se celebra este acto conmemorativo en la Región, aunque ya desde 1985 la Comunidad Autónoma de Murcia comenzó a conceder sus primeras condecoraciones y distinciones.

Desde el inicio de esta celebración han sido galardonadas diversas personalidades e instituciones pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento, cuyo trabajo ha sido considerado como de especial relevancia para la Región de Murcia, a través de las distinciones 'Medalla de Oro', 'Medalla de Plata', 'Corbata de Honor', 'Diploma de Servicios Distinguidos' e 'Hijo Predilecto'.

Para la elección anual de las condecoraciones y galardones, cada una de las consejerías eleva al Consejo de Gobierno, tras realizar una evaluación de méritos, una propuesta de concesión en beneficio de una persona o institución relacionada con las respectivas disciplinas y áreas de trabajo. De esta forma, de entre todas las propuestas formuladas, el Ejecutivo regional nombra cuáles serán las que finalmente reciban la correspondiente distinción.

Los notarios de la Región continúan ninguneando a sus empleados

MURCIA.- La Unión Sindical Obrera -USO- de la Región y la Asociación de Empleados de Notarias de Murcia presentaron conjuntamente, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, demanda de Conflicto Colectivo contra la Asociación Profesional de Notarios de la Región de Murcia.

El motivo de la demanda de Conflicto Colectivo Judicial, una vez realizado el procedimiento previo de mediación sin avenencia el pasado 22 de abril, es la negativa reiterada de la asociación de Notarios a constituir la mesa negociadora del convenio colectivo de los empleados de Notaria de la Región de Murcia.

El Convenio anterior y que ha estado en vigor desde 1996 y que rigió las relaciones laborales de los empleados de Notaria, fue denunciado unilateralmente por la Asociación de Notarios y dejo de tener su vigencia en diciembre de 2008, por lo que se lleva ya año y medio con un vació legal que esta perjudicando seriamente a los trabajadores, según informaron desde USO en comunicado de prensa.

Las peticiones que se formulan en la demanda son que se declaren vigentes las cláusulas normativas como establece en su Art. 86 el Estatuto de los Trabajadores hasta que se redacte un nuevo convenio y que se obligue a los notarios a constituir la Comisión Negociadora del Convenio, así como su negociación.

Casi 80.000 parados, divorciados y empresas en quiebra están en el punto de mira de Hacienda en la Región de Murcia

MURCIA.- Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) advierten de que la crisis financiera está produciendo situaciones ciertamente "disparatadas" con la Hacienda Pública que, en lugar de cambiar su 'modus operandi' para adaptarlo a la crisis, sigue investigando a los colectivos más perjudicados en su economía mientras descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores.

Gestha denuncia esta actitud por considerarla una estrategia "equivocada, injusta e ineficiente" que afecta en la Región de Murcia a casi 80.000 desempleados, divorciados y empresas en quiebra, entre otros.

En lo referente a la presión sobre los más perjudicados por la crisis, los técnicos ponen como primer ejemplo la situación de la mayoría de los más de 76.000 desempleados murcianos que cobraron en 2009 prestaciones por desempleo, aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones.

En estos casos, el límite para no estar obligado a declarar el Impuesto sobre la Renta baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay sólo un pagador.

En segundo lugar, Gestha se refiere a los casos de las personas que pierden su vivienda al no poder pagar la hipoteca, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, aprobada a partir del 1 de enero de 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.

En estas situaciones, si el precio de la subasta o la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considerará que "el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial", y le exigirá entre un 19% y un 21%. Según los últimos datos provisionales del INE, entre enero y marzo las quiebras familiares aumentaron un 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gestha denuncia igualmente que Hacienda ha encontrado "un filón" en los más de 3.000 casos de separaciones y divorcios producidos en la Región de Murcia, dado que en España se producen más de 13 rupturas por hora -entre 2001 y 2006 crecieron más de un 277%, lo que nos situó entonces al frente de la Unión Europea, según el Instituto de Política Familiar-.

En los casos en que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica la vivienda solicitará un préstamo para pagar a su ex pareja la mitad correspondiente. Realizada esta liquidación, Hacienda considerará que "el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial", y le reclamará entre un 19% y un 21%.

Pero los Técnicos de Hacienda advierten que estas situaciones disparatadas no son exclusivas de las personas, sino que también afectan a más de 120 empresas murcianas. Así, aquellas sociedades que entraron en proceso concursal en la Región de Murcia durante el pasado año padecen situaciones "absurdas" en las que, en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores -ya que se supone que no puede pagar-, Hacienda le imputará un "beneficio a distribuir en varios ejercicios" que tributará en el Impuesto sobre Sociedades.

