Este porcentaje varía si no se tienen en cuenta las 25 plazas --del total de 134-- ocupadas por los sustitutos. De esta manera, serían 109 los jueces titulares los que manifestaron su seguimiento a esta protesta, la primera de este colectivo en la historia convocada por jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia, lo que representa el 74,33 por ciento.
Sin embargo el juez decano de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, en calidad de portavoz del Comité de Huelga, ofreció los datos sin contabilizar las 25 plazas ocupadas por los suplentes. Así, cifró en un 87 por ciento el seguimiento de la huelga alcanzado, que en términos absolutos supone casi un centenar de jueces y magistrados --94--.
Con motivo de este paro o protesta de 24 horas, más de medio centenar de jueces y magistrados, entre los que se encontraban los representantes regionales de las cuatro asociaciones judiciales --Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- se concentraron, pasadas las 12.00 horas, a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, e hicieron lectura de un comunicado.
En dicho comunicado, leído por Pascual de Riquelme, se denunciaron públicamente "los graves defectos y carencias de la Administración de Justicia, especialmente la falta de medios personales y materiales, la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión de los recursos existentes".
Por ello, y atendiendo al estado de "deterioro" en el que dijeron que se encuentra dicha administración, "entendemos que ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias, con el fin de poder ofrecer a los usuarios un servicio público, moderno, ágil, eficaz y adecuado a las necesidades de la sociedad actual".
En concreto, reivindicaron la "efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia; y la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías".
Entre las solicitudes, también se encuentra la "formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de la Justicia, y asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular; así como que se establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial".
Por último, los jueces y magistrados pidieron "una revisión en profundidad de la actual planta judicial, arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares; y adopción de medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar".
Tras finalizar la lectura de este comunicado, el juez decano de Murcia, en su condición de portavoz del Comité de Huelga, compareció, en rueda de prensa, ante los medios allí presentes. En la misma, precisó que su mensaje se ha realizado, exclusivamente, a través de la acción de protesta, que siguió "el 87 por ciento de jueces y magistrados de la Región", aunque eludió hacer una interpretación de estos datos.
A su juicio, "se ha hecho un ejercicio de responsabilidad, que era el que pretendíamos trasladar a la opinión pública el estado lamentable de la Administración de Justicia". Por ello, dejó claro que "no es una huelga contra usuarios, contra el Ejecutivo, sino a favor de la Administración de Justicia" con lo que, apostilló, "se ha querido causar la menor perturbación posible".
Al hilo, precisó que "cada juez y magistrado lo que ha hecho ha sido cubrir las actuaciones incluidas en los servicios mínimos" establecidos por el Comité de Huelga nacional.
El 13 por ciento restante de jueces y magistrados, según Pascual de Riquelme, "optaron por no ponerse hoy en huelga, lo que no significa que no compartan las reivindicaciones ni tampoco que no compartan otros actos de protesta, como el realizado hoy [en referencia a la concentración], ya que me consta que algunos de los que no han secundado la huelga, estaban allí presentes en ese acto".
Preguntado sobre los efectos de este paro en las unidades judiciales que componen la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, insistió en que fue su "vocación y esfuerzo el de minimizarlos todo lo posible", tras lo que añadió que "se han suspendido actuaciones, se han suspendido anticipadamente y se han intentado señalar a la mayor brevedad". De hecho, avanzó que para mañana "ya están convocados en muchos juzgados las actuaciones que en el día de hoy quedaron suspendidas".
"El impacto en cuanto a perjuicios ha sido el mínimo posible", resaltó el portavoz del Comité de Huelga en Murcia. Asimismo, puso de manifiesto, preguntado sobre si temen represalias, que "somos hombres de derecho y la palabra represalia no está en nuestro vocabulario".
Tras lo que argumentó que el colectivo judicial se caracteriza por ser "difícilmente intimidable y prácticamente, en nuestra vida profesional se ha desarrollado en ambientes muchas veces hostiles y sometida al conflicto y preocupación", por lo que consideró que "no estamos preparados para aguantar ningún tipo de presión o amenaza; de hecho no la hemos sentido".
Poco después compareció el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, quien explicó que "la inmensa mayoría de jueces y magistrados que han manifestado su derecho de seguir la huelga acudieron hoy a su despacho profesional para atender los servicios mínimos previamente concertados".
Resaltó la necesidad de "más inversión en justicia", aunque consideró que se debe pensar en el día después, en mañana y en los que siguen. Llamó, entonces, a la "prudencia, reflexión, diálogo, en el que el poder judicial ha de mantenerse al margen de la lucha de los partidos políticos". "Es momento de tender puentes entre todos los implicados en que la justicia funcione y es hora de la unidad", matizó.
En cuanto a la producción de suspensiones de diligencias previas o señalamientos como consecuencia directa de esta huelga, Martínez Moya señaló que "en la mayoría de los órganos judiciales no se ha procedido a la suspensión el mismo día 18 de señalamiento alguno, ya que se adoptaron, con antelación, medidas dirigidas a no señalar o en su caso, aplazar vistas o diligencias judiciales". "Sólo excepcionalmente se ha suspendido alguna vista señalada para el día de hoy", indicó.
Igualmente, los jueces en situación de guardia, "con independencia de su voluntad expresa de seguimiento de la convocatoria de la huelga, han realizado todas las actuaciones propias del servicio; y también los jueces de guardia en materia de violencia de género"; mientras que en la jurisdicción social, "aquellos juicios de despido que estaban señalados por su carácter preferente y urgente se han celebrado".
Por último, el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, subrayó que el seguimiento de la huelga fue "mayoritario" por los miembros que componen este órgano.
