La juez investiga presuntos cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo

MURCIA.- La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".

Luis Ruipérez, abogado de la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, dijo hoy que los procuradores designados para este caso han pedido que se amplíe de tres a quince días el plazo para poder fotocopiar todos los expedientes y proyectos de los tomos del sumario cuyo secreto se levantó hoy en parte, debido a que la ingente cantidad de información no permite hacer las copias en tan poco tiempo.

El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.

El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.

Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.

Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.

No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.- (Agencias)

Ambientación previa / Apunte de Argárico

Los murcianos estamos que no nos creemos lo que está pasando. Parece un sueño. Para los menos, un mal sueño. Pero, esta vez, parece verdad. Las puertas de Sangonera, abiertas de par en par, para que entren promotores inmobiliarios, políticos, funcionarios y técnicos de Urbanismo. Y los jueces, empezando por las sustitutas de Totana y San Javier, a tope. Algo mágico debe tener la presencia cercana del ministro de Justicia que anima a los debutantes, en sus primeros destinos, simplemente a aplicar el Código Penal sin contemplaciones.

Pero toda la morralla que estamos viendo no es la pesca de altura que exigen las circunstancias de la Región de Murcia. ¿Una región de “chorizos” para estos investigadores policiales procedentes de otras regiones de España? No se debe generalizar pero la criminalización de nuestra sociedad parece muy extendida y así se entiende tanta “solidaridad” con los alcaldes y ex alcaldes cuestionados por la Policía. Y alguien hace caer en la cuenta de que el letrado murciano Martínez Escribano defiende a imputados en los dos sumarios abiertos, y que más han prosperado, sobre la corrupción urbanística. Quizás algún antiguo empleado está recomendando este prestigioso bufete.

De frío a caliente. De Santa Lucía a San Valentín. Todo lo visto parece la ambientación previa de lo que se avecina. Hasta los encofradores ecuatorianos saben, a estas alturas, cuál es el verdadero objetivo por elevación. En las subcontratas no se habla de otra cosa. Hay apuestas de doble contra sencillo de que Torre Pacheco es el trueno gordo de la primera fase. Parece verosímil porque, tras las elecciones, se dice, que viene Lorca y una entidad privada, pero de fundación pública, muy conocida como tan mal gestionada para los intereses generales de los murcianos. “Todo se andará”, dice un acreditado fiscal, después de confirmar la obstrucción a la Justicia de un ex consejero regional.

Si Zapatero vuelve a ser presidente del Gobierno, a la Región no la reconocerá nadie a la vuelta del final de su segundo mandato, con un ministro de Justicia con enorme sentido del Estado de Derecho y, además, previsible diputado por Murcia en el nuevo Congreso. El PSRM está ahora al borde de su refundación por mor de este abulense sin esqueletos en el armario y que llega a la política con las manos absolutamente limpias. Ya está él recomendando limpiar las propias sentinas de Princesa para dar ejemplo a la cloaca de la calle González Adalid. Pero, ¿qué hace un presunto corrupto, como Manuel Hurtado, en sus listas? La izquierda volátil, tal vez, se movilizaría mejor con alguna sorpresa a tiempo, señor ministro.

Hasta Ginebra ha llegado, entretanto, una brigada policial española en busca de las cuentas cifradas de un político murciano, y tal vez su hermano, que presume demasiado de no haber firmado jamás algo que lo comprometa. Ya veremos porque, al menos, dos documentos clave en manos de la Fiscalía podrían probar lo contrario y comprometer, de paso, a una entidad de crédito. Particulares tampoco faltan para colaborar con los investigadores en busca de que se haga justicia. Aunque bien es cierto que luego los agentes especializados se las tienen que ver con los jueces, afincados y arraigados, para que se comprometan seriamente en esa búsqueda con la expedición de mandamientos operativos.

Da la sensación desde fuera, por ejemplo, de que el magistrado instructor del “caso Zerrichera” lo está manoseando de más. Pero hay quien piensa también que redondea la instrucción, hasta agotar plazos si es menester, con el objetivo de que su pulcritud y esmero garanticen luego un procedimiento impecable y rotundo en su conclusión. Y esto se llega a plantear ante las dificultades y objeciones de algunos jueces murcianos, menos comprometidos con la democracia y la sociedad, a las fuerzas de Seguridad por una exigencia mal entendida y que luego resulta ralentizadora, y hasta estéril finalmente.

El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya y el nuevo fiscal superior, Manuel López Bernal, ambos murcianos de nacimiento y pertenecientes a sagas familiares que hicieron grande y próspera esta región a partir de sus abuelos, son los últimos responsables a pié de obra de que nada interrumpa el proceso de saneamiento y regeneración de nuestra vida pública, política y económica. Deben dejar aparte, si los tienen, eventuales compromisos morales con algunos de los sospechosos y verificar por la ventana de su ordenador cual es el clamor de la vanguardia social. Ningún delincuente de “cuello blanco” debe quedar en la impunidad por presiones o amenazas sobre cualquier estamento. Hay que ejemplarizar para que todo esto no resulte ser una flor en el desierto.

¿Habrá en esta región un solo hombre justo de los 36 que dice el Talmud siempre existen en el Mundo para evitar el triunfo absoluto del Mal? Parece que no hay dudas de que sí aunque no sepamos quien es y él mismo ni siquiera se auto identifique. Tiene que haberlo aunque lleve poco tiempo porque la pesadilla de la última década parece que se resuelve con la vuelta a la normalidad y la desaparición de los peores de nuestros demonios familiares. ¿Cuántos inversores extranjeros acuden a Sicilia? Ninguno. Esa debiera ser la principal de las alarmas sociales que provocan estos casos de corrupción.

El fiscal, defensor del interés público, representa al Estado de Derecho. Pero instancias más conservadoras no parecen estar con los que deben. Y así no habrá inversiones, no habrá exportaciones y no hay futuro si, quienes lo tienen en su mano, no demuestran que aquí existe seguridad jurídica en vez de estar al albur de las mafias.

La información hoy fluye rápida, libre y velozmente por Internet. Ahora la imagen pública percibida sobre la Región de Murcia está bajo mínimos porque aún no se sabe bien que, según parece, ha comenzado la limpieza de corruptos y el Estado recobra el control que nunca debió casi perder, y no perdió del todo gracias al asesoramiento experto de sectores determinantes de la Abogacía del Estado.

¿Se puede consentir el permanente desacato y obstrucción a la Justicia de un alcalde, niñato y aforado, ante las solicitudes de un juez de Lorca? Se ha creado un ambiente de impunidad tal en esta región que, cosas que nos parecen increíbles, suceden pese a la fuerza del Estado de Derecho. ¿Se pueden ir de rositas destacados políticos de Murcia y Cartagena, que han hecho todo tipo de desmanes y, encima, aparecen chulos y arrogantes cuando se les echa en cara sus fechorías? Nada de todo esto puede humillar un minuto más al poder democrático y está en manos de la Justicia que aquí cada “señor de su guerra” no campe a sus anchas sin respetar el ordenamiento jurídico de todos.

En el tiempo que vivimos, ya lo hemos dicho, la información fluye libremente por Internet pero, si es veraz, resulta, además, un poder en manos del ciudadano y la sociedad a la hora de exigir sus derechos, para que nada puede ahogar su clamor. Poco o nada puede quedar oculto hoy por mucho que se empeñen estructuras caducas, egoístas y anquilosadas. Es lo que ahora toca.

La juez envía a prisión a Mariano Ayuso y opta por libertad con fianza para Escudero y Sánchez

SAN JAVIER.- La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, decretó hoy prisión provisional, comunicada y sin fianza para el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; y prisión provisional, eludible con fianza de 60.000 euros, para el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero; y de 27.000 euros para el ex secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez. Ambas fianzas ya se han hecho efectivas.

El ingreso en prisión del arquitecto se decretó después de que declarara durante el día de ayer y toda la mañana de hoy ante la juez, que dirige la instrucción por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, entre otros, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en un comunicado de prensa. Ayuso se encuentra ya internado en el Centro Penitenciario de Sangonera.

A su salida de los juzgados, el ex alcalde Juan Escudero dijo a los medios de comunicación y simpatizantes que aguardaban en la entrada y que le recibieron con aplausos: "Por primera vez voy a tener la oportunidad de defenderme donde procede, que es aquí en el Palacio de Justicia".

Tras comentar que ha sido "durante dos años continuamente vilipendiado, insultado y desprestigiado socialmente", Escudero afirmó que confía en la Justicia "que es la que pone a cada cual en su lugar".

El turno de comparecencias de los seis detenidos en el marco de la operación 'Ninette', de corrupción urbanística en la localidad de Los Alcázares, comenzó el pasado viernes, con el ex secretario del Ayuntamiento de Los Alcázares, para quien se acordó, en un primer momento, el arresto domiciliario por motivos de salud y atendiendo a su edad.

La resolución de la juez Algar se produce después de la toma de declaraciones del ex primer edil, que gobernó la alcaldía de Los Alcázares entre 1991 y 2007, y de Mariano Ayuso, que comenzó ayer y han finalizado este mediodía. Al arquitecto municipal, considerado el máximo responsable de la trama, se le cita en varias ocasiones en el sumario del caso Malaya de Marbella por recibir supuestamente pagos de Roca. Ambos acordaron la construcción de un hotel en el centro de esta localidad murciana de 14.000 habitantes.

Por su parte, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, que se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado viernes por motivos de salud y de edad, tras prestar ese día declaración judicial, fue hoy requerido de nuevo por la juez Algar, que decretó para él prisión provisional eludible con fianza de 27.000 euros.

La juez Eva María Algar García, que dirige la instrucción, reinició esta mañana la toma de declaración del arquitecto municipal Mariano Ayuso, para el que anoche prorrogó su detención, y la del ex alcalde, Juan Escudero.

Ambos prestaron ayer declaración durante más de trece horas en los juzgados de San Javier.

