La CARM, colegios profesