El 32,7% de los murcianos estaba en riesgo de exclusión social en 2018

MURCIA.- Andalucía (18,3%), Murcia (16,2%) y Canarias (15,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2018. En contraste, los menores porcentajes los presentaron Aragón (4,1%), Castilla y León (4,5%) y País Vasco (6,4%), según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, los hogares de Canarias (52,4%), Andalucía (52,1%) y Murcia (47,3%) son los que menos capacidad tenían en 2018 a la hora de afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario figuran Navarra (20,7%), País Vasco (22,2%) y Galicia (23,1%).

Por su parte, Andalucía (49,8%), Extremadura (47,6%) y Galicia (45,6%) registraron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2018. 

En el caso de Murcia alcanza el 43,3 por ciento. Los porcentajes más bajos se dieron en País Vasco (18,1%), Aragón (21,2%) y Navarra (21,5%).

En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, Andalucía (12,7%), Murcia (11,2%) y Canarias (9,0%) presentaron los porcentajes más altos. Por el contrario, Aragón (2,8%), Castilla y León (3,1%) y Galicia (4%) registraron los más bajos.

En cuanto a las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, las más elevadas se dieron en Extremadura (44,6%), Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%). En Murcia, el 32,7 por ciento de la población residente estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, una variación de -2 puntos porcentuales comparado con el año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%). En Murcia, la tasa alcanzó el 28,6 por ciento.

Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza

MADRID.- Uno de cada cinco españoles, el 21,5% de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año, una situación que afecta al 26,2% de los menores de 16 años.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza -que para hogares de dos adultos y dos niños se fija en menos de 18.629 euros anuales- sólo se ha reducido una décima en un año, aunque en el caso de los menores lo ha hecho 1,9 puntos.

Esta situación hace que el 34,2% de los hogares españoles no pueda permitirse ir de vacaciones ni una semana al año, que el 36% no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos o que el 10,4% llegue a fin de mes con "mucha dificultad".

Y que el 7,3% se retrase en pagos tan básicos como la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad.

Pese a estos datos, parte de las variables que conforman el riesgo de pobreza o exclusión se han reducido levemente y los ingresos medios por persona han aumentado un 3,1% hasta los 11.412 euros.
El INE también ha calculado el riesgo de pobreza o exclusión social utilizando la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), creado en 2010 para poder medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios -no solo con los ingresos- e incluyendo la carencia material o la baja intensidad en el empleo.

Y según esta metodología, la tasa de pobreza o exclusión social se eleva hasta el 26,1% de la población española, con un descenso de cinco décimas respecto a 2017 debido, dice el INE, a la mejora del empleo, ya que la carencia material severa ha empeorado.

Por grupo de edad, y según AROPE, la pobreza se redujo levemente entre las personas de 16 y 64 años y 2,2 puntos entre los menores de 16, de los que casi uno de cada tres, el 28,8% sufre esta situación.

Advierte el INE de que más de 657.000 personas, el 1,4% de la población, está a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material severa y con baja intensidad en el empleo.
Y, una vez más, subraya que, cuando mayor es la formación, menor es el riesgo de pobreza.

Así, la tasa de pobreza pasa del 33,8% entre quienes solo cursaron educación secundaria al 12,6% de quienes alcanzaron la educación superior.

Por tipo de hogar, la mitad de quienes viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes están en riesgo de pobreza o exclusión social, un problema mucho menos presente en los hogares sin niños dependientes.

Y, como es lógico, el 59% de los parados estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 15,1% de los jubilados.

La pobreza también discrimina según nacionalidades entre los residentes en España, de modo que el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los extranjeros de la UE y del 56% para quienes no son de la UE.

Por comunidades autónomas, los ingresos medios anuales más elevados son los de País Vasco (14.722 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (13.585) y Cataluña (13.338), mientras que los más bajos fueron los de Extremadura (8.503), Canarias (8.964) y Región de Murcia (9.111).

Y las tasas de pobreza o exclusión social más altas las registran Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%), frente a País Vasco (8,6%), Comunidad Foral de Navarra (8,9%) y Cataluña (13,6%) que tienen las más bajas.

Según la tasa AROPE, la tasas de pobreza se elevaron al 44,6% en Extremadura, Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%) y las más bajas se situaron en País Vasco (12,1%), Comunidad Foral de Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%).

Lamentan que el acuerdo de gobierno no incluye el Pacto contra la Pobreza y la Exclusión Social

MURCIA.- La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) remarca que el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos no incluye ninguna línea de actuación dedicada a la lucha contra la pobreza y que no recoge el Pacto de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social firmado el 21 de mayo.

En un comunicado de prensa, recuerdan que el 21 de mayo de 2019, hace apenas un mes, Miguel Ángel Miralles en nombre del Partido Popular y Francisco Álvarez en nombre de Ciudadanos firmaron junto a representantes de otros cuatro partidos políticos, el 'Pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia'. Por ello, consideran que «era de esperar que el acuerdo programático que PP y Ciudadanos alcanzaron la semana pasada para gobernar la Región de Murcia recogiera la lucha contra la pobreza y la exclusión social como uno de sus ejes. Pero no es así».

El acuerdo se articula alrededor de diez líneas de actuación y ninguna de ellas se centra en combatir las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que soporta casi un tercio de la población murciana. Por este hecho, EAPN apunta que precisan «del compromiso firme de nuestros representantes políticos para mejorar sus condiciones de vida y, por extensión, las condiciones de vida de la ciudadanía murciana».

En el pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social, los dos partidos que alcanzaron un acuerdo de gobierno se comprometen a reducir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión en 8 puntos. Es una de las cuatro metas del mismo pero, insisten desde EAPN, «ninguna de ellas está incluida en el acuerdo de gobierno. De hecho, de los 28 puntos del pacto solo 5 tienen algún reflejo en las 72 medidas del acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos«.

En el comunicado, critican que «el acuerdo no dice nada sobre renta básica de inserción, nada sobre sinhogarismo y exclusión residencial, nada sobre responsabilidad social corporativa, nada sobre atención sanitaria a grupos vulnerables, nada sobre segregación escolar, nada sobre justicia redistributiva ni sobre la nueva ley de servicios sociales». 

Y consideran que «no es posible gobernar la Región de Murcia sin atender a todas estas realidades. El pacto que ambos partidos firmaron debe atenderse tal y como se comprometieron, continúa el comunicado«.

En el punto 52 del acuerdo, PP y Ciudadanos aseguran que pondrán en marcha una Estrategia Autonómica contra la Pobreza Infantil, algo que EAPN celebra «pero es necesario apuntar que no hay niñas o niños pobres en familias que no lo sean. La pobreza exige un enfoque integral y la implicación de todas las áreas de gobierno para ser combatida. El pacto ponía el acento en las medidas de gobernanza necesarias para conseguir esto«.

Por lo que, según la plataforma, «el gobierno que se forme tras el acuerdo PP-Ciudadanos deberá tenerla en cuenta y poner en marcha lo recogido en el pacto: desde un Plan de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social o Plan de Inclusión Social a un observatorio de carácter consultivo». 

«Entendemos que el acuerdo firmado hoy, 24 de junio, por Fernando López Miras e Isabel Franco no limitará las políticas que pongan en marcha durante la legislatura por venir. El pacto sigue firmado y la pobreza y exclusión social que quiere combatir siguen presentes», recuerdan en el documento..

Finalmente indican que la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia y las entidades del tercer sector social a las que reúne «deben seguir siendo interlocutores permanentes del Gobierno regional en cuanto a políticas sociales se refiere», como fue durante los últimos años y confían en que siga siendo.