Escudero y Ayuso están siendo investigados por una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Los Alcázares.- (Agencias)

Aznar gana en el partido, en la Alcaldía y en la carrera por la sucesión / José Oneto

Casi toda la prensa internacional, especialmente la europea, se hace amplio eco de la crisis que esta viviendo el Partido Popular, a raíz del affaire Esperanza Aguirre-Gallardon, de la abierta lucha por la sucesión de Mariano Rajoy de cara a las elecciones generales del 2012, del debilitamiento que durante la semana pasada ha sufrido Mariano Rajoy y del poder creciente que en el partido puede tener el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Desde el “Giro a la derecha del Partido Popular español” que titula el Suddeutshe Zeitung, hasta el “Castigado el alcalde de Madrid” (Corriere della Sera) o “El alcalde de Madrid, prohibido por su propio partido” (Financial Times) hasta “La derecha española se desgarra ante las legislativas de marzo” (Le Figaro), “El Partido Popular gira a la derecha” (Handelsblad), “Una guerra entre los dos príncipes herederos debilita a Mariano Rajoy y provoca una crisis en el partido de la oposición” (Frankfurter Allemaigne Zeitung) o “Victoria para la derecha del PP, cercana al ex presidente Aznar” (Il Sole 24 Ore)

Aunque la mayoría de los analistas consideran vencedora de la crisis a la presidenta de la Comunidad madrileña, que es la que ha desencadenado el conflicto final, el auténtico ganador, apuntan muchos, es precisamente el ex presidente del Gobierno José María Aznar, que permanece expectante en su despacho de la poderosa Fundación FAES, un laboratorio de ideas a su servicio y, secundariamente a su partido, y desde el que sigue teniendo una importantísima influencia.

Si bien Rajoy ha insistido en la “independencia de sus decisiones”, especialmente la última que descartaba la presencia de Gallardón en las listas, la realidad es que el auténtico número dos es en estos momentos Manuel Pizarro, el ex presidente de Endesa, ideólogo de las privatizaciones que durante su mandato hizo José María Aznar, el que proporcionó la lista completa de los distintos presidentes de las empresas públicas privatizadas, y el hombre fuerte para la dura etapa económica que se avecina y que se ha convertido en el principal tema de debate de la campaña.

No se entiende por que, hace meses, Rajoy no pudo convencerle para que fuese en las listas populares y, de pronto, se ha producido su incorporación, precisamente cuando acababa de aceptar el cómodo y bien remunerado puesto de consejero de Telefónica que tendrá ahora que rechazar.

Según fuentes del Partido Popular, el único que ha podido convencer a Pizarro para incorporarse al proyecto popular es precisamente su íntimo amigo José María Aznar, al que ha prestado siempre una importante financiación para FAES y al que ha seguido aconsejando antes, durante y después de la grave crisis que sufrió Endesa opada por Gas Natural con el beneplácito y la colaboración del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Considerando a Gallardón y a Esperanza Aguirre “príncipes herederos” (todo dependerá del resultado del 9 de marzo y del análisis de los votos, especialmente en Madrid), el que se ha convertido de hecho en príncipe heredero es precisamente Manuel Pizarro, un hombre que ha demostrado su capacidad de liderazgo durante la pelea por el futuro de Endesa y de sus accionistas.

Aznar gana posiciones con Pizarro pero, además, gana también en la Alcaldía madrileña si, efectivamente, Ruiz-Gallardón dimite después de las elecciones del mes de marzo, junto con su hombre de confianza, Manuel Cobo (el vicealcalde), y deja en su puesto a Ana Botella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegada de Medio Ambiente.

Gallardón, que después de muchos desencuentros con Aznar ha tendido puentes en los últimos años hacia el ex presidente, ha tenido en Ana Botella una excelente aliada aunque ella, excesivamente prudente, no ha querido manifestarse a favor de nadie en la lucha por el poder que se ha producido en Madrid.

Es decir, Aznar gana en el Partido, gana en la Alcaldía y coloca a uno de sus hombres más fieles en un lugar privilegiado para optar a la sucesión de Rajoy, en caso de un fracaso electoral en marzo.

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La juez de San Javier comienza a enviar a la cárcel a los imputados en la trama de Los Alcázares

SAN JAVIER.- Los empresarios de la Construcción en Santiago de la Ribera, Valero Garcerán y su hijo Francisco José Garcerán, así como Juan Ignacio Ayuso, hermano del arquitecto municipal de Los Alcázares, están, desde anoche, en prisión comunicada y sin fianza, según fuentes del TSJ. Se espera que mañana lunes se dicte igual resolución para el ex alcalde, Juan Escudero, y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y duerman ya en una celda del Centro Penitenciario de Sangonera en vez de en los calabozos de la Comisaría de Policía de Cartagena, donde estrenaron colchonetas y mantas.

Tres de los veinticinco imputados por la Operación Ninette, a los que ayer tomó declaración en San Javier la sustituta del Juzgado nº 2 de 1ª Instancia e Instrucción, Eva María Algar, están desde las diez de la noche en el Centro Penintenciario de Sangonera. El ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, está en igual situación pero en arresto domiciliario debido a su estado de salud y mientras un médico forense no dictamine que ya se encuentra en condiciones de acompañar a los otros detenidos aunque sea en la Enfermería de la prisión murciana.

En el auto de prisión, la juez les imputa los delitos de blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y fraude fiscal. Además, al empresario Valero Garcerán le acusa de un delito de atentado por resistirse a los agentes durante su detención. Valero Garcerán intentó huir cuando varios agentes le cortaron el paso con sus vehículos. Esta actitud puede haber aconsejado una medida extrema de la juez ante el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y la alarma social que ha generado el caso en toda la Región de Murcia.

La juez investiga, en el caso de los Garcerán, si las numerosas contratas de obra pública que realizaron en el municipio se ajustan a la legalidad y si se respetaron los sistemas de adjudicación y de concurso público. Los dos constructores, padre e hijo, son muy conocidos en la zona por haber llevado a cabo ellos solos el edificio consistorial de Los Alcázares, el teatro, la piscina cubierta y el centro integral de seguridad.

Desde las diez de esta mañana, y hasta las cinco de la tarde de hoy domingo, ha declarado Juan Escudero ante la juez y posteriormente lo hizo Mariano Ayuso hasta las diez y media de la noche. Eva María Algar ha prorrogado poco después su detención policial antes de terminar mañana lunes de interrogar a Mariano Ayuso, por lo que ambos han vuelto a la Comisaría de Policía de Cartagena, para pasar esta noche, en dos vehículos policiales distintos, ya que se intenta evitar al máximo el contacto entre ambos detenidos para disuadirles de la posible coordinación de sus declaraciones ante la juez.. Para el mediodía de mañana lunes se espera una resolución judicial sobre la suerte procesal del ex alcalde, el ex secretario y el arquitecto municipal.

Vistos los antecedentes con el resto de detenidos ya no hay la más mínima duda de que adoptará con ellos la misma o más dura resolución mañana, en un precedente muy esperanzador, junto con Totana, para la suerte de otros casos ya abiertos en la Región de Murcia, por cuestiones de corrupción urbanística, en los municipios de San Javier, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras y Águilas, entre otros.

La Policía Nacional está ahora reuniendo pruebas para imputar a cuatro personas más, todos ellos conocidos constructores de la comarca del Mar Menor, a partir del exámen de toda la documentación recogida en el área de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento de Los Alcázares, casi unas 40 cajas.

Por otra parte, tres directivos de banca están imputados en este caso por un presunto delito de obstrucción a la Justicia por poner en alerta a los principales implicados al recibir los requerimientos judiciales sobre el movimiento de sus cuentas. No se descarta que la juez decrete su ingreso en prisión la próxima semana, una vez que comparezcan a declarar en el juzgado en presencia del fiscal Anticorrupción, José Luis Díaz Mananera, y éste presente cargos y solicite medidas cautelares por avisarles de que estaban siendo investigados por el juzgado de San Javier y por la Policía Nacional.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) llevan año y medio con la investigación de la 'Operación Ninette', que ha incluido un seguimiento de todos los sospechosos a través de 'pinchazos telefónicos' autorizados judicialmente, y ahora cuentan el refuerzo de los agentes de una Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados desde Valencia.

Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial están investigando intensamente las propiedades de Juan Escudero tras buscar, sin suerte, maletines con dinero en su domicilio. Ahora rastrean la pista de posibles cuentas o propiedades que Escudero pudiera tener en paraísos fiscales. Todas las cuentas conocidas en España del ex alcalde y su esposa, Aurora Martínez Zapata, permanecen embargadas por orden judicial, y ella está igualmente imputada.

Opiniones desde el PP y el PSRM

La presidenta del Partido Popular en Los Alcázares, Mari Carmen Vigueras, ha recordado que la oposición de los populares en el Consistorio ya había mostrado su sorpresa por el hecho de que “todas las obras mayores municipales fueran adjudicadas a Construcciones Garcerán”.

Vigueras ha recordado también la vinculación de Francisco Javier Garcerán con la sociedad Ilka Balley, que estaría siendo investigada por la presunta adquisición de suelo propiedad del Ayuntamiento a un precio por debajo de su coste real, para una posterior presunta especulación urbanística con su venta final.

A la hora de valorar la trayectoria del ex-secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez, al frente de la secretaría general del Ayuntamiento de Los Alcázares, la presidenta local del PP afirmó que su partido siempre ha mantenido que su labor como técnico “dejaba mucho que desear”.

En cuanto a la posible vinculación de Sánchez con los expedientes urbanísticos que son objeto de la investigación judicial, Vigueras recordó que “determinadas cuestiones en materia de urbanismo no las puede hacer un político por sí solo, sin contar con un técnico”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido “tolerancia cero” contra la corrupción porque, aseguró, “ataca la médula misma del sistema democrático y es uno de sus grandes enemigos”. Fernández Bermejo expresó su deseo de que todas las fuerzas políticas se den cuenta, sobre todo aquellas que todavía no lo han hecho, de lo importante que es llevar a cabo este tipo de tolerancia.

Indicó que se debe respetar la actuación de los jueces y eso, prosiguió, “exige primero que cada vez que un juez o fiscal estén actuando en relación con alguno de estos temas, hay que respetarlos y se debe dar por sentado que estos están defendiendo a la sociedad contra un modelo de criminalidad totalmente agresivo”.

En la misma línea pidió a todos los partidos que tengan algún miembro imputado, “que limpien sus casas” y elogió al PSRM-PSOE por haber haber expulsado al ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero y al concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, por estar implicados en la operación ‘Ninette’.

