Murcia: El PP prefiere hacer el avestruz en vez de encarar los problemas políticamente

MADRID.- El ‘Caso Tótem’ de Totana ha puesto a las claras el carácter del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel en Murcia. Mezcla de populismo “gilista” al estilo marbellí y de “fabrismo” castellonense, el PP gobernante en Murcia, con el determinante genio y figura de Valcárcel, queda caracterizado como un partido que renuncia a admitir políticamente las equivocaciones que hayan podido cometer algunos de sus miembros y que reafirma su legitimidad en los resultados electorales como justificantes de posibles actuaciones ilegítimas.

En efecto, las decenas de militantes del PP que ayer apoyaron políticamente al alcalde de Totana mientras declaraba ante la juez no muestran otra cosa sino el convencimiento de que las victorias electorales son patente de corso para realizar las actuaciones más discutibles que se puedan imaginar, al más puro estilo marbellí.

La petición de amparo al TSJ de Murcia del investigado diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana, –en vez de renunciar a su aforamiento y ponerse a disposición de la Justicia– es más de lo mismo.

Además, el pertinaz recurso del PP murciano al argumento de que las urnas les siguen dando la razón como leit motiv para justificar sus actuaciones entronca con el “fabrismo” castellonense, que se ve igualmente justificado por el número de votos que obtiene en cada cita electoral.

Sin embargo, a ojos de muchos ciudadanos de a pie, los argumentos de Valcárcel para explicar lo inexplicable, argumentos de los que vuelto a hacer uso esta semana a cuenta de la Operación Tótem, se están empezando a caer por su propio peso debido a su propia inconsistencia.

Las reacciones políticas de la cúpula del PP en Murcia y en Madrid tras el inicio del caso Tótem se ven como un intento de esconder la cabeza debajo de ala, el cráneo en el agujero o perder la mirada en el infinito. “Cuando haya imputaciones o acusaciones, actuaremos”. Ésa ha sido la respuesta-tipo de los dirigentes del PP murciano, con Ramón Luis Valcárcel a la cabeza, y secundados desde Génova, ante el escándalo de Totana.

Pero en Murcia, como en otros lugares de España (Canarias, León, Castellón, etcétera), se recuerda que cuando eso ha pasado el PP ha continuado encastillado en su actitud general y generalizada de negar la evidencia.

Petición fiscal

Basta recordar un caso cercano por la proximidad geográfica a Totana y paradigmático por revelador de la actitud del PP. En el pueblo también murciano de Alcantarilla, el alcalde Lázaro Mellado está procesado y con una petición fiscal de seis años de cárcel por contaminar el Río Segura. El asunto data de una denuncia de 1999 interpuesta por el grupo municipal de IU en el vecino ayuntamiento de la capital regional.

Antes de la pasada campaña electoral del 27-M, Mellado ya estaba imputado, acusado y procesado en espera de juicio oral. Repitió como candidato del PP a la Alcaldía de Alcantarilla –acto de proclamación con presencia de Valcárcel mediante–, fue el candidato más votado y ahí sigue: de alcalde.

Por éste y por otros casos, que sería prolijo detallar, el PP murciano tiene actualmente, sin contar los de Totana, 19 imputados por corrupción. Está bajo mínimos la credibilidad del presidente regional del partido, Ramón Luis Valcárcel, y de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia.

Nadie les discute sus triunfadores altos porcentajes electorales –cercanos al 60% del voto emitido–,, pero está claro que los dirigentes populares de Murcia utilizan esos resultados para crear desde un punto de vista victimista la sensación de que cualquier actuación contraria a sus postulados o a sus intereses es un ataque a la Región murciana como tal.

Ya lo hicieron a cuenta del caduco y desestimado trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas. Y ahora lo intentan hacer con las actuaciones judiciales en curso. El primer comunicado del PP murciano al respecto insinuaba que todo el asunto de Totana estaba urdido desde el Ministerio de Justicia contra la Región con intereses electorales.

¿Y quién es el actual ministro de Justicia? Mariano Fernández Bermejo, que encabezará la lista del PSOE murciano al Congreso de los Diputados en la próximas elecciones generales de marzo. La táctica del avestruz sigue siendo imitada por el PP murciano cuando se plantean problemas incontrolables. Como hizo Gil y Gil en Marbella y como hace Fabra en Castellón.

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(Los alcaldes de Puerto Lumbreras y Cieza junto al diputado regional Juan Morales)

El alcalde de Totana seguirá detenido mientras la juez deja en libertad a la secretaria general

TOTANA.- El fiscal del caso Totana, José Luis Díaz Manzanera, solicitó anoche a la juez Navarro Artero, y consiguió, prisión incondicional sin fianza para el actual alcalde y ex concejal de Urbanismo, José Martínez Andreo, del PP, tras más de seis horas de declaración, según nota del TSJ, mientras la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, quedaba en libertad provisional mediante fianza de 20.000 euros.

La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil.

El fiscal que investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis Manzanera, había solicitado poco antes para Martínez Andreo prisión incondicional sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y prevaricación. El detenido fue conducido inmediatamente, a las 2,20 horas, en un vehículo de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Sangonera, a escasos 25 kilómetros de Totana, donde ha pasado ya el resto de la noche en el módulo de ingresos.

Martínez Andreo (en la imagen) está siendo investigado por su anterior etapa como responsable de Urbanismo siendo alcalde de Totana Juan Morales, según fuentes de la investigación. En su declaración ante la juez han salido a relucir «muchos favores» que éste podría haber atendido desde su responsabilidad municipal anterior. La situación de Martínez Andreo podría comprometerse si se confirman los contenidos de «numerosas grabaciones telefónicas» realizadas por la Guardia Civil en los últimos meses.

El actual alcalde debe aclarar su participación en la supuesta falsificación de un documento público porque, de momento, se le ha relacionado directamente con el presunto cobro de comisiones por favores urbanísticos y presuntas decisiones injustas a sabiendas que lo son. Se le acusa de once posibles delitos, entre otros, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o blanqueo de capitales.

La juez Asunción Navarro ha dejado, pues, en libertad a once de las doce personas detenidas inicialmente, unas con y otras sin fianza, cuando parece que el caso, una vez instruido, pasará hoy a manos del la Sala de Lo Penal del TSJ al aparecer una persona aforada, el diputado autonómico y ex alcalde Juan Morales.

Martínez Andreo fue trasladado a los juzgados de Totana después de permanecer 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, donde fue interrogado acerca de la venta de unas parcelas del polígono industrial, del supuesto cobro de favores y de los contenidos de varias escuchas telefónicas, una de ellas relacionada con un almuerzo mantenido con el promotor gallego Manuel Núñez, que también ha sido detenido en esta operación, y puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La permanencia del alcalde durante 18 horas en las dependencias judiciales estuvo rodeada de cierta tensión en la calle, donde se llegaron a congregar simpatizantes y amigos para darle su apoyo. Entre los 250 manifestantes vociferantes, el resto de miembros de PP en la Corporación municipal de Totana.

Los insultos y las amenazas puntuales a los periodistas destacados en Totana continuaron durante toda la jornada del domingo hasta requerir la protección por parte de la Guardia Civil, que creyó conveniente ofrecerla el ante el cariz tomado por los acontecimientos y lo exaltado de los ánimos.

El primero en declarar, tras llegar a las 7,30 horas, fue el empresario y ex-concejal Juan Francisco Casanova, quien quedó en libertad provisional con fianza de 20.000 euros. Después la secretaria general del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, también quedó en libertad provisional con cargos y una fianza de 20.000 euros para evitar la prisión preventiva por presunto falso testimonio y supuesta falsificación de documento público.

El empresario local y ex concejal de Agricultura fue el primero en abandonar los juzgados por una puerta trasera mientras Laura Bastida también fue luego objeto del apoyo de los vecinos cuando salió del edificio por la puerta posterior, acompañada de su letrado. Ambos tienen que comparecer semanalmente en el juzgado nº 1 de Totana.

La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso y que afecta a las doce personas detenidas.

La relación incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana.

El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la juez estableció para P.J.M.R. libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para D.C.C. y para A.C.L. libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, J.A.A.N., J.C.A., G.M.N., P.J.M.G., la juez decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, J.A.G.C libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego M.N.A. prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento.

La juez ha dejado en libertad sin fianza a: José Antonio Carrocera, Pedro Martínez, Alfonso Canales, David Carrión y Juan Francisco Casanova.

Y bajo fianza, Manuel Núñez Arias: 150.000 euros; Pablo José Maceira, entre 30.000 y 120.000 euros; Joaquín Carmona entre 30.000 y 120.000 euros; José Antonio Alcántara, entre 30.000 y 120.000 euros. Gabriel Martínez, entre 30.000 y 120.000 euros. Carmen Jordán y Vaneide Freita, entre 30.000 y 120.000 euros. Y Laura Bastida fianza de 20.000 euros.

También se ha sabido que el abogado y militante del PP, Javier Cegarra, es actualmente asesor urbanístico, al menos, en los ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Lorquí, Santomera y Totana, todos ellos gobernados por el PP.