Unas 170.000 personas viven en casas inadecuadas en la Región de Murcia

MURCIA.- Unas 168.000 personas viven en la Región de Murcia en casas sin las condiciones adecuadas por su estado ruinoso o por carecer de suministros que garanticen higiene y salubridad, entre otros motivos, otras 101.000 lo hacen con la inquietud de quedarse sin techo a corto o medio plazo y 42.000 en ambas situaciones.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, que señala también que en la Comunidad Valenciana el 18% de la población vive situaciones de exclusión residencial.

En España, según el informe, 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007. A nivel nacional, más de 4,6 millones de personas viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas y, además, no se pueden permitir ni siquiera la idea de pensar en cambiarse.

La vivienda se convirtió, de hecho, en el principal desencadenante de caer en exclusión social en nuestro país, y reemplazó así al desempleo, que fue la primera causa durante los años de crisis económica. 

En su publicación 'Vulneración de derechos: Vivienda', la fundación vinculada a Cáritas se centra en la exclusión residencial, aquella situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado.

Una situación que afecta al 24% de la población, al 60% de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69% las personas para las que esa exclusión es severa. Asimismo, se ceba especialmente con los hogares con algún miembro extracomunitario (51%), con aquellos en los que vive alguna persona desempleada (36%) o algún menor de edad (29%).

Por comunidades autónomas, los porcentajes más altos los presentan Galicia (35%); Canarias (32%) y Región de Murcia (30%), y los más bajos La Rioja (13%); Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (18%). 

El informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sí de vivienda insegura -con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella- y vivienda inadecuada (estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas, casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, electricidad o gas, hacinamiento, etc.)

Y la conclusión es que cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de personas conviven con la inquietud de quedarse sin un techo bajo el cual vivir en el corto o medio plazo. 

El desasosiego es mayor entre los baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios (6%). ¿Qué podría echar a estas personas de sus casas? 

Según comentaron los responsables del octavo informe Foessa durante su presentación, Raúl Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o perder los derechos que tenían sobre ella (amenaza de expulsión, desahucios...).

Pero también, según el documento, no disponer de seguridad jurídica sobre el uso de la vivienda en un plazo establecido (contrato de alquiler o título legal, situaciones de cesión de uso, etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que obligue a irse de casa. 

Otros 4,6 millones de personas tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones: son alrededor de 1,3 millones de hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta sobre todo a los de Canarias (12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid (9%).

Pueden ser inadecuadas por presentar deficiencias graves en la construcción, encontrarse en un estado ruinoso... También por no disponer de los suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y privacidad.

La pobreza sigue creciendo en la Región

MADRID.- Un total de 6,3 millones de trabajadores, el 34,4% de los asalariados españoles, percibían en 2017 un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (4.234 euros anuales), mientras que 5,4 millones, el 29,5% de los asalariados, ganó ese año entre uno y dos veces el SMI (14.847 euros anuales). Entre 2010 y 2017 los salarios subieron de media en España solo un 0,31%.

Así se desprende de los datos recopilados por Gestha, coincidiendo con el Día del Trabajador, que reflejan que un tercio de los asalariados españoles en 2017 estaba por debajo del umbral de la pobreza y otros 5,4 millones sufrían una carencia material severa, e incluso estaban por debajo del umbral de la pobreza si se trataba de un hogar formado por dos adultos y dos niños.
Entre 2010 y 2018 se registró una reducción de la población activa de 508.300 trabajadores, si bien en los dos últimos años se ha producido una inflexión interanual, ya que la población activa alcanzó los 22,86 millones de personas en el cuarto trimestre de 2018, con un total de 3,3 millones de parados.
Asimismo, el nivel de desempleo desde 2007 creció hasta el máximo, alcanzado en 2012, iniciándose un paulatino descenso, si bien quedan aún 1,3 millones de personas paradas más que en 2007.
Entre 2010 y 2017 se produjo un "imperceptible" aumento en el número de trabajadores, con una mejora salarial del 0,31%, hasta los 19.172 euros anuales.
De igual forma, ha aumentado casi un 13% el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social entre 2008 y 2017, por encima del conjunto de la UE (-3,8%) y de la Euro Zona (+3,9%), de forma que la mitad del aumento de pobres en la UE proviene de España.
Así, desde que se inició la crisis a finales de 2007, un total de 1,4 millones de personas han pasado a vivir por debajo de este umbral, hasta alcanzar los 12,4 millones.
Sin embargo, el desglose autonómico refleja diferencias entre comunidades, siendo Navarra, Melilla y Murcia las regiones donde más avanzó la tasa de pobreza o exclusión social. En contraste con la tónica general, la pobreza se redujo en La Rioja, Castilla y León, Asturias, Galicia y Ceuta.
Por otra parte, Gestha señala que la crisis económica unida a un gasto en políticas de bienestar inferior a la media europea y a un sistema tributario "poco equitativo" y con una "alta evasión" ha provocado que la desigualdad haya aumentado en España un 6,9% entre 2007 y 2017, según el índice de Gini, que sirve para medir si la riqueza está bien repartida o no.
La desigualdad española se sitúa en el cuarto lugar más elevado de la UE, justo detrás de Bulgaria, Serbia, Lituania y Letonia. En concreto, en 2017 alcanzó el 34,1% en España, frente al 30,5% de la Euro zona o el 30,7% de la UE.

La Región es la quinta de España con la tasa más elevada de niños en riesgo de pobreza

MURCIA.- La Región de Murcia, con una tasa de población infantil en riesgo de pobreza del 38,9%, se sitúa como la quinta comunidad autónoma con el índice más alto de toda España y como provincia, la décimo tercera.

Por delante de ella, están las provincias extremeñas y prácticamente todas las andaluzas, comunidad donde el 40,6% de la población infantil está en riesgo de pobreza. 

Estos porcentajes son bastante más altos de lo que es la media española que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en el 28,1% para los menores de 16 años. 

Así se desprende de los datos que la consultora española AIS Group, especialista en la generación de indicadores, ha publicado sobre el riesgo de pobreza infantil, provenientes de sus indicadores Habits Big Data. 

De acuerdo a esta información, la región con la situación más preocupante es Extremadura, donde el 51% de los niños están en situación de riesgo de pobreza. De hecho, la tasa de Cáceres es la más alta de toda España, rozando el 54%.

Una situación muy distinta es la que se observa en el norte peninsular. En las provincias septentrionales es donde la tasa de población infantil en riesgo de pobreza es más reducida, encabezadas por Navarra, donde supera ligeramente el 11%. 

Inmediatamente detrás están Vizcaya (12,3%), Guipúzcoa (12,9%) y La Rioja (13,2%). Las siguientes ya presentan una tasa más elevada que el 17%. Es el caso de Zaragoza (17,5%), Lérida (17,9%) y Asturias (18,1%). Más próximas al 20% están ya Barcelona (19,3%), Álava (19,3%) y Teruel (19,6%).

Ocho de cada diez españoles creen que la pobreza infantil es un gran problema en este país y consideran que es una obligación «prioritaria» de los poderes públicos luchar contra esta lacra, según un estudio publicado hace solo unas semanas por Save the Children.

Uno de cada cuatro españoles (24%) se planteó el año pasado reducir los gastos con los que cubre las necesidades de sus hijos por la asfixia económica y un 12,2% se vio obligado a hacerlo. 

El 40% tuvo que dejar a los pequeños sin un solo día de vacaciones; el 16% no pudo pagar ni el comedor escolar ni las clases de refuerzo; el 18% y el 12%, respectivamente, dejaron de llevar a los niños al dentista y al oculista aunque lo necesitaban; y un 5% no fue capaz de dar a los menores tres comidas al día.

