martes, 15 de abril de 2008

El PP se hunde, ¡viva el PP! / Manuel Martín Ferrand



“El traidor tiene alma de asesino
apocada por el miedo”
(Niceto Alcalá Zamora)


Lo han conseguido. Mariano Rajoy y sus acompañantes en la dirección del PP lo han conseguido. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de nombrar un nuevo Gobierno con nombres más risibles que respetables, ha levantado un gineceo trufado con nombres tan provocadores e irritantes como Miguel Ángel Moratinos o Mariano Fernández Bermejo; pero de lo que se habla en la calle, lo que alimenta el runrún del vermú en las primeras terrazas de la primavera, la charla familiar tras la comida del domingo o la maledicencia en la charla del descanso en la oficina es del PP, su crisis, su descomposición cainita, su falta de criterios, su inacción dolosa y la irresolución del que se dice su líder, el heredero digital de José María Aznar.

Estos chicos del PP, que siguen sin digerir su derrota de hace cuatro años, podrían haber aprendido algo durante su experiencia monopolizadora de la oposición; pero perdamos toda esperanza. Un Gobierno de mediocres presidido por un mediocre puede pasar a ser bueno —¿un mal necesario?— por la comparación de quienes dicen ser su alternativa y, según acreditan los hechos, son un grupito de gente sin ideas ni concierto, mal avenidos y sin más rumbo que la conservación del empleo.

No es justo centrar la crítica en Mariano Rajoy. Él, en su calidad de presidente del PP, tiene la responsabilidad máxima de lo que ocurre en su formación y el demérito de su indecisión; pero, unos por poco y otros por mucho, son abundantes los integrantes de la cúpula del partido que han segado la hierba bajo los pies del líder y que, no sin ruidos y aspavientos, han llevado a la calle la imagen débil de un partido al que respaldan con su voto diez millones de personas. El pleito doméstico, con balcones a la calle, que separa a Esperanza Aguirre de Alberto Ruiz-Gallardón, y viceversa, es el paradigma de las docenas de guerras menores que se cuecen en el conventillo de la derecha española.

Con ese ambiente, y en ese desmoronamiento, Zapatero lo tiene fácil y hasta puede vendernos impunemente un Ministerio de Igualdad que añadir a su ridículo buenismo político. La grandeza de un Gobierno no se levanta con los méritos de quienes lo integran y, menos aún, con la de quien lo preside. Viene dada por la pequeñez y la torpeza de la oposición.
Lo de Esperanza Aguirre clama al cielo. Jaleada por los entusiasmos mediáticos que ella misma patrocina, ha hecho alarde de inoportuna presencia cuando, por las más elementales razones estratégicas, el PP debiera presentarse firme y resuelto, cabal y coherente, frente a un PSOE engrandecido por un nuevo éxito electoral.

Aguirre ha traicionado el espíritu unitario del PP. Sólo puede decirse en su ayuda que, en un partido en el que uno de sus máximos nombres, y ella lo es, tiene dificultades para presentar su candidatura presidencial en un Congreso sólo cabe el derecho al pataleo. Claro que ese pataleo, en un tablado tan alto como el que ocupa la presidenta de la Comunidad de Madrid, resulta ensordecedor y letal.


Francisco Álvarez-Cascos, el hombre que hizo posible que José María Aznar reconstruyera y fortaleciese al PP como el “otro” gran partido nacional y una de las mejores cabezas de la formación, es uno de los talentos desperdiciados en el tiempo de Rajoy. Álvarez-Cascos es, además, uno de los pocos nombres con autoridad personal, aun en su calidad de militante de base y dedicado a sus asuntos propios, que le quedan al partido.

El que fue secretario general del PP triunfante, tal y como hacía el Séptimo de Caballería en las películas del Oeste, ha acudido en socorro de Aguirre. Pide que el partido no se cierre a los debates ni que el rigor reglamentario pueda seguir anulando a las personas más valiosas de la formación.
Quizás el caso tenga la suficiente gravedad como para que resulte exigible la intervención del propio José María Aznar que, él sabrá por qué, parece haberse dado a la fuga.

En cualquier caso, dice Álvarez-Cascos que el PP “no es un partido de barones”. En eso, creo, se equivoca. Aguirre ¿no es una baronesa? Manuel Fraga, en Galicia, ¿no predicó hasta el máximo la figura de la baronía? ¿No lo hizo Aznar cuando sentaba sus reales en Valladolid, o Eduardo Zaplana en Valencia? ¿No lo hubiera sido, de haberlo querido, el propio Cascos en Asturias?


Admitidos los supuestos del título VIII de la Constitución, las baronías son inseparables de quien gobierne en cada Autonomía, y ello afecta por igual al PP y al PSOE. Otra cosa es cómo se ejerce ese poder y de qué manera se proyecta en el partido de procedencia.
Aguirre, mal acompañada y peor aconsejada, ha hecho uso de su poder, de su baronía, para perjudicar a quien, como Gallardón, también tiene legítimo derecho y suficiente capacidad para tratar de liderar un partido que, poco a poco, se hunde ante nuestros ojos. Es un lujo que, con Zapatero en el Gobierno, no puede permitirse la Nación.

Álvarez-Cascos ha tenido el mérito político y el valor cívico de invocar el sentido común en las filas de un partido que parece haberlo perdido. El hecho de que sea un “jubilado” prematuro quien trata de imponer la paz es, por sí mismo, un alegato que demuestra la desgana irresponsable con la que Rajoy y su capillita de inútiles y paniaguados rigen algo que es, además de un partido político, la única posibilidad de alternativa que, hoy por hoy, presenta nuestra renqueante democracia. Lo que ocurre en el PP sólo es bueno para Zapatero.

lunes, 14 de abril de 2008

Bono dice ante el juez que el Yak-42 no debió salir y que la cúpula militar conocía las quejas

MADRID.- El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afirmó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que el avión Yakovlev-42 que se estrelló en 2003 causando la muerte de 62 militares españoles no debió realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque no reunía las condiciones de seguridad necesarias y que la cúpula militar del Ministerio de Defensa tuvo conocimiento de las quejas antes de que éste tuviera lugar, informaron fuentes jurídicas.

El ex ministro de Defensa, que compareció durante cerca de dos horas y media ante el juez y se reunió durante diez minutos con familiares de las víctimas, declaró a las puertas de la Audiencia que había acudido al tribunal "por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron", aunque no quiso revelar los detalles de su declaración.

Bono acudió a la Audiencia Nacional para comparecer como testigo en la causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 3 para esclarecer las irregularidades que pudieron producirse en la contratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.

Juan Antonio Roca resalta al salir de la cárcel que ahora no piensa fugarse de España

GRANADA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y ex asesor de esta administración, el cartagenero Juan Antonio Roca, apeló hoy a la presunción de inocencia al salir de la prisión de Albolote, después de permanecer más de dos años encarcelado.

Roca ha salido de la cárcel una vez que se hizo efectiva esta mañana la fianza de un millón de euros impuesta por el juez que instruye la causa, Óscar Pérez, quien ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella.

Junto a sus abogados y su familia, el cartagenero abandonó el centro penitenciario con rumbo desconocido aunque no se descarta que con destino a su domicilio de Cartagena en un primer momento. En cualquier caso, tiene previsto viajar en breve a la Región de Murcia para atender cuestiones personales y visitar la tumba de sus padres.

Se dio la circunstancia de que tanto su padre como su madre fallecieron estando Roca en prisión -el 7 de abril y el 26 de septiembre de 2006, respectivamente-, y no asistió a los funerales por negarse a hacerlo esposado.

Ahora, una vez en libertad, el ex asesor de Urbanismo de Marbella tiene previsto acudir en Cartagena al cementerio de Canteras, donde reposan los restos de su padre, y al de San Antón, donde se encuentran los de su madre.

Igualmente, Roca prevé comprobar cómo están las fincas que tiene en la Región de Murcia y es posible que el sábado acuda en Valencia a la comunión de la hija de una sus sobrinas.

Roca está procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como "jefe de una organización", falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Roca aseguró que va encargarse de su defensa porque tiene derecho a defender su "inocencia", algo que hará junto a sus abogados, a quienes agradeció públicamente que hayan luchado dos años por conseguir su libertad.

Además agradeció también el esfuerzo realizado por su familia y amigos para pagar la "cantidad desorbitada" que había fijado el juez como fianza.

Roca reconoció que "tiene mala imagen" y que la gente está en su derecho de manifestarse.

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, que tiene que comparecer a partir de ahora todos los días en el Juzgado y no puede salir de España ni acercarse a menos de 500 metros a cualquier aeródromo público o privado, aseguró que en la cárcel "cambian muchas cosas que nos han pasado en la vida y no las hemos valorado".