Este partido, y su presidente, Ramón Luis Vacárcel, mantienen silencio ante el encarcelamiento de uno de sus alcaldes, a quien ni le piden su dimisión ni tampoco le expulsan de la formación pese a las solicitudes de la Oposición en ese sentido.- (NEM)

Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, ante la entrada en prisión, esta madrugada, del Alcalde de Totana, dictada por la titular del Juzgado número 1, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

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"Pedimos al pueblo de Totana que mantenga la serenidad y bajen los niveles de crispación, que solo harán empeorar la situación ya de por si confusa.

La Institución municipal y el buen nombre de Totana, está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico.

Si existe responsabilidad en los escándalos en las que este pueblo, personas concretas, empresas y familias, se encuentra inmerso, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos.

Ante la actuación de la Justicia, Fiscal y la Guardia Civil, no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpas hacía los periodistas y medios gráficos, que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones.

Ante la situación del Alcalde, José Martínez Andreo, y respetando siempre su presunción de inocencia, debe presentar su dimisión de inmediato, para poder defenderse, sin suponer un lastre para el Ayuntamiento de Totana, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular, el pasado 27 de mayo.

La situación jurídica de la secretaria, Laura Bastida, para la que se decretó prisión, atenuada con fianza, es insostenible como funcionaria máxima en la Institución que representa a los totaneros y totaneras. Un cargo de ese nivel, acusada de presunta falsedad en documento público y falso testimonio, debe cesar de inmediato en sus funciones, por el buen nombre de los funcionarios y la Institución.

Solicitamos que el Jefe de la Policía Local, sea relevado de su puesto, en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia.

Solicitamos a los miembros del Equipo de Gobierno, que estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho.

Exigimos al Partido Popular en la Región, que adopte medidas urgentes, porque el buen nombre de Totana, no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente.

Exigimos al Diputado del PP, Juan Morales, que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, salga de la “gatera” que ha convertido un puesto que los ciudadanos le dieron para defender su cargo con honestidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia, para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho. Debe, hoy mismo, hacer un favor al pueblo y la región que tanto dice querer, cerrando su triste y patética carrera política".

El edil de Urbanismo de Totana dirigirá el Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, ha asumido la dirección de la corporación municipal, después de que la titular el Juzgado número uno de esta localidad decretase prisión provisional sin fianza para el alcalde, José Martínez Andreo, del PP, cuyo abogado, José Antonio Ramos, ya prepara un recurso contra el auto judicial.

Según informaron fuentes del ayuntamiento de Totana, la corporación municipal se encuentra reunida en la sede consistorial desde primera hora de la mañana estudiando la situación derivada de la 'operación Tótem', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Añadieron que, "por protocolo de funcionamiento", Juan Carrión, como primer teniente de alcalde de Totana, sustituye ahora al regidor municipal, aunque la corporación está decidiendo el futuro del Ayuntamiento.

Martínez Andreo presentó esta tarde, lunes, solicitud de baja cautelar en el PP, mientras también se ha sabido que el oficial jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, según la Cadena SER, es investigado por presunto robo de documentación judicial relacionada con casos de corrupción urbanística hallada en su caja fuerte y por presunta falsificación de documento público.- (Agencias)

El pintor lorquino Muñoz Barberán cuelga para siempre los mejores pinceles murcianos del XX

LORCA.- Los restos mortales del artesano lorquino, Manuel Muñoz Barberán, sin duda el mejor pintor murciano del siglo XX, fallecido este fin de semana en su casa de Murcia a los 86 años, descansan ya en el cementerio de San Clemente tras un responso en la colegiata de San Patricio y una misa en el tanatorio murciano de Jesús al que, igualmente, acudieron a despedirlo numerosos amigos junto a sus nueve hijos y su esposa. El alzéhimer y un cáncer de próstata lo tenían postrado y ausente desde hace más de tres años, según la familia. La lápida que indica su enterramiento tiene la singularidad de que fue pintada hace años por él mismo.

Con una significativa presencia de la sociedad civil murciana, a despedirlo concurrieron, además de algunos políticos oportunistas, los pintores Molina Sánchez y Ángel Hernansáez, y los catedráticos de la Universidad de Murcia, Gerardo Landrove y Juan Torres Fontes, éste último en su calidad de presidente de la Academia Alfonso X el Sabio.

Con una proyección puramente regional, Muñoz Barberán fue nuestro "pintor de cámara" en las décadas de los 60, los 70 y los 80, y al igual que el imaginero Salzillo, nunca quiso salir de su tierra, cuyos colores entendía y plasmaba como ningún otro pintor murciano de su tiempo. Era, sin duda, el número uno de su generación y así lo atestigua una vasta y prolífica obra diseminada por toda nuestra geografía donde, en numerosos hogares ilustrados y pudientes cuelga, al menos, un "muñozbarberán" como símbolo de murcianía. El artesano lorquino comenzó a cotizarse con enorme fuerza conforme consolidaba su estilo y unas relaciones de altura que le servían de promoción para sus numerosas exposiciones locales.

Ha realizado 54 individuales de pintura, y entre sus obras destacan ‘La puerta del contraste de la seda’, ‘La plaza de Santo Domingo’ o ‘El mercado de Santo Domingo’. Muñoz Barberán , que fue nombrado cronista de la ciudad de Murcia en 1968, era descrito por amigos y críticos como un gran pintor que ha sabido reflejar como pocos el azul intenso del cielo murciano.

De formación puramente autodidacta, Muñoz Barberán fue adquiriendo sus conocimientos a lo largo de toda una vida de análisis de los grandes maestros del arte ya que, aunque fijó su residencia en Murcia, fueron frecuentes en una época los viajes que realizó a Madrid. Sus años de juventud estuvieron marcados por el clasicismo de la época y su relación con la nueva generación de artista murcianos relacionados con la Generación del 27.

Durante esta época, ganaba dinero realizando algunos retratos y comenzó a aceptar encargos sobre temas religiosos. Comienza entonces un período de viajes por las principales capitales de nuestro país, donde visita las principales salas de exposiciones y admira las obras de Fortuny, Goya y Velázquez.

Muñoz Barberán (Lorca, 1921) recibió a lo largo de su vida premios como la Tercera Medalla del Salón de Otoño de Madrid; "Paisaje Madrileño" del ayuntamiento de Madrid; Palma de Plata de la Bienal de la C.A.S.E., de Elche; Premio Nacional Villacis, de la Diputación Provincial de Murcia, Laurel de Murcia de la Asociación de la Prensa en 1967, Premio Chys y Premio del ayuntamiento de Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes, entre otros.. Era hijo predilecto de Lorca, que le concedió su Medalla de Oro.

En 1968 fue nombrado académico de número de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia; en 1977, director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, y en el 2000 académico de número y fundador de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Arrixaca. Diseñó la bandera de Lorca y ejerció de director artístico del Paso Blanco.

Miembro de la generación de pintores murcianos de la posguerra, Muñoz Barberán se forma de manera autodidacta aunque asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo y profundiza en sus conocimientos a través del estudio de los grandes pintores del Museo del Prado y del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Conoce y admira a Ramón Gaya y Bonafé y mantiene relaciones de amistad con otros artistas de su tierra natal. Combina la creación y la búsqueda histórica, a la que ha contribuido con varias publicaciones. Su obra es extensa: desde murales de gran tamaño y temática religiosa a cuadros costumbristas, pasando por la realización de carteles para fiestas populares. En todos ellos encontramos la luz y el color tan característicos de su estilo posimpresionista, que lo caracteriza y define hasta encumbrarlo a la consideración de mejor pintor murciano del siglo XX.

La infancia de Manuel Muñoz Barberán estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, Alejandro Muñoz Furió. Asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo que dirigía Francisco Cayuela, aunque es expulsado por falta de disciplina. Los ruegos de su madre, Bibiana Barberán, para que fuera admitido, le permitieron continuar sus estudios. Durante esos años pudo observar a otros alumnos: Marcos Cayuela, Joaquín Ruiz o Enrique Espín.

En la década de los 30 se traslada a Garrucha, allí se relaciona con personas que le ayudarán a desarrollar sus inclinaciones artísticas. Además durante esos años llegó el Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas, donde descubre a Ramón Gaya, Juan Bonafé y Eduardo Vicente.

Al inicio de la Guerra Civil Muñoz Barberán regresa con su familia a Lorca, y comienza a trabajar en el taller fotográfico de Juan Navarro Morata. Aunque solicitó una beca a la Diputación Provincial no se la concedieron por faltarle el certificado de prisiones.

En 1939 conoce a Joaquín Espín y desde ese momento la amistad les unió. De él recibió muchos libros de arte, además de consejos. En los años 40 se traslada a Cehegín. Allí realizó la restauración de la Iglesia de la Magdalena. Luego comienza un período de viajes por Zaragoza, Barcelona y Madrid, donde realiza visitas a las principales salas de exposiciones y museos.

En 1942 el párroco de San Antolín, de Murcia, solicita los servicios de Manuel Muñoz Barberán para decorar la capilla de la Comunión. Ese mismo año le otorgan el tercer premio en la Exposición Regional de Cieza con el cuadro “ Calle de Cehegín”.