 Frontera norte-sur

Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group, hace notar que una vez más la frontera norte-sur es más que evidente en la población española y los datos de riesgo de pobreza infantil son una consecuencia de la suma de muchos otros factores como la desigualdad en el nivel de renta o el nivel de desempleo. Lo cierto es que la pobreza y el riesgo de caer en ella es algo frente a lo que hay que tomar muchas medidas.
"Desde AIS Group queremos sumarnos a la consecución de su erradicación como exigen los ODS marcados por la ONU en la Agenda 2030", comenta Amorós.
"Disponemos de 1.790 indicadores desagregados hasta nivel de sección censal, código postal y municipio para contribuir a medir la evolución en la consecución de los ODS y ayudar a implementar políticas socioeconómicas para alcanzar estos objetivos", concluye.

¿Qué son los indicadores Habits?
Habits Big Data presenta una segmentación de las familias españolas en tipologías a partir de sus rasgos sociodemográficos y económicos. Permite conocer la presencia y perfil de gasto de cada tipología de hogar en cada microzona. Es decir, no sólo define los tipos de familia, sino que las sitúa geográficamente, de modo que puede saberse la densidad de cada tipología que hay en cada zona.
Además de toda la información relativa a los perfiles de consumo, los ingresos y las tipologías de las familias, Habits dispone de otra información demográfica como la tasa de paro total y por tramo de edad en cada área.
También indicadores económicos, información catastral y datos relacionados con la vivienda (como el precio medio del m2 en la zona y el precio de venta y/o alquiler de todos los inmuebles), información relativa al parque móvil e incluso detalles sobre la climatología de cada zona. Otros indicadores facilitados son los de Riesgo de Pobreza e Índice de Capacidad Económica.
El objetivo principal de Habits es dotar a las compañías de un profundo conocimiento del cliente (real y potencial), para que puedan tomar las decisiones más acertadas para el negocio y emprender así acciones de marketing, de distribución y de expansión más efectivas y rentables.
También el sector público es beneficiario de los indicadores Habits, pues el conocimiento que aportan sobre las familias es una fuente muy interesante para mejorar el servicio de las administraciones a los ciudadanos a través de actuaciones municipales más eficaces.

Las familias en situación de pobreza recibirán desde este lunes hasta 588 euros por hijo a cargo

MADRID.- Las familias en situación de pobreza recibirán hasta 588 euros por hijo a cargo desde este lunes 1 de abril, cuando entrará en vigor el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social aprobado el pasado viernes 8 de marzo por el Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno incrementará la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros (28 euros al mes) en el caso de familias en situación de pobreza —aquellas cuya renta es inferior al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza—; y hasta los 588 euros (49 euros al mes) para las familias en situación de pobreza severa —cuando la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza—.

Según se precisa en el texto del Real Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la financiación de esta medida se realizará mediante la correspondiente transferencia del Estado a la Seguridad Social.

Este incremento se enmarca en la serie de medidas que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil del Gobierno ha propuesto para combatir la pobreza infantil en España. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 el 31% de los menores de 16 años en España se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), un total de dos millones de niños y niñas.

Además, 630.000 niños en España viven en hogares en situación de pobreza severa, con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos equivalentes. Estarían en esta situación los hogares formados por dos adultos y dos niños que ingresan menos de 7.000 euros al año o lo que es lo mismo, menos de 600 euros al mes.

El Gobierno calcula que con los 588 euros podría sacar de esta situación de pobreza severa a unos 82.000 niños, es decir, al 11,7% , tal y como explicó el Alto Comisionado, Pau Marí-Klose, en una rueda de prensa para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente fueron tumbados por el Congreso.

En una entrevista en diciembre de 2018, Marí-Klose reconoció que la situación de pobreza infantil en España es "anómala" porque "no se corresponde a la de un país desarrollado" como este, con tasas de riesgo de pobreza infantil "muy altas", en comparación con otros grupos de edad. "Es una situación estructural que llevamos viviendo incluso desde antes de la crisis", señaló.

Según se precisa en el texto del Real Decreto Ley, los últimos datos correspondientes al último trimestre de 2018 muestran un "ligero descenso" en el número de hogares con menores a cargo en los que no se percibe ningún ingreso, aunque puntualiza que la cifra de este tipo de hogares sin ingresos se mantiene prácticamente al doble que antes del inicio de la crisis económica.

En cualquier caso, Marí-Klose advirtió en la misma entrevista de que no solo se ven afectadas por la pobreza las familias que no perciben ingresos, sino que el trabajo de los dos progenitores de una familia en España no "blinda" contra la pobreza pues un 7% de las familias biparentales donde ambos progenitores trabajan está en esta situación.

"La pobreza infantil se extiende de manera muy transversal. Se dice que el índice es mucho mayor en las familias monoparentales o numerosas y es cierto, pero de la pobreza no se libran las familias con una configuración más común", avisó.

Solo un tercio de familias con pobreza energética tiene bono social, dice la OCU

MADRID.- Solo una de cada tres familias que tienen dificultades para pagar sus facturas de luz y gas puede acceder al bono social, ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha cifrado además en 2 euros al mes la subida de la luz prevista para el próximo mes de abril.

Por todo ello ha puesto en marcha este miércoles una campaña bajo el lema "Suma energía y dale una vuelta a tu factura", que incluye una quinta edición de compra colectiva -www.quieropagarmenosluz.com- para que los usuarios consigan una tarifa competitiva que les permita ahorrar en la factura de luz y gas y que en la pasada edición supuso 150 euros menos al año.

"Vuelve a ser necesaria (la campaña) porque el mercado energético sigue siendo muy hostil con el consumidor", ha afirmado la directora de Comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu.

En este sector existe un "oligopolio" ya que el 93 % de los consumidores está en manos de cinco grandes grupos y el 78,6 % de los consumidores no conoce la diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado, ha aseverado el técnico de la OCU del área de Energía, Javier Arranz.

Han lamentado que haya más de 3.140.000 familias que se encuentren en situación de pobreza energética y que, según datos recientes, únicamente 1.112.000 de ellas disfruten del bono social.

El desconocimiento o los estrictos requisitos son algunas de las barreras que se encuentra el consumidor con dificultades económicas para acceder a dicho bono, según Izverniceanu, que ha instado a que haya un acceso automático a propuesta de las compañías comercializadoras como ocurre en Portugal.

Según la OCU, en los últimos diez años la luz ha subido un 32 % y el gas un 12,6 % por lo que se necesita revisar el sistema de fijación de precios de la energía, que haya más transparencia en la información de las tarifas y la revisión de los impuestos que se pagan en el recibo, incluyendo una bajada del IVA de la electricidad.

La subida del precio de la electricidad en España hace que España se sitúe solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda entre los países más caros.

La campaña de esta organización incluye la herramienta el Recomendador, que permite evaluar si el usuario tiene el derecho a solicitar el bono social y le informará si su tarifa actual es competitiva o no.

También incluye una petición de medidas a las administraciones implicadas que pasan por "un mayor control y un régimen sancionador más eficaz" para acabar con las "alteraciones artificiales del precio de la electricidad" y la redifinición de la relación entre consumidor, distribuidora y comercializadora incluyendo a agentes del mercado energético para proteger al primero.

Asimismo, la OCU celebra con la campaña una jornada de puertas abiertas en Madrid, Sevilla y Bilbao para que los ciudadanos se acerquen a preguntar sus dudas.

"Las facturas son complicadas de interpretar para la gente normal de la calle que ve tantos números que no tienen un origen claro", ha comentado Luis Collantes, una de las personas que se han acercado a la OCU en Madrid para informarse sobre la nueva campaña.