Roca subrayó que no va a viajar en avión, si bien no tiene muy claro, según dijo, cómo va a controlar la prohibición de estar a menos de 500 metros de un aeródromo.

Sólo se valora la libertad "cuando se pierde", reflexionó Roca, que subrayó que el riesgo de fuga al que alega el Ministerio Fiscal para oponerse a su libertad "se ha disipado".

"Yo siempre he manifestado mi arraigo, mi familia está aquí (...) lo que he intentado decir siempre es que quiero trabajar para defender mis empresas y creo que ese riesgo de fuga ya no existe, aunque ellos están en su derecho de recurrir".

En sus declaraciones a la salida, Roca subrayó que hay una serie de cosas que "tienen que salir a flote" como es la presunción de inocencia y el hecho de que una persona no esté en prisión "más de lo necesario" siempre y cuando no esté juzgado y condenado. En lo que a él respecta, según agregó, "estar más de dos años en prisión, es suficiente para no estar condenado".

Caja Madrid crea una sociedad de participaciones financieras para salir a Bolsa antes de finales de 2008

MADRID.- El consejo de administración de Caja Madrid acordó hoy la creación de una sociedad de participaciones en entidades de servicios financieros, con el objetivo de que salga a Bolsa antes de que termine el ejercicio 2008, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la sociedad aglutinará todas las participaciones del grupo en entidades de servicios financieros, nacionales e internacionales.

Según informó hoy el diario 'Cinco Días', la entidad dejaría fuera de esta sociedad sus participaciones en empresas cotizadas como Iberia, Realia o Indra.

Así, la entidad elegiría una fórmula diferente a la puesta en la práctica por la Caixa, con su holding Criteria, ya que sólo sacaría al mercado sus participaciones financieras, y distinto al sistema de cuotas participativas, según confirmaron fuentes del sector.

En este contexto, el consejo de administración de Caja Madrid ha aprobado por unanimidad la adquisición del 83% del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (618 millones de euros), lo que permitirá a la entidad "reforzar" su presencia en Estados Unidos, anunció hoy la caja. El City National Bank of Florida formará parte del holding de servicios financieros que creará Caja Madrid.

El precio fijado en su día en euros para la adquisición (618 millones) es algo superior al precio que presentaría en la actualidad este paquete accionarial (584 millones) debido a la apreciación del euro frente al dólar.

La entidad abonará en efectivo el importe de la operación, una vez reciba los permisos de las autoridades financieras estadounidenses y españolas. La caja cuenta con un importante 'colchón', ya que tras la venta de su participación del 9,9% en Endesa ingresó unas plusvalías de unos 2.300 millones de euros.

El 75,5% de los clientes españoles dudaría recomendar o no recomendaría su entidad financiera

MADRID.- Sólo el 24,6% de los clientes de entidades financieras recomendaría a su banco o caja a otras personas, frente al 53,9% que dudaría recomendarlo y el 21,6% que no lo haría, según un estudio de Daemon Quest.

El informe también refleja que cada vez menos españoles trabajan con una única entidad, ya que el 47,2% de los españoles se hizo cliente de una nueva entidad en los últimos tres años y cada cliente trabaja con una media de 2,15 entidades, con una mayor penetración de las cajas sobre los bancos. Sin embargo, aunque el 53,1% de los encuestados afirma ser cliente de varias entidades, en la práctica trabaja casi exclusivamente con sólo una de ellas.

La rivalidad entre bancos y cajas se traslada al cliente en cuánto a sus percepciones respecto al servicio que cada tipo de entidad ofrece. De hecho, el 41,5% de los clientes considera que las cajas ofrecen mejor precio que los bancos, además de un mejor trato (33,8%), y más confianza (25,4%). En cambio, el 31,1% de los clientes considera mejor el servicio que ofrecen los bancos, al igual que la capacidad de innovación (31,8%).

Ambos obtienen resultados similares respecto a la confianza, con una mayoría de clientes (61,9%) que opina que no hay diferencia entre ambos tipos de entidades financieras.

El estudio indica que el 76,7% de los clientes no recibe ningún trato especial o atención preferente por parte de su entidad financiera, lo que "refleja en la práctica la escasa orientación al cliente de muchos bancos y cajas", a pesar de que, en teoría, aseguren que este punto forma parte integral de su estrategia corporativa global.

Además, un 30,8% de los clientes afirma que su banco o caja prácticamente nunca se pone en contacto con ellos, un dato que "corrobora la debilidad de las estrategias de clientes, en las que la proactividad debe ser una palanca clave". Por esta razón, casi el 90% de los clientes asegura que su banco o caja es poco proactivo en ofrecerle el asesoramiento adecuado.

Del 23,3% que sí afirma recibir un trato especial por parte de su banco o caja, sólo el 17,5% pertenece al segmento de banca privada. Se trata, paradójicamente, de aquellos clientes que tienen más valor para las entidades financieras. En cambio, en los autónomos, ese porcentaje se eleva hasta el 36,4%.

El informe destaca que la oficina continúa siendo el "buque insignia" de las entidades financieras, ya que el 69,5% de los clientes considera imprescindible el servicio prestado por las sucursales, a pesar del crecimiento del uso de otros canales como Internet o banca telefónica, que sólo se perciben como un complemento a la atención recibida en las sucursales. De hecho, un 27% de los clientes únicamente se relaciona con su entidad financiera a través de la sucursal.

La red de cajeros automáticos se ha convertido también en un prestación clave para un 65,8% de los clientes y sólo un 41,7% de los clientes valora el asesoramiento financiero que presta una entidad financiera. Por último, el canal 'online' sólo lo considera prioritario el 28,2% de los clientes, mientras que el 27,5% señala la información de movimientos, y el 20,5% las ofertas personalizadas.

El cliente medio español elige su entidad principal por la calidad del servicio (45,9%), el precio (45,4%) y la cercanía (39%) a su lugar de residencia habitual. La marca es importante para el 22,8%, y la recomendación de familiares y amigos (19,4%).

Cuando se trata de elegir la segunda entidad, la mayoría basa su decisión en la ventaja en coste que supone no pagar comisiones (41,9%), el precio de los productos de financiación (28,1%), variedad de la oferta (18,8%), y productos de inversión (16,9%).

Un 33% estaría dispuesto a renunciar a un trato "más personal" o a disponer de "menos servicios" si a cambio pagase menos comisiones u obtuviese una reducción de precio.

La mayoría de los encuestados (52,8%) piensa que el servicio al cliente prestado por bancos y cajas ha mejorado, aunque el 35,8% cree que los precios que cobran las entidades financieras, principalmente en forma de comisiones e intereses han aumentado, y un 18,5% perciben poca proactividad por parte de las entidades.

El socio de Daemon Quest, Óscar Díez, considera que hay "una falta de proactividad por parte de las entidades para establecer un nuevo marco de relación con el cliente capaz de fortalecer los vínculos". Díez indicó que "bancos y cajas deben apostar por una estrategia innovadora que convierta sus clientes en entusiastas de la entidad".

El PIB "per cápita" medio en España creció un 18,7% en la última legislatura

MADRID.- El PIB per cápita medio en España creció un 18,7% a lo largo de la última legislatura, hasta situarse en 23.396 euros frente a los 19.700 que alcanzó en el 2004, año en el que el líder del partido socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ganó sus primeras elecciones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB per cápita medio se ha ido incrementando progresivamente desde el año 2004, pasando de 19.700 euros de media en el primer año del Gobierno del PSOE, hasta los 20.933 euros en 2005, 22.260 euros en 2006 y 23.396 euros de media al cierre de 2007.

Estos datos suponen crecimientos del 6,25% tras el primer año de la legislatura, del 9,7% en 2006 y del 5,1% en 2007, y arrojan un incremento global del 18,7% para el conjunto del último Gobierno socialista.

El aumento del PIB en los últimos cuatro años de Gobierno es aún más relevante si se tiene en cuenta que la cifra total de población también se ha ido incrementando de forma progresiva desde el año 2004, hasta acumular una subida del 5,1% y situarse en 44,8 millones de personas.

De no haberse incrementado tanto el número de residentes en España puede que la tasa del PIB per cápita se hubiera disparado de una forma aún más significativa.

En 2007, y a pesar de la desaceleración económica de los últimos meses, el PIB per cápita medio ha logrado mantenerse en la misma senda de crecimiento, aunque el ajuste de la economía se ha traducido en una reducción de más de cuatro puntos en el incremento de la tasa, desde el 9,7% de 2006 al 5,1% en el pasado ejercicio.

Por comunidades autónomas, Asturias y Galicia lideraron el incremento del PIB medio per cápita entre el 2004 y el 2007, ambas con incrementos del 24,8%, frente a Baleares (+13,5%) y la Comunidad Valenciana (+15,6%), que registraron las menores subidas.