Aunque fija su residencia en Murcia son relativamente frecuentes sus viajes a Madrid, que aprovecha para completar sus conceptos acudiendo al Círculo de Bellas Artes y realizando copias de los cuadros expuestos el Museo del Prado.

En Murcia comienza a tener relaciones con artistas de todos los campos: escultores como José Planes y Juan González Moreno; algunos de los pintores más relevantes del momento: Molina Sánchez, Hernández Carpe, Medina Bardón, Almela Costa, Mariano Ballester o Luis Garay; y también con escritores y profesores de la Universidad: Cano Pato, Fernández-Delgado, Marín-Baldo, Alemán Sainz, Torres Fontes o Antonio de Hoyos.

Muñoz Barberán fue el encargado de restaurar las pinturas de la iglesia del Rosario y de diseñar las pinturas de la Capilla de Fátima, en Espinardo.

Su relación con el decorador y galerista Manuel Fernández-Delgado Maroto, le llevó a conocer la decoración mural, ya que de él recibió el encargo de hacer un mural para la galería Chys, aunque actualmente no queda nada de él. Son numerosos los encargos de este período: Santo Domingo de Mula, los franciscanos de Cehegín y en Murcia.

En los años 50 Manuel Muñoz Barberán se ha consolidado como uno de los pintores más importantes de la Región.

En 1954 comienza a realizar los murales de la basílica de la Purísima de Yecla, en San Francisco Javier de Los Barreros y en San Dionisio Areopagita de Fuente Álamo, en Albacete. Posteriormente pinta en San Bartolomé, realiza la fachada de San Antolín, decora las iglesias de Ricote y la Asunción de Molina de Segura y la capilla de la Hermandad del Cristo de los Azotes.

Durante estos años Muñoz Barberán también participó en la pintura decorativa que se estaban realizando en buena parte de los edificios murcianos: establecimientos, oficinas y en entidades financieras.

Realizó una amplísima actividad artística: carteles para la Semana Santa, Festival de Folklore del Mediterráneo, numerosos encargos de retratos, bodegones y paisajes e, incluso, ilustra a plumilla artículos de periódico y libros.

Del viaje que realiza por Portugal con Molina Sánchez han quedado algunas anécdotas, como el que atravesara España en sidecar.

Con la llegada de la madurez, realiza de nuevo trabajos de gran envergadura: las decoraciones de los teatros Guerra, de Lorca y Concha Segura, de Yecla. También destaca su obra gráfica y los carteles. Destacan los libros “Murcia, Reino de Frontera. Castillos y Torreones de la Región de Murcia”, “Sobre el autor del Quijote Apócrifo”.

CROEM, CC.OO., y UGT recibirán 5,6 millones de euros para formación contínua de los trabajadores de la Región

MURCIA.- La Consejería de Empleo y Formación concederá subvenciones por un valor total de 5.653.775 euros, a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, UGT y CC.OO., para la ejecución de planes de Formación Profesional Continua de carácter intersectorial de los trabajadores de la Región de Murcia, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno.

La finalidad de los planes de formación continua dirigida a trabajadores de la Región será la mejora de las competencias y cualificación profesional de los trabajadores en activo, así como su actualización y especialización profesional.

Los contratos programa para la ejecución de planes de formación intersectoriales se dirigirán a la formación de trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica.

Estas competencias transversales serán las competencias básicas comunes a diversas ramas de actividad, en particular sobre nuevas tecnologías de la información, idiomas, prevención de riesgos laborales y gestión empresarial.

La subvención total para este tipo de contrato ascenderá a 2.544.202 euros con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y será de 1.537.990 euros para CC.OO. y de 1.571.583 euros para UGT.

Según IU-Totana, Valcárcel debe quitar la inmunidad al diputado popular Juan Morales

TOTANA.- Tras la detención del Alcalde de Totana -José Martínez-, la secretaria municipal -Laura Bastida- y el jefe de la policía local –Alfonso Canales-, el coordinador de política municipal de Izquierda Unida Regional apostilla que “la detención del alcalde, la secretaria municipal y el jefe de la Policía han dado lugar a un vacio administrativo de importancia capital en el Ayuntamiento, que Izquierda Unida de Totana considera que debe superarse cuanto antes”.

“Izquierda Unida de Totana –según Cánovas- desea y espera por el bien de nuestro pueblo que se clarifique pronto la situación legal de los detenidos, y que quede en buen nombre el ayuntamiento de Totana, concretamente que la actividad de la alcaldía no quede en entredicho, así como de la actuación de la propia secretaria del ayuntamiento y el jefe de la policía local”.

“Ahora bien, ha manifestado Juan José Cánovas, hay algo que podría acelerar la resolución de este caso, y es ni más ni menos que es enrocamiento en su calidad de aforado de Juan Morales Cánovas como diputado regional, y que va a alargar el procedimiento judicial del sumario”.

“El presidente del Partido Popular en la Región, Ramón Luís Varcarcel, puede y debe actuar para acortar el vacío de poder que en este momento existe en el municipio de Totana, debe obligar a su diputado regional, Juan Morales Cánovas, a proceder a su desaforamiento”.

“Juan Morales Cánovas debe dejar cuanto antes de ampararse en su cargo de diputado regional del PP, para no dar cuenta a la justicia de su actuación en el caso de presunto cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones ilícitas que se dirime en Totana. Su persistencia en la inmunidad parlamentaria, está aumentado la incertidumbre política que ahora existe en Totana”.

“Valcárcel al dilatar la agonía judicial del diputado aforado Juan Morales Cánovas, está echando sobre su espalda una responsabilidad que no es propia de un presidente regional”.

“Por otro lado, según Cánovas, la coalición Izquierda Unida pide que se clarifique cuanto antes el papel de los empresarios totaneros detenidos en todo esto, pues la generalidad de las empresas de Totana son ajenas a las prácticas que pueden estar en el fondo de este asunto judicial.

A la vez, dice Cánovas, que lo acontecido en Totana es un aviso para los agentes económicos de nuestro pueblo. Nunca más los intereses empresariales y los municipales deben enredarse en tramas de dudosa legalidad. Cuando las empresas quieren intervenir en política se esta a un paso de las prácticas corruptas”.

La Fiscalía almeriense pide 10 meses de cárcel para Tomás Olivo por un delito de desobediencia al juez

ALMERÍA.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería ha pedido diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por un presunto delito de desobediencia al incumplir dos órdenes judiciales de paralización de obras en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Público, Olivo -presidente de General de Galerías Comerciales, promotora de la superficie comercial- prosiguió con la ejecución de obras en la finca privada hasta su conclusión definitiva en enero de 2004 a pesar de que en febrero de 2002 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Roquetas de Mar dictó un auto urgiendo a la inmediata suspensión de las mismas.

Además de desoír esta orden judicial, Olivo hizo caso omiso según la Fiscalía a la sentencia en firme que dictó en el mismo sentido algo más de un año después la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la que se acordó nuevamente la confirmación de la orden de paralización de obras.

Según el escrito, el empresario murciano, además de no frenar el muro que estaba construyendo en la finca privada, procedió a la instalación de un bordillo de tipo no remontable, que quedó situado en el área que debía retranquearse según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial almeriense.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería), ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral contra Olivo -quien se enfrenta por el mismo delito a una petición por parte de la acusación particular de un año de cárcel- al considerar que en las actuaciones que obran en poder del órgano judicial "aparecen méritos suficientes" para exigirle responsabilidad criminal.

El auto acuerda remitir las actuaciones en "el momento oportuno" al Juzgado de Lo Penal, competente para el conocimiento y fallo de esta causa.

La decisión judicial contra el empresario imputado tanto en la "operación Malaya", en Marbella (Málaga), como en el caso del parque comercial Nevada, de Armilla (Granada), se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Roquetas de Mar dictase en febrero de este año una providencia en la que fijaba en un mes el plazo para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedieran al derrumbe del muro construido en la finca privada.

Además, durante el pasado mes de marzo la sección primera de la Audiencia Provincial ratificó otra sentencia del citado juzgado en la que se establecía la demolición de una tubería del Gran Plaza que también invadía los terrenos privados situados a la espalda de la superficie comercial.

En estos momentos el TSJA dirime además un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra un auto dictado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería en el que se estableció la no ejecución de la sentencia por la que el Alto Tribunal andaluz declaró previamente la nulidad de la licencia de apertura del Gran Plaza al haberla concedido el Ayuntamiento de Roquetas sin los perceptivos informes favorables de la Administración.- (EFE)

(Audiencia Provincial de Almería)

Dos nuevos detenidos en el desarrollo de la 'operación Tótem', uno ex concejal del PP

MADRID.- La Guardia Civil ha detenido esta mañana a otras dos personas en la localidad murciana de Totana en el marco de la 'operación Tótem', una de ellas un empresario y la otra un particular, han informado fuentes de la investigación.

El primero de los detenidos es un empresario, Juan Francisco Casanova que, según las mismas fuentes, podría haber incurrido en un delito de cohecho ya que está acusado de haber pagado algunas cantidades de dinero para que se agilizaran licencias de obras.