El botín acumulado por la trama de Los Alcázares asciende a más de 100 millones de euros

CARTAGENA.- La ‘Operación Ninette’ ha llegado hasta el Principado de Andorra, donde se ha efectuado registro en una propiedad inmobiliaria perteneciente a Mariano Ayuso, arquitecto municipal de Los Alcázares, según fuentes de la investigación. Además, la cantidad de dinero inmovilizada ya en varias cuentas corrientes asciende a 35 millones de euros pero el botín acumulado por la trama no baja de los 100 millones. Ayuso (en la imagen) era conocido como el hombre de confianza en la Región de Murcia de Juan Antonio Roca y la Policía Nacional lo señala como el "cerebro" de toda la trama ahora descubierta y en proceso de desmantelamiento.

Todos los detenidos han pasado ya a disposición judicial y se espera que en los próximos dias, al menos el ex alcalde, Juan Escudero, y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, ingresen en el Centro Penitenciario de Sangonera para evitar riesgo de fuga, destrucción de pruebas y ante los graves delitos que se les imputan, entre ellos presunto cohecho, y la alarma social producida en toda la Región de Murcia.

El resto, casi con toda seguridad, quedará libre, con cargos y bajo fianza, en el caso de los otros cuatro detenidos, y sin fianza para el resto de los imputados. Ahora también se debe determinar si existe o no un presunto delito fiscal y en qué casos.

La Policía Nacional ultimó esta misma mañana los informes inculpatorios para entregar a la juez y que, a partir de esta misma tarde, pudiera tomar declaración a los seis detenidos y resto de imputados en la sede del juzgado nº 2 de San Javier, lo que se podría prolongar hasta el domingo por la tarde, antes de dictar un auto conjunto.

La magistrada ha ordenado, de momento y excepcionalmente, arresto domiciliario para el ex secretario de la Corporación, Diego Sánchez, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, evitándole así dos nuevas y penosas noches en el calabozo, tras ser el primero en declarar por espacio de cuatro horas. Durante el sábado lo harán José Ignacio Ayuso y los Garcerán mientras el domingo está prevista la comparecencia de Mariano Ayuso y Juan Escudero.

Escudero, como el resto de detenidos, salió hoy esposado de la Comisaría de Cartagena. Al ir a montar en el furgón policial que lo trasladó a San Javier, el ex alcalde socialista de Los Alcázares dijo a quienes le interpelaron que "respeto a la Justicia y colaboraré con ella".

A partir de las seis de esta tarde ya comenzaron las declaraciones en el despacho de la titular del juzgado nº 2 de San Javier y, según parece, Escudero lo hará en último lugar la mañana del domingo. En las comparecencias está presente el fiscal Anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, quien acusa a los principales implicados, además de cohecho y blanqueo de capitales, de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude fiscal.

Los otros cinco detenidos salieron también esposados de la Comisaría y fueron introducidos en el mismo furgón en el que viajaba el ex primer edil, vehículo escoltado por otros dos más pequeños y que entró a los juzgados de San Javier por el garaje del sótano.

Escudero no compartía esposas con su compañero de calabozo, el secretario Diego Sánchez, visiblemente afectado al igual que los promotores Garcerán, sino con el arquitecto municipal, Mariano Ayuso. En las puertas del Palacio de Justicia les esperaban un notable grupo de amigos, vecinos, familiares y ya ex compañeros de partido.

El estado general de los seis detenidos es bueno, aunque varios de ellos aparentan estar muy afectados por su situación actual, mientras otros se han mostrado enfadados y hasta arrogantes en el trato con los policías que los detuvieron y/o interrogado. Escudero ha sido el último en declarar, durante unos noventa minutos, ante la Policía Nacional tras dos noches durmiendo en los calabozos de la Comisaría de Cartagena.

Resultado de las investigaciones

Cuatro inspectores de la Agencia Tributaria, especialistas en blanqueo de capitales, investigan, por otra parte, el patrimonio global de los 25 interrogados que, además de numerosos solares, bajos comerciales, viviendas y vehículos de lujo, incluye cuentas bancarias y una vivienda en Andorra. El patrimonio de los detenidos podría superar con creces los 100 millones de euros, en una primera estimación.

La juez de San Javier, Eva María Algar, considera que los arrestados podrían ser autores de malversación y blanqueo de capitales, si bien la investigación parece haber determinado que cometieron también presunto cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.

La Policía Nacional trata de conocer ahora si los detenidos adjudicaron terrenos municipales a bajo precio, e incluso sin ninguna contraprestación económica, a empresas propiedad del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y su hermano, Juan Ignacio Ayuso. Entre los imputados se encuentra la cuñada de Mariano Ayuso, Inmaculada Camacho Escudero, prima segunda del ex alcalde Juan Escudero, y que figuraba hasta hace unos meses como la administradora única de numerosas empresas.

Las investigaciones realizadas por la Brigada de Blanqueo de Capitales (BBC) de la UDEV (Unidad de Delincuencia Económica y Violenta), con sede en Madrid, cifran en torno a la cantidad de 100 millones de euros el valor real de las propiedades descubiertas por los agentes en manos de los principales implicados aunque su valor catastral sea sensiblemente inferior.

Técnicos de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), requeridos por el juzgado nº 2 de San Javier, han sacado a la luz las propiedades y el dinero que los supuestos integrantes de la trama delictiva habrían tratado de ocultar bajo una red de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos paraísos fiscales.

Los especialistas calculan que el valor catastral de estos bienes es cuatro o cinco veces menor que su valor de mercado. El grueso lo componen parcelas de gran valor, la mayoría situadas en el término municipal de Los Alcázares, que los presuntos implicados habrían recibido de empresarios como supuestos pagos por la adjudicación de obra pública o por recalificación de terrenos. Luego eran puestos a nombre de sociedades instrumentales, al igual que solares públicos que fueron enajenados por adjudicación directa a esas mercantiles cuya administradora única era Inmaculada Camacho Escudero.

Entre los nuevos imputados se encuentran también tres directivos de entidades bancarias de la comarca del Mar Menor; cuatro arquitectos; la empleada de la Notaría de San Javier, Florentina Sánchez, a la vez, novia de Mariano Ayuso, y un ama de casa, Carmen Pérez, a cuyo nombre pusieron una valiosa finca.

Dos empleados del BBVA y otro de Caixa Nova, alertaron a los presuntos responsables de la trama de corrupción de que estaban siendo investigados cuando les llegó un requerimiento de la juez de San Javier para que entregasen todos los movimientos de varias cuentas bancarias. La ley les obliga a guardar silencio y a colaborar con la Justicia en las investigaciones sobre blanqueo de capitales.

El concejal de Urbanismo y Hacienda de Los Alcázares, Alfredo Blanco, es sospechoso, por su parte, de haber consentido las supuestas irregularidades urbanísticas y ahora dificilmente puede alegar ignorancia por llevar tres legislaturas con las competencias de Urbanismo en sus manos, dos de ellas con Juan Escudero como alcalde. El PSRM lo ha expulsado ya de sus filas y exigido que deje la concejalía conseguida en la candidatura socialista.

Entre los imputados están, igualmente, el técnico municipal de Urbanismo Salvador Galián, y Segismundo Martínez Pardo, contable de la empresa Garcerán Construcciones S.L., cuyo propietario, Valero Garcerán, y su hijo Francisco Javier se encuentran entre los detenidos.

Y cuatro arquitectos figuran entre la veintena de nuevos imputados, como sospechosos de haber incurrido en prácticas profesionales contrarias a la deontología profesional e ilegales, tras prestar su firma y sello a proyectos en Los Alcázares realizados, en realidad, por Mariano Ayuso, lo que resulta legalmente incompatible dada su condición de arquitecto municipal.

Aurora Martínez Zapata, esposa de Juan Escudero y directora de la academia "Las Claras", ha acudido, sorpresivamente a Comisaría, acompañada por su hermana y abogada, Piedad Loreto, y por la hermana del ex alcalde, Ana Escudero, con la excusa de visitar a su marido pero tuvo que prestar declaración ante la Policía.

Aunque el ex alcalde llevaba una existencia aparentemente modesta, la Policía Nacional ha detectado numerosos viajes suyos a Andorra con Mariano Ayuso. Por eso buscan en ese país pirenaico, y en otros paraísos fiscales, cuentas bancarias y propiedades a su nombre ya que no se le conoce una gran afición al esquí. Los investigadores buscan ahora cuentas de Escudero en Andorra y posibles inversiones en otros países del norte de Europa

Mariano Ayuso viajaba a Andorra con cierta frecuencia y ahora se le han descubierto cuentas allí por más de 600.000 euros (cien millones de pesetas), que se sospecha que el arquitecto municipal habría obtenido de forma ilícita y tratado de esconder.

Patrimonio detectado de los principales imputados

Juan Escudero. El ex alcalde Los Alcázares es junto con su mujer, Aurora Martínez Zapata, el propietario de numerosos bajos comerciales en la zona de Los Narejos.

En concreto, el ex diputado en la Asamblea Regional posee cinco locales comerciales y dos fincas urbanas con una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. También es dueño del colegio de Las Claras, del que es directora su mujer, junto con otros socios. En el PP aseguran que uno de sus sobrinos, que es estudiante, es dueño de tres fincas en Toledo, Huelva y Córdoba.

Mariano Ayuso. La investigación agrupa todas las propiedades del arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, incluyendo las sociedades que están a nombre de su hermano, Juan Ignacio Ayuso, y de la mujer de este, Inmaculada Camacho Escudero. Según el PP de Los Alcázares, las sociedades Ilka Baley, Dorma Golf y Dekema Bull, además de otra denominada Prett Iberia, estaban administradas hasta hace un año por Inmaculada Camacho.

Todas estas empresas son propietarias de más de 40.000 metros cuadrados de terreno recalificado. Ayuso es dueño, al menos, de una vivienda en el centro de Murcia, así como de una casa en Los Alcázares y de una mansión en Torrevieja. Los empresarios Garcerán, también detenidos, son dueños de algunas de las empresas asociadas a Ayuso.

