La pregunta está en el ambiente: ¿Es acaso Murcia la provincia de España en la que los políticos dan más trabajo a la Justicia? Algunos dicen que sí, y añaden maliciosamente que por eso ha tenido que venir el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a encabezar una candidatura al Congreso de los Diputados por esta provincia.
Pero yo no lo tengo tan claro. Porque está Málaga, con la Operación Malaya (aunque, eso sí, el señor Roca es natural de nuestra tierra); y Madrid, con la Operación Guateque; y Alicante, con problemas en los municipios de la capital y Orihuela, y lo de Terra Mítica, que no sabemos cómo va a quedar; y está Castellón de la Plana, con los asuntos del presidente de la Diputación, señor Fabra; y Baleares, y las Canarias.
Es cierto que no pasa semana sin que algún municipio de nuestra provincia aparezca en la prensa nacional relacionado con algún caso de supuesta corrupción. Esta última semana han sido las grabaciones de las conversaciones del señor alcalde de Torre Pacheco, y de la señora alcaldesa de Fuente Álamo; la semana pasada, el caso del ex alcalde de Los Alcázares; hace poco, el asunto de Totana, con el actual alcalde recién salido de la cárcel, y el anterior defendiendo su condición de aforado como diputado regional. Y antes hemos tenido otros muchos asuntos, como el de la Zerrichera, y múltiples acusaciones sobre la confusión de intereses particulares con la gestión pública, que nunca han sido desmentidos de forma realmente convincente.
No obstante, yo creo que en otras provincias puede haber muchos más casos que en Murcia, y que lo que nos ocurre es que al vivir aquí lo vemos todo con más detalle, con más cercanía. En todo caso, es muy difícil establecer un ranking. Y tampoco importa mucho. Porque no creo que nadie tenga interés en disputar el primer puesto en esta deshonrosa clasificación.
Sea como fuere, hay una realidad demostrada en las urnas: las acusaciones públicas de corrupción no han influido en las decisiones del electorado, al menos en las últimas elecciones locales y autonómicas. Salvo algún caso aislado (como San Javier), los partidos políticos que ostentaban las alcaldías, las han mantenido, pese a tener que sufrir un vendaval de imputaciones de supuesta corrupción. Y esto no sólo ha ocurrido en Murcia, sino en toda España.
Las interpretaciones sobre estos comportamientos del electorado, han sido muy diferentes según les haya ido en la feria a quienes las emiten. Para aquellos que, pese a sufrir acusaciones públicas de corrupción, han sido apoyados por las urnas, la interpretación ha sido que el electorado ha actuado con sabiduría, con madurez, no se ha dejado intoxicar por la campaña de desprestigio orquestada por unos adversarios políticos que, poco menos, han mediatizado a la Policía, a la Guardia Civil, y a la Justicia.
Ha habido incluso una persona, el señor Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que, seguramente en un exceso de euforia la noche del recuento de votos, llegó a decir que había sido absuelto por el pueblo, y, además, absuelto cum laude. Estoy seguro que, al día siguiente, pasados los ardores electorales, su abogado le informaría de que, pese al resultado de las urnas, la Justicia seguía su marcha (a otro ritmo, más lento, que el de la política), y que los procesos penales que tiene abiertos no se archivarían por el veredicto de las urnas, y que, al final, si hay alguien que tenga que absolverle de verdad, tendrá que ser necesariamente la Justicia.
Por el contrario, para aquellos que esperaban un vuelco electoral por existencia de imputaciones de corrupción al adversario político, el que los votantes no hiciesen caso de los escándalos denunciados, y refrendasen a los imputados, inicialmente les sumió en el desconcierto. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? -se preguntaron la noche electoral-. ¿Es que la gente no es sensible a estas imputaciones de corrupción? ¿Es que les da igual? ¿Cómo han vuelto a votar a estas personas sabiendo lo que saben?.