Este empresario pertenece actualmente a una cooperativa y fue concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos por el PP, entre los años 1995-99, siendo alcalde Juan Morales.

El segundo de los detenidos, Diego Carrión, es un particular de Puerto Lumbreras que, en este caso, según estas fuentes, podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias relacionado con la Policía Local.

Fuentes municipales informaron que Casanova tiene una empresa de productos fitosanitarios en el polígono industrial El Saladar de la población, y explotaciones ganaderas.

Casanova es socio del también detenido Pedro Martínez, y a Diego Carrión se le ha encontrado documentación pública del Ayuntamiento de Totana aunque hoy mismo ha quedado en libertad después de prestar declaración ante la Guardia Civil y tras considerarse que no obstruiría la investigación.

Poco después, la Guardia Civil ha dejado en libertad al Jefe de la Policía Local de Totana tras tomarle declaración, según han confirmado fuentes de la investigación.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, Asunción Navarro, reanudó pasadas las once de la mañana la toma de declaración de los seis detenidos el lunes en la 'operación Tótem' contra una presunta trama de corrupción urbanística, cuatro de los cuales declararon ayer y hoy lo harán los dos restantes.

Los seis detenidos llegaron pasadas las ocho de la mañana al edificio judicial, cuatro de ellos en un autobús de la Guardia Civil y los otros dos en sendos vehículos del instituto armado escoltados cada uno por dos agentes.

Además, a primeras horas de la mañana dos guardias civiles introdujeron en el edificio judicial cinco cajas y un paquete envuelto en una bolsa de plástico.

Asunción Navarro, ha finalizado a las 18.20 horas la toma de declaraciones a los dos detenidos que aún no lo habían hecho, tras lo que han dado comienzo las comparecencias de los primeros seis arrestados ante el fiscal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la juez que instruye el caso, se están llevando a cabo las comparecencias de los seis detenidos ante el fiscal, quien, a su término, deberá solicitar las medidas que estime oportunas para los arrestados.

Tras la petición del fiscal, la juez se retirará a deliberar y emitirá una resolución, que, según estimaron las mismas fuentes, no se producirá hasta antes de la medianoche para conocer la situación en la que quedan los seis detenidos.

Esta juez ha iniciado también ya el trámite, habitual en estos casos, de notificación a la Asamblea Regional, mediante requerimiento judicial, para saber la actual situación de determinadas personas que pudieran estar aforadas para, si así fuese, proceder a su desafuero mediante el correspondiente suplicatorio del TSJ a los órganos competentes de la cámara autonómica, al objeto de que puedan ser procesadas en un procedimiento penal ordinario.

También el TSJ ha dictado hoy una providencia enviada a la Asamblea Regional para responder así a la petición de amparo que le ha hecho el diputado autonómico del PP, Juan Morales, y le ha dado tres días al fiscal para que informe sobre actuaciones que puedan interesar al ex alcalde de Totana.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha iniciado también actuaciones para determinar si el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha visto vulnerados sus derechos dentro de la investigación de la Guardia Civil sobre presuntos casos de corrupción en este municipio.

La actuación del TSJ es consecuencia del escrito de Morales presentado en este tribunal en el que se denuncia que la retirada de su pasaporte y del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional "viola sus derechos constitucionales".

En su escrito el diputado regional señala que sus derechos como ciudadano y como miembro de la Asamblea Regional pueden haberse visto afectados con la actuación de los agentes, que realizaron un registro en su domicilio en Murcia, por lo que pide el amparo del tribunal.

Antes de pronunciarse sobre la queja de Morales, la Sala deberá dar traslado de la misma a la Fiscalía del TSJ para recabar su criterio sobre el asunto, según fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que los diputados regionales gozan de una especial protección, de manera que no puede emprenderse actuaciones penales contra ellos si previamente no se ha concedido el suplicatorio por parte de este órgano legislativo.

Precisamente, el lider de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha puesto hoy en manos del presidente del PP y de la Región, Ramón Luis Valcárcel, la solución al tema de la corrupción en su partido. "Que saque de la política a los imputados y, si no se quieren ir, que los eche por el bien de la vida pública y de la Región de Murcia", mientras la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha calificado de "repugnante" la corrupción política.- (Agencias)

Del embargo al 'ladrillazo'

VIGO.- Manuel Núñez Arias, el propietario de la empresa que supuestamente pagó comisiones al anterior consistorio de Totana para que recalificara los terrenos donde construir unas 5.000 viviendas, se especializó durante la crisis económica de la Transición en asesorar como abogado a empresas en suspensión de pagos. Entonces acumuló los conocimientos que le permitieron, en 2004, continuar en sus oficinas de Vigo, pese a anunciarse su subasta, y seguir viviendo en su lujosa casa de A Ramallosa tras sendos embargos de 1998 y 1999, revela hoy "El País".

Sólo dos años después de la aparente ruina que indicaba la salida a subasta de sus oficinas, en septiembre de 2006, su grupo de empresas, Nuar, anunció una inversión de 570 millones de euros para urbanizar en Totana 2,2 millones de metros cuadrados. Curiosamente, dos de sus principales empresas, Conycase, que explota tres aparcamientos subterráneos en Vigo, y Senga, de productos de alimentación, acumularon pérdidas en los ejercicios de 2005 y 2006 por más de 1,5 millones de euros, según sus datos del Registro.

Ejerció de abogado, y temporalmente de administrador del patrimonio del empresario granitero David Fernández Grande, después de que en 1994 fuera asesinado éste, junto a su esposa, una hija y la chica del servicio doméstico. Encaró el declive profesional que le sucedió entonces con una incursión en la intermediación inmobiliaria. En 1997 creó la sociedad Mediación, Asesoramiento y Gestión (Mega) con el "proveedor de oportunidades" y gran tiburón del sector en Vigo durante la última década, Pedro Costas Gil.

Rompieron dos años después y Núñez fundó Inmonuar, que en 2002 compró Autocares de Tenerife, S.A., de cuyos solares habría obtenido, al parecer, las plusvalías necesarias para la operación de Totana.

Algunos abogados consultados por este diario afirman que Núñez Arias traspasó hace ya muchos años la línea roja. "Pensó que si obtenía dinero para otros, podía utilizar sus conocimientos para obtenerlo directamente para sí. Y cuando se da ese paso, ya no se puede volver atrás. Es un negociante antes que un abogado".- (PRISA)


'Totana Connection': Núñez Arias, el abogado gallego que quiso construirse una ciudad de vacaciones en Murcia

VIGO.- De Pontevedra a Murcia. De letrado laboralista a empresario imputado en un caso de corrupción urbanística y blanqueo de capitales. La historia del gallego Manuel Núñez Arias, conocido abogado en Galicia que llegó a ser socio del despacho de Garrigues Walker, se truncó en Totana, precisamente la tierra de los conocidos juristas, donde este selfmade man pretendía pegar su propio pelotazo urbanístico para construirse su ciudad de vacaciones en Murcia.

En Galicia se preguntan cómo es posible que a este hombre le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados en la huerta murciana. Anteayer, agentes de la Guardia Civil le detenían junto a su socio como dueños de la inmobiliaria Nuaria y registraban su impresionante chalet de A Ramallosa. Los otros detenidos fueron dos intermediarios, un miembro del ‘clan de los Recoveros’ de Totana y una sexta persona cuya identidad no ha trascendido. En la trama están involucrados asimismo el ex alcalde de la localidad, su ex mujer y su amante brasileña.

Núñez Arias comenzó su carrera como letrado sindical. En los 80 abrió su propio bufete, desde el que intervino en numerosas suspensiones de pagos en Galicia. Una década más tarde comenzó su despegue profesional. En esa época llegó a defender como abogado los intereses de los hijos del empresario David Fernández, tras el asesinato en Nigrán en 1994 a manos de dos policías. También representó a Segundo Rodríguez, en la batalla judicial que inició contra su hermano Francisco y que acabó destapando el caso de la adjudicación del Puerto de Sada.

Ruina y reflote gracias a un socio canario

A principios del 2000, comenzaron los problemas. Sus oficinas fueron embargadas por Bankinter para atender las deudas que había contraído por créditos impagados. Sus impresionantes propiedades en A Ramallosa, en el concello de Nigrán, fueron intervenidas por el Banco Pastor y por el Juzgado a instancias de uno de sus antiguos socios. Hacienda investigó asimismo algunas de las actividades que desarrollaba. Por aquel entonces, ya había comenzado su actividad empresarial.

"En el año 2002 estaba totalmente arruinado. Le habían embargado la casa y las cosas le iban fatal", publica "Faro de Vigo", que cita a uno de sus colaboradores más próximos de aquellos años. Pero la suerte le volvió a sonreir cuando, junto a un socio canario, se hace con Transportes de Tenerife, compañía que tenía en propiedad importantes solares en aquella Isla. Ahí se produce el gran despegue económico de Manuel Núñez.

El espaldarazo de Tenerife le sirvió para crear el Grupo Nuaria, actualmente integrado por siete empresas, cuya actividad principal se centra en el sector inmobiliario, de la construcción y de la comercialización, aunque también participa en negocios del sector de la alimentación.