Un total de siete comunidades autónomas superaron la media del PIB per cápita en 2004, encabezadas por Madrid y seguidas por, Navarra, País Vasco, Cataluña, Baleares, La Rioja y Aragón.

Esas mismas siete regiones superaron también la media del PIB per cápita de 2007, aunque en distinto orden, ya que el País Vasco se situó a la cabeza, seguido de Madrid y Navarra.

Por el contrario, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, que fueron las comunidades que registraron las tasas más bajas en el 2004, volvieron a ocupar los mismos puestos al cierre de 2007.

Con todo, la media del PIB per cápita se situó en 23.396 euros en 2007, cifra muy superior a la registrada en los años anteriores, aunque aún por debajo de la media europea, que alcanzó los 24.700 euros al cierre del ejercicio.

No obstante, el importante repunte del PIB per cápita medio durante los cuatro últimos años se empaña ligeramente si se tiene en cuenta que el volumen total de la deuda acumulada por las familias españolas se ha ido incrementado muy por encima de esta tasa en el mismo periodo de tiempo.

En concreto, y según datos del Banco de España, la deuda de las familias se ha incrementado 62,5% en los últimos cuatro años de Gobierno socialista, al pasar de los 538.880 millones de euros de 2004 hasta los 875.905 millones al cierre de 2007.

Aún así, la deuda total de los hogares mostró en 2007 cierta tendencia a la desaceleración, al registrar el crecimiento más bajo de los últimos cinco años, como consecuencia del freno de la demanda de la vivienda y de la actividad productiva del 'ladrillo'.

De esta forma, el endeudamiento familiar pasó de crecer un 20,9% tras el primer año de Gobierno del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a hacerlo a un ritmo del 19,6% en 2006 y sólo del 12,7% al cierre del pasado ejercicio.

Elena Espinosa se marca como prioridad combatir el cambio climático y garantizar "para siempre" el suministro de agua

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se marcó hoy como objetivos al frente del nuevo Ministerio combatir "en primera línea" los efectos del cambio climático y garantizar "para siempre" el suministro del agua a todos los territorios, con el impulso de la modernización de las infraestructuras hídricas.

Además de profundizar en las iniciativas para la lucha contra el cambio climático y gestionar integralmente el agua para asegurar el abastecimiento y depuración en todas las comunidades autónomas, Espinosa subrayó otras prioridades para los próximos cuatro años como el diseño del primer plan nacional de Desarrollo Rural sostenible y el impulso a actuaciones para proteger el medio marino.

Durante la toma de posesión de su cargo al frente del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Espinosa estuvo arropada por los dos vicepresidentes del Gobierno, Pedro Solbes y María Teresa Fernández de la Vega, el nuevo titular de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

En su intervención, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino destacó que el nuevo Departamento debe dar respuesta a los "grandes desafíos" a los que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo mención en su discurso de investidura: la lucha contra el cambio climático, la gestión integral del agua, el desarrollo rural y la protección de las costas y recursos marinos.

"Se trata de poner en marcha un nuevo modelo de gestión armónica del territorio y el mar y asegurar su protección, lo que se corresponde con la idea del crecimiento basado en el desarrollo sostenible de nuestros recursos más valiosos y en algunos casos también escasos", dijo.

Asimismo, subrayó que el nuevo Ministerio, que tendrá su sede en el hasta ahora edificio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la voluntad de liderar una estrategia "global" de desarrollo y conservación y subrayó el "salto cualitativo" de las áreas de Agricultura, Pesca y Alimentación, al configurarse en un "marco innovador y novedoso".

En este sentido, señaló que los problemas de los agricultores, ganaderos, pescadores e industria alimentaria seguirán siendo retos de su Departamento y formarán parte de una nueva política "sistemática y coherente" con los compromisos adquiridos por Rodríguez Zapatero en la búsqueda de soluciones que aseguren la estabilidad, crecimiento y competitividad de los sectores productivos.

Asimismo, Espinosa aseguró que tiene la voluntad de entablar un diálogo "serio, franco y riguroso" con los interlocutores sociales, económicos y políticos, al tiempo que colaborará con las Comunidades Autónomas para lograr los objetivos marcados. "Tengo la confianza de que todos juntos podemos hacerlo posible", dijo.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino agradeció a Rodríguez Zapatero la responsabilidad otorgada que responde "a la idea de una España moderna, que planta cara a los retos del futuro, y profundamente comprometida con el bienestar de los ciudadanos".

Además, agradeció a la hasta ahora ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y a su equipo su "denodado trabajo" que ha situado esta área, según dijo, como "uno de los asuntos de Estado" y destacó que su "indiscutible pasión, tenacidad y dedicación" estarán ahora al servicio de otras responsabilidades.

Por su parte, Cristina Narbona, quien aseguró desconocer cuál será su próxima responsabilidad, dijo entregar "con orgullo" a su sucesora una cartera en la que se ha trabajado para que "España sea más respetada y deje de ser el farolillo rojo de los países occidentales" en relación con el cambio climático y con los problemas ambientales.

Narbona, que comenzó su intervención agradeciendo a Rodríguez Zapatero el "pleno apoyo y respaldo" a su gestión durante los últimos cuatro años, deseó suerte a Espinosa en el desempeño de una responsabilidad "ilusionante".

"El nacimiento de este nuevo Ministerio confirma la ambición del presidente del Gobierno, incorporando plenamente en la agenda política la exigencia de la sostenibilidad, la lucha contra la contaminación por tierra, mar y aire y el uso eficiente de los recursos", destacó.

La ministra saliente agradeció la labor de su equipo de dirección y la de aquellos que, desde diferentes ámbitos como las organizaciones ecologistas, el sector empresarial, los sindicatos y la comunidad científica, han contribuido a que en España se considere prioritaria esta materia, tras lo que subrayó que, "gracias a su empeño y colaboración" durante la última legislatura se aprobaran diez leyes que modifican el ordenamiento jurídico.

Entre otras autoridades, asistieron al acto de traspaso de cartera el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; el hasta ahora portavoz del Gobierno, Fernando Moraleda; y miembros de las organizaciones sociales y empresariales competencia del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Corrupción en Murcia, según el periódico "Público"

MURCIA.- Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos, según afirma hoy el periódico "Público".

La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.

De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles.

Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE. Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:

Águilas: "caso Zerrichera"

Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.

Totana: ‘operación Tótem’

Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas.

Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.

Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.

Los Alcázares: ‘operación Ninette’

Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.

Alcantarilla

Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.

Fuente Álamo y Torre Pacheco

En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.

Abanilla

Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

Archena

El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.

Cieza

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros.

Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.

Mazarrón

El alcalde del municipio, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia le denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista dirigido por Domingo Valera (ex miembro del PP) para que los ediles apoyaran al equipo de Gobierno popular. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El fiscal le pide seis años de cárcel.

Villanueva del Río

Actualmente se investiga la construcción de una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

Ulea

Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. Ulea es un municipio de unos cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de 4.000 euros mensuales, más dos pagas extras, por lo que percibe un salario neto, como alcalde, 3.000 euros.

San Javier

El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma.

En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

Murcia

En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

Mula

La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

Puerto Lumbreras

Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.

Cartagena

La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

Abanilla/Fortuna

Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

La balsa Jenny

La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel.

Ojós

El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, fue detenido por presunta corrupción de menores y recientemente, después de que se dictara contra él una orden de alejamiento de un menor del municipio, fue detenido por quebrantamiento de dicha orden judicial.

También en la Televisión Autonómica

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encargará de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.

El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera. Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era copropietario de Polaris World, que participa en GTM, resultó adjudicatario de la carísima televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.

El G-7 y el FMI reclaman a los bancos transparencia ante la crisis

WASHINGTON.- Los grandes financieros del planeta, tomando en cuenta la aguda desaceleración del crecimiento mundial, exhortaron a los bancos a ser transparentes sobre sus pérdidas potenciales y revisaron su posición tradicional sobre el dólar, durante su reunión de este fin de semana en Washington.

Enfrentados a lo que el Fondo Monetario Internacional calificó de la crisis más grave desde el 'crash' de 1929, dijeron que sólo una mayor transparencia podría restablecer el funcionamiento normal de los mercados. En sus reuniones de primavera, los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de los 185 países miembros del FMI y del Banco Mundial sacaron sus conclusiones de un muy esperado informe del Forum de Estabilidad Financiera (FSF).

Sus homólogos del Grupo de los 7 (G-7, países industrializados) los precedieron el viernes, comprometiéndose firmemente a poner en práctica el documento, poniendo un plazo inédito para su ejecución a ciertas recomendaciones: 100 días. Recomendación es en realidad "un término amable" notó el presidente del FSF Mario Draghi.