Esta situación se reproduce en las daciones en pago de deudas, que son operaciones en las que el deudor que no tiene liquidez entrega un bien para pagar una deuda, y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva.

Por comunidades autónomas, la Región de Murcia es la décima región que concentra más situaciones de este tipo, con casi 80.000 parados, divorciados y empresas afectados.

Los Técnicos de Hacienda consideran que la solución para equilibrar las cuentas públicas pasa por luchar de manera eficaz contra la economía sumergida y los grandes defraudadores en lugar de poner la lupa sobre los colectivos más perjudicados por la crisis o realizar drásticos recortes sociales, sobre todo cuando España tiene uno de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea, equivalente al 23,3% del PIB, lo que supone que 245.000 millones escapan al control del fisco anualmente.

A este respecto, Gestha estima que si el Gobierno aumenta las responsabilidades de los Técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude, el control de las subvenciones y el gasto público, se podría reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a Francia o Alemania.

Ello significaría recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales cada año, una circunstancia que permitiría rectificar absurdas situaciones antes mencionadas.

Los Técnicos de Hacienda remitirán el próximo martes a los grupos políticos del Congreso unas propuestas para la modificación de las leyes del IRPF y del Impuesto de Sociedades con el fin de evitar situaciones como la descrita.

La UCAM nombra a su gran mentor, el cardenal valenciano Antonio Cañizares, doctor 'honoris causa'

MURCIA.- La UCAM ha nombrado a su mentor, el cardenal valenciano Antonio Cañizares, doctor 'honoris causa'. A tal efecto, el próximo lunes, en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos, el Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, será investido como tal.

El acto tendrá lugar con motivo de la celebración de la festividad de San Antonio de Padua, patrón de la UCAM, según informa la institución docente en un comunicado.

La Universidad Católica conmemorará la festividad de San Antonio de Padua con el desarrollo de diversos actos académicos y religiosos, al que acudirán las máximas autoridades de la Universidad, junto a múltiples personalidades del ámbito civil y religioso.

A las 10 de la mañana tendrá lugar la celebración de la Santa Misa, presidida por el cardenal Cañizares. A continuación, se constituirá la mesa presidencial, se impartirá el discurso de bienvenida, y se procederá a la lectura del acto de nombramiento.

La 'laudatio' correrá a cargo del vicerrector de Asuntos Religiosos de la UCAM, José Alberto Cánovas, que dará paso a la investidura del Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, como Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad Católica San Antonio, de Murcia.

Posteriormente, el nuevo doctor impartirá su discurso, e intervendrán los miembros de la mesa presidencial. El acto concluirá con el Gaudeamus Igitur.

La Región acaparó el último año más del 4% del tráfico nacional de mercancías por carretera

MURCIA.- La directora general de Transportes y Puertos, Carmen Sandoval, valoró hoy los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento acerca de la situación del transporte de mercancías por carretera en nuestro país, según los cuales la Región de Murcia acaparó en el último año más del cuatro por ciento del transporte nacional de mercancías por carretera.

Sandoval afirmó que los datos “demuestran la importancia del transporte de mercancías en la Comunidad” y confirman que la Región “es un punto estratégico en el corredor mediterráneo de mercancías”. Además, subrayó que “somos la quinta autonomía española en la que el tráfico interregional supone el mayor porcentaje respecto al tráfico total de mercancías”.

La estadística disponible en la página web del Ministerio de Fomento confirma también que la Región se situaría como la quinta provincia con más toneladas transportadas en 2009, “algo lógico si tenemos en cuenta que contamos con una de las mayores flotas de transporte de mercancías por carretera del país y que somos la primera flota de camiones frigoríficos de España”, apuntó la directora general.

La responsable autonómica destacó “el gran compromiso del Gobierno regional con el sector del transporte y la logística, que cuenta con nuestro apoyo mediante aportaciones para la construcción del centro de servicios y formación de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte en Murcia (FROET), y con el fomento de la formación continuada de los profesionales del sector”.

El gobierno de los bancos / Serge Halimi

El 10 de mayo de 2010, tranquilizados por una nueva inyección de 750.000 millones de euros en la caldera de la especulación, los tenedores de títulos de Société Générale ganaron un 23,89%. Ese mismo día, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció que, por razones de rigor presupuestario, no se prorrogaría una ayuda excepcional de 150 euros a las familias en dificultades.