Diego Sánchez. El secretario municipal, que se retiró con 70 años el pasado mes de diciembre, es el propietario de una decena de parcelas y viviendas en los municipios de Los Alcázares, Cartagena y Murcia, concretamente en El Palmar, pedanía en la que vivía con su mujer, recientemente fallecida. Muchas de las fincas se encuentran en la Urbanización "Nuevo Principado", en la que Escudero tiene locales comerciales.

Mano dura de los socialistas contra sus políticos imputados / Juan Redondo

Dicen los eclesiásticos que una cosa es predicar y otra dar limosna. Los socialistas pidieron a los populares medidas políticas contundentes contra los imputados en la “Operación Tótem” y en otras instituciones, dejando a los tribunales las posibles responsabilidades penales. “Tolerancia cero contra indicios racionales de presunta corrupción”, era su máxima.

Los Alcázares, histórico feudo socialistas del Mar Menor, era el gran recurso del PP en la batidora para equiparar comportamiento públicos presuntamente irregulares. Y el “avispero” malayo de nombre “Ninette” ha explotado con las generales a la vuelta de la esquina.

En esta ocasión los dirigentes regionales del PSOE han sido coherentes y han aplicado la “medicina” que recomendaban a los populares en Totana. Ante la duda razonable, militante fuera del partido y que los tribunales decidan. El primero fue Escudero, ayer le tocó el turno al concejal de urbanismo, Alfredo Blanco, a quién tras declarar unas horas dicen que se le plantea un futuro más bien oscuro. Tiene las horas contadas para entregar el acta de concejal o será enviado directamente al grupo mixto municipal. Y su militancia en el PSOE, al igual que la de Juan Escudero, pasa a formar parte de la memoria histórica.

Mientras tanto los populares mantienen sus apoyos al alcalde de Totana, con concentraciones incluidas, que cumple semanas en prisión y tardaron días en reaccionar ante la posible implicación de Morales en el escándalo totanero. Y no son los únicos imputados en procesos judiciales, ya que casi un tercio de sus alcaldes y algunos altos cargos regionales tiene asuntos pendientes con la Justicia.

En esta ocasión parece que la presencia de Bermejo en las listas del PSOE y la teoría de “tolerancia cero y caiga quien caiga” se está aplicando con rigor con los “ninettes” y “malayos”. Claro que las diferencias entre la trama totanera y la alcazareña es notable tanto la organización como por cuantías. En los “Totem” se habla de maletines de tres millones de euros y de improvisaciones de novatos con retirada de hasta una multa de tráfico. Los “ninettes”, según las filtraciones, estabáan perfectamente organizados, con sociedades interpuestas y aparentemente in operativas, y las cifras de las cantidades lucradas multiplican por algún cero las totaneras, con cuentas bancarias de miles de millones de pesetas inmovilizadas y depósitos en Andorra.

Pero como dice un veterano político, aspectos prosaicos con la misma raíz, un presunto comportamiento deleznable y delictivo, condenable y repudiable por políticos y ciudadanos. “Sí la han hecho que lo paguen en la perrera”, dice mi vecino. Y en eso están los jueces de Totana y San Javier. El PSOE ha sido contundente aplicando su norma en las responsabilidades política y no se ha andado con chiquitas con sus imputados.

La alcaldesa firme y trabajo para Paca Baraza

Los Alcázares ha funcionado en los últimos doce años como un feudo socialista de Juan Escudero y su equipo. Controlaba la agrupación local, el ayuntamiento y era un barón de mucho peso en la dirección regional dentro del sector llamado “jumista-ramoncista” tremendamente beligerante contra los “enanos”. La alcaldesa Encarna Gil contó con su beneplácito como candidata tras la retirada de su heredero político Martínez Meca.

Los socialistas han constituido una gestora y han puesto a Paca Baraza al frente. Trabajo tiene la militante socialista. Porque Los Alcázares no son San Javier, ni San Pedro, con estructuras precarias, en cuanto a la organización interna de los socialistas murcianos, aquí los tentáculos de Escudero eran largos y poderosos. La alcaldesa dice que se encuentra firme y decidida a luchar contra la corrupción, en la que se han visto implicados pesos pesados de la administración municipal.

Tras la sorpresa de Barreiro en el PP queda la pedrea

Tras la sorpresa inicial por el alumbramiento de Valcárcel para las generales, los populares están más contentos que un día de fiesta con Pilar Barreiro de cabeza de lista. Las llamadas y felicitaciones a la alcaldesa de Cartagena se cuentan por millares, incluso dicen que superan las que en su día recibió el ministro Bermejo de los simpatizantes socialistas. Parece que a Valcárcel le ha costado decidirse pero ha acertado con la tecla a la hora de sacar el premio gordo de la chistera.

Ahora queda la pedrea y el ajuste de piezas. Si Saura se preocupó de un reparto de la lista por territorios, en el caso del PP parece que importa más la calidad de los candidatos que su lugar de nacimiento. Murcia ciudad no va a tener en esta ocasión representantes destacados, si acaso alguna pedrea, en forma de quinto puesto y un lugar en el Senado. Para este puesto se habla de una mujer residente en Murcia, con experiencia parlamentaria, y son muchos los que apuntan a Diana Asurmendi.

Retrasan al 1 de febrero los testimonios por el caso de La Zerrichera

ÁGUILAS.- El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha pospuesto hasta el primer día de febrero la toma de declaración a los tres funcionarios de la Comunidad Autónoma que se opusieron a la recalificación de los terrenos de la finca La Zerrichera.

Uno de ellos será Remigio Masa, que fue destituido la pasada semana como jefe del servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Los otros dos funcionarios son Francisco de Paula Juanes Prats, técnico de apoyo; e Ignacio Rojo Núñez, ingeniero de Montes.

Los tres, junto por su entonces director general, Carlos Brugarolas, firmaron en agosto de 2004 un informe en contra de la recalificación de unos terrenos rústicos dentro de la Red Natura 2000, con protección específica de Lugar de Interés Comunitario y ZEPA.

El informe cerró en un primer momento la puerta al proyecto, reactivado posteriormente sin que mediara otro informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.

Por otra parte, el que fue secretario general del PSOE en Águilas, Domingo Martínez, mostró su «sorpresa» al aparecer como imputado según varios medios de comunicación.

Martínez afirma que «a mí nadie me ha notificado ni comunicado nada», y añade que «no tengo nada que temer ni ocultar».

Además, señaló que ya interpuso una querella criminal contra el también socialista Ramón Román, después de que saltara a los medios una información sobre los supuestos cobros ilegales a miembros del partido para que el PSOE local no se opusiera a la recalificación de la polémica finca.

El concejal de Urbanismo de Los Alcázares acude a la Comisaría de Cartagena a declarar con letrado

CARTAGENA.- El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Los Alcázares, Alfredo Blanco, ha acudido hoy a declarar, junto con su abogado, Aurelio Llanes --abogado penalista y defensor del ex-alcalde, Juan Escudero, en los asuntos judiciales--, a la Comisaría de la Policía Nacional de Cartagena, donde se encuentran los seis detenidos en el marco de la operación 'Ninette'.

No se sabía si el concejal, quien no hizo declaraciones a la entrada, acudió a las dependencias policiales para declarar como testigo o en calidad de imputado, ya que la investigación sigue bajo secreto de sumario.

Al respecto, la presidenta del PP de Los Alcázares, Mari Carmen Vigueras, aseguró que, "aunque no tenemos confirmación oficial, es un rumor que se ha transmitido" y, a su juicio, "hasta cierto punto parece lógico, porque el área de Urbanismo es la que está bajo sospecha".

En este sentido, recordó que Alfredo Blanco, también portavoz del grupo municipal Socialista en esta localidad, fue concejal en las dos legislatura anteriores, por lo que ésta es su tercera como tal.

Preguntada sobre si cree que puede estar implicado en la operación 'Ninette' por la que, hasta ahora, se han detenido a seis personas, dijo no saberlo con exactitud, aunque afirmó que "desde luego, para nosotros tiene una responsabilidad política".

"Si realmente el concejal delegado de Urbanismo no se ha enterado de lo que se ha hecho urbanísticamente aquí en Los Alcázares, su responsabilidad política es muy importante", apostilló.

Así, puso de manifiesto que "cuando se empezó a ver el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio, el encargado de alguna manera de explicar y contar qué es lo que se quería hacer como diseño de futuro a nivel urbanístico fue él, como concejal delegado del área".

De hecho, comentó, "me consta que tiene unos conocimientos de Urbanismo no a nivel técnico, porque no lo es, pero sí los suficientes".

Blanco salió hoy, sobre las 16.00 horas, de la Comisaría de Policía de Cartagena, junto con su abogado, a donde se había dirigido para declarar como imputado en el marco de la operación 'Ninette', según comentó el letrado a su salida de las dependencias policiales. Lo hizo durante cinco horas. También lo hicieron hoy, la esposa de Escudero, Aurora Martínez, y el funcionario municipal Salvador Galián. Todos están imputados aunque en libertad.

Aurelio Llanes indicó que su defendido, Alfredo Blanco, ha acudido voluntariamente tras ser citado como imputado en el marco de la operación 'Ninette' pero no ha quedado detenido.

De igual forma, Llanes confirmó que también asiste al ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, al que no ha podido ver, ya que todavía no ha declarado. Es más, el letrado consideró que "probablemente" hoy no lo haga.

La Unidad contra la Delincuencia y para la Prevención del Blanqueo de Capitales continúa realizando registros e incautando propiedades en el marco de la Operación Ninette, desarrollada desde ayer a instancias del juzgado número 2 de San Javier.

A lo largo del día, han pasado por la Comisaría de la Policía Nacional en Cartagena varias personas que podrían estar vinculadas a la trama investigada, entre ellas Inmaculada Camacho Escudero, esposa y cuñada de dos de los detenidos y prima segunda del ex primer edil.-

El PSRM le ha pedido hoy a Blanco que abandone inmediatamente el partido y dimita a continuación como concejal del Ayuntamiento de Los Alcázares, una vez que ha quedado formalmente imputado hoy.- (Agencias)

El ex alcalde socialista Leoncio Collado asegura que "Lorca no está sometida a dudas"

LORCA.- El secretario general del PSOE en Lorca y ex alcalde Leoncio Collado dijo hoy que "el que no haya hecho las cosas bien, debe asumirlas", en referencia al ex primer edil de Los Alcázares, Juan Escudero, presunto implicado en una supuesta trama de corrupción urbanística desarrollada en esa localidad.