"La subida me parece mal porque el término de potencia sigue siendo el mismo pero el multiplicador de ese término no lo justifica nadie nada más que las eléctricas porque ellas quieren que sea así", ha argumentado Luis, que ha añadido: "Se resiente todo el capítulo de la factura independientemente del gasto de luz que tengas en casa".

La Asamblea acuerda que los planes sobre pobreza pasen por la Mesa del Tercer Sector

CARTAGENA.- La Comisión de Pobreza y Exclusión Social propuso que todas las políticas, actuaciones, planes y decisiones en materia de pobreza y exclusión social deberán pasar por la Mesa del Tercer Sector, donde están representados los colectivos y las administraciones. 

La Comisión, cuyos trabajos finalizaron esta mañana, sacó adelante 49 propuestas de resolución donde constan las aportaciones de todas las entidades y colectivos que comparecieron escuchando durante la legislatura.

La presidenta de la Comisión, Inmaculada González, se refirió a la propuesta de «crear un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia», una aportación de Unicef, según explicó la diputada 'popular'. 

Entre las 49 resoluciones figura también la petición al Gobierno de España de «una financiación adecuada a los ayuntamientos en materia de servicios sociales ya que son las entidades con las que toman primero contacto los ciudadanos», afirmó Inmaculada González, para referirse a continuación a la necesidad de que «también el Gobierno de la Región reciba los fondos adecuados para atender a los menores no acompañados que llegan a la Comunidad».

Unos gastos que ahora el Ejecutivo regional «está financiando a pulmón y son menores a los que hay que prestarles una atención y una cobertura ya que en muchas ocasiones llegan en un estado lamentable», declaró.

Más de 2,6 millones de trabajadores en España son pobres

MADRID.- Más de 2,6 millones de trabajadores están en situación de pobreza, ha alertado la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, con más de 8.000 entidades de acción social, que urge a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones a firmar un pacto de Estado para reducir la tasa actual del 26,6 % al 15 %.

"Hemos oído hablar de que el empleo es el que es que nos puede ayudar a salir de la pobreza, es una verdad a medias y muchas veces la peor de las falsedades; el empleo que se ha ido generando en la última década es un empleo que precariza mucho, tenemos un 14,1 % de los trabajadores en situación de pobreza: 2.654.000 trabajadores", ha denunciado el presidente de esta red, Carlos Susías.

"Más del 30 % de las personas empobrecidas en España tienen empleo, con lo cual lo de tener empleo y salir de la pobreza se produce en determinadas condiciones", ha añadido, quien ha recordado que España es el cuarto país con mayor desigualdad de la UE.

El responsable de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español ha explicado que se van a reunir los próximos días con todos los partidos para que se comprometan a asumir 10 metas para la próxima legislatura, como una estrategia nacional que sirva de hoja de ruta para reducir la pobreza y/o exclusión social que afecta a 12,5 millones de personas (26,6 %).

Dotar de ingresos a los casi 600.000 hogares que carecen de ellos, aumentar las tasas de empleo -especialmente femenina- hasta la media europea, erradicar el sinhogarismo, el chabolismo y las infraviviendas y garantizar la universalidad de la sanidad y el acceso a todas las personas, son algunas de las propuestas de las entidades de acción social.

"El 31 % de los menores de 16 años, 2,6 millones de menores, están en situación de pobreza y/o exclusión social", ha señalado Susías, mientras que en la UE se sitúa en el 15 %.

'Cáritas' denuncia el mayor impacto de la pobreza también en las mujeres

MURCIA.- Cáritas manifiesta que «si se hubiera acabado con la desigualdad entre hombres y mujeres», no estaría denunciando en el Día Internacional de la Mujer «la mayor incidencia de la pobreza en las mujeres», y es que, denuncia la organización, «no solo es mayor el número de mujeres pobres, sino que, además, la pobreza tiene un impacto mayor en ellas que en los hombres».

Tras lo que hace referencia al último informe de ONU Mujeres 'Transformar las promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda 2030' publicado en 2018, donde se señala que si bien a nivel global ha habido avances en educación y mortalidad maternal, en materia laboral la situación se ha quedado estancada.

Asimismo, «las mujeres sufren más que los hombres la inseguridad alimentaria, incluso en los países industrializados, ganan menos que los hombres, dedican más tiempo que ellos a los cuidados domésticos, son más vulnerables a la pobreza extrema y tienen menos posibilidades de acceder al mercado laboral», continúa.

De todos los factores que pueden incidir en el hecho de que una persona sea pobre, ninguno es tan determinante como el género, añade Cáritas en comunicado de prensa, pues «son múltiples los factores que confluyen para mantener esta realidad» como que en el mundo laboral, los puestos de trabajo tradicionalmente asignados a las mujeres están peor valorados y remunerados, mientras que, al mismo tiempo, las mujeres tienen menores ingresos en el desarrollo del mismo puesto de trabajo que los hombres.

Además, les resulta difícil el desarrollo de su potencial profesional dada la imposibilidad de promoción y acceso a puestos relevantes (es el denominado techo de cristal). El Foro Económico Mundial alerta de que, si se mantiene el ritmo actual en los esfuerzos por eliminar esta brecha al ritmo actual, «tardaríamos hasta el año 2186 para lograrlo».

Otro de los factores, «los estereotipos sociales y el sistema educativo, las intolerables violencias machistas que sufren las mujeres, solo por el hecho de serlo y que son de naturaleza diversa y de diferentes intensidades, pero muy presentes en nuestra sociedad».

Según la propia experiencia de Cáritas, a los recursos, centros y servicios de la organización acuden, mayoritariamente, mujeres en situación de pobreza y exclusión social. En los proyectos para Personas sin Hogar, por ejemplo, detectan en los últimos años un aumento significativo de mujeres, «que nos preocupa al tratarse de entornos con elevado nivel de riesgo para ellas».

Tras lo que señala que sin un análisis serio sobre las causas de la pobreza femenina, es «imposible» erradicarla. Falta, en muchas ocasiones, «una perspectiva de género donde se investigue cómo la pobreza incide de manera distinta en los hombres y en las mujeres, y que mida el impacto que tienen tanto la pobreza como las políticas y programas para poder combatirla».

Y un factor clave, a juicio de Cáritas, es el hecho de que sigue siendo insuficiente la cantidad de mujeres en cargos de responsabilidad y en espacios de decisión que diseñen, aprueben e implementen políticas orientadas desde esta perspectiva.

Tras apuntar que trabajan de manera activa «para establecer un nuevo marco de relaciones entre hombres y mujeres, basado en una educación en la que los valores de igualdad, solidaridad y defensa de los derechos humanos tengan el protagonismo necesario», hacen un llamamiento a los poderes públicos, al conjunto de la sociedad y a la comunidad cristiana «para involucrarse conjuntamente en el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad real entre hombres y mujeres».

«Reclamamos valentía y justicia para actuar firmemente contra cualquier forma de violencia machista, que ponga los derechos de las mujeres en el centro de las políticas, no únicamente por imperativo moral y obligado cumplimiento de los derechos humanos, sino como condición indispensable para el desarrollo sostenible de los pueblos», concluye el comunicado.

La Asamblea acuerda la necesidad de un Observatorio Regional de la Pobreza

CARTAGENA.- La Comisión de Pobreza de la Asamblea Regional ha acordado en la sesión de este martes la necesidad de que exista un Observatorio Regional de la Pobreza.

La presidenta de la comisión, Inmaculada González, ha señalado que dicho Observatorio debe analizar los datos y debe tener un carácter «consultivo», además, ha manifestado que la comisión quiere que sigan los estudios de la Universidad de Murcia junto a la EAPN para poder tener una visión «global y real» de la Región en este ámbito.