"De hecho, ciertas recomendaciones son verdaderas decisiones políticas". "Es un primer paso en la respuesta reglamentaria a la crisis", subrayó Draghi, que debe ser acompañada, según él, de una visión macroeconómica y medidas que favorezcan la liquidez de los mercados. La alarma fue desencadenada por el FMI, que al comienzo de la semana afirmó que la economía estadounidense entrará en recesión, frenando el crecimiento mundial.

El Fondo pronosticó además que la crisis originada en Estados Unidos podría costar cerca de 1 billón (millón de millones) de dólares al sistema financiero internacional. Esas previsiones son consideradas excesivamente pesimistas por los países ricos, pero -según el director gerente del FMI Dominique Strauss-Kahn- tienen el mérito de reubicar a la institución en el centro del debate.

En sus comunicados, el G7 Finanzas y el órgano director del FMI no llegaron a retomar el término "recesión". "Los desafíos que debe enfrentar la economía mundial son de naturaleza global, exigen acciones determinadas y una estrecha cooperación entre sus miembros", subrayó simplemente el Comité monetario y financiero internacional (CMFI) del FMI.

Para el G7 y el FMI, es indispensable que los bancos saneen sus balances y si es necesario se recapitalicen, para evitar un condicionamiento del crédito cuyas consecuencias podrían ser incalculables. La toma de conciencia se realizó con inhabitual rapidez. Ocho o nueve meses atrás "no existía el menor acuerdo" sobre la necesidad de tomar medidas para mejorar el sistema financiero, recuerda Draghi. Por primera vez en cuatro años, el G7 Finanzas cambió de discurso sobre las divisas.

En alusión al hundimiento del dólar, se declaró "preocupado" por el posible impacto sobre la economía de "las fuertes fluctuaciones de las principales monedas". Según Andrew Bush, estratega de "cambios" en BMO Capital, esta evolución plantea la pregunta: "habrá una intervención (sobre los mercados de cambios), bajas coordinadas de tasas o un alza de las tasas estadounidenses?".

Las reuniones del fin de semana permitieron concretar la reforma destinada a dar cierta pertinencia a un FMI amenazado de obsolencia. Se trata de una modesta reestructuración en tres ejes: leve reequilibrio de los derechos de voto entre países ricos y pobres, medidas de austeridad y venta de una parte de las reservas de oro del Fondo para obtener nuevos recursos.

El Comité de Desarrollo, instancia política del Banco Mundial, también solicitó el domingo a la dirección de la institución multilateral que considere rápidamente una reforma de su gobernanza, con propuestas de aquí al otoño boreal. El otro gran tema de las asambleas de este fin de semana fue la crisis alimentaria que se agrava, con disturbios en varios países, principalmente Haití.

El presidente del Banco, Robert Zoellick llamó a los gobiernos a intervenir rápidamente para evitar que la crisis empobrezca todavía más a unos 100 millones de personas en el mundo. "Está bien ver la crisis alimentaria como prioridad en la agenda política, pero ello no sustituye a los fondos", criticó la organización humanitaria Oxfam, que advirtió que la pobreza matará "más de un millón de personas de aquí a la próxima (reunión del) G7".

Elena Espinosa, la gran interlocutora con la Región / Juan Redondo

El gobernante es como el torero o el padre de la novia, si es necesario se endeuda para alquilar el traje, pero si tiene posibles se lo hace a la medida. “Y da igual que se apellide Zapatero o Valcárcel o que se llame Pedro Alberto”, comenta un veterano observador de la vida cultural murciana.

Zapatero, tras las elecciones generales tiene posibles, cuenta con un respaldo parlamentario cercano a la mayoría absoluta y el apoyo prácticamente total de su partido. Esta vez nadie cuestiona su triunfo, incluidos los populares.

Y dicen que ha decidido hacer un gobierno a su medida, ni continuista, ni feminista, simplemente “zapaterista”, con Miguel Sebastián como hombre emergente y con el centro geográfico y sociológico marcando las líneas principales de la nueva agenda.

Una decisión de dirigente que confía en su equipo, según el veterano observador, comparable a las que ha tomado Ramón Luis Valcárcel en sus renovaciones del Gobierno Regional, o las de Pedro Alberto Cruz tras ser nombrado Consejero de Cultura.

La Región de Murcia tendrá con Bermejo un diputado en el Consejo de Ministros. Y quedan pendientes las transferencias de Justicia, que en teoría se deberían desarrollar con agilidad, porque esa es también la voluntad de los gobernantes populares en la Comunidad, con el diputado regional Manuel Campos a la cabeza.

Bermejo fue cuestionado por los funcionarios judiciales y por los sectores más duros del PP. Pero la persona que sale más reforzada de esta remodelación se llama Elena Espinosa. Tiene las competencias de Agricultura, Agua, Medio Ambiente, Costas y Medio Marino.

Zapatero ha decidido prescindir de Cristina Narbona, una ministra polémica, cuestionada por los populares de San Esteban y querida por los sectores ecologistas, y que incluso llegó a sonar como posible cabeza de lista en las pasadas generales por Murcia. Espinosa tiene un perfil político más bajo que Narbona y ha sabido ganarse las simpatías de los agricultores, como se refleja en los elogios de los regantes por su nombramiento.

“Ya se sabe, cuando uno llega le reciben con palmas y olivos, y cuando le cambian salen a despedirle con piedras en los bolsillos”, comenta un vecino jubilado.

Elena Espinosa, junto con Miguel Sebastián, se presentan como los grandes interlocutores del Gobierno Regional. La primera por el tema del agua y el segundo por todo el tema del desarrollo industrial, con un plan consensuado entre la Comunidad y los agentes económicos y sociales. La ministra tiene también otro cometido marcar una nueva etapa en la cohabitación del Gobierno Central con el Levante español.

La compete llevar a cabo finalizar el plan de desaladoras de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, con el que Narbona ha tenido sus problemas, así como proveer caudales para los riegos agrarios. Y de paso contribuir a que los socialistas recuperen electores en el Sureste. Tiene fama de trabajadora, en la mochila Zapatero le ha puesto sus deberes.

Magdalena Álvarez continúa en Fomento

Para el presidente de la CROEM, Miguel del Toro, ha habido dos ministros muy negativos para el desarrollo de la Región, uno fue el popular Álvarez Cascos y otra la socialista Magdalena Álvarez, porque las infraestructuras ferroviarias con la Comunidad registran un retraso considerable.

Magdalena Álvarez continua al frente de Fomento. De su departamente depende la llegada de los dos AVEs a la Región previstos para 2011. Las obras de la variante de Camarillas están avanzadas y el proyecto de los trazados, tanto por Cieza como Elche, son cuestionados por el Gobierno Regional y las organizaciones empresariales. La incorporación de AENA al futuro Aeropuerto Regional es otra de las demandas de Valcárcel.

¿Cecilio Hernández, a la Presidencia de la Confederación?

Tras el nombramiento de los nuevos ministros, el “rumódromo” regional se mueve con rapidez para el segundo escalón. La continuidad o no del delegado del Gobierno depende oficialmente de la ministra Elena Salgado, responsable de Administraciones Públicas.

Donde se anuncia movimiento es en la Confederación Hidrógrafica del Segura. El titular, José Salvador Fuentes Zorita, dicen que podría ser recompensado con un nuevo menester por su gestión de estos últimos cuatro años, en forma de delegado del Gobierno o un alto cargo en la Administración Central.

Para su sutitución se perfila el nombre de Cecilio Hernández, ingeniero de caminos, como Fuentes Zorita, alto funcionario de la Comunidad y miembro de la Ejecutiva regional del PSRM, responsable del área de Infraestructuras y Fomento.

Manuel Aldeguer, ex alcalde de Guardamar, seguiría en su puesto de Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica.

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Detenido por la UCO el presunto testaferro del diputado regional Juan Morales

MURCIA.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a primeras horas de hoy en Alcantarilla, donde reside, a un empresario de 52 años, como presunto testaferro del ex alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, y como continuación de las investigaciones realizadas en el marco de la operación 'Tótem'. Esta detención estaba previsto hacerla desde hace ya varios días pero se pospuso a las declaraciones del imputado ante el juez instructor del TSJ. Y es posible que le siga alguna otra mientras la UCO no abandone de nuevo la Región.

Tanto el presunto testaferro ahora detenido, como el ex alcalde a través de un contrato privado con la sociedad "Deitania", cobraban comisión por la recalificación de terrenos. Así, la forma que Morales tenía de llevarse el dinero procedente de estas recalificaciones era a través de la creación de esta empresa tapadera, según fuentes de la investigación. Morales sigue sometido a una discreta vigilancia de la UCO ante la sospecha de que, a partir de hoy, pueda intentar el quebrantamiento de la libertad condicional.