Indicó que "hay que presuponer la inocencia" de Escudero, "que está en una situación muy delicada", pidió "respeto exquisito" para la actuación de la Justicia, y señaló que situaciones como la que de Los Alcázares le dan "bastante pena".

Collado sostuvo que los políticos "del partido que sean" están obligados "a trabajar con honestidad", y lamentó que los casos de corrupción urbanística contribuyan a generar una "mala imagen" de la Región de Murcia.

Añadió que "a veces los partidos y los gobiernos tienen que anteponer los intereses ciudadanos a los intereses sectarios y objetivos del político".

El ex alcalde de Lorca dijo no temer investigaciones por corrupción urbanística en la ciudad , y aseguró que Lorca "no está sometida a dudas" en esta cuestión.

Afirmó que tiene "la conciencia muy tranquila" de su paso por la alcaldía entre agosto de 2006 y junio de 2007, y explicó que el desarrollo de complejos residenciales en Lorca "sólo está en el papel", porque no han llegado a materializarse.

"Hemos ido despacio y mi conciencia está absolutamente tranquila", reiteró.- (EFE)

La Policía interviene tres coches de gama alta y una Harley-Davidson en la "Operación Ninette"

CARTAGENA.- La Policía Nacional ha intervenido una moto marca Harley-Davidson y tres vehículos de gama alta, entre ellos un Cadillac 4x4 y un Mercedes Coupé, valorados en 100.000 euros, en el marco de la "Operación Ninett" contra una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Los Alcázares, según han informado hoy fuentes próximas al caso. Los citados vehículos se encuentran expuestos al público en el aparcamiento reservado de la puerta de Comisaría.

Esta operación, desarrollada a instancias del juzgado número 2 de San Javier por la Unidad contra la Delincuencia y para la Prevención del Blanqueo de Capitales, continúa abierta y ha supuesto hasta la fecha la detención de seis personas, entre ellas el ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero.

Los agentes han registrado a fondo los despachos del concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfredo Blanco, y del técnico municipal de Urbanismo, Salvador Galián, y se detuvieron con especial atención en el despacho del arquitecto municipal, Mariano Ayuso.

Según las mismas fuentes, la Policía aprehendió los cuatro vehículos, y efectuó al menos seis registros, entre ellos el desarrollado durante más de diez horas en la sede consistorial, en presencia de la alcaldesa, Encarnación Gil Castejón, del PSOE.

Junto a éste, los agentes realizaron otros registros en la vivienda del ex regidor y en una academia de enseñanza de su propiedad, así como en las casas del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y del hasta diciembre pasado secretario del ayuntamiento, Diego Sánchez Gómez, ambos también detenidos. Hoy, otras catorce personas imputadas más, han sido llamadas a declarar, entre ellas la prima de Escudero y cuñada de Ayuso, Inmaculada Camacho, que hoy se presentó a declarar en la Comisaría de Cartagena.

Los seis arrestados se encuentran desde ayer en esa Comisaría, donde prestan declaración ante los investigadores a la espera de que pasen a disposición del juzgado de instrucción nº 2 de San Javier, que instruye el caso. Se espera que lo sean mañana viernes.

Hoy el ex alcalde ha sido visitado en los calabozos por su esposa y su abogado tras ser conducido allí ayer, esposado, por los agentes que lo custodiaban. Escudero está imputado por presunto cohecho, un delito muy grave que lleva aparejado pena de cárcel. Se especula por eso que se dictará por la juez auto de prisión incondicional, a partir del sábado, contra el ex alcalde y ex diputado regional.

También esta mañana en la Comisaría de Cartagena lo ha hecho, con asistencia letrada, el concejal de Urbanismo y portavoz municipal socialista, Alfredo Blanco, en calidad de imputado, mientras el ex secretario general, Diego Sánchez, ha vuelto al Ayuntamiento de Los Alcázares para acompañar a los agentes que hoy todavía continúan los registros y después de ser asistido en el Hospital Nuestra Sra. del Rosell por haberse sentido indispuesto tras pasar la noche en dependencias policiales.

Cuatro funcionarios especializados del Ministerio de Hacienda asisten a los agentes de la Policía Nacional ante un presunto delito de blanqueo de capitales cuando los investigadores han detectado en Andorra propiedades del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, cuñado de la beneficiada Inmaculada Camacho.

La titular del juzgado, Eva María Algar, ordenó ayer el secreto de las actuaciones, que tienen su origen en sendas querellas presentadas en abril de 2005 por el Partido Popular de Los Alcázares por supuestas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno en varios planes parciales.- (Agencias)

(Escudero llega esposado a la Comisaría de Cartagena)

El PSOE nombra una gestora para la agrupación local de Los Alcázares

MURCIA.- El Partido Socialista de Murcia ha constituido hoy una gestora para dirigir la agrupación local de Los Alcázares, a raíz de la detención ayer del ex alcalde y secretario general de los socialistas en ese municipio, Juan Escudero.

Escudero también fue expulsado ayer del PSRM-PSOE al ser arrestado por la Policía Nacional por su presunta implicación en la "Operación Ninett" contra una supuesta trama de corrupción urbanística en Los Alcázares.

El secretario de organización de la ejecutiva regional socialista, Francisco Javier Oñate, informó de que, hasta la elección de la nueva dirección local, estará al frente de la gestora Francisca Baraza, miembro de la ejecutiva del PSRM-PSOE.

Según Oñate, el fin último de su partido al constituir la gestora de Los Alcázares es "favorecer la normalidad en esa asamblea local, sobre todo para no perjudicar la programación de actividades y actos de campaña de cara a las generales de marzo".- (EFE)

Los seis detenidos en la operación 'Ninette' por presunta corrupción urbanística no pasarán hoy a disposición judicial

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia informó hoy que no está previsto que hoy pasen a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier los seis detenidos en la operación 'Ninette', por presuntos delitos relacionados con la malversación de fondos y blanqueo de dinero, en el término municipal de Los Alcázares.

Ayer agentes de la Policía Nacional detuvieron a seis personas, a raíz de las investigaciones efectuadas dentro de la operación 'Malaya', aunque se trata de una pieza separada y de datos que se conocieron en esa investigación, ya que el presunto cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, tiene algunas propiedades y concesiones en el Ayuntamiento marmenorense.

Los detenidos son el ex-alcalde, Juan Escudero, el antiguo secretario del Consistorio, Diego Sánchez; el arquitecto municipal Antonio Ayuso; su hermano y dos empresarios más.

De este modo, la Policía dispone de un plazo de 48 horas hasta que pasen a disposición judicial, aunque se puede prorrogar. Las investigaciones están bajo secreto de sumario.

Por otra parte, tras la expulsión del ex alcalde Juan Escudero de las filas del PSOE, donde era secretario de la Agrupación Local, el PSRM se apresura a nombrar una gestora para que se haga cargo del partido en Los Alcázares.- (Agencias)

¿Por qué empezar por Totana? / Apunte de Argárico

Cuando la UCO tomó Totana una mañana de otoño avanzado, la sorpresa fue colosal pero no tanto para algunos avisados cuando el resto de observadores tenían la vista más puesta en la costa; ya se sabe, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Águilas…

Algún cerebro desde el Estado estudió la situación de corrupción estructural que sufre la Región de Murcia y buscó el municipio donde, de una tacada policial, podían caer la mayor parte de nuestros mafiosos por coincidir en Totana diferentes líneas delictivas. Por ser un municipio interior, los capos implicados se confiaron un poco más pese a las tempranas denuncias de Juanjo Cánovas, el líder de IU en todo el Valle del Guadalentín.

Además, por el hilo se llega al ovillo (o los ovillos) y ese es el verdadero objetivo del Estado y de la Justicia: descabezar a “mafia nostra” en la Región de Murcia para restablecer una verdadera situación democrática, hasta ahora mucho más teórica que real. En Totana han actuado todos nuestros grandes capos al olor de 180 millones de euros de principal pero muchos más de beneficios indirectos. Las indicaciones del ex alcalde Martínez Baños han resultado preciosas para liberar a los totaneros de garras mafiosas en expansión.

La Interpol ha seguido la pista del dinero y ha llegado a Suiza, Luxemburgo y la República Dominicana. Lo de Brasil es poco más que anécdota de un pobre recaudador para terceros, que además es un chapucero rodeado de aficionados. La “Tótem” busca más arriba para llegar luego a la reproducción del modelo en lugares de mayor relumbrón. Espera el “canto del gallo” para ir levantando la región patas arriba. En Totana está cogido hasta “el calvo de la baraja”. Un verdadero bingo policial.

Resulta que la autonomía política está sirviendo aquí para lo contrario de lo que se supone pero, sobre todo, para dificultar la acción del Estado ante la criminalización creciente de la vida pública y la proliferación de mafias subsidiarias de toda laya.

La presencia del despierto ministro de Justicia, y su mentalidad de fiscal, va a servir para que el Estado, al menos, tome mayor conciencia de lo que aquí está pasando y siga viniendo en ayuda y rescate de los ciudadanos honrados. Si Bermejo continúa de ministro después del 9-M, el principio de la solución puede ser posible con él como diputado por nuestra circunscripción.

Pero es que antes de las elecciones generales dos peces gordos pueden estar ya en la pecera. La UCO trabaja sin descanso, ni fines de semana, entrenada como está para rendir aún en esas circunstancias. Si todavía viviese el ensayista murciano Miguel Espinosa, podría escribir un éxito seguro, algo así como “La esclavitud de las conciencias”, para describir con pluma de intelectual diestro en la expresión, nuestra actual realidad espiritual como pueblo. Porque de mafias está la Región llena por el caldo de cultivo propiciado por unos dirigentes envilecidos, que vienen de tiempo atrás.