Los diputados regionales están terminando de redactar las conclusiones de la comisión en las que ya han avanzado propuestas de empleo, intervención municipal, inmigración, infancia y adolescencia.

«Tenemos consenso, pero nos falta otra sesión para seguir avanzando. Estamos terminando el documento para elevarlo al Pleno. Va a ser la comisión con más propuestas de resolución de la legislatura», ha asegurado González que ha dicho que redactarán cerca de 100 propuestas de resolución.

El Gobierno implica a deportistas y artistas en una campaña para ‘romper el círculo’ de la pobreza infantil

MADRID.- El Gobierno ha presentado este sábado la campaña #RompeElCírculo para concienciar sobre la pobreza infantil y lo ha hecho con un vídeo en el que participan músicos, actrices y deportistas que denuncian un drama que afecta en España a 2,3 millones de niños.

La campaña, impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y difundida en las distintas plataformas institucionales, busca la implicación de la ciudadanía ante la pobreza infantil y cuenta con el apoyo desinteresado en el vídeo de músicos, como Alejandro Sanz; deportistas, como Pau Gasol y Saúl Craviotto; las actrices Paz Vega, María Esteve y Natalia Verbeke y el ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

Durante un minuto, los protagonistas del vídeo denuncian que “la pobreza infantil te señala, te marca y te acusa” y lo que es peor “te sigue, se hereda y se transmite” en un círculo que todos ellos abogan por romper.

“La pobreza infantil no te deja crecer, no te deja reír y no te deja jugar” dicen en el vídeo los famosos que apoyan esta campaña en la que subrayan que esta lacra va ligada indiscutiblemente a “miedo, malnutrición y fracaso escolar”.

Denuncian que 330 familias no tienen bono social por trabas de las eléctricas

MADRID.- La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha presentado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una denuncia con 330 casos de familias que no se han podido acoger al bono social, a pesar de cumplir los requisitos, por las trabas de algunas eléctricas.

Tras conocer que había "multitud" de familias afectadas en distintas comunidades autónomas, la FEFN decidió actuar este lunes y poner los hechos en conocimiento del órgano de control de la competencia, ante la posibilidad de que se estuvieran vulnerando derechos de las familias numerosas, a las que legalmente les corresponde el acceso al bono social, ha informado en un comunicado.

Durante varias semanas, la organización ha estado recogiendo los expedientes de las familias afectadas, incluyendo en la documentación los motivos alegados en cada caso por las compañías eléctricas durante el proceso de tramitación de la tarifa social.

En general, se concretan en la pérdida del expediente con la consiguiente obligación, por parte del interesado, de tener que volver a presentar toda la documentación, o la solicitud de ciertos documentos, como el DNI de los niños o la declaración de la renta, que "en ningún caso son necesarios para la tramitación del bono social".

Según la FEFN, también se han dado casos de padres separados o divorciados con hijos en régimen de custodia compartida, a los que la compañía exigía que estuviesen empadronados todos en el mismo domicilio para poder acogerse al bono social.

La normativa actual reguladora del bono social considera a las familias numerosas un colectivo vulnerable y, por tanto, beneficiario de esta tarifa social, a la que pueden acceder presentando documento acreditativo de su condición de familia numerosa, así como todo lo relativo a la vivienda en la que residen de forma habitual.

El 37% de los murcianos en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social

MURCIA.- Por tercer año consecutivo, la Fundación Adecco presenta el informe 'Un empleo contra la exclusión' que, en esta ocasión ha analizado e interpretado los datos del informe 'Arope' (at risk of poverty and/or exclusion [en rieso de pobreza y/o exclusión], de EAPN), en su relación con cifras oficiales de la EPA y una encuesta elaborada a 120 personas desempleadas y en riesgo de exclusión, que han encontrado recientemente trabajo.

Por tercer año consecutivo, se registra una caída en el índice de riesgo de pobreza en Murcia. Así, en 2017 terminó con una tasa de pobreza del 34,7% que certifica una tendencia positiva, pero que, sin embargo, aún dista mucho de la cifra alcanzada hace una década (27,5%).

Esta evolución da cuenta de que, aunque la tendencia es positiva, la Región se encuentra aún lejos de las cotas deseables para el momento actual, teniendo en cuenta que hace una década, en una sociedad con menos recorrido y menos madura, la situación era más favorable que la de hoy.

La evolución de la pobreza está íntimamente ligada al desempleo: en coyunturas en las que el segundo mejora, la primera tiende a disminuir. Así, ambos indicadores experimentaron un desarrollo similar, disminuyendo en los años recientes, coincidiendo con la recuperación económica, pero registrándose índices de pobreza superiores a los de hace una década, cuando la crisis aún no había arreciado y las cifras de desempleo eran más favorables que las actuales.

En efecto, si en 2008 se contabilizaban 109.700 desempleados en Murcia, la cifra registrada ahora es superior, alcanzando los 113.700 parados. Por tanto, en 2008 las cifras de desempleo eran más favorables que las actuales y por lo tanto también lo era el índice de pobreza, que entonces alcanzaba el 27,5%, frente al 34,7% de hoy.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «se pone de manifiesto la importancia del empleo como indicador para medir el bienestar social y la madurez de una sociedad, siendo el activo por excelencia para combatir las situaciones de pobreza y exclusión».

Las personas que se consideran en riesgo de pobreza y exclusión, según Arope, son aquellas que cumplen, al menos, uno de los siguientes criterios: 

- Vivir en un hogar con una renta inferior al umbral de la pobreza (el 60% de la mediana de la renta nacional, fijada en 2016 en 684 euros mensuales).

- Estar en privación material severa, no pudiendo afrontar, al menos, 4 de los siguientes gastos: vivienda, calefacción, vacaciones, alimentación básica, gastos imprevistos, teléfono, televisor en color, lavadora o automóvil.

- Vivir en un hogar con baja intensidad de trabajo (inferior a 0,2), definida como la relación entre el número de meses trabajados por todos los miembros de la unidad familiar y el número total de meses que podrían trabajar, como máximo, todas las personas en edad laboral de dicho hogar.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «aunque el desempleo solo se menciona expresamente en el tercer punto, es el desencadenante de todas las situaciones de pobreza y exclusión social. 

Así, el hecho de que las familias tengan que subsistir con ingresos inferiores a 684 euros mensuales (umbral pobreza) o que no puedan afrontar gastos básicos como la vivienda o la calefacción (privación material severa), tiene tras de sí el factor desempleo u otros estrechamente relacionados: paro de larga duración, agotamiento de prestaciones, precariedad, economía sumergida, etc».

Las personas en edad laboral, más pobre que la media

Realizando una estimación proporcional en base al incremento nacional del índice Arope entre la población total (26,6%) y aquella que tiene edad laboral (28,4%), se puede realizar una extrapolación a Murcia, a partir de la cual, el 34,7% de personas en situación de pobreza, ascendería al 37% en el caso de aquellas que tienen entre 16 y 64 años.

Si se cruzan estos datos con los de población, proporcionados por el INE, se obtiene que, de los 964.700 murcianos de entre 16 y 64 años, 357.903 (el 37%) se encuentran en esta situación crítica. 

 Aunque la situación ha mejorado con respecto al año anterior (dicho 37% ascendía al 38,4%) aún se está lejos de hace una década: en 2008, la cifra era del 25,2%.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «no parece aventurado señalar que, entre estas personas en edad laboral, nos encontramos con una elevada proporción de desempleados, fundamentalmente de larga duración que han agotado todas sus prestaciones, así como profesionales que se encuentran en situación de irregularidad, trabajando en la economía sumergida o inactivos con capacidad para trabajar, pero que no lo hacen por razones culturales: personas con discapacidad, mayores de 45 años que perdieron su empleo y se han retirado del mercado, ante la falta de expectativas profesionales, etc. El desempleo, la precariedad y la inactividad, se convierten, por tanto, en factores que subyacen detrás de las situaciones de pobreza y exclusión».