El hoy detenido que, al parecer se trata del empresario totanero Juan Antonio Álvarez Moreno, administrador único de la mercantil "Deitania", se encuentra ya prestando declaración ante agentes de la UCO en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, en el barrio de Vista Alegre de la capital, antes de pasar a disposición del magistrado Pérez Templado por todo el día de mañana.

El detenido ya declaró en su día ante la inicial juez instructora del "caso Tótem", Asunción Navarro, en calidad de testigo, al haber comprado, durante el segundo mandato de Morales como alcalde de Totana y a través de esta mercantil vinculada con el ex regidor, una parcela del polígono industrial de propiedad municipal a un precio por debajo del de mercado para venderla posteriormente por un importe muy superior.

El hoy detenido se valía de su condición de agente comercial de envases de cartón para entrar en contacto, sin levantar suspicacias, con propietarios de tierras de labor y hacerles ofertas por sus parcelas rústicas. Fuentes de la investigación, consideran a "Deitania" una empresa pantalla dedicada realmente a conseguir recalificación de terrenos más que a la gestión de inmuebles.

Por otra parte y, según nota del TSJ, la secretaria judicial de la Sala de lo Civil y lo Penal, Carmen Buendía, recibió hoy, sobre las 13.30 horas, el preceptivo resguardo de la consignación de la fianza de 200.000 euros, impuesta por el magistrado instructor, Julián Pérez Templado, al ex alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea, Juan Morales.

El delegado del Gobierno, Ángel González, ha explicado posteriormente que todo esto "es la operación 'Tótem' y, a medida que se van sacando las distintas piezas, según las técnicas judiciales, pues evidentemente van siendo llamados a declarar los imputados y, a través de las declaraciones de los imputados, los jueces y, en este caso, a través de la UCO, pues actúan".

González ha reconocido que conoció la noticia "casi por los medios", aunque admitió estar informado de esta operación, "pero no sabía exactamente el momento y el lugar".

Esta detención se suma a las realizadas anteriormente, desde el pasado 26 de noviembre, en el transcurso de esta operación, de los que sólo ha estado en prisión durante dos meses, de momento, el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP, que quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros el 1 de febrero.

El pasado jueves el ex alcalde de Totana, Juan Morales, declaró, durante más de 12 horas, ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, por su posible relación con el caso 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".

La Sala está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.

El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM acordó, tras 12 horas de declaración de Morales, prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el ex alcalde de Totana. Para evitar la medida cautelar, el imputado tenía que hacer efectiva la fianza antes de las 14.00 horas de hoy. Hacia la 1,30, su hermano, Antonio Morales, ha depositado un certificado bancario por los 200.000 euros en la secretaría judicial, adonde acudió acompañado de un abogado.

Hecha efectiva la fianza, el diputado estará obligado a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comunicar cualquier salida al extranjero.

Las actuaciones continúan bajo secreto de sumario.

domingo, 13 de abril de 2008

Diego de Ramón pide se investigue si en la CAM se ha producido un vaciamiento patrimonial

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón se ha vuelto a dirigir al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que, ampliando las peticiones de su anterior escrito de solicitud de investigación de determinados aspectos de la gestión en la CAM, fechado en marzo pasado, se averigüe también si se ha producido un eventual vaciamiento patrimonial en detrimento de los fondos sociales a que está obligada por ley.

Para justificar aún más su legitimidad a la hora de solicitar estas pesquisas al órgano supervisor, siempre en aras de la mayor transparencia de los mercados, cita la aprobación por la Comisión Europea, el pasado 3 de abril, del Libro Blanco, "que aspira a facilitar las reclamaciones de daños y perjuicios contra las empresas que han violado las normas de competencia, entre ellas las entidades financieras", (...) por lo que se tendría que informar al Banco Central Europeo de los extremos de mi anterior escrito "ya que el dinero de las cajas de ahorro es un dinero público, dada su única y recta misión de función social".

Este letrado alude a la especial importancia en este caso de las situaciones de riesgo ante la inexistencia del escrutinio del mercado para con las cajas de ahorro; a que "se encuentran en el ojo de la total crisis inmobiliaria" y a que "algunos bancos internacionales y agencias de calificación han sido muy críticos con estas entidades".

Se refiere posteriormente a la progresión de la tasa de morosidad en las cajas, "incluida la Caja de Ahorros del Mediterráneo", y dice que "el volumen de préstamos que ha entrado en mora se eleva a 1.103 millones de euros, un 0,67% del total de su cartera de créditos a promotores, más del doble que hace un año, y siendo significativo que en el crédito con garantía hipotecaria, la morosidad ha subido del 0,41% al 0,72% en el último ejercicio hasta diciembre pasado, siendo de 4.154 millones de euros en el total del conjunto financiero".

Revela a continuación, citando al Fondo Monetario Internacional, que "las tasaciones o precios de las viviendas (...) siguen sobrevaloradas entre el 15% y el 20%, en términos reales y descontada la inflación", según la declaración efectuada por el alto funcionario del Fondo Monetario, don Roberto Cardarelli, quien "coloca a España como uno de los países de mayor riesgo a la hora de afrontar la corrección del sector".

A su juicio, cabe examinar en consecuencia "la venta de activos, de acciones compradas en su día, para obtener liquidez" para ver "si se ha producido la disminución patrimonial de esta Caja y por tanto la merma de depósitos sociales, y cuáles han sido los motivos de este posible vaciamiento patrimonial, sus causas y personas responsables en la dirección en esta escalada hacia abajo de los activos".

Recuerda que, "a todo esto, hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Suelo ha depreciado el valor de los activos inmobiliarios y de las financiaciones otorgadas, por lo que en este contexto las cajas van a tener que registrar pérdidas derivadas de este cambio normativo". A su juicio, incluso, "peor escenario se presentará para las cajas de ahorro que cuenten con suelo en propiedad, ya que la aprobación de la citada ley ha supuesto una depreciación de estos activos".

Este letrado, erigido en defensor de los derechos de todos los perceptores sociales de la CAM en calidad de ciudadano de la Unión Europea, pide igualmente que se analicen o evaluen los activos patrimoniales "en cuanto al valor real de dichos bienes inmuebles, por el reajuste de tasaciones (...) con arreglo al mercado actual, al valor de hoy" y se refiere, en concreto, "a los avales que presenta la CAM en sus titulizaciones de las hipotecas contraídas en el mercado crediticio, de cara a la solvencia, hacia el Banco de España y de cara a la concurrencia en las subastas de dinero del Banco Central Europeo".

Expresa De Ramón en su escrito al gobernador, que también cabe esta investigación específica, "por posible concurrencia desleal de cara a otras instituciones bancarias europeas, que cumplen con un grado de solvencia más riguroso o estricta disciplina del mercado financiero".

Igualmente, en este escrito de ampliación de peticiones a Fernández Ordoñez (en la imagen) para una mayor transparencia de la CAM, De Ramón habla de "fuertes contradicciones de esta Caja (...) ante la falta de investigación o evaluación de lo que dice que es cierto, que no lo sabemos, nos tenemos que fiar de lo que dice, puesto que no ha existido un órgano supervisor que informe a la Opinión Pública del estado real de dicha Caja con estos antecedentes dichos".

Y le recuerda que ya se prevé en el acuerdo de Lisboa, del pasado 13 de diciembre, la creación de una Fiscalía europea para "investigar, perseguir, y someter a juicio, a los autores y cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, competencias que se podrían ampliar en el futuro a todos los delitos graves de dimensión transfronteriza".

En este sentido, le insta a que se averigüe "el posible contrato blindado de su director general (...) y si está en consonancia con la responsabilidad, en caso de producir daños por él mismo a la Caja, si se corresponde con la reparación económica a la misma", su vigencia, efectividad, y su modo de ejecución, "y si se ha publicitado ante los órganos de dirección, resto de responsables políticos y agentes, como de los propios clientes en su memorando, y si afectaría a costa de posibles beneficios de la merma en las inversiones sociales".

Aprovecha finalmente para que se constate si en el año 2007 se pudieran haber mermado las inversiones sociales por "los créditos concedidos en dicha Caja de Ahorros del Mediterráneo, en cuanto a los doce consejeros, que se le han dado créditos por valor de 21.500.000 euros (...) y en el año 2006 a muchos más consejeros y otras personas en muchisimo más dinero, qué tiempo dejado de carencia y al tipo de interés que se le ha dejado".

El asfixiante poder del (nuevo) Gobierno / José Antonio Zarzalejos

Rodríguez Zapatero, con la confianza del Congreso obtenida en segunda vuelta, quedó hoy investido con una cláusula constitucional de apoderamiento exorbitante (artículos 97 y siguientes de la Constitución) no compensado con una correcta separación de poderes ni con los higiénicos equilibrios de los contrapoderes sociales de distinto y legítimo orden. La conclusión inmediata es que el Gobierno en España —aún ajustándose a la Constitución— dispone de un poder que fagocita a los otros dos del Estado, el legislativo y judicial, y absorbe cualquier forma de vertebración ciudadana que se sitúe al margen de los partidos políticos.

De forma libérrima, sin el control parlamentario de idoneidad que sí existe en otras democracias, Rodríguez Zapatero nombró a los miembros de su Gobierno a los que las leyes no exigen ningún tipo de cualificación para ser titulares de sus respectivos Ministerios ni clase alguna de requisito sea académico, profesional o, simplemente, empírico. Un nombramiento ministerial motivado en la amistad personal y la confianza es formalmente idéntico al que se produce por razones de excelencia intelectual o gestora. El mérito no es aquí y ahora una credencial en política y tenemos ocasión de comprobarlo en algunos casos en la lista del nuevo Gabinete de Rodríguez Zapatero.

No siempre fue así. Los Gobiernos de UCD estuvieron plagados de grandes profesionales de distintos ámbitos y en varios equipos de González se incrustaron figuras de singular altura y dimensión. Aznar llegó a disponer de un banquillo espectacular con suplentes tan brillantes como los titulares. En un determinado momento —seguramente cuando mediaba la segunda legislatura del PP— la política sufrió una significativa y brusca descapitalización y se produjo después una huída hacia los márgenes externos de la vida pública de los grandes personajes de la Transición. Alfonso Guerra es, quizá, el último mohicano de una forma de entender y practicar la política ahora en manos mucho menos expertas, más ideologizadas, y, en cierto modo, más funcionariales.

La expansión de los poderes del Gobierno es extraordinaria y peligrosa. Del Consejo de Ministros sale más del noventa por ciento de la normativa que el Parlamento eleva a ley ordinaria u orgánica; del Ejecutivo salen las instrucciones a su grupo parlamentario que negocia según pautas gubernamentales los nombramientos en el Poder Judicial y —con el concurso de la oposición mayoritaria y las minorías— se configuran sus órganos de Gobierno y el Tribunal Constitucional. De la Moncloa sale también el Fiscal General del Estado y de esa residencia presidencial salen asimismo las indicaciones sobre quienes deben ocupar delicadísimos cargos en los organismos reguladores. Es decir, que Montesquieu, el gran teórico de la separación de poderes, está efectivamente muerto y enterrado aunque la resurrección de su tesis central sería una buena receta para la regeneración democrática.

El problema no es tanto de leyes que limiten el poder del Gobierno como la ausencia de una concepción más democrática y respetuosa del sistema democrático entendido éste no sólo en términos políticos sino también sociales. El Gobierno no sólo dispone de facultades enormes porque las normas se las confieren, sino porque el Ejecutivo es consciente de que —por una inercia histórica— la sociedad española reverencia el poder y muchas de sus elites juegan, incluso, a la adulación de los que lo ostentan. Cuando se dice que en España no existe “sociedad civil” sino estructuras de poder que se superponen a ella, se está aludiendo precisamente a la asfixiante presencia gubernamental en detrimento del protagonismo social en el ámbito empresarial, cultural, mediático y universitario por poner algunos ejemplos.

Instalados en un sistema cerrado y endogámico de partidos y en una preeminencia gubernamental que desertifica a los otros poderes del Estado, la recuperación de una democracia social más auténtica se antoja un objetivo difícil. Y ni Rodríguez Zapatero ni Rajoy han dicho nada al respecto. Han apelado al diálogo, pero a un diálogo entre ellos, no a una interlocución con la sociedad. Que tendría que ser —la crisis económica encima de la mesa, el desastre de la justicia en fase aguda y la cuestión territorial ardiente— la primera preocupación del primer Gobierno de la segunda legislatura del macropresidente Rodríguez Zapatero.

El juez que ha mandado a prisión al alcalde de Torre Pacheco está en el ojo de un huracán

MURCIA.- La decisión del juez Salvador Calero de enviar a prisión al alcalde de Torre Pacheco ha desatado una tormenta política y judicial como hace años que no se conocía en la Región. No tanto por el encarcelamiento del primer edil del PP como por los elementos que rodean al caso, algunos de ellos extra judiciales, y por haberse encontrado de frente con el abogado José Pardo Geijo, quien desde las primeras horas ha puesto en entredicho la competencia del juez para entender el caso y ha criticado la vertiginosa secuencia de decisiones tomadas en pocos días, dentro del juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, para enviar a su cliente a prisión, según relata hoy "La Verdad".

Salvador Calero, hijo del abogado del Estado Juan Ramón Calero, anterior presidente del PP murciano, fundador del Partido Demócrata Español y uno de los políticos destacados durante la Transición democrática, rechaza ser un juez estrella. Huye de los fotógrafos y sólo busca la discreción. Con 30 años, soltero y aficionado al paddle, guarda cierta similitud física con el alcalde de Torre Pacheco si se repara en la edad -García Madrid tiene 32 años- y en el corte de las patillas.

Como titular del juzgado de Instrucción número 3 de San Javier, Salvador Calero actúa también, desde el pasado día 26, como juez sustituto del Juzgado número 4 debido a la baja por maternidad de Aránzazu Moreno, quien ha llevado desde hace más de un año el caso de la presunta trama de corrupción urbanística en Torre Pacheco y Fuente Álamo. Todo dentro de un sumario de más de 16.000 folios surcado de miles de grabaciones telefónicas del alcalde García Madrid y del constructor Facundo Armero, principalmente. Aunque también alcanza a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa ( PP) y a su arquitecto municipal.

Cuarenta y ocho horas después de hacerse cargo de la sustitución, a Salvador Calero no le tembló el pulso a la hora de decidir la detención del regidor de Torre Pacheco el pasado 28 de marzo, momentos después de que el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, le entregara en mano las diligencias contra el alcalde y otros por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la operación de permuta de los terrenos, que podrían haber causado un perjuicio de cinco millones de euros a las arcas municipales.

Tan claro lo tenía el juez, que fue más allá de las medidas que pedía el fiscal, ya que este último solicitaba la detención del arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera Sánchez y la declaración como imputado del alcalde García Madrid «de la forma que proceda a resultas de las actuaciones anteriores»

La pregunta que muchos se hacían era cómo, en tan poco espacio de tiempo y sin conocer con detalle el sumario matriz de miles de folios, el juez había enviado a la cárcel al arquitecto técnico y, sobre todo, al alcalde. El abogado Pardo Geijo llegó a preguntarse con acidez crítica si acaso el juez no era «un superhombre». A Salvador Calero le bastó conocer en detalle el contenido de 100 folios y madurarlo durante un fin de semana para actuar. Eso sí, a la velocidad del rayo.

El Tribunal Superior de Justicia ha convalidado la sustitución de Aránzazu Moreno por Salvador Calero; mientras que el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, ha solicitado respeto para el trabajo de los jueces.

¿Hace falta tener espolones, o acaso emerge una nueva generación de jueces que tienen más claras otras prioridades cuando se trata de delitos relacionados con el urbanismo? Unos delitos para los cuales se dispone de más herramientas legales y policiales para combatirlos que antes. La experiencia de Salvador Calero se cifra en que fue nombrado juez hace cinco años, cuando contaba 25 de edad, después de sus estudios de Derecho en Murcia, donde fue premio extraordinario fin de carrera. Pasó un año de prácticas en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para ocupar después la plaza de San Javier, la cual dejará cuando ascienda a magistrado.

Las argumentaciones jurídicas de los abogados defensores se han trufado con interferencias extrajudiciales cocinadas en algunos recodos del PP, dirigidas a cuestionar la capacidad de estos jueces y hacer mella en su prestigio por diferentes cauces. Dos alcaldes en prisión, un ex alcalde y diputado nacido de la lista popular, como Juan Morales, con una fianza de 200.000 euros para eludir la cárcel de Sangonera; amén de otros alcaldes y ex altos cargos imputados, resulta demasiado para el PP murciano.

En el caso de Salvador Calero, ha saltado a la palestra como un resorte el simple hecho de ser hijo de Juan Ramón Calero. Algo que ciertos sectores han procesado para apelar a una especie de «venganza de Calero» hacia el Partido Popular a través del brazo ejecutor de su hijo.

Calero, que alcanzó las mayores cimas en el PP durante los tiempos de Manuel Fraga y Hernández Mancha -fue portavoz en el Congreso de los Diputados- perdió el control del PP murciano en el año 1991 frente a Ramón Luis Valcárcel. A partir de ahí, y después de su paso por la portavocía de la Asamblea Regional, empezaron a fraguarse los reproches y la enemistad política.

Resultaría muy difícil hilvanar una supuesta venganza de Calero. Éste ha comentado en los últimos días si es que acaso ha estado criando a un hijo para que fuera juez, para que acto seguido le tocara ejercer en un juzgado de Instrucción de San Javier, y para que le haya caído este caso de presunta corrupción. Todo ello con la supuesta finalidad de una venganza hacia el PP servida en un plato muy enfriado durante 17 años. Como abogado del Estado, lleva en curso, entre otras, la demanda del Ministerio de Medio Ambiente contra el Gobierno regional por la obras de Puerto Mayor, en La Manga, paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia. Una chinita más que algunos han querido meter en este zapato.

Juan Ramón Calero cree que puede contar con los dedos de una mano los enemigos que pueda tener en el PP. Le gusta recordar que muchos alcaldes populares le siguen felicitando la Navidad y que continua haciendo favores a su antiguo partido, cuando alguien se lo pide. Las discrepancias políticas se difuminarán del todo el mes que viene, cuando el PADE, el partido que Calero fundó, probablemente se diluya dentro del Partido Popular.

sábado, 12 de abril de 2008

El gobierno de Valcárcel se empecina en la ficción de Corvera pese a la fuerte inversión del Estado en San Javier

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se empecina en la ficción del proyecto del aeródromo de Corvera y empezará la próxima semana la elaboración de las actas previas de ocupación "de terrenos afectados por la próxima construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia", según informan fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Los técnicos de la Consejería se reunirán los días 14 y 16 con los vecinos de las pedanías de Corvera y Valladolises para iniciar dichas actas y cerrar el acuerdo de expropiación, concluyendo así los pasos administrativos previos a la ocupación urgente de los terrenos", prosigue el texto.

"El secretario general de la Consejería, José María Bernabé, ha mantenido diversas reuniones con vecinos a lo largo de los últimos meses a fin de informales del proceso y los requisitos del mismo, y es a partir de ahora cuando éstos podrán presentar y exponer sus pretensiones respecto al acuerdo de expropiación", según se revela en el mismo.

"Este proyecto, con un presupuesto total de 265.950.000 euros, dará cabida a 3 millones de pasajeros anuales en su fase inicial, dispondrá de una terminal de pasajeros de 23.000 metros cuadrados, que podrá ser ampliada cuando la demanda crezca gracias a un estudiado diseño arquitectónico", finaliza diciendo el comunicado.

Este comunicado es la reacción del ejecutivo autónomo a los ya conocidos planes inmediatos del Estado sobre las instalaciones del actual aeropuerto internacional de Murcia-San Javier, donde ahora AENA tiene previsto invertir 50 millones de euros más para ampliar la actual terminal, hasta triplicar la superficie de la diseñada en el proyecto de Corvera, y un nuevo aparcamiento.

Una vez ejecutadas las obras de la segunda pista y de la nueva torre de control, que entrarán en funcionamiento a comienzos del próximo otoño ymás que doblarán la actual capacidad de tráfico, le permitirán estar abierto durante las veinticuatro horas del día frente a la apertura sólo diurna del proyectado en el Campo de Cartagena por la Comunidad Autónoma.

A nivel de idea muy avanzada, tras las obras de ampliación y mejora en San Javier se estudia poder enlazar el modernizado aeropuerto con La Manga a través de un servicio de helicópteros, una vez se determine la ubicación de un helipuerto en una de las zonas más despejadas de esta larga lengua de rocas y arena.

(Simulación virtual del aeródromo de Corvera)

UGT exige a Rostoy que busque soluciones dignas a la situación de la empresa

MURCIA.- Con el fin obtener respuestas a varias cuestiones en duda y de buscar soluciones a una situación insostenible para los trabajadores de la fábrica productora de néctares y zumos Rostoy, representantes sindicales de FTA-UGT se reunieron en Murcia con el gerente de la empresa distribuidora de productos alimenticios ‘Interjuice’, Claude Picazo, de la que el Grupo Rostoy posee el 50% del capital, según "El Faro".

La planta de Rostoy atraviesa por serias dificultades económicas, que están desembocando en la disminución casi al 100% de la producción y a “la reducción de la plantilla en un 40%”, según fuentes sindicales, quienes añadieron que “aún no se ha pagado a los empleados la nómina de marzo, y hay cuatro trabajadores a los que se les debe desde febrero”.

Las mismas fuentes explicaron que los problemas económicos de la fábrica de Casillas han hecho que “desde hace días la empresa no cuente con seguridad privada, pues se le debe dinero a la contrata de vigilancia y, además, el agua está cortada también por deudas, aunque nos han asegurado que el martes se restablecerá el servicio”.

Por su parte, el gerente de la empresas gala ‘Interjus’ informó a los representantes sindicales Antonio Álvarez, secretario de Empleo de FTA-UGT, Antonio Sánchez, representante sindical de FTA-UGT en Rostoy, y a Jesús Cámara, Secretario General de la Federación UGT, de que “nosotros sólo debemos a Rostoy una cantidad que asciende a 825.000 euros y no a 1,4 millones de euros como asegura el director gerente de la fábrica de Casillas, Carlos Sánchez Ríos. Es el grupo Rostoy el que nos debe mucho más dinero. Ni muchísimo menos la crisis que vive la empresa se debe a lo que le debe Interjuice”, explicó Picazo.

De otro lado, Antonio Sánchez aseguró que “ante la comunicación por parte de la empresa de que quiere enviar temporalmente al paro a unos 35 trabajadores de los 80 que hay en la planta productora de Casillas, los cuales tienen quince días para negociar esta situación, nosotros lo que queremos es que la empresa diga de una vez si hay proyecto de futuro o si no lo hay, que nos lo presenten y que no lleve más en palabras a la gente.

Pero sobre todo que Rostoy no busque ventaja, que no haya ningún ventajista en este problema y que busque la solución más digna para todos los afectados. En caso contrario, no son los trabajadores los que más van a perder, sino que también lo hará la empresa”.

Fábrica en Tánger

El 12 de Septiembre de 2006, y bajo la presidencia del ministro de Industria y Comercio de Marruecos Sr. Salah Eddine Mezouar, tuvo lugar la inauguración oficial de la fábrica de zumos que Grupo Serhs puso en marcha conjuntamente con la firma Rostoy en Tánger.

Con la pretensión de elaborar más de 10 millones de litros de zumo y néctar durante el 2007 y poder comercializar en cualquier parte del norte de África, fue inaugurada aquel día la nueva planta de fabricación Rostoy Marruecos, entidad mercantil promovida por Grup Serhs y su partner Rostoy, empresa murciana líder en este sector.

En la nueva sociedad, Rostoy se ocupa del proceso productivo de los zumos y concentrados, y Grup Serhs aporta sus conocimientos y experiencia en comercialización y distribución, además de su presencia en el mercado marroquí como empresa de cátering.

En el acto inaugural estuvo presente el entonces embajador español Luis Planas Puchadas, y otras autoridades del país, así como una delegación de altos cargos de la Comunidad Autónoma dee Murcia, donde Rostoy tiene su sede central, y que fueron representados por su presidente Manuel Sánchez, y su director Carlos Sánchez.

Por parte de Grup Serhs se desplazaron su presidente Ramon Bagó y el director del Área de Nuevos Emprendimientos y Estrategias de Negocio Josep Puig, a los que acompañó su partner marroquí y asociado Abdelkarim Rahal Essoulami.

La fábrica, que está situada en la ciudad de Tánger y tiene una extensión de 5.000 m2, empezó pronto a producir zumos con concentrados procedentes de Murcia, aunque el objetivo era utilizar fruta de la zona tan pronto cómo fuese posible.

(Acto de inauguración de la fábrica de Tánger)

La fianza coloca a Morales como el “capo” de “Totem” / Juan Redondo

La Fiscalía pedía su prisión incodicional y su abogado José María Caballero alegó que jurídicamente no existía riesgo de fuga, ni obstrucción a la Justicia, ni posible destrucción de domumentos públicos, que su defendido había pedido declarar voluntariamente y que no se había fugado a Brasil.

El magistrado Julián Pérez-Templado, que tiene “alguna mili” y prestigio en la judicatura, que ha recorrido desde los juzgados comarcales a presidir Audiencias provinciales o el TSJ de la Región de Murcia, estimó conveniente para que el aforado Morales pudiera eludir la prisión provisional previo deposito de una fianza de 200.000 euros. Cantidad que el ex alcalde de Totana afirmó tener antes del lunes con la ayuda de su familia y prestamos bancarios.