En grandes líneas se puede hablar de mafia inmobiliaria, financiera, política, fiscal y administrativa. Todas han coincidido actuando en Totana en medio de la más completa impunidad y confianza sobre la base de un cómplice silencio mafioso de escogidos especuladores, como compañeros de viaje de quienes se ofrecieron para hacerles el trabajo sucio y cobrar por correr riesgos desde sus pedestales. Muchos triunfadores emergentes no son sino testaferros de los de siempre: los del franquismo póstumo, ahora envilecidos por el becerro de oro hasta una adicción mórbida que somete su alma, pero uno en trance de jubilación y otro de fusión sino de procesamiento.

Las mafias (las hay del transporte, sanitaria, periodística, sindical, seguridad, policial, colegial, agrícola, institucional, funcionarial, universitaria, cultural, artística…incluso) anulan la condición de ciudadanía en los murcianos, menoscaban nuestra democracia regional, conjuran la libre competencia, castigan el talento y la creatividad, y persiguen a quien exhibe criterio propio. Es por eso que la Justicia, como tercer pilar del Estado, debe garantizar las libertades públicas, procurar la concurrencia en el mercado y fomentar la transparencia para que sean plenos los beneficios del Estado social y democrático de derecho y la sociedad de la Región no siga secuestrada por las mafias y sus intereses.

En nuestros camiones se han dado bastantes casos de transporte de droga, en nuestra sanidad pública existe un derroche conveniente y silenciado, en nuestras universidades públicas, endogamia y fraude, cuando no un negocio fraudulento en la privada; en la Construcción quedan pocos promotores profesionales y abundan los presuntos delincuentes, en la Información, se han extinguido la libertad e independencia, excepto en contados casos, y en nuestro sistema financiero propio progresa el crédito privilegiado para unos pocos y hasta los fallidos para los amigos. Todo esto es mafia.

Pero eso no es todo. Aquí hasta el arte de unos cuantos es un sistema de blanqueo, los trabajadores molestan a unos sindicatos domesticados con subvenciones, los ciudadanos a unos políticos que sólo los utilizan como excusa para ocultar las ambiciones de las burocracias de los partidos, los opositores a funcionarios públicos se enfrentan a oposiciones trucadas y a unos tribunales sesgados, nuestras policías locales aparecen demasiadas veces relacionadas con la droga, más evidente en determinados municipios; los colegios profesionales se han convertido, la mayoría, en defensores de intereses corporativos y minoritarios, y olvidado ser garantía para la sociedad. Todo eso es mafia.

También es mafia la del agua. Hay regantes que utilizan sus concesiones del Estado para traficar con ella al dejar de ser rentable para una agricultura que ya no practican o han abandonado. Por eso se puede hablar de “profesionales” de los sindicatos y de terratenientes de nuevo cuño que la acaparan ahora para venderla al turismo y al ladrillo. Pero más excluyente y perniciosa es la mafia institucional, aquella que copa las instituciones democráticas para que no funcionen y lucrarse con su información privilegiada. Y hasta se dan intermediarios culturales, que reclaman sustanciosa comisión por una gran semana, por el mero hecho de escogerte para su cartel.

Es por todo lo anterior que en la Región de Murcia no crece ni prospera una sociedad civil, tan necesaria en democracia. Y de ahí nuestro atraso estructural, absoluto y relativo. Conforta saber que permanece un núcleo de irreductibles dispuestos a aprovechar todos lo resquicios del sistema para mantener viva la llama de una denuncia razonada y permanente para que “mafia nostra” no se salga con la suya contra el criterio nuestro, el de todos los demás.

Se empieza por Totana y no se sabe por dónde acabará todo esto ahora que un “crack” económico inminente amenaza con paralizar a la Región y provocar que los murcianos, por una vez, comiencen a pedir explicaciones y a exigir que les devuelvan su dinero. No quiero ni pensar cuando los mansos se pongan a embestir contra tanto monosabio disfrazado de torero.

El grupo Independiente rechaza la creación de un Consejo Municipal de Urbanismo en San Javier

SAN JAVIER.- El grupo Independiente de San Javier ha rechazado la propuesta de creación del Consejo Municipal de Urbanismo presentada al Pleno por el concejal de Urbanismo, Pedro Javier Muñoz, según informa el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Muñoz señala que se trata de disponer de un órgano participativo "que aporte transparencia y de voz a los ciudadanos en temas tan importantes para el municipio como la ordenación urbanística".

Puso además de manifiesto "las contradicciones" de la portavoz independiente, Arantxa Espeso "que ahora se desmarca de iniciativas como ésta que promueven la participación y transparencia de las que se convertía en abanderada en la campaña electoral del 2007".

El edil de Urbanismo ha añadido que "al parecer Espeso y el partido que lidera han dejado de estar convencidos de que la única manera de dotar de transparencia y confianza a la gestión pública es precisamente la participación ciudadana, contra lo que votaron rotundamente en el Pleno".

Desde el grupo socialista en el equipo de Gobierno no se entiende que tras la ruptura del pacto de gobierno, los independientes se muestren en contra de lo que ellos mismos impulsaron, ya que la propuesta que fue rechaza en el Pleno tiene como finalidad facilitar la participación ciudadana en la vida política, en este caso en un área tan importante como el Urbanismo, "sin que llegaran incluso a presentar ninguna aportación o sugerencia al borrador sobre el Consejo que se les entregó un mes antes del Pleno, como al resto de partidos y grupos vecinales, y agentes sociales, que sí lo hicieron".- (EFE)

‘A tajo parejo’, los socialistas empatan en Los Alcázares / Juan Redondo

A tajo parejo o la “alegría va por pueblos”, tras lo de los populares en Totana llega lo de los socialistas en Los Alcázares. Un empate poco exportable en positivo, como apuntan dirigentes políticos, empresariales y sindicales. Y todos coinciden en dos cosas, que no se puede intentar “marbellizar” la Región, que a las presuntas “manzanas podridas” hay que sacarlas sin contemplaciones del cesto político y que los jueces y fiscales decidan sin presiones sobre sus posibles responsabilidades penales.

Con la intervención judicial en el Ayuntamiento de Los Alcázares y la detención de Juan Escudero se ha producido un cambio importante en el discurso de los partidos políticos con la campaña electoral a la vuelta de la esquina. Unos han pasado al ataque y otros a la defensiva.

Ahora no cabe el recurso de los populares de que el escándalo de Totana tiene mucho que ver con la presencia del ministro Bermejo al frente de la candidatura del PSOE. “También podría estar allanando el camino a Saura para su próximo congreso regional”, apunta un chusco. Pero los episodios de Totana y Los Alcázares son palabras mayores. Estamos hablando de servidores públicos, en los que los ciudadanos han depositado su confianza, y han abusado de la misma para presuntamente lucrarse en su beneficio o favorecer ilegalmente a particulares. En ese paquete se mueven los imputados de Totana y los detenidos de Los Alcázares y además no precisamente militantes de base.

La trama siempre parte del mismo esquema: un político devenido con los años en cacique, unos funcionarios “débiles y necesitados” y unos empresarios, que ven un dinero ajeno fácil de repartir, generalmente en un tema urbanístico. Sí de salsa se añade un intermediario, el plato queda completo y listo para servir. Según los observadores la receta puede servir tanto para Morales como para Escudero.

El ex alcalde de Los Alcázares, que está noche duerme fuera de casa en contra de su voluntad, no es un recién llegado a la política. Ha controlado desde hace años tanto el Ayuntamiento como la agrupación local socialista. A nivel regional ha estado en primera línea en las tradicionales batallas internas del PSRM. Formó parte junto con Abellán y Sanes del “triunvitaro”, que sustituyó a Ramón Ortiz, hasta la llegada de Saura. Dimitió porque le obligaron desde la Ejecutiva Regional ante sus posibles implicaciones en la Operación Malaya, aunque el alegó motivos familiares y personales.

Presumió de colocar a su sucesor Martínez Meca, e incluso alardeo en un pleno de la masa testicular del alcalde temporal que tiró la toalla cuando apareció en las transcripciones de las cintas aquello de “Pepote, es uno de los nuestros”. Llamó fascistas a los concejales del PP y tuvo intervenciones duras contra Saura en los comités regionales sobre candidaturas autonómicas y municipales. Y dicen que estaba preparando batalla para el próximo congreso del PSRM. Su partido ha abierto trámite de expulsión y de momento duerme en un calabozo.

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Se intensifica la lucha policial contra la corrupción urbanística en la Región, ahora en Los Alcázares con la detención del ex alcalde Juan Escudero

LOS ALCÁZARES.- Veinte Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía, con base en Madrid, registran desde primera hora de esta mañana, y por orden de la juez Eva María Algar, dependencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, en el marco de una investigación relativa a la gestión del anterior equipo de gobierno y su relación con la conocida como "Operación Ninette".

Entre los primeros detenidos se encuentra el ex alcalde socialista Juan Escudero por sospechoso de malversación de caudales públicos y un blanqueo de capitales derivado de la corrupción urbanística. Ha sido trasladado a las seis de la tarde hasta las dependencias de la Policía Nacional, en Cartagena. Posteriormente fueron conducidos el ex secretario de la Corporación y el arquitecto municipal.

El citado registro estaría justificado por la supuesta relación de altos cargos y altos funcionarios municipales con casos de presunta corrupción urbanística local investigada desde hace quince meses por el juzgado nº 2 de San Javier tras dos denuncias del PP a la Fiscalía en 2005. En concreto también con tres presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y fraude a entidad pública tras la adjudicación directa de dos fincas municipales en Los Narejos y Torre del Rame a la empresa de Inmaculada Camacho Escudero, cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y prima segunda del ex alcalde y ex diputado regional socialista, Juan Escudero, bajo cuyo mandato se enajenaron.

Los agentes han detenido en la academia que regenta, tras registrarla también, al ex alcalde y secretario local del PSOE en el municipio, Juan Escudero, por su supuesta relación con una trama local de corrupción urbanística, y en su domicilio, al anterior secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez, jubilado en diciembre. Y están requisando numerosa documentación con expedientes relacionados con varias empresas de familiares de Escudero. Los otros detenidos son el arquitecto municipal, su hermano, José Ignacio Ayuso, y dos conocidos promotores inmobiliarios locales, propietarios de "Construcciones Garcerán".