Nuaria lo conforman A&UGA (Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Galicia), dedicada a la redacción de proyectos urbanísticos, así como la dirección de obras; Inmonuar, sociedad inmobiliaria; Parking Nuar o Conycase -tal como figura en el Registro Mercantil- , que gestiona aparcamientos vigueses; Perconiza, dedicada a la venta de materiales para la construcción; Hogarhotel, que distribuye diversos productos en venta directa; Autesa (Autocares de Tenerife); y Senga, dedicada a la alimentación.

El negocio de Totana era el más cuantioso de todos en cuantos el abogado y empresario se había embarcado. Pretendía desarrollar una ciudad de vacaciones de más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, con un coste aproximado de 570 millones de euros. El proyecto estaba a la espera de de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se preveía que fuera esta misma semana.

(Núñez y su pazo en Nigrán)

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Los independientes de San Javier pueden romper en horas su coalición de gobierno con PSOE y CDL

SAN JAVIER.- El apoyo político que hasta el día de hoy ha dispensado el Grupo Independiente al Gobierno municipal de San Javier pende de un hilo. De hecho, todo apunta a que esta misma mañana se romperá, después de la reunión interna en la que los independientes tomarán una decisión, adelanta hoy "La Opinión".

Anoche debía haber tenido lugar un encuentro entre los cuatro ediles independientes y el resto del equipo de Gobierno para tratar de acercar posturas, pero este fue finalmente rechazado por la portavoz y máxima dirigente del Grupo Independiente, Arantxa Espeso.

Durante la mañana de ayer, la alcaldesa, Pepa García, había manifestado su deseo de pulir asperezas en este encuentro y su voluntad de "continuar gobernando juntos". Sin embargo, Espeso declaró que, "después de mirar los expedientes sobre lo ocurrido a uno de mis compañeros (en referencia al edil Ramón Fernández), he querido respaldarlo, y considero que no hay lugar a más reuniones".

Según explicó Espeso (en la imagen), el Gobierno socialista "estaba tomando decisiones al margen de Ramón Fernández (edil de Personal) en asuntos de su competencia, y muchas veces en contra de su voluntad política". Asimismo, la líder del Grupo Independiente declaró que su formación siente que le han "faltado al respeto tanto política como personalmente".

En caso de que hoy anuncien la retirada de su apoyo al Gobierno socialista, este perdería la mayoría que actualmente ostenta al frente del Ayuntamiento.- (EPI)

Álvaro Cuesta habla de una "red de corrupción" en Murcia y de "crimen organizado"

MADRID.- El secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por la «red de corrupción» que a su juicio existe en la Región.

Cuesta llegó a lanzar una pregunta al aire. «¿Qué más tiene que ocurrir en Murcia para que el PP desautorice esta línea de corrupción?» y se atrevió a afirmar que «detrás de la especulación y del dinero negro hay crimen organizado».

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Cuesta aseguró que el caso de Totana ha alcanzado «cotas de escándalo», con 60 convenios urbanísticos «que esconden operaciones de todo tipo», y quiso subrayar que en una Comunidad de 45 municipios, 14 ayuntamientos están afectados por tramas urbanísticas, existen 22 causas judiciales abiertas y «un tercio de los alcaldes del PP están imputados».

Por otra parte, Bruselas abre una investigación por el urbanismo salvaje en Murcia, según revela esta mañana el diario "El Economista" en una amplia información donde se cita al abogado Diego de Ramón.- (Agencias)

Una fundación próxima al PSOE augura fusiones entre cajas de ahorro

MADRID.- Los autores de un estudio publicado por la Fundación Alternativas, de inspiración socialista, consideran que el entorno financiero que viene, con los mercados más endurecidos y las exigencias de Basilea II, propiciará más fusiones entre cajas de ahorros, movidas por criterios de «racionalidad empresarial».

Los profesores Ángel Berges y Alfonso García defienden la necesidad de que estas entidades emitan cuotas participativas -para mejorar su base de capital y obtener el contraste del mercado- y se declaran firmes partidarios de mantener su especial régimen jurídico siempre que se acompañe de un bien definido marco de gobierno, con credibilidad reforzada.

Si el entorno presiona hacia las fusiones -apuntan- parece razonable favorecer que estas operaciones se puedan llevar a cabo entre cajas de diferentes comunidades autónomas con la misma facilidad que dentro de una comunidad. Como alternativa a una fusión, sugieren alianzas reforzadas, que permitan obtener parecidas ganancias de eficiencia sin los inconvenientes asociados al debilitamiento de los lazos de vinculación territorial.

Interpretan los autores del informe que el movimiento de Caja Madrid en Iberia -donde ha incrementado del 10% al 23% su cuota en el capital- responde, sobre todo, a una estrategia de negocio de la compañía, y abogan porque las cajas puedan tener participaciones industriales, operando con reglas de juego equiparables.

A su juicio, si se echa la vista atrás, las compras de participadas han dado resultados muy positivos. Las cajas de ahorro «lo han hecho francamente bien» en la mayoría de los casos con las contadas excepciones de Port Aventura o la politización de Endesa, afirmaron.

Los autores del estudio sugieren una mayor difusión y comunicación de la obra social, y la expansión internacional de las cajas mediante la explotación de las oportunidades que puedan surgir en otros países.- (EFE)

Morales, ex alcalde y diputado del PP, pide amparo al TSJ al sentir “vulnerados sus derechos”

MURCIA.- El ex alcalde de Totana, Juan Morales, rompió su silencio y denunció finalmente la “incautación” de su pasaporte y la intervención del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, lo que entiende como “una más que notoria vulneración de sus derechos constitucionales como ciudadano y diputado regional”.

En un comunicado de prensa Morales señaló que ha remitido una petición al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que le solicita que adopte las medidas pertinentes para la “preservación y salvaguarda de los derechos que le conceden la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones legales aplicables”.

Morales pidió amparo al TSJ, ya que con la incautación del ordenador y de su pasaporte, así como de material de trabajo durante un registro de su domicilio en Murcia, afirmó que se ha producido “una más que notoria vulneración de sus derechos”.

El ex alcalde de Totana y actual diputado regional pidió al TSJ que se le informe de qué se le imputa y por qué motivos está siendo objeto de esta persecución, ya que hasta el momento, alega, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún órgano competente.

Finalmente, Morales mostró su voluntad y su total disposición para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra.

El ex alcalde saltó a la actualidad informativa el pasado lunes tras hacerse público que su ex mujer, la hellinera María del Carmen Jordán, estaba imputada en el caso, al igual que su actual novia, de nacionalidad brasileña.

La Guardia Civil estrechó luego el cerco sobre el ex alcalde de Totana desde el martes. Los agentes realizaron ayer jueves un minucioso registro en el domicilio de Morales y le requisaron su ordenador -proporcionado por la Asamblea Regional en su condición de diputado-, el pasaporte y diversa documentación.

El ex alcalde, que es diputado por el PP y por lo tanto aforado, ha defendido en los últimos días su inocencia. Entre tanto, los agentes han detenido y registrado los domicilios de su ex mujer y de su actual pareja.

El diputado popular pasó la mañana de ayer estudiando con su abogado la forma de dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para prestar declaración.

En su petición, según un comunicado hecho público por el Partido Popular, Juan Morales argumenta que debido a su condición de diputado regional y «siendo objeto públicamente, según se puede constatar en cualquier medio de comunicación social, de una investigación policial y judicial, se ha producido una más que notoria vulneración de mis derechos constitucionales como ciudadano» y aquellos que se derivan de su condición de diputado de la Asamblea Regional.- (Agencias)

El "aforado Morales" ahora pide amparo / Juan Redondo

Al alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, una juez le ha “cesado temporalmente de su libertad, con efectos jurídicos”. No existen precedentes en la Región en la etapa democrática. Retenido o detenido, es cuestión de opiniones, lo cierto es que el alcalde anoche no durmió en su casa, al igual que otras nueve personas.

La “Operación Tótem” sobre la trama urbanística totanera engorda cada día el número de personajes invitados al culebrón. Ayer se incorporaron además del actual alcalde, la secretaria general del Ayuntamiento, un empresario y hasta el jefe de la Policía Local. El que dicen que está en la diana de la investigación pide ahora amparo al presidente del Tribunal Superior de Justicia por su condición de ciudadano y diputado regional.

Juan Morales se coloca en el papel de mártir perseguido públicamente y se pregunta por los motivos de este acoso. Como cualquier ciudadano en este sinvivir de “me acosan, pero no me acusan” podría haber comparecido voluntariamente para colaborar con la Justicia y dejar clara su inocencia en la trama urbanística. Sin embargo, ha optado por la “clandestinidad” y verlas venir y está en su derecho, como lo está su ex abogado a renunciar a su defensa.

La trama de Totana ha cogido a los populares murcianos con el paso cambiado. Es cierto que no se puede demonizar a cerca de 600 cargos públicos por posibles comportamientos individuales, como recogen en su comunicado de prensa. Valcárcel dejó claro hace años que como presidente del PP no permitiría un presunto caso de corrupción en su partido dentro de la filosofía de que aquí el que la hace que pague.

Partiendo de la presunción de inocencia, los populares se encuentran ahora, a menos de cien días para las generales de marzo, con un alcalde “cesado temporalmente de libertad” y un diputado regional que se siente “acosado”, con su círculo personal detenido y que pide amparo al TSJ. Un ciudadano que hasta el pasado mes de mayo era alcalde de Totana y que por decisión del partido no repitió como cabeza de cartel al ayuntamiento para formar parte de las candidatura autonómica.

Juan Morales, según las informaciones que se deducen en la instrucción, era un hombre de trabajar en su casa o con las amistades. En su petición de amparo al TSJ se queja de que en la intervención en su domicilio en Murcia, junto con algunos miles de euros, se llevaron un ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, así como documentación propia de su trabajos parlamentarios, quizás por ello no pudo asistir al pleno del pasado miércoles.

Parece que su ex mujer también tenía una amplia documentación oficial del Ayuntamiento relacionada con convenios urbanísticos, algo que debe estar custodiado por la Secretaría Municipal. Y su abogado hasta hace unos días también llevaba un maletín. Muchos papeles para un hombre solo, según comenta un asesor fiscal y financiero. El “aforado”, que no pasa por su mejor momento, muestra “su voluntad y total disposición de comparecer ante el TSJ para aclarar la situación en la que se encuentra”. La Justicia tiene la palabra.

¿Otros ayuntamientos en el punto de mira?

La ‘Operación Tótem’ de los servicios especiales de la Guardia Civil (UCO) y la intervención judicial en Totana contra la posible corrupción urbanística en la Región, no podría ser un episodio aislado. Ya existe el precedente de la juez de San Javier en Torre Pacheco y Fuente Álamo en proceso de instrucción.

La Región de Murcia se vuelve a colocar en la “prime time” de la prensa nacional por un tema de presunta corrupción, como si esto fuera Marbella en sus peores tiempos. Allí los ‘malayos’ movieron miles de millones de euros, y aquí parece que en los corretajes totaneros y los empresarios gallegos los maletines son mucho más modestos. Dicen que es lo que hay y lo que da la mata.

Sin embargo parece que los UCOs no pierden el tiempo y el viaje. Y ya los rumores apuntan que antes de las generales aparecerá otra operación sonada sobre posible corrupción urbanística en un importante municipio de la Región.

¿Un intento socialista de “canarizar” la Región de Murcia?

Para fuentes populares es una instrumentalización de las fuerzas de seguridad y de los fiscales con fines electorales. La presencia del ministro Mariano Fernández Bermejo como cabeza de cartel por Murcia y la ‘Operación Tótem’ tendría, según estas opiniones, cierta similitud con el desembarco del anterior ministro de Justicia, López Aguilar como candidato a la presidencia del gobierno canario.

La ‘Operación Tótem’, según fuentes de la investigación, empezó en marzo pasado, cuando Pedro Saura andaba enfrascado con Ramón Luis Valcárcel en la batalla autonómica y Bermejo era un recién llegado al Ministerio de Justicia del quien nadie sospechaba, ni remotamente, que podría ser futuro cabeza de lista electoral por la Región.

Además el proyecto urbanístico de Totana con los empresarios gallegos tampoco llamó hace un año la atención en el sentido de alarma pública sobre posibles irregularidades; en las hemerotecas sólo se recogen algunas críticas de IU. Las generales son el 9 de marzo y, como decía el amigo, cien días a veces son muchas semanas.

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El área urbana de Murcia es donde los particulares acumulan más suelo

MADRID.- Una sola persona tiene en Murcia 469 hectáreas de suelo en las principales áreas urbanas de la provincia. Otro afortunado posee en Madrid seis parcelas que suman 150 hectáreas. Este millón y medio de metros cuadrados le convierte en el mayor propietario de suelo urbano del área que engloba el gran Madrid.

Éstos son algunos datos de los que se entera el lector del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2006, elaborado por Vivienda.

Las 1.245 hectáreas de suelo urbano sin edificar que acumulan los 10 mayores terratenientes de Murcia convierten a esta zona urbana en la que tiene una mayor concentración de tierra en manos de unos pocos. Le siguen Las Palmas, con las 728 hectáreas que poseen los 10 mayores propietarios, y Madrid, con 647 hectáreas.

El atlas también estudia cómo se reparte en cada comunidad las tierras en función de si son propiedad de personas físicas, jurídicas o de entes públicos. Y es en el noroeste peninsular donde los particulares se llevan una mayor proporción de la tarta. Porque en ciudades como Vigo, el 60% del suelo urbano está en manos de particulares, mientras que en el área central de Asturias, esta proporción sube hasta el 80%.

Pero el atlas, que se puede consultar gratuitamente en la dirección http//atlas.vivienda.es, no habla sólo sobre la propiedad del suelo. También trata temas como la estructura territorial, la población y las viviendas (aunque en este apartado los datos se remontan al año 2001).

Del estudio se desprende que España consolida su carácter urbano. El 80% de la población vive en un millar de municipios que ocupan el 20% de la superficie. Y también pone negro sobre blanco el crecimiento de algunas ciudades.

Por ejemplo, en los años que van de 1987 a 2000 el área urbana de Murcia creció más de un 78%, la de Alicante-Elche lo hizo un 67% y Madrid aumentó su superficie en un 50%.- (Agencias)

(Tomás Fuertes, primer propietario de suelo en la ciudad de Murcia)

Un aforado acosado y atrincherado / Juan Redondo

Dice que se siente acosado, no acusado. Lo que está es aforado y atrincherado por las investigaciones judiciales. Juan Morales, diputado regional por el PP, no asistió a la Asamblea a pesar de que se celebraba sesión plenaria. Parece que el hombre no esta para plenos, según pintan las cosas en Totana donde fue alcalde hasta los pasados comicios de mayo.

Por orden judicial han intervenido el despacho de su ex esposa, el domicilio donde vive con su actual compañera sentimental y hasta un maletín que llevaba su abogado en el coche. De momento es intocable por su condición de aforado, ya que tendría que intervenir el TSJ en caso de implicarle en el asunto de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero que investiga la juez. Para llamarle a declarar tendría que inhibirse la instructora del tema en favor del TSJ o Morales renunciar a su condición de diputado regional para poder defenderse por su cuenta.

La operación ‘Tótem’ sobre presunta corrupción urbanística por la zona de secano de ‘El Raiguero’ tiene todos los elementos para un culebrón bananero por los protagonistas y el desarrollo de los acontecimientos. Donde sólo había brécol y alcachofas y cuatro explotaciones ganaderas, que no contaba con “agua del trasvase por culpa de Zapatero” se iba a crear un emporio de riqueza, una ciudad nueva del abogado gallego Manuel Nuñez, máximo responsable del grupo Nuaria, con unas inversiones de 570 millones de euros. Ademas según la propia empresa afirmaba en Galicia, no habría problemas de agua porque existía autosuficiencia del líquido al contar con un manantial de 38.000 litros por segundo. El proyecto tenía todos los parabienes hace menos de un año.

Ahora han cambiado las cosas, el empresario esta detenido, el ex alcalde aforado, la ex mujer registrada, la nueva compañera también de forma irregular. Al abogado le llevan el maletín, se registran casas de seguridad. Un empresario emergente de una empresa puntera en su sector detenido y perjudicando al resto de los accionistas por sus “veleidades urbanística para diversificar riesgos”.

El presidente del PP, Valcárcel, que se responsabilizó de las listas autonómicas teniendo que personalizar a su partido en el proceso y el grupo parlamentario popular en la Asamblea en una situación incómoda, defendiendo como no podía ser de otra manera al diputado atrincherado y pendientes de una posible petición futura del TSJ sobre un aforado.

La situación no les tiene que resultar cómoda a los dirigentes populares, que intentan ganar tiempo y lanzar balones fuera. Tras la toma de declaraciones de la juez a los detenidos y el arrinconamiento a Morales, no parece que el polémico ex alcalde de Totana pase por sus mejores momentos. La política del avestruz aquí no es la más recomendable, y si no hay nada que esconder dicen que lo mejor es dar la cara y defenderse y ello pasa por renunciar a su condición de aforado.

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El juez imputa también al empresario Trinitario Casanova por La Zerrichera

MURCIA.- El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno.

Fuentes de la instrucción aseguran que todavía no se ha decidido qué día tendrá que declarar el promotor de La Zerrichera, paraje en el que la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) quería construir más de 4.000 viviendas.

Esas mismas fuentes judiciales indicaron que la declaración como imputado de Casanova no supone, en principio, ninguna acusación sino que lo que se pretende es que sus declaraciones las haga en presencia de su abogado, para dotarlas de las máximas garantías.

Hay que recordar que el portavoz del PSOE en Águilas, Ramón Román, denunció ser objeto de un intento de soborno por parte del empresario Trinitario Casanova Abadía para no votar en contra de la urbanización de La Zerrichera. Según esta denuncia, Casanova habría utilizado al ex portavoz socialista y ahora concejal del Movimiento Aguileño Socialdemocrata (MaSD), Pedro Gil, como intermediario en el cohecho. Gil declaró recientemente como imputado.

De esta forma ya son nueve las personas imputadas por el caso de La Zerrichera, entre las que también están, al igual que Trinitario Casanova y Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional.

Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.

Testigos

Además de los imputados, han declarado como testigos ante el juez que instruye el caso varios funcionarios de las diferentes consejerías del Gobierno regional presuntamente relacionadas en el caso. En la investigación están personados, además de Trinitario Casanova Abadía, el Partido Socialista, así como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

La Guardia Civil retira el pasaporte a Juan Morales, ex alcalde de Totana y diputado autonómico

MURCIA.- La Guardia Civil está registrando los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Totana, con lo que ésta operación se suma a los registros en las otras dos dependencias municipales inspeccionadas esta mañana por la Benemérita: la concejalía de Urbanismo, cuya sede se encuentra en las proximidades de la Casa Consistorial, de donde han sido desalojados los empleados municipales y cerrada al público, y la empresa municipal de gestión del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa).

En la plaza en la que se encuentran el Consistorio y Urbanismo están estacionados cuatro coches de la Guardia Civil y numerosas personas observan, a través de las cristaleras del edificio, cómo los agentes efectúan el registro. Alguna persona esposada se ha podido ver en el interior desde la calle. Veinte efectivos de las fuerzas especiales de la Benemérita custodian el edificio del Ayuntamiento.

Efectivos de la Guardia Civil están registrando también las dependencias de la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda de Totana (Proinvitosa), ubicada en el polígono industrial de El Saladar, en las afueras de la población, cuya investigación podría conducir hasta un despacho profesional de la ciudad de Murcia y otro en la localidad de Elche.

Y, según Radio Nacional de España, han vuelto a registrar esta misma mañana la oficina de Cajamurcia en la localidad en busca de nueva documentación oculta en cajas de seguridad alquiladas por esta entidad a los presuntos implicados y, según fuentes de la investigación, de posibles pistas sobre un presunto blanqueo de capitales. Esta tarde se produjo un tercer registro en las cajas de seguridad de esta entidad.

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, del PP (en la imagen), que fue detenido a primeras de esta mañana en su domicilio y trasladado a la sede consistorial, según informa la agencia EFE, continúa dentro de las dependencias municipales, cerradas a cal canto, al igual que la secretaria general del Ayuntamiento desde la anterior legislatura, Laura Bastida, funcionaria del Ministerio de Administraciones Públicas. Es la encargada de la custodia de documentos pertenecientes a la administración local. El regidor ha solicitado y conseguido la asistencia letrada del bufete murciano de José Antonio Ramos Calabria, especializado en Derecho Administrativo.

El Ayuntamiento de Totana "está colaborando con la justicia y ha puesto a disposición de la juez que instruye el denominado caso 'Tótem' los archivos municipales que se requieran para la investigación", dijo hoy un portavoz del equipo de gobierno.

Esta fuente agregó que el alcalde, José Martínez Andreo, remitió ayer un oficio a la titular del Juzgado Número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que le ofreció la colaboración institucional del consistorio. Concejal de Obras y segundo teniente de alcalde durante la pasada legislatura, bajo la alcaldía de Juan Morales, ganó las pasadas elecciones con el 58% de los votos.

Estas actuaciones se producen tres días después del arresto de seis personas en Galicia, Murcia y Madrid, que hoy han pasado a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Totana, María Asunción Navarro, poco después de las 7 de la mañana y que ahora están siendo interrogadas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la juez comenzó esta mañana a tomar declaración a cada uno de los detenidos después de que se hayan cumplido las 72 horas de detención preventiva que determina la ley, actuación que se prevé se extienda al resto de la jornada.

Los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron previamente de más de 60.000 euros en billetes en la vivienda de la actual pareja del ex alcalde de Totana y diputado regional del PP en la Asamblea Regional, Juan Morales, situada en Murcia.

Dichos agentes registraron la vivienda de la novia de Morales, una joven ciudadana brasileña que ha sido detenida por encontrarse en situación irregular en España, en busca de documentación que implicara a este diputado autonómico del PP en la presunta trama de corrupción urbanística de Totana. Esta mujer no podrá ser expulsada hasta que no haya un auto de la magistrada que instruye el caso sobre si va a procesar o no a esta inmigrante.

Tras la sentencia, sólo en el caso de que se le imponga una pena de menos de tres años de cárcel, sería expulsada del territorio nacional. De lo contrario, tendría que permanecer en España para cumplir la condena.

En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales y que también está imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular, al tratarse de actas de recalificación de terrenos que IU y PSOE no lograron nunca encontrar en las dependencias municipales.

También se encontró documentación oficial en la asesoría jurídica y fiscal de la ex esposa de Morales. Preguntada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, la mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que su ex marido era quien la dirigía.

La juez de Totana, que dirige la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística, podría inhibirse en una segunda fase a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) para que tome declaración al ex alcalde y actual diputado regional del PP Juan Morales, puesto que está aforado, informan fuentes próximas a la investigación, aunque todavía sigue sin ser acusado de nada pese a ser considerado oficiosamente el "cerebro" y cabeza de toda la trama.

Juan Morales, diputado autonómico desde 2003 en la lista del presidente Valcárcel, no acudió ayer a ninguna de las dos sesiones plenarias de la Asamblea Regional, lo que llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación tras intensificarse los rumores de que podría haber recibido un millón de euros de los promotores gallegos a cambio de la recalificación de los terrenos rústicos de El Raiguero.

La juez podría tomar declaración a Morales y, una vez escuchado, decidir si tiene competencias en el caso o lo remite al TSJ. Además, la Fiscalía puede pedir de oficio la comparecencia de Morales al igual que el ex alcalde podría presentarse voluntariamente a declarar.

El diputado de IU en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, ha solicitado la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para debatir, precisamente, acerca del patrimonio del parlamentario regional Juan Morales, del Grupo Popular, en medio del clamor de voces que exigen su dimisión y que no siga obstruyendo la labor de la Justicia.

Mientras tanto, los miembros del gobierno municipal de Totana se encuentran reunidos en la sede local del PP, a donde también han acudido militantes y simpatizantes, en espera de que acabe la actuación policial en la sede del Ayuntamiento.

La operación policial se inició el pasado lunes de forma simultánea en las tres regiones citadas, y tiene su origen en una supuesta corrupción urbanística para recalificar unos terrenos rústicos de 2,2 millones de metros en las afueras de Totana, pedanía de El Raiguero, donde el grupo gallego Nuaria promovía la construcción de cerca de 5.000 viviendas, y hoy solo viven 400 huertanos.

Detenido el jefe de la policía local

La Guardia Civil ha detenido también hoy, y desarmado, al jefe de la policía local de Totana, Alfonso Canales, según han informado poco después fuentes de la investigación.

Se trata de la tercera detención que se produce esta mañana en Totana, donde han sido arrestados antes el alcalde, José Martínez Andreo (PP), y la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida, por varios supuestos delitos, más concretamente, presunta falsificación documental, cohecho, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

El alcalde fue arrestado pasadas las ocho y media de la mañana en su domicilio y ha sido trasladado al Ayuntamiento, en cuyas dependencias se encuentran numerosos agentes de la Guardia Civil, que también han acudido a la Concejalía de Urbanismo, y requisado gran cantidad de documentación.

Detenido el empresario Pedro Martínez Ruiz

La Guardia Civil ha detenido posteriormente al empresario de Totana, Pedro Martínez Ruiz, y lo ha trasladado a la sede del Ayuntamiento, donde se está efectuando desde primeras horas de la mañana un registro en presencia del alcalde, José Martínez Andreo, del PP, y de la secretaria municipal, Laura Bastida.

Fuentes de la investigación confirmaron esta última detención, que se suma, según la calificación de la Guardia Civil, a las efectuadas esta mañana al alcalde, a la secretaria del Ayuntamiento y al jefe de la Policía Local. Participa en un "holding" inmobiliario beneficiado con dos convenios urbanístico por el Ayuntamiento de Totana.

Este último detenido, que llegó en un Opel Vectra de la Benemérita, pasadas las 10,30 horas, a la plaza del Ayuntamiento, es propietario de un grupo de empresas que posee una gasolinera y un hotel en el polígono industrial de El Saladar y, según un empleado del grupo, dirige también la página web "ciudaddetotana.com".

Todas las detenciones han sido confirmadas por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Ángel González, al filo del mediodía ante la confusión sembrada, de forma intencionada desde las filas del PP de la Región de Murcia, en una absurda maniobra de contra información, para la desorientación de los medios de comunicación y de la opinión pública.

Poco después, un portavoz del movimiento cívico local "No a este plan urbanístico", integrado en la plataforma "Murcia no se vende", confirmó el ocultismo municipal sobre los cerca de 60 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Totana. "Nos denegaban cualquier información pública hasta el mínimo legal".

Ahora, con el abogado promotor Manuel Nuñez y Pablo José Maceira, director de Inmonuar, pendientes de la decisión de la juez, la incertidumbre se apodera de los 200 propietarios de los terrenos donde estaba prevista la edificación del proyecto urbanístico. La promotora gallega no llegó a pagar íntegramente la compra de los terrenos sino que desembolsaron una señal a los vendedores firmando contratos con opción de compra supeditando todo a la aprobación del convenio urbanístico y del nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento.