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el segmento de la población que experimentó un mayor aumento de su pobreza es, precisamente, el de los desempleados: el 59,1% vive en riesgo de pobreza, porcentaje que se ha incrementado en 17 puntos desde 2007 (42,1%). 

En este sentido, hay que tener en cuenta el aumento del paro de larga duración y la reducción de la cobertura de protección para desempleados, a raíz de la crisis económica, que ha disparado el porcentaje de parados que viven en riesgo de pobreza: un 59,1% frente al 42,1% de 2007, según Arope.

Ante esta situación, Mesonero destaca que: «La solución pasa, necesariamente, por la articulación de efectivas políticas activas de empleo que, frente a los subsidios no sostenibles en el tiempo, garanticen que los desempleados con más dificultades puedan desempeñar una ocupación, de forma continuada, que dignifique su vida».

Una encuesta realizada a 120 personas que se encontraban en desempleo y riesgo de exclusión (por atravesar grandes dificultades económicas), y que recientemente han encontrado una ocupación, revela que el empleo es un factor determinante para superar estas situaciones. Así, si el 90% de los encuestados manifestaba grandes dificultades para llegar a fin de mes cuando no tenía trabajo, sólo el 30% lo hace una vez lo encuentra.

Y si bien un 30% sigue expresando dificultades económicas cuando encuentra empleo, según Mesonero, «encontrar un trabajo, aunque sea a jornada parcial y con bajos ingresos es, para una persona en riesgo de exclusión, el primer paso para salir de una situación de bloqueo que le impide avanzar y tomar decisiones. 

El empleo ayuda a las personas a empoderarse, a continuar formándose y a adquirir nuevas habilidades. En definitiva, es el punto de partida para recuperar la ilusión y la motivación necesarias para buscar otras oportunidades en el medio plazo, mejorando las condiciones actuales».

En esta línea, y según la presente encuesta, el empleo tiene otros efectos en la vida de las personas en riesgo de exclusión: un 64% admite que puede hacer frente a gastos que antes no podía permitirse y que ha incrementado su consumo en actividades de ocio y entretenimiento.

Sin embargo, el empleo no sólo impacta en el bolsillo, también en otras esferas vitales: un 50% destaca cómo éste ha mejorado sus relaciones familiares y un 75% declara haber incrementado sus relaciones sociales. Asimismo, un 91% destaca que el empleo le hace sentirse más libre y completo y un 83% lo asocia con la mejora de su autoestima y salud emocional.

Según Francisco Mesonero, «el desempleo, especialmente cuando es de larga duración, puede derivar en el autoestima, haciendo que las personas se retraigan en sus relaciones familiares y sociales y entren en una espiral de aislamiento, cada vez más profunda. Desde nuestras oficinas, asistimos diariamente a casos de personas que se encontraban muy abatidas y en grave riesgo de exclusión, pero que han logrado superarla gracias al empleo».

El próximo 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Una jornada que necuerda el compromiso de todos los países para conseguir el desarrollo social y la justicia social a través de un crecimiento económico sostenible. El objetivo final es erradicar, a través del trabajo decente y el pleno empleo, la pobreza, lograr la igualdad de género y el acceso al bienestar social.

Como gran aliado de estos retos globales, se cuenta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder trazar y medir un recorrido que lleve a la reducción de las desigualdades, siendo el empleo una herramienta fundamental en este proceso. 

A través de la misión de la Fundación Adecco, trabajan para conseguir la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, el empoderamiento de las personas mediante formación y orientación laboral, y la gestión estratégica de la Diversidad Corporativa en las empresas para garantizar la inclusión laboral de población vulnerable. 

En concreto, toda la actividad de la Fundación tiene un impacto directo en la consecución de los ODS: 1. Fin de la Pobreza, 5. Igualdad de Género, 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico, y 10. Reducción de las desigualdades.

La pobreza energética sigue golpeando a muchas familias yeclanas, según IU-Verdes

YECLA.- A pesar de que desde junio de 2018 existe un informe elaborado por el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia que concluye que existe un importante sector de la población yeclana que sufre el fenómeno de la pobreza energética, el Equipo de Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz, otro año más, de implementar las políticas necesarias dirigidas a prevenir y paliar esa pobreza energética existente en Yecla, según denuncia IU-Verdes. 

Ya en enero de 2014, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes presentó una proposición al Pleno del Ayuntamiento pidiendo la elaboración de un Plan contra la pobreza energética, "pero no fue hasta el año 2016 cuando el Partido Popular decidió aceptar los continuos requerimientos y preguntas que estuvimos haciendo al respecto, encargando un informe a la Universidad de Murcia para que analizara esta situación en nuestra ciudad".

Aunque el estudio ha tardado más de dos años en llegar, y se ha realizado únicamente desde la perspectiva de la población vulnerable, "lo que a nuestro juicio refleja unos resultados que pueden no corresponderse con la realidad, establece unas conclusiones que no se pueden obviar".

"El Informe Ejecutivo del Observatorio de la Exclusión Social ha puesto de manifiesto que la pobreza energética es una realidad en nuestra ciudad y que los hogares y familias yeclanas que la sufren presentan altas tasas de paro y elevados niveles de pobreza y de privación material.

La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda".

Algunos de los datos que han arrojado las encuestas llevadas a cabo por el equipo del Observatorio de la Exclusión Social son los siguientes:

La población yeclana vulnerable en edad de trabajar tiene una tasa de paro del 64%, tratándose además de un desempleo estructural o de larga duración.

Del total de los yeclanos en situación de vulnerabilidad, el 54% dispone de menos de 564 euros al mes, lo que los coloca en el umbral de pobreza regional, correspondiendo la mayor tasa de pobreza a los menores y los jóvenes.

De esas personas que se encuentran en situación de pobreza, un 68,8% reconoce que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, de forma que han debido reducir sus gastos en electricidad y otros suministros.

Casi la mitad de los hogares vulnerables no pueden permitirse equipar su vivienda con calefacción. Y casi el 40% de esas familias ni siquiera puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos.

En base a todos estos datos, el estudio concluye que hay un importante sector de la población yeclana que se encuentra en riesgo de pobreza energética y que necesita la ayuda del Ayuntamiento, que tendría que haber puesto en marcha ya todas las medidas necesarias para prevenirla y paliarla. No hay que olvidar que estamos hablando de una situación que afecta a la salud de las personas, agrava enfermedades crónicas y puede afectar a la esperanza de vida. La pobreza energética mata y por eso combatirla debería ser una prioridad, también en nuestra ciudad.

"Sin embargo, la pretendida austeridad en el gasto social, de la que todavía sigue presumiendo el PP de Yecla, impide ayudar a las familias y hogares yeclanos con bajos ingresos económicos, que van a ver pasar otro invierno más sin tener garantizadas unas condiciones mínimas de bienestar, puesto que el Equipo de Gobierno no ha sido capaz de poner en marcha el Plan de pobreza energética".

'Ahora Murcia' denuncia que el ayuntamiento no está aplicando el plan municipal contra la pobreza energética

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que el Ayuntamiento no está aplicando el Plan Municipal contra la Pobreza Energética, que fue aprobado en abril de 2017. El concejal Miguel Angel Alzamora señala que el Plan incluía "43 medidas específicas para proteger, según se anunció entonces, a las familias que más necesitan la ayuda del Consistorio.  Sin embargo, estas acciones no se están llevando a cabo, a la vez que la situación en el municipio respecto a la pobreza energética de las familias continúa siendo muy grave". 