La alcaldesa socialista de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, que accedió al cargo en las pasadas elecciones del mes de mayo, está facilitando su trabajo a los agentes, y "se muestra tranquila", según indicó un funcionario. Los acompaña en este registro, que se efectúa en las plantas segunda y tercera del Ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros. También está presente el concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, con un reducido grupo de funcionarios de estos negociados.

Un portavoz municipal confirmó que cuatro furgones policiales llegaron pasadas las diez de la mañana al edificio consistorial para comenzar las actuaciones, que desarrollan efectivos de la policía judicial. La intervención que realizan es llevada a cabo por unos quince agentes uniformados y otros seis de paisano. De entrada, se dirigieron al despacho de Urbanismo, al del arquitecto municipal Mariano Ayuso, al del técnico Salvador Galián y a la Secretaría del Ayuntamiento.

Los policías entraron en la Casa Consistorial pasadas las diez de la mañana, y su actuación se ha centrado en "pedir expedientes y discos duros de ordenadores", dijo un funcionario local. El testigo del registro dijo desconocer cual es el motivo concreto de la actuación policial porque, reveló, "los policías no sueltan prenda" sobre ese asunto. Y es que todo está bajo secreto de sumario por orden de la titular del juzgado nº 2 de San Javier , según informó posteriormente un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Esta juez, Eva María Algar, es quien ordenó el registro que hoy realiza la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y las seis detenciones que se han producido en este municipio. La fuente del TSJ indicó que, dada la decisión de la juez, "este organismo no puede dar a conocer datos relativos al contenido de las actuaciones".

Los agentes han denegado el acceso al edificio a miembros de la Policía Local y a ciudadanos con el argumento de que el Ayuntamiento está cerrado temporalmente. De hecho, poco después de las 11.00 horas todo el personal que trabaja en la Administración local desalojó las dependencias, aunque la alcaldesa permanece allí, además de "la gente que se necesita", indicó otra funcionaria.

"Nos han dicho que los trabajadores podemos salir del Ayuntamiento si queremos y regresar mañana a las 8.00 horas", declaró la misma funcionaria, quien dijo que los agentes subieron directamente a la Alcaldía. La operación policial impidió una reunión de la comisión municipal de Urbanismo ya que la Policía Nacional impidió la entrada de los concejales que la integran.

La Delegación del Gobierno, y la Policía Nacional, en Murcia, dijeron no poder informar de esta actuación, en la que se han efectuado otros trece registros policiales en oficinas y domicilios particulares de los seis detenidos, inmovilizado cuentas bancarias, y por la que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas tras examinar toda la documentación intervenida en busca de los "errores" cometidos en la medición de las citadas fincas e irregularidades en sus escrituras.

A las ocho de la noche, varias cajas precintadas se apilaban en la puerta del Ayuntamiento de Los Alcázares y continuaban los registros policiales en la localidad que, hasta por lo menos el lunes, no conocerá de momento las causas de haber abierto hoy todos los informativos de España y protagonizar el inicio de todos los periódicos digitales.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales, que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006 cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en este municipio del Mar Menor, en tanto que su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones municipales de 2007, después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.

El cartagenero Juan Antonio Roca tiene algunas propiedades y concesiones del Ayuntamiento de Los Alcázares: un hotel de cuatro estrellas en el municipio cercano al Mar Menor que el juez Torres, instructor del "caso Marbella" puso a la venta en abril de 2007 para saldar las deudas de Roca. El precio de salida fue de 24 millones de euros.

El cuñado de Roca, Antonio Jimeno, era el director de la oficina de La Caixa en Los Alcázares. En el sumario consta que la esposa y la hija del acusado ingresaron en esta oficina 646.033 euros en concepto de premios de lotería entre marzo y septiembre de 2005.

Posicionamiento del PSRM

Un portavoz del PSRM ha confirmado, poco después de la detención de Escudero, que "si Juan Escudero es imputado por presunta corrupción urbanística, el partido aplicará inmediatamente sus estatutos y procederá en consecuencia con este militante", lo que se traduce en suspensión inmediata de militancia.

Luego indicó que su partido tiene plena confianza en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el registro de las dependencias municipales de Los Alcázares "demuestran que las instituciones funcionan".

"Los ciudadanos -añadió- pueden tener la certeza de que ningún militante del PSOE estará en un cargo público con una imputación de corrupción. Tenemos tolerancia cero con la corrupción".

Por la noche, desde el PSRM se confirmaba la expulsión del partido del ex alcalde y hasta hoy secretario general de la Agrupación Socialista de Los Alcázares, una vez que ingresó en los calabozos de la Comisaría de Policía de Cartagena.

Novedades en "Lo Poyo"

Por otra parte, y según "La Opinión", el juez del caso Malaya ha ordenado tomar declaración, en calidad de imputado, a Francisco Javier Arteche, uno de los propietarios de Lo Poyo, pero no ha accedido a la propuesta policial de proceder a su detención.

El tribunal investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del caso Malaya, en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche, dueño del 50% de Lo Poyo, finca situada en Cartagena y que pertenece también a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).

El magistrado ordenó tomar declaración como imputados en relación con una operación urbanística en Marbella, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que tienen varios solares en Mazarrón, y al abogado Francisco Soriano -también procesados-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.

En relación con las actuaciones urbanísticas sobre otra parcela, denominada 'Francisco Norte', tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

En el auto, se pide información urbanística al Consistorio marbellí. El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.

El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en la parcela 'Ave María', así como casi 900 en 'Los Verdiales', fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de 'Ave María' a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.

El auto señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad de Roca. Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche".

Progresa la "Tótem"

Finalmente, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia será, con toda probabilidad, el encargado de instruir las diligencias de la Operación Tótem sobre presunta corrupción urbanística si finalmente el ex alcalde de Totana y actual diputado -y por tanto aforado- Juan Morales es imputado, según publica "La Verdad".

Fuentes próximas a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ confirmaron que el turno de reparto de asuntos que rige en este órgano ha hecho que, en estos momentos, sea Julián Pérez Templado el designado para hacerse cargo del asunto.

En concreto, explicaron que los cuatro magistrados que componen la Sala -Pérez Templado, el actual presidente del TSJ Juan Martínez Moya, y los jueces Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes- llevan un turno específico para repartirse las ponencias de los asuntos que llegan -en el que entran los cuatro magistrados-, y otro turno que rige el reparto de los casos en los que debe designarse un instructor.

En este último caso, Martínez Moya no entra en la distribución de asuntos, con el fin de hacer posible que pueda presidir en todos los casos el tribunal que acabe juzgando esos asuntos. Y ello porque la ley impide que el mismo juez que instruye un caso sea quien lo juzgue más tarde.

Las consecuencias de esta decisión son, así, evidentes: Julián Pérez Templado será el instructor del caso Tótem y, si el asunto acaba llegando a juicio, el tribunal estará presidido por Martínez Moya y conformado además por Manuel Abadía y Enrique Quiñonero.

Para que todo ello llegue a producirse es preciso, sin embargo, que antes la Sala de lo Civil y lo Penal acepte los argumentos de la juez de Totana María Asunción Navarro y, asumiendo el contenido de su Exposición Razonada, acepte imputar al ex alcalde y actual diputado del Grupo Mixto de la Asamblea Regional, Juan Morales, por un presunto delito de cohecho. Esta decisión no será adoptada antes de la semana próxima.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ hizo llegar ayer este escrito al fiscal-jefe, López Bernal, con el fin de que éste redacte a su vez un informe sobre el asunto. Aunque la opinión del fiscal jefe no es vinculante, es de esperar que será analizada con detenimiento. Todo apunta a que López Bernal se mostrará favorable a la imputación de Morales, pues así lo ha hecho ya uno de sus fiscales, José Luis Díaz Manzanera, que es quien está siguiendo de cerca la investigación de la Operación Totem.

El fiscal jefe dispone de cinco días hábiles para analizar la Exposición Razonada de la juez y elaborar su propio informe. El plazo expira a mediodía del próximo miércoles.

Fuentes próximas al caso han confirmado que el escrito de la juez María Asunción Navarro «es muy denso y muy amplio» -tendría alrededor de medio centenar de folios- y han destacado la minuciosidad y rigor con la que fija los hechos que han sido investigados y las posibles responsabilidades penales que se deducirían de los mismos. «Ha hecho un gran trabajo, al margen del resultado que finalmente ofrezcan esas diligencias», han señalado esas fuentes.

En este sentido, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha manifestado que «si es cierto que los bienes acumulados en tres años por el ex alcalde de Totana, Juan Morales, son tan cuantiosos como señala el informe que la juez ha enviado al TSJ de Murcia, es que los hechos parecen ser tan graves como suponíamos».

«Si es verdad que Morales se ha hecho en tres años con un patrimonio difícil de justificar, quedaría demostrado que ha utilizado su cargo como alcalde para enriquecerse de forma ilícita», añadió Jara, quien se mostró convencido de que «la Justicia llegará hasta el final.

"La confianza en que el Estado de Derecho funciona es la mayor garantía para los ciudadanos, ante la repulsa que legítimamente pueden sentir ante casos como éste".

«El PSOE -concluyó- continuará exigiendo responsabilidades políticas, pues si la Justicia debe hacer su trabajo sin presiones, a los partidos políticos nos corresponde tomar una actitud beligerante contra la corrupción».

Plante del PP totanero

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde, aseguró hoy que "en el Gobierno municipal no va a dimitir nadie hasta que no haya sentencias firmes", al tiempo que acusó al PSOE e IU del municipio de "ser cómplices de una espiral mediática que está haciendo un daño irreparable e irremediable a los ciudadanos, persiguiendo a sus empresarios y poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores y familias".

En relación a la operación 'Tótem', recordó que "de momento, ningún concejal del PP está imputado ni existe ninguna sentencia al respecto, mientras que, por el contrario, algunos concejales del actual grupo municipal socialista han repetido estando condenados por un delito contra el honor y la propia imagen".

Como ejemplo, recordó que "ya hubo un alcalde del PSOE en esta localidad, Alfonso Martínez Baños, que estuvo implicado en el caso 'Balsa Vieja' y no sólo no dimitió de su cargo público, sino que presentó su candidatura a la Alcaldía hasta que los tribunales dictaminaron una sentencia firme al respecto".

Así, comentó que "afortunadamente, los únicos que pueden inhabilitar son los tribunales conforme a la Ley", por lo que dejó entrever que "si todos los trabajadores imputados tuvieran que dejar su puesto de trabajo, sólo trabajaría en España quien quisiera el PSOE".

De este modo, el portavoz 'popular' en Totana lamentó que "este coleccionable mediático esté auspiciado por el PSOE e IU en la localidad" quienes, a su juicio, "mantienen una estrategia común de petición de dimisiones, y desde principios de diciembre que se inició la operación han ofrecido más de una treintena de ruedas de prensa sobre el caso".

Los acusó, por tanto, a los dirigentes del PSOE e IU de "la crispación y el enfrentamiento social promoviendo la fractura social que ya existe en este municipio, además de juicios paralelos, amenazas y coacciones a colectivos vecinales".

De hecho, criticó el hecho de que "ninguno de los dos partidos políticos en la oposición hayan presentado ni una sola propuesta interesante para los vecinos de Totana, ya que están, única y exclusivamente, centrados en la estrategia política de conspiración y desgaste del Gobierno municipal y del PP obviando el resultado de las urnas con el único fin de obtener rentabilidad política y electoral".

Es por ello por lo que recomendó a PSOE e IU que "no se entretengan tanto en criticar las supuestas incapacidades del Gobierno municipal participando del 'show Tótem' y contribuyan con ideas y propuestas a la gestión municipal si tanto interés tienen en los vecinos de Totana".

Por último, solicitó, de nuevo, que "se alce el secreto del sumario para evitar que se deteriore más la imagen del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, contaminando la presunción de inocencia".

Petición de IU

El coordinador general de Izquierda Unida en la Región de Murcia (IURM), José Antonio Pujante, dijo hoy que "es urgente un pacto contra la corrupción en nuestra Región, no el silencio ante lo que ocurre, sino acciones decididas que permitan recuperar el prestigio perdido de las instituciones murcianas".

En un comunicado de prensa remitido por su partido, Pujante señaló que "el Pacto ha de implicar medidas políticas y legislativas que corten de raíz esta lacra que está perjudicando seriamente a nuestra Región. La confusión de negocio y política que algunos miembros del PP y del PSOE han hecho suya debe de acabar de una vez por todas."

Asimismo, manifestó que "hay que dejar actuar a la justicia en éste y otros casos sin crear plataformas de apoyo a los detenidos", al mismo tiempo que aseguró que "tanto el PP como el PSOE han de sacar las necesarias conclusiones políticas."

"Éstas no sólo han de conllevar medidas disciplinarias para los encausados sino fundamentalmente medidas políticas y legislativas contra la corrupción", concluyó el líder de IU en la Región.

Valcárcel guarda el conejo en la chistera / Juan Redondo

Más difícil lo tenía Rajoy con el número dos por Madrid, con Ruiz Gallardón postulándose, y lo ha resuelto con Pizarro. Tampoco estaban fáciles las cosas en la Comunidad Valenciana y también se han definido sin Rita Barbera en las listas y el cartagenero Federico Trillo afrontando una legislatura más por Alicante. Por no hablar del retorno de los “europeos/as. Y en estos casos había que dejar “pelos en la gatera” por parte de la dirección nacional de Génova, porque siempre puede surgir un “sindicato de cabreados”.

Y aquí, el gran feudo popular según Rajoy, una balsa de aceite de militantes disciplinados y obedientes a las decisiones de Valcárcel, las cosas se esconden hasta última hora. “Sólo lo sabe el jefe y pondrá el huevo a última hora como siempre”, insisten los centurianos y los pretorianos. Hasta los aspirantes seguros a la repetición se han retirado de su sin vivir y “que sea lo que él quiera”.

Dicen sus más próximos que le gusta entretener, jugar y al final “sacar un conejo de la chistera”. Y con ese hermetismo sucede algo parecido a los secreto de sumario de la “operación Tótem”, que da pie a todo tipo de especulaciones e intentos de posibles filtraciones interesadas. Por cierto algo que del escándalo de Totana critican duramente los populares.

Esta tarde se reúne el comité regional de listas del PP, que preside Sánchez Carrillo, junto a otras cinco personas que no son elegibles y un representante de Nuevas Generaciones. Habrá propuesta y habrá amén y fuerte aplauso. En ese momento se conocerá oficialmente el conejo que tan secretamente ha guardado en la chistera el todopoderoso líder de los populares murcianos.

Andrés Ayala, Lourdes Méndez y Alberto Garre serán repetidores. Vicente Martínez-Pujante, una persona soltera, que ha batallado políticamente en el Congreso desde Valencia, volverá a su tierra natal para continuar en la Cámara Baja. Y una mujer de Lorca también irá en puestos de salida. Si el conejo es hombre, ocupara el quinto puesto, si la sorpresa es mujer lo haría en el seguro sexto. En el filo, llámese siete, parece que el actual diputado Arsenio Pacheco cuenta con muchas papeletas.

Porque Valcárcel dicen que está reunido consigo mismo. Ayer no apareció por la sede regional del PP a las importantes reuniones de coordinación para la campaña. Reuniones internas que dejó en manos de sus centuriones y pretorianos. Al fin y al cabo ese no es su cometido a pesar de que los comicios están a la vuelta de la esquina. Las listas se aprobarán mañana en el comité nacional del PP. La campaña empezará con el día 21 de febrero, pero ya hoy se abre el plazo para realizar los trámites para el voto por correo. El pistoletazo para la maquinaria de los partidos ya se ha dado y en las sedes regionales las hormigas están trabajando a tope. Valcárcel mientras sigue con su conejo en la chistera.

Los nuevos comentaristas deportivos

El fenómeno de ha puesto de moda hace poco tiempo, tanto a nivel nacional como regional. Conocidos políticos han pasados a ejercer de comentaristas deportivos en todas las especialidades. Hasta no hace mucho era lógico y habitual encontrarlos opinando sobre asuntos relativos a sus competencias o a temas de intereses generales para los ciudadanos. “Ahora lo mismo opinan de fútbol, que de ciclismo, de baloncesto o de bolos huertanos, parece que tienen mucho tiempo libre o pocas cosas que hacer”, comenta un veterano sindicalista.

Esta opinión es compartida por otro histórico político, que ironiza afirmando “así luego se acumulan los expedientes o están “mudos” en las cámaras y tampoco tiene un pasado con historial deportivo”. Siempre hay excepciones, “como el obispo Azagra, Ballesta, Fuentes Zorita, Gómez-Fayrén o Garre, sin excluir a Ruiz Vivo, a Trillo y Ayala en bicicleta, o a González Barnés”.

Manuel Campos, un diputado regional atípico

En la Asamblea Regional existen algunos diputados de los partidos mayoritarios que según dicen se pasan los cuatro años formando parte del decorado. El peso del trabajo fuerte en el PP y el PSOE se lo reparte un grupo en torno a los portavoces y los titulares y portavoces de las comisiones más activas. En el caso de IU, Pujante ya se sabe que tiene que ser “chico para todo”.

De las actividad y de las intervenciones de algunos de los mayoritarios apenas consta referencia en las actas. En este contexto, Manuel Campos, fiscal en excedencia, y presidente de la Comisión de Interior resulta un personaje atípico. El diputado popular se ha tomado en serio su trabajo, organiza jornadas sobre seguridad vial, se reúne con alcaldes sobre temas de seguridad ciudadana, prepara minuciosamente las transferencias de Justicia. No se conforma con estar solo dentro del recinto parlamentario como algunos. El futurible consejero se lo está currando todos los días.

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Los notarios estrechan el cerco contra el blanqueo

MADRID.- Los casi 3.000 notarios españoles han detectado 275 operaciones con indicio de blanqueo de capitales, durante el año 2007, más del doble de las 126 que este colectivo notificó al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en 2006.

En este sentido, el fuerte aumento de las denuncias de posibles actuaciones irregulares en el marco de los movimientos de dinero coincide con la entrada en vigor de la reforma del reglamento notarial aprobada por el Ejecutivo en enero del pasado año.

Según los datos que ha facilitado el Consejo General del Notariado (CGN), la mayoría de estas operaciones notificadas se encuadran en el ámbito del derecho mercantil y, en particular, de las operaciones societarias.

También los notarios tramitaron 7.219 solicitudes de información de órganos judiciales y administrativos en materia de prevención de blanqueo el año pasado, casi cinco veces más que las 1.213 peticiones atendidas en 2006.

El OCP tiene como cometido analizar las operaciones de riesgo extraídas del Indice Unico Electrónico Notarial, donde se vuelcan los datos de todas las escrituras realizadas por los notarios españoles, además de las notificadas por éstos.

Este organismo lo creó el Consejo General del Notariado en diciembre del 2005 para intensificar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en materia de blanqueo de capitales y como respuesta a la normativa de blanqueo de abril del 2005, en la que los notarios adquieren obligaciones para luchar contra estos crímenes.

Este instrumento, según los notarios, "ha permitido canalizar la colaboración" del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades judiciales y administrativas competentes, "facilitando al tiempo la labor individual del notario".

Así, es el propio Organo el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas de blanqueo.

275 casos de posible blanqueo

Los intentos de blanqueo de capital detectados por los notarios españoles se duplicaron en 2007. Los 3.000 funcionarios informaron de 275 operaciones sospechosas de ocultar blanqueo de dinero, frente a las 126 notificadas el pasado año al Servicio Ejecutivo para la Prevención de Blanqueo de Capitales.

La mayor parte de estos movimientos guardaban relación con operaciones societarias, según aseguró ayer el Consejo General del Notariado. Los notarios respondieron durante el pasado año además a cerca de 7.200 peticiones de información sobre personas o empresas por parte de las autoridades, lo que supone casi cinco veces más que en 2006. La mayoría de estas solicitudes provenían de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y las Fiscalías.

Los notarios tienen la obligación de colaborar en la lucha contra el blanqueo de dinero desde la entrada en vigor de la normativa contra estos crímenes en 2005. Una vez notifican las posibles operaciones sospechosas es el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de capitales (OCP), creado ese mismo año, quien se encarga de analizar la información.- (EFE)