Es el primer diputado regional que es procesado por un presunto caso de cohecho, junto a una larga retahila de como presuntamente no debe usarse un cargo público.

La compacencia más esperarada de los procesos de presunta corrupción muncipal por intereses urbanísticos despertó más interés para los medios de comunicación que para los ciudadanos. A lo largo de la jornada del jueves, frente a la Audiencia Provincial, Juan Morales sólo tuvo el apoyo testimonial de sus hermanos y un amigo.

Qué diferencia con las manifestaciones y concentraciones de Totana en apoyo del alcalde Martínez Andreo o las muestras de apoyo popular y político con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, preso en Sangonera. Morales ha sido “repudiado” por su propio partido y eso socialmente pesa y mucho.

En un análisis simple de la decisión judicial tras la comparecencia de Morales respecto a la “Operación Totem”, parece claro que queda como el gran “jefe del presunto negocio”. Al alcalde Martínez Andreo, le marcaron una fianza de 60.000 euros, entre los intermediarios o empresarios, el tope lo marca el promotor gallego de la urbanización a construir en la zona rústica con 150.000 euros, imputado por posible cohecho.

La cifra de Morales marca el techo económico. De momento el diputado sólo dice que buscará ayudas para recoger el dinero de la fianza antes del lunes, una cantidad que lo marca al menos en apariencia como el máximo responsable de la “Operación Tótem”.

La Fiscalía pide que se mantenga el secreto del sumario

Tras dos meses de no practicarse diligencias por la huelga de los funcionarios, el “secreto de sumario” sobre la presunta corrupción urbanística de Totana se mantiene a pesar de las peticiones de los letrados de los imputados en el escándalo, desde el el representante del alcalde Martínez Andreo al letrado del diputado Morales.

Después de la larga comparecencia de Juan Morales del jueves se esperaba que se levantara el mismo. Según fuentes judiciales la Fiscalía solicitó al magistrado que se mantuviera esta medida porque quedan aún diligencias importantes que realizar.

El supuesto escándalo está en fase de instrucción y las responsabilidades penales las marcarán los tribunales. En las políticas los populares arropan al alcalde, mientras “repudian” a Morales al que enviaron al grupo mixto de la Asamblea Regional. El tema va para largo.

El juez Del Olmo vuelve destinado a la Audiencia Provincial de Murcia

MURCIA.- El magistrado murciano Juan del Olmo Gálvez, que en la Audiencia Nacional instruyó la causa por el atentado del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, de Madrid, vuelve a Murcia para ocupar una plaza vacante en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, según han revelado fuentes judiciales.

Su incorporación está prevista para antes del verano, en una sección judicial dedicada por completo a procesos de índole penal, una vez expire su licencia de varios meses para asuntos propios, de la que disfruta en este momento en el extranjero.

Juan Del Olmo, nacido en 1958 en el barrio del Carmen, estudió el Bachillerato en el colegio de "La Merced", de los Hermanos Maristas, y se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia en 1980. Está casado en segundas nupcias desde 2005 con la fiscal María Luisa Fernández Delgado y reside en una urbanización de la periferia de la capital. En vacaciones o fines de semana es habitual encontrarlo por las calles de la ciudad.

Comenzó su carrera profesional (1986-89) en el País Vasco, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Durango (Vizcaya). En esta época, tuvo un accidente de tráfico que le ha dejado una leve cojera y le obliga a utilizar bastón.

A principios de 1989 fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cieza y, a finales de ese año, se trasladó al Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia, donde adquirió la categoría de magistrado.

El 28 de julio de 1998, el Consejo General del Poder Judicial, le designó para sustituir en comisión de servicio, a Javier Gómez de Liaño al frente del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional. En octubre de 1999 se reincorporó a su puesto en el Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia.

En junio de 2000 regresó a la Audiencia Nacional, en sustitución del juez Manuel García Castellón, en comisión de servicio. Un año después el Consejo General del Poder Judicial le otorgó la plaza de juez titular de la Audiencia Nacional para desempeñar el cargo en el Juzgado número 6.

Desde ese Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional instruyó, no sin falta de cierta polémica, las diligencias sobre el atentado terrorista que en marzo de 2004 acabó con la vida de 191 pasajeros de trenes de cercanías, y en el que resultaron heridas otras 1.857 personas.

El Consejo General del Poder Judicial respaldó su labor instructora aunque hubo de instarle a ir concluyendo sumario de tan compleja elaboración.

La investigación apunta a que Morales recibió dinero de varios empresarios

MURCIA.- No es un cohecho, sino varios. La investigación derivada de la Operación Tótem, centrada en una trama de corrupción desmantelada en Totana, habría ofrecido numerosos indicios que apuntan a que el ex alcalde del PP Juan Morales y actual diputado del Grupo Mixto -ha sido expulsado del partido- recibió dinero de varios empresarios y promotores de la comarca.

Distintas fuentes, conocedoras del contenido de las diligencias judiciales, han confirmado que respecto de Morales se investigan varios delitos de cohecho y no sólo uno, el referido al Grupo Nuaria de construcción, como había trascendido hasta ahora, según cuenta hoy "La Verdad".

Las mismas fuentes señalan que el cúmulo de pruebas e indicios acumulados contra el ex alcalde es muy importante, e insisten en que hay datos numerosos que llevan a sospechar que recibió diversos pagos de empresarios y promotores cercanos, «en apariencia como muestra de agradecimiento por proyectos que habían salido adelante en Totana».

Numerosas preguntas que le fueron formuladas al parlamentario, a lo largo de las casi trece horas que estuvo declarando este jueves en el Tribunal Superior de Justicia, fueron en la línea de instarle a dar explicaciones sobre esos posibles cobros no justificados de dinero.

Las figuras del fiscal jefe, Manuel López Bernal, y del fiscal anticorrupción José Luis Díaz Manzanera, cobraron en esa línea una relevancia de primer orden durante el interrogatorio, pues fueron particularmente incisivos.

Temores de la Fiscalía

El fiscal José Luis Díaz Manzanera pidió el ingreso en prisión incondicional del ex regidor de Totana y diputado regional porque cree que hay indicios de que puede escapar a Brasil, según "La Opinión".

El fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y el fiscal encargado de la operación Tótem, José Luis Díaz Manzanera, fueron inflexibles en su petición. Los responsables de la investigación solicitaron hasta el final el ingreso en prisión de Juan Morales "por el elevado riesgo de fuga". Finalmente, no fue así.

El magistrado instructor, Julián Pérez Templado, no compartió este punto de vista y dejó en libertad al ex alcalde y actual diputado en la Asamblea Regional. Eso sí, con una fianza de 200.000 euros que deberá abonar antes del próximo lunes.

El auto dictado por Pérez Templado es claro en este sentido. En el mismo, el magistrado entiende -en contra de la opinión del fiscal-, que no se aprecia riesgo de fuga "una vez que han transcurrido cuatro meses desde que salieran a la luz pública los hechos motivo de estas diligencias". En el escrito, además, Pérez Templado recuerda que el imputado "ha estado a disposición del tribunal en todo momento".

El fiscal, sin embargo, no comparte esa visión. Díaz Manzanera está convencido de que Morales posee varias propiedades en Brasil -país del que es natural su actual pareja-, y de que estuvo realizando envíos periódicos de dinero a este país. Así, la posibilidad de que Morales pueda huir antes de que concluya la fase de instrucción fue el principal argumento esgrimido por el fiscal para solicitar el ingreso en prisión del diputado regional. Pero no es el único.

La prisión preventiva se justifica también cuando hay riesgo de que la persona imputada pueda destruir pruebas o reincidir en el delito que se le imputa. Estos argumentos, no obstante, fueron también rechazados por el magistrado Pérez Templado.

El auto recuerda que las pruebas testificales y documentales "ya están incorporadas a los autos", por lo que entiende que no existe la posibilidad de que se puedan destruir pruebas que afecten a la investigación. Por último, la decisión del magistrado resta importancia también a la alarma social generada por el caso. "La alarma social que pudieran producir los hechos -prosigue el auto- se ha atenuado con el paso del tiempo".

Según fuentes próximas al TSJ, la vista en la que se decidió la situación personal de Morales fue particularmente tensa. El fiscal y el abogado defensor, José María Caballero, discutieron uno a uno y hasta la extenuación cada uno de estos supuestos.

La decisión final de Pérez Templado fue salomónica. El magistrado dio validez a la buena fe mostrada por Morales en estos cuatro meses, pero sin olvidar que los investigadores le consideran el cerebro de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no piensa recurrir el auto del magistrado Julián Pérez Templado, ya que Manuel López Bernal y José Luis Díaz Manzanera consideran que el auto está bien fundamentado.