Por este motivo, Ahora Murcia llevará al Pleno del mes de enero una moción que demanda que "de una vez comience a aplicarse el Plan contra la Pobreza Energética e Hídrica del Ayuntamiento, proponiendo que se comience con la mayor celeridad posible con la ejecución de 7 de las medidas incluidas en el Plan".

Alzamora recuerda que cuando se anunció el Plan en 2017 se ofrecieron cifras sobre el problema de la pobreza energética en el municipio: "Se afirmó que hay unas 29.000 familias que no podían calentar sus hogares, así como 7.000 familias con riesgo alto o muy alto de padecer la pobreza energética y casi 11.000 con riesgo medio".

Pese a estas cifras alarmantes, "las medidas adoptadas por los gobiernos regional y local", señala el concejal, "se presentan como muy insuficientes". 

En este sentido, destaca que "el Decreto 154/2018, de 27 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales de la Región para la lucha contra la pobreza energética, ha tenido un impacto mínimo en el municipio. 

De acuerdo con la información que nos ha facilitado la Concejalía de Derechos Sociales, en 2018, solo 150 familias se han beneficiado de las ayudas de la subvención del citado decreto".

Por su parte, "la Ley Vivienda de la Región, de 2016, que incluye medidas contra la pobreza energética, no está siendo aplicada. La Comunidad Autónoma no ha elaborado el protocolo que marca la ley, ni ha firmado los acuerdos o convenios de carácter voluntario- con las empresas eléctricas". 

"Por si esto fuera poco", añade Alzamora, "en las 'Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018-2021', no hay propuesta de ninguna medida que tenga en cuenta la pobreza energética".

Ante este panorama, "es de enorme relevancia que el Ayuntamiento comience de una vez a aplicar Plan Municipal contra la Pobreza Energética e Hídrica". 

Entre las actuaciones que Ahora Murcia considera más urgentes, y que destaca en el acuerdo de la moción registrada, se encuentran "disponer en los próximos tres meses de los profesionales que el Plan establece, a saber, cuatro trabajadores sociales y un auxiliar administrativo, y formarles en asesoramiento energético; iniciar los trámites para la creación de un fondo económico destinado a la financiación de reformas integrales de viviendas de familias sin recursos económicos, como alude el Plan; y comenzar los trámites para formalizar convenios de colaboración con las empresas suministradoras, para detener los cortes a población vulnerable y proponer acuerdos más amplios sobre el bono social".

En el acuerdo de la moción también se subraya la creación de dos censos contemplados en el Plan, "uno de las viviendas con deficiencias energéticas, y otro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos del municipio".

Alzamora concluye que "el Ayuntamiento de Murcia tiene que implicarse con firmeza de una vez en el grave problema de la pobreza energética en el municipio, que como vienen denunciado Cruz Roja y EAPN, lleva a miles de familias del municipio a tener que elegir entre comer adecuadamente o calentar la vivienda, además de tener graves consecuencias en la salud y suponer un menoscabo en otros derechos fundamentales".

Un informe del CES-RM señala que el riesgo de caer en la pobreza es un 10% mayor en las zonas rurales

MURCIA.- Jose Antonio Cobacho, presidente del CES de la Región de Murcia, y Juan José Álvarez Alcalde, presidente de la Comisión de Trabajo en Agricultura y Pesca del CES de España, presentaron este jueves un informe de esta institución que repasa los problemas a los que se ven sometidas las zonas rurales y que propone actuaciones a realizar.

El informe afirma que el riesgo de caer en situación de pobreza «es mayor entre la población que reside en zonas rurales». 

En concreto, en España el riesgo de pobreza y exclusión social en las zonas rurales llega a afectar al 34 por 100 de su población, casi 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza en las grandes urbes y 5 puntos porcentuales más que en las ciudades de tamaño intermedio.

El mayor riesgo de pobreza en las zonas rurales se relaciona con cuatro categorías de problemas que estas zonas suelen llevar asociados, como los laborales, dada la falta de oportunidades de empleo.

Se relaciona esta circunstancia con, entre otras cuestiones, que el tamaño medio empresarial sea aún más pequeño en las zonas rurales, con empresas con un menor acceso al crédito y una menor capacidad inversora; y demográficos, debido al éxodo de la población a las zonas urbanas, derivado a su vez de los problemas laborales, con un elevado envejecimiento de la población y una masculinización de la población rural en las edades intermedias.

Además de educativos, causados por la falta de oferta educativa, especialmente en las etapas no obligatorias; y de accesibilidad a servicios básicos y falta de infraestructuras adecuadas, con carencias en los transportes, el abastecimiento energético, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el abastecimiento y depuración de agua, o la gestión de residuos, tiendas de alimentación, servicios bancarios, servicios postales, transporte público, servicios sanitarios, y los ya referidos centros de enseñanza.

El propósito declarado del informe es formular propuestas encaminadas a aumentar el nivel y la calidad de vida en el medio rural español, entendiendo que con ello se contribuye de manera eficaz a mejorar la vertebración social y territorial de nuestro país.

Y, todo ello, partiendo de la premisa de que el desarrollo rural en España es vital, no solo para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las zonas rurales, sino también el del conjunto del territorio nacional.

En la jornada también se abordaron los problemas específicos de zonas rurales de la Región de Murcia en la conferencia impartida por el profesor Francisco Carreño y en la mesa redonda que tuvo como intervinientes a Miguel Padilla, consejero del CES, Carmen Inglés, presidenta de la Asociación de familias y Mujeres del Medio Rural, Enrique Fuentes, concejal de Agricultura de Caravaca, Pablo Melgarejo, alcalde de Ojós y Carmen Sandoval, directora general de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural.

La pobreza, una trampa que atrapa a una familia durante cuatro generaciones

MADRID.- La pobreza extrema atrapa a una familia en España hasta cuatro generaciones, es decir, ese hogar necesita 120 años para obtener unos ingresos que le permitan salir de esa situación, que obliga a sus miembros a vivir con menos oportunidades de estudios, más dificultad para conseguir un trabajo digno y peor salud.

Según la responsable de Política Sociales de Oxfam Intermón, Liliana Marcos, en España, el cuarto país más desigual de la UE en ingresos, "se cronifica la desigualdad, como se cronifica la riqueza y la pobreza, que se convierte en una condena sine die para muchas familias que la dejarán en herencia para sus hijos".

Oxfam Intermón ha presentado hoy en España el informe "Desigualdad 1-Igualdad de oportunidades 0", que la ONG traslada a los líderes mundiales que participan en el Foro Económico de Davos y también a los partidos políticos, de cara a los próximos comicios, para que incorporen políticas en sus programas electorales.

"Acabada la crisis y a pesar de la recuperación, la sociedad española se ha polarizado y ha aumentado la desigualdad a costa de un adelgazamiento de las clases medias/bajas. Uno de cada seis hogares de clase media/baja cayó en la pobreza durante la crisis y muchos de ellos ahí siguen", ha valorado Marcos.

La ONG alerta de que la pobreza aumentó cuatro veces más durante la crisis de lo que se ha reducido durante la recuperación.

"Hay más personas empobrecidas, pero el porcentaje de renta nacional que tiene que repartirse es prácticamente el mismo, con lo cual no solo hay más pobres, sino que la pobreza es más aguda; son pobres más pobres, mientras que en el otro lado hay más ricos que acaparan más ingresos", ha añadido.