Los vecinos habían denunciado presiones mafiosas y amenazas de expropiación si no vendían. En cuanto al precio de venta, que tardó en cerrarse año y medio, la promotora pagó una media de 20 euros por metro cuadrados por unas fincas de suelo rústico. Los terrenos de El Raiguero se dividen entre zona de tierra con alto valor ecológico y suelo agrícola, que no se abastece del Tajo-Segura.

Respecto a la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ultimaron ayer las diligencias para trasladar hoy a los seis detenidos en Murcia, Madrid y Pontevedra ante la jueza, ya que se agota el plazo de 72 horas de detención preventiva. La investigación se centra en la búsqueda de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero en la recalificación de los terrenos.

En esta operación también han sido imputadas dos mujeres: la ex esposa del ex alcalde y actual diputado autonómico del PP, Juan Morales, en cuya asesoría se efectuó un registro de más de ocho horas y su actual compañera sentimental. El abogado personal de Morales, Javier Cegarra, también ha sido imputado. La UCO interceptó un maletín en su poder, con documentación determinante para la investigación en marcha y una suma importante.

Tras el escándalo de Murcia, Izquierda Unida de Vigo pidió ayer que vigile la actividad del Grupo Nuaria en la ciudad gallega. Casi tres días después de la detención, el abogado Manuel Nuñez ha hecho su viaje más largo desde Pontevedra a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia. Dueño de un holding de siete empresas, ha cambiado su lujoso pazo de 4.500 metros cuadrados en Nigrán por los calabozos de la Guardia Civil en Cieza en espera de un auto de la juez.

Reacciones de la Oposición

Mientras el presidente Valcárcel se negaba hoy a contestar a las preguntas de los periodistas en Murcia y Mariano Rajoy decía desde Madrid no saber nada, el portavoz de Izquierda Unida en Totana , Juan José Cánovas, afirmó que si el ex-alcalde de la población y diputado regional, Juan Morales, «quiere trabajar por su pueblo y limpiar su imagen» debería presentar su dimisión o renunciar a su inmunidad parlamentaria «para someterse a la justicia como cualquier ciudadano».

Cánovas puso de relieve que lo que se está investigando en la denominada Operación Tótem no está relacionada con la labor parlamentaria de Morales sino con los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El dirigente de IU consideró asimismo que el actual alcalde de Totana, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Juan Carrión, «no pueden decir ahora que ellos no sabían nada» de los convenios urbanísticos que son objeto de investigación, ya que ambos participaron en la comisión de gobierno que los aprobó.

Además, según Cánovas, Martínez «era el hombre fuerte» del equipo de gobierno de Morales «y su mano derecha» y Carrión ocupaba la misma concejalía que ahora ostenta, por lo que les instó a que asuman responsabilidades políticas.

Finalmente, que Morales de explicaciones sobre su forma tan poco clara de actuar y que "se presente ante la Justicia porque él es el máximo responsable".

También el coordinador regional de IU y diputado regional, José Antonio Pujante, instó al presidente Valcárcel a que no permanezca callado por más tiempo con la salida de que el PP se va a personar en el procedimiento. "¿En calidad de qué: acusación, defensa u observador? Será cómplice por omisión si permanece por más tiempo en silencio y no modifica la actual ley regional del suelo por propiciadora de los convenios urbanísticos de los que Totana sólo es la punta del iceberg".

Por su parte, el portavoz del PSRM, José Ramón Jara, ha pedido a Valcárcel que no trate de tapar lo que no puede ser tapado. "No puede negar por más tiempo la evidencia ante la gravedad de esta situación, que no nos sorprende, y de tan triste espectáculo. No puede seguir mirando para otro lado mientras tanto se perjudica la imagen pública de la Región de Murcia y él sin hacer nada de lo que tiene que hacer dentro de PP".



Última hora

A las siete de la tarde todos los detenidos han salido del edificio consistorial para ser trasladados desde la plaza de la Constitución, en distintos coches camuflados y escoltados por agentes de paisano en otros diez vehículos, a la Comandancia de la Guardia Civil, en Murcia (imagen inferior), donde pasarán la noche en sus calabozos en condición de presuntos y en espera de quedar a disposición judicial.

El primer edil fue introducido sin esposar en un coche de la Benemérita, y Bastida en otro, y sendos vehículos partieron de la plaza de la Constitución después de que ambos permanecieran en el interior de la sede consistorial unas nueve horas durante un minucioso registro, del que salieron nueve cajas de documentos tras incautar numeroso material.

Un grupo de concejales del PP y simpatizantes les estaban esperando y han aplaudido a su salida ante los gritos de censura ("ladrones, chorizos, a la cárcel...") de otro grupo de ciudadanos concentrados allí para seguir un segundo registro de la Gerencia de Urbanismo previo al tercero en las dependencias de Cajamurcia, de la mano del empresario Pedro Martínez Ruiz, a partir de las cinco de la tarde.

Los agentes han advertido a los empleados de la entidad que, probablemente, tendrán que volver para registrar más cajas de seguridad porque es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama.

Durante el día de hoy, y durante más de doce horas, los primeros cuatro detenidos declararon ante la autoridad judicial competente y mañana lo harán las dos restantes, que hoy no pudieron hacerlo. De los primeros interrogatorios se desprende que la trama totanera se proyecta también a otros convenios urbanísticos de este municipio

Mientras tanto, la UCO de la Guardia Civil ha retirado el pasaporte a Juan Morales, ex alcalde de Totana y actual diputado autonómico, por decisión judicial y ante el riesgo objetivo de fuga, según han informado fuentes solventes de los partidos de oposición, quienes dicen saber, que también le han intervenido su ordenador personal proporcionado por la Asamblea Regional. El sospechoso ha pedido el amparo del Tribunal Superior de Justicia.

En las próximas horas no se descartan nuevas detenciones en otros municipios murcianos ya que, iniciada hace ahora ocho meses, con seguimientos e intervenciones telefónicas, esta investigación tiene muchas ramificaciones en la región.- (Agencias)

Caja Murcia se queda en Uralita frente a la OPA de Nefinsa

MADRID.- La familia Serratosa invertirá 497,7 millones en la opa lanzada por su holding empresarial Nefinsa sobre Uralita. La oferta ha sido aceptada por 70,5 millones de acciones (el 63,28% de los títulos a los que se dirigía), lo que supone un 35,7% del capital, según cuenta "Cinco Días".

Tras el cierre de la operación, en la que se han pagado 7,06 euros por acción, Nefinsa, que ya era primer accionista con el 43,6%, pasa a controlar el 79,3% de la empresa de materiales de construcción.

El siguiente paso, según han manifestado fuentes cercanas a los Serratosa, es embarcar a la compañía en la tarea de diversificar su actividad.

Precisamente fue el cambio de rumbo de Uralita el que aconsejó a Nefinsa a abrir la puerta a aquellos accionistas que desearan salir. Caja Navarra, con una participación del 5%, ha sido de las vendedoras, embolsándose 78,2 millones de euros y unas plusvalías brutas de 28,1 millones.

El consorcio de cajas de ahorros Atalaya -Caja Badajoz, Caja Castilla La Mancha, La General de Granada, CajaSol y Caja Murcia- y Caja Duero han decidido mantenerse. Atalaya conserva una participación del 5%, acudiendo a la oferta con un 1,59%, y Caja Duero cuenta con un paquete que representa el 5,2% de Uralita.

La oferta, autorizada por la CNMV el pasado 7 de noviembre, fue calificada como 'razonable' por el consejo de administración de Uralita después de que Nefinsa eliminara el condicionante de un margen mínimo de aceptación y elevara el precio ofertado un 0,85%.- (PRISA)

Las cuatro grandes cajas acumulan la mitad del beneficio de todas las cajas hasta septiembre

MADRID.- Las cuatro grandes cajas de ahorros españolas --'La Caixa', Caja Madrid, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)-- registraron un beneficio neto hasta septiembre de 3.845,14 millones de euros, lo que supone casi la mitad (el 49,5%) de todo el beneficio del sector en ese periodo, según cálculos sobre información del balance de las cajas, publicada ayer por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

La caja catalana fue la que registró mejor resultado en los primeros tres trimestres del año, alcanzando los 1.850,52 millones de euros, frente a los 1.273,44 millones de euros que se anotó Caja Madrid en el mismo periodo.

A continuación se situó Bancaja, con 394,41 millones de euros en los nueve primeros meses de 2007, seguido de cerca por la CAM, que obtuvo un beneficio neto de 326,77 millones de euros.

Además, estas mismas entidades coparon el 46,25% del total de créditos del sector de las cajas de ahorros, con 392.836,1 millones de euros, respecto al total, de 849.366 millones de euros.

La clasificación por entidades en este capítulo se mantiene en el mismo orden, con 'La Caixa' con 153.765,8 millones de euros, por delante de Caja Madrid, 103.202,9 millones de euros.

El siguiente es Bancaja, que acumula 78.861,5 millones en créditos a sus clientes, mientras que la CAM cuenta con 57.005,7 millones de euros prestados por este concepto.- (EP)

(Sede operativa de la CAM, en Alicante)