Así, de crisis financiera en crisis financiera, crece la convicción de que el poder político ajusta su conducta a la voluntad de los accionistas. Periódicamente, democracia obliga, los representantes electos convocan a la población a privilegiar a aquellos partidos que los "mercados" preseleccionaron por su inocuidad.

La sospecha de prevaricación socava poco a poco la confianza en cada invocación al bien público. Cuando Barack Obama reprende al banco Goldman Sachs para justificar mejor sus medidas de regulación financiera, los republicanos difunden inmediatamente un spot (1) que recuerda la lista de donaciones que el Presidente y sus amigos políticos recibieron de "La Firma" en las elecciones de 2008: "Demócratas: 4,5 millones de dólares. Republicanos: 1,5 millones de dólares. Los políticos arremeten contra la industria financiera, pero aceptan los millones que les aporta Wall Street".

Cuando, fingiendo su preocupación por proteger el presupuesto de las familias pobres, los conservadores británicos se oponen a que se fije un precio mínimo a las bebidas alcohólicas, los laboristas responden que se trata más bien de complacer a los dueños de los supermercados, hostiles a una medida semejante desde que convirtieron el precio de las bebidas alcohólicas en un producto gancho destinado a adolescentes fascinados por el hecho de que la cerveza pueda costar menos que el agua.

Finalmente, cuando Sarkozy elimina la publicidad de los canales públicos, todos imaginan las ganancias que la televisión privada dirigida por sus amigos Vincent Bolloré, Martin Bouygues, etc. obtendrá de una situación que los exime de cualquier competencia en el reparto del botín de los anunciantes.

Este tipo de sospechas se remonta lejos en la historia. Ahora bien, muchos hechos que deberían escandalizar pero a los cuales uno se resigna se ven minimizados por un "Eso siempre ha existido". Ciertamente, en 1887 el yerno del presidente francés Jules Grévy sacaba partido de sus parientes en el Elíseo para negociar condecoraciones oficiales; a comienzos del siglo pasado, la Standard Oil daba órdenes a muchos gobernadores de Estados Unidos.

Y en lo que respecta a la dictadura de las finanzas, ya en 1924 se hacía referencia al "plebiscito cotidiano de los tenedores de bonos" -los acreedores de la deuda pública de la época-, también llamados el "muro de dinero". No obstante, con el tiempo, algunas leyes regularon el papel del capital en la vida política. Incluso en Estados Unidos: a lo largo de la "era progresista" (1880-1920) y después del escándalo Watergate (1974), siempre como consecuencia de movilizaciones políticas. En cuanto al "muro de dinero", las finanzas se colocaron bajo tutela en Francia tras la Liberación. En suma, eso "siempre ha existido", pero eso también puede cambiar.

Y volver a cambiar... pero en el sentido contrario. El 30 de enero de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba varias disposiciones clave votadas por el Congreso que limitaban el papel del dinero en la política (fallo Buckley contra Valeo). ¿Razones invocadas por los jueces? "La libertad de expresión no puede depender de la capacidad financiera de los individuos para involucrarse en el debate público". Dicho de otro modo, regular el gasto es coartar la expresión... En enero último, este fallo se amplió hasta el extremo de autorizar a las empresas a gastar lo que quisieran para impulsar (o combatir) a un candidato.

En otros lugares, desde hace unos veinte años, entre los antiguos aparatchiks soviéticos metamorfoseados en oligarcas industriales, los empresarios chinos que ocupan un lugar destacado en el seno del Partido Comunista, los jefes del Ejecutivo, ministros y diputados europeos que preparan, a la manera estadounidense, su reconversión en el "sector privado", un clero iraní y militares paquistaníes embriagados por los negocios (2), el derrape venal se ha sistematizado. Esto influye en la vida política del planeta.

En la primavera de 1996, al término de un primer mandato muy mediocre, el presidente William Clinton preparaba su campaña de reelección. Necesitaba dinero. Para conseguirlo, tuvo la idea de ofrecer a los donantes más generosos de su partido pasar una noche en la Casa Blanca, por ejemplo en la "habitación de Lincoln". Puesto que acercarse al sueño del "Gran Emancipador" no estaba ni al alcance de los bolsillos más pequeños ni era la fantasía obligada de los más grandes, se subastaron otros placeres. Como el de "tomar un café" en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos.

Por lo tanto, los potenciales donantes de fondos del Partido Demócrata se encontraron con numerosos miembros del Ejecutivo encargados de regular su actividad. El portavoz del presidente Clinton, Lanny Davis, explicó ingenuamente que se trataba de "permitir a los miembros de los organismos de regulación conocer mejor los asuntos de la industria en cuestión" (3). Uno de esos "cafés de trabajo" puede haber costado miles de millones de dólares a la economía mundial, favorecido el crecimiento de la deuda de los Estados, y provocado la pérdida de decenas de millones de empleos.


"Los pobres no hacen donaciones públicas"

Así, el 13 de mayo de 1996, algunos de los principales banqueros de Estados Unidos fueron recibidos durante noventa minutos en la Casa Blanca por los principales miembros de la Administración. Junto al presidente Clinton, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, su adjunto encargado de Asuntos Monetarios, John Hawke, y el responsable de la regulación de los bancos, Eugene Ludwig.

Por una casualidad seguramente providencial, el tesorero del Partido Demócrata, Marvin Rosen, también participaba en la reunión. Según el portavoz de Ludwig, "los banqueros discutieron la legislación futura, incluidas las ideas que permitirían quebrar la barrera que separa a los bancos de las demás instituciones financieras".

Aleccionado por el crac bursátil de 1929, el New Deal había prohibido a los bancos de depósitos arriesgar imprudentemente el dinero de sus clientes, lo que obligaba luego al Estado a rescatar a esas instituciones por temor a que su eventual quiebra provocara la ruina de sus numerosos depositantes.

Firmada por el presidente Franklin Roosevelt en 1933, la reglamentación, aún vigente en 1996 (ley Glass-Steagall), disgustaba fuertemente a los banqueros, preocupados por ser parte de los beneficiarios de los milagros de la "nueva economía". El "café de trabajo" tenía como objetivo recordarle ese desagrado al jefe del Ejecutivo estadounidense en momentos en que éste se preocupaba por lograr que los bancos financiaran su reelección.

Unas semanas después del encuentro, los teletipos de agencia informaron que el Departamento del Tesoro enviaría al Congreso un paquete de leyes "que cuestionaba las normas bancarias establecidas seis décadas atrás, lo que permitiría a los bancos lanzarse ampliamente en el mercado de seguros y en el sector de los bancos de negocios e inversiones". Lo que siguió es de público conocimiento.

La derogación de la ley Glass-Steagall fue firmada en 1999 por un presidente Clinton reelecto tres años antes, en parte gracias a su botín de guerra electoral (4). Esta derogación atizó la orgía especulativa de los años 2000 (sofisticación cada vez mayor de los productos financieros, del tipo de créditos hipotecarios subprime , etc.) y precipitó el crac económico de septiembre de 2008.

En realidad, el "café de trabajo" de 1996 (hubo 103 del mismo tipo en el mismo periodo y en el mismo lugar) no hizo más que confirmar la fuerza de gravedad que inclinaba la balanza en el sentido de los intereses de las finanzas. Porque fue un Congreso de mayoría republicana el que enterró la ley Glass-Steagall, conforme a su ideología liberal y a los deseos de sus "mecenas"; los congresistas republicanos también recibieron dólares de los bancos.

En cuanto a la Administración de Clinton, con o sin "café de trabajo", no hubiera resistido mucho tiempo a las preferencias de Wall Street: su secretario del Tesoro, Robert Rubin, había dirigido Goldman Sachs. Al igual que Henry Paulson, a cargo del Tesoro estadounidense durante el crac de septiembre de 2008. Tras haber dejado morir a los bancos Bear Stearns y Merryl Lynch -dos competidoras de Goldman Sachs- Paulson rescató a American Insurance Group (AIG), una aseguradora cuya quiebra habría afectado a su mayor acreedor... Goldman Sachs.

¿Por qué una población que no está compuesta en su mayoría por ricos acepta que sus representantes satisfagan prioritariamente las demandas de los industriales, de los abogados de negocios, de los banqueros, al punto que la política termina consolidando las relaciones de fuerza económicas en lugar de oponerles la legitimidad democrática? ¿Por qué cuando esos mismos ricos son elegidos, se creen autorizados a exhibir su fortuna? ¿Y a proclamar que el interés general requiere satisfacer los intereses particulares de las clases privilegiadas, las únicas con el poder de hacer (invertir) o impedir (deslocalizar), y a las que por lo tanto es necesario seducir ("tranquilizar a los mercados") o contener (lógica del "escudo fiscal")?

Estas preguntas llevan a evocar el caso de Italia. En ese país, uno de los hombres más ricos del planeta no se sumó a un partido con la esperanza de influir en él, sino que creó el suyo, Forza Italia, para defender sus intereses empresariales. De hecho, el 23 de noviembre de 2009, La Repubblica publicó la lista de las dieciocho leyes que favorecieron al imperio comercial de Silvio Berlusconi desde 1994, o que le permitieron escapar a las acciones judiciales.

Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Francisco Dall'Anase, ya advierte sobre una etapa posterior. La que verá en ciertos países un Estado, ya no sólo al servicio de los bancos, sino de grupos criminales: "Los carteles de la droga se apoderarán de los partidos políticos, financiarán las campañas electorales, y tomarán luego el control del Ejecutivo" (5).

A propósito, ¿qué impacto tuvo la (nueva) revelación de La Reppublica en el destino electoral de la derecha italiana? A juzgar por su éxito en las elecciones regionales de marzo último, ninguno. Todo sucede pues como si el relajamiento habitual de la moral pública hubiera inmunizado a poblaciones resignadas a la corrupción de la vida política.

¿Por qué indignarse entonces cuando los representantes se preocupan continuamente por satisfacer a los nuevos oligarcas, o por alcanzarlos en la cima de la pirámide de los ingresos? "Los pobres no hacen donaciones públicas", señalaba con bastante razón el ex candidato republicano a la presidencia John McCain, quien se convirtió en lobbista de la industria financiera.

Un mes después de su partida de la Casa Blanca, William Clinton ganó tanto dinero como en sus cincuenta y tres años de vida. Goldman Sachs le pagó 650.000 dólares por cuatro discursos. Por otro, pronunciado en Francia, cobró 250.000 dólares; esta vez, el que pagó fue el Citigroup. En el último año del mandato de Clinton, el matrimonio había declarado ingresos por 357.000 dólares; entre 2001 y 2007, sumó un total de 109 millones de dólares.

Actualmente, la celebridad y los contactos adquiridos a lo largo de una carrera política se canjean sobre todo una vez que ésta carrera ha terminado. Los puestos de administradores en el sector privado o de asesor de bancos reemplazan ventajosamente un mandato popular que acaba de concluir. Y, como gobernar es prever...

Pero el "pantouflage" (6) ya no se explica únicamente por la exigencia de permanecer miembro vitalicio de la oligarquía. La empresa privada, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones no gubernamentales conectadas a las multinacionales se convirtieron, a veces más que el Estado, en lugares de poder y de hegemonía intelectual. En Francia, el prestigio de las finanzas así como el deseo de forjarse un futuro dorado desviaron a muchos egresados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de la Escuela Normal Superior (ENS) o de la Escuela Politécnica de su vocación de servidores del bien público.

El ex alumno de la ENA y de la ENS y ex primer ministro Alain Juppé confesó haber experimentado una tentación semejante: "Todos hemos estado fascinados, e incluso, perdón, los medios de comunicación. Los golden boys , ¡era formidable! Esos jóvenes que llegaban a Londres y que estaban allí frente a sus ordenadores y transferían miles de millones de dólares en unos instantes, que ganaban cientos de millones de euros todos los meses, ¡todo el mundo estaba fascinado! (...) No sería del todo sincero si negara que yo mismo cada tanto me decía: ‘caramba, si hubiera hecho eso tal vez hoy estaría en una situación diferente'" (7).

"Ningún arrepentimiento" en cambio para Yves Galland, ex ministro de Comercio francés, convertido en presidente de Boeing France, una empresa competidora de Airbus. Ningún arrepentimiento tampoco para Clara Gaymard, esposa de Hervé Gaymard, ex ministro de Economía, Finanzas e Industria: tras haber sido funcionaria en Bercy (sede del ministerio), y luego embajadora itinerante delegada de la Agencia Francesa de Inversiones Internacionales, se convirtió en presidenta de General Electric France. Conciencia tranquila también para Christine Albanel, que durante tres años ocupó el Ministerio de Cultura y Comunicación. Desde abril de 2010, sigue a cargo de la comunicación... pero de France Télécom.

La mitad de los ex senadores estadounidenses se convierten en lobbistas , a menudo al servicio de las empresas que habían regulado. Lo mismo sucedió con 283 ex miembros de la Administración de Clinton y 310 ex miembros de la Administración de Bush. En Estados Unidos, el volumen de negocios anual del lobbying rondaría los 8.000 millones de dólares. Suma enorme, ¡pero con un rendimiento excepcional!

En 2003, por ejemplo, el impuesto sobre las ganancias obtenidas en el extranjero por Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Merril Lynch se redujo del 35% al 5,25%. Precio del lobbying : 8,5 millones de dólares. Beneficio fiscal: 2.000 millones de dólares. Nombre de la norma en cuestión: "Ley para la creación de empleos estadounidenses" (8)...

"En las sociedades modernas -resume Alain Minc, egresado de la ENA, asesor (a d honorem ) de Sarkozy y (asalariado) de varios grandes empresarios franceses-, se puede servir al interés general en otro lugar que no sea el Estado, como en las empresas" (9). El interés general, todo está ahí.

Esta atracción por las "empresas" (y sus remuneraciones) no ha dejado de hacer estragos en la izquierda. "Una alta burguesía se renovó -explicaba en 2006 François Hollande, entonces primer secretario del Partido Socialista francés-, en momentos en que la izquierda asumía responsabilidades, en 1981. (...) Es el aparato del Estado el que proveyó al capitalismo de sus nuevos dirigentes. (...) Provenientes de una cultura del servicio público, accedieron al estatus de nuevos ricos, dando cátedra a los políticos que los habían designado" (10). Y que fueron tentados a seguirlos.

El mal les parece tanto menor cuanto que a través de los fondos de pensiones, los fondos de inversión, etc., un sector creciente de la población encadenó, a veces sin quererlo, su destino al de las finanzas. Actualmente, es posible defender a los bancos y a la Bolsa fingiendo preocuparse por la viuda sin recursos, por el empleado que compró acciones para mejorar su salario o garantizar su jubilación. En 2004, el ex presidente George W. Bush basó su campaña de reelección en esa "clase de inversores".

The Wall Street Journal
explicaba: "Cuanto más accionistas son los electores, más apoyan las políticas económicas liberales asociadas a los republicanos. (...) El 58% de los estadounidenses tiene una inversión directa o indirecta en los mercados financieros, frente al 44% hace seis años. Ahora bien, en todos los niveles de ingresos, los inversores directos son más proclives a declararse republicanos que los no inversores" (11). Se entiende que Bush haya soñado con privatizar las jubilaciones.

"Esclavos de las finanzas desde hace dos décadas, los Gobiernos sólo se volverán contra éstas si los agreden directamente hasta el punto de que les parezca intolerable", anunciaba el mes pasado el economista Frédéric Lordon (12). El alcance de las medidas que Alemania, Francia, Estados Unidos y el G-20 tomarán contra la especulación en las próximas semanas dirá si la humillación cotidiana que "los mercados" infligen a los Estados, y la cólera popular que aviva el cinismo de los bancos, despiertan en los gobernantes, cansados de ser tratados como lacayos, la poca dignidad que les queda.


Notas:
(1) Vídeo disponible en: www.monde-diplomatique.fr/19172
(2) Serge Halimi, "El dinero"; Behrouz Arefi y Behrouz Farahany, "El imperio económico de los ‘pasdaran' "; y Ayesha Siddiqa, "Elecciones y negocios militares en Pakistán", Le Monde diplomatique en español , enero de 2009, marzo de 2010 y enero de 2008 respectivamente.
(3) Esta cita, al igual que las dos siguientes, han sido extraídas de "Guess Who's Coming for Coffee?", The Washington Post , National Weekly Edition, 3 de febrero de 1997.
(4) Thomas Ferguson, "Le trésor de guerre du président Clinton", Le Monde diplomatique , París, agosto de 1996.
(5) Citado por London Review of Books , Londres, 25 de febrero de 2010.
(6) Término que designa en Francia la migración de altos funcionarios de la Administración pública a confortables puestos del sector privado (N. del T.).
(7) "Parlons Net", radio France Info, París, 27 de marzo de 2009.
(8) Dan Eggen, "Lobbying pays", The Washington Post , 12 de abril de 2009.
(9) Radio France Inter, París, 14 de abril de 2010.
(10) François Hollande, Devoirs de vérité , Stock, París, 2006, págs. 159-161.
(11) Claudia Deane y Dan Balz, "‘Investor Class' Gains Political Clout", The Wall Street Journal Europe , 28 de octubre de 2003.
(12) "La pompe à phynance", en http://blog.mondediplo.net , 7 de mayo de 2010.
Director de Le Monde diplomatique .