La experta ha advertido de que "cuando más desigual es una sociedad más se condiciona el futuro de los niños por el nivel de ingresos que tienen en sus hogares y se limitan más la igualdad de oportunidades".

"Según la OCDE, hacen falta cuatro generaciones, unos 120 años, para que una familia del 10 por ciento más pobre llegue a los ingresos medios, es decir, que los pobres de hoy tendrán que esperar a sus tataranietos para verles alcanzar el nivel de ingresos medios", que les permita salir de la pobreza.

Además, la coordinadora de Incidencia y Contenidos de Oxfam, Lara Contreras, ha indicado que un ejemplo de esa cronificación de la desigualdad es que "en el último año, han caído en la pobreza 16.500 familias, alcanzando las 617.000 familias sin ningún ingreso anual, mientras que los milmillonarios han incrementado su riqueza en un 4 % y han aumentado a 1.690".

"La recuperación sigue sin llegar, perjudicando a los de más abajo y beneficiando a los de más arriba", ha aseverado Contreras, quien ha destacado que la desigualdad en el mundo es sexista.

"La mayoría de las personas más ricas del mundo son hombres; nueve de cada diez milmillonarios lo son", ha recordado la experta.

La mitad de los niños pobres repite curso

MADRID.- La mitad de los niños pobres repite curso, frente a solo el 8 % del resto de los escolares. Además, su tasa de abandono escolar es mucho más elevada, tienen un bajo desarrollo de aptitudes cognitivas, más tendencia a la obesidad, más problemas de salud mental y mayores niveles de conflicto social.

Estas son solo algunas de las "cicatrices" que la pobreza deja en los niños y que el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Pau Marí-Klose, se ha propuesto combatir con una batería de medidas plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y que desgrana en una entrevista con Efe.

En España el 28 % de los menores de 16 años, 2,1 millones de niños, vive en riesgo de pobreza. Y, según cálculos del Gobierno, 700.000 de ellos lo hace en situación de carencia severa, es decir, sin tener garantizada su alimentación o cosas tan básicas como la luz o la calefacción o, simplemente, poder ir a un campamento en verano.

"Somos una anomalía en Europa, no hay ningún país con nuestro nivel de desarrollo" con unas tasas de pobreza infantil tan elevadas, asevera Marí-Klose, quien añade que se trata de una de las más altas de Europa, diez puntos superior a la media y que solo Rumanía y Bulgaria están por encima.

Una situación sobre la que ya han advertido a España la Comisión Europea y la OCDE.

Explica Marí-Klose que se trata de un problema estructural de la sociedad española que tiene su origen en dos factores.

El primero es la estructura del mercado laboral, con una elevada precariedad que afecta más a los jóvenes, "y por tanto a las familias jóvenes que son las que tienen hijos pequeños", un colectivo, además, muy perjudicado por el paro, y con bajas prestaciones por desempleo que se agotan sin que hayan conseguido otro empleo.

Y el segundo es la débil estructura de protección social para las familias.

España sólo dedica el 1,3 % de su PIB a políticas de familia e infancia, frente al 2,4 % de media de la UE. Y el gasto en prestaciones por hijo se sitúa en el 0,5 % del PIB (1,2 % en la UE).

Para recortar esa diferencia, explica el Alto Comisionado, las cuentas para 2019 recogen el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital con un incremento de la prestación por hijo a cargo para las familias con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, actualmente fijado en 17.800 euros anuales para los hogares con dos hijos.

Con esta nueva ayuda, una familia que ingrese menos del 50 % de esa renta recibirá una prestación por hijo de 341 euros, frente a los 291 actuales. En el caso de familias por debajo del 25 % del umbral, la prestación será de 588 euros.

Según los cálculos del Alto Comisionado, cerca de 1,3 millones de niños se beneficiarán de estas prestaciones, 700.000 de ellos de la de 588 euros.

Unas ayudas con las que prevén sacar de la situación de pobreza severa a 82.000 menores, y reducir la tasa un 12 %.

Para situar a España en la media europea ese Ingreso Mínimo Vital debería alcanzar los 1.800 euros en el caso de pobreza severa, 1.200 para alta y 600 para moderada, objetivos que figuran en el programa electoral del PSOE y que el Alto Comisionado confía el alcanzar en "un plazo de tiempo relativamente corto".

Pero no es suficiente. Para revertir la pobreza, detalla Marí-Klose, hay que trabajar en varios frentes: mercado de trabajo, luchando contra la precariedad; educación, recuperando la inversión anterior a los recortes, favoreciendo, con becas, el acceso a la educación 0-3 y a la universidad, y potenciando las actividades educativas y de ocio con programas como VECA.

"Somos un país que invierte poco en familia. Solo hay que pensar en países como Austria que, con un nivel de desarrollo y un PIB parecido al nuestro, tiene una prestación por hijo por encima de los 2.000 euros al año. Es universal y la reciben todos los niños.

Y es que si no se interviene "la pobreza se hereda" y los menores pobres se ven abocados a ser adultos pobres.

"Las oportunidades vitales de los niños que nacen y se crían en familias pobres están muy condicionadas por la adversidad económica que sufren con carencias de otro tipo: educativas, sanitarias, culturales, sociales... que dejan marcas, que dejan cicatrices".

Todas estas desventajas componen una "mochila social" que van arrastrando, que condiciona su futuro y que los convierte en adultos con más enfermedades, problemas sociales y difícil empleabilidad.

"En los países más desarrollados la infancia está considerada un bien público, no es exclusivamente un bien de las familias, el bienestar de los niños no es algo que solo haya que exigir a los padres", insiste Marí-Klose.

Entienden que necesitan niños y que estos crezcan en buenas condiciones. Las ayudas por hijo a cargo están generalizadas porque simplemente reconocen que los niños importan y que son necesarios.

"Es de justicia y es una buena inversión económica inyectar recursos" a las familias más pobres, defiende al Alto Comisionado, que recuerda que, según cálculos de Save the Children, cada hijo tiene un coste de entre 400 y 500 euros mensuales.

Cuando se habla de luchar contra la pobreza infantil hay que tener un enfoque transversal a la hora de implementar medidas en los Presupuestos que corrijan las desigualdades.

Y entre ellas están los 1.780 millones para becas y ayudas a estudiantes; los 100 para la compra de libros de texto; y los 137 para aumentar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles.

Además, los Presupuestos incluyen 30 millones para atender a los menores migrantes no acompañados y 412 millones para acciones en favor de los inmigrantes.

"Hay que ir a las raíces del fracaso e invertir en la primera infancia, en la educación de 0 a 3 años", una medida fundamental y poderosa para compensar a estos niños.

"Muchas veces ya llegan al sistema reglado de los 6 años con desventajas cognitivas, que dificultan su aprendizaje y los lleva al fracaso escolar", explica.

Y ofrecer becas para el ocio educativo como el programa VECA con el que se compensa el "olvido veraniego" que sufren sin posibilidades de aprendizaje cultural, viajes o una alimentación equilibrada, del que ya se han beneficiado más de 46.000 niños.

Consciente de que el problema de la pobreza infantil es de toda la sociedad, el Alto Comisionado quiere diseñar una Alianza de País con el Tercer Sector y el mundo empresarial para buscar su implicación y la financiación necesaria para erradicar la pobreza.

Numerosos estudios corroboran que las inversiones en la lucha contra la pobreza resultan fiscalmente rentables, al producirse retornos económicos en forma de crecimiento económico, reducción de gastos sanitarios y de seguridad ciudadana.

"Nuestros niños son los adultos de mañana, y una sociedad que ignora el problema de la pobreza infantil está sentando unas bases muy frágiles para construir una sociedad económicamente competitiva", concluye Marí-Klose.