Hubo incluso algún candidato que, en su enfado, reprochó al electorado su comportamiento y llegó a decir que con su voto se convertían en cómplices de las corrupciones denunciadas: un disparate político y jurídico, sólo disculpable por el trastorno mental transitorio que una noche de enfado electoral puede producir a un candidato frustrado.
Pero, al margen de las anécdotas, y con carácter general, cabe preguntarse, por un lado, las razones por las que se ha producido (no sólo en Murcia, en toda España), este comportamiento del electorado: ¿Es que hay realmente una cierta tolerancia social hacia la corrupción? ¿Es que nos da igual que los políticos sean o no corruptos?.
Y, en segundo lugar, importa también que nos preguntemos si la escasa incidencia de las imputaciones de corrupción en las decisiones de voto es algo permanente, arraigado, que no va a cambiar; o, por el contrario, se trata de algo episódico, que ha ocurrido, pero que puede no volver a ocurrir en el futuro.
En mi opinión, sobre las razones del electorado para no hacer caso a las imputaciones de corrupción, no hay una respuesta unánime. He hablado con mucha gente, y me han dado respuestas muy variopintas, que con ánimo de claridad podemos clasificar en los siguientes grupos:
En la raíz de algunas decisiones de voto, he encontrado un profundo escepticismo: algunos piensan que todos los políticos son iguales, que todos se aprovechan del cargo, que hoy son unos, pero, si vienen los otros, harán lo mismo.
A quienes me han dicho esto les he replicado que este argumento es una simplificación inexacta e injusta, y que esconde una gran pereza mental, una falta de energía para ejercer mínimamente las facultades de análisis crítico de nuestra realidad social. Que no es exacto, que todos los políticos no son iguales, que los hay listos, y los hay tontos; y que los hay honrados, y otros que lo son menos. Pero la verdad es que, con los que he hablado, no he logrado convencerlos. Es muy difícil desarraigar del escepticismo a quien está complacido con su simpleza.
A algunos les he oído respuestas más cínicas: «Yo sé que están robando -me dijo uno-. Pero mientras esto vaya bien, y los demás estemos ganando dinero, pues que sigan». Se trata, evidentemente, de un planteamiento egoísta, pero también miope. Le repliqué que, a la larga, la disfunción pública que la corrupción supone, perjudica a todos, y que todos terminaremos perdiendo. Sin embargo, creo que tampoco le convencí.
Y están, por fin, los del voto ideológico, los que votan a los suyos se diga lo que se diga, porque para ellos lo importante es que no ganen los otros. La crispación política de los últimos tiempos ha favorecido que se cierren las filas y se consolide el voto ideológico, al grito de «con los míos, con razón o sin ella». De este grupo, muy numeroso, algunos, quizás, hayan optado por la abstención.
Pero en relación a los que han votado, tampoco puede decirse que sean tolerantes con la corrupción. Y que no les indigne igual que a cualquiera. Pero entienden que la lucha política por el poder debe estar por encima de estas incidencias: que primero es que ganen los suyos, y, después, ya se pondrá orden en la casa.
¿Cambiarán estas actitudes alguna vez? ¿O esto es así para siempre?. Yo creo que en esto, como en todo, hay un punto de saturación. Y, cuando se alcance, los que se ven invulnerables por el apoyo popular recibido, verán caer en picado sus expectativas electorales. La gente tardará en movilizarse contra la corrupción, pero, cuando lo haga, arrasará de modo imparable.
En fin, como se ve, de todo esto lo menos importante es saber si la provincia de Murcia tiene unos políticos que dan o no mucho trabajo a la Justicia. Lo verdaderamente importante es que la Justicia siga trabajando, a su ritmo, con discreción, con objetividad, y al margen de estados de opinión.
Por lo pronto ya se ha conseguido algo muy importante: ha desaparecido la sensación de impunidad de la que algunos alardeaban («no pasa nada»). Sí que pasan cosas. Y más que van a pasar.
* Abogado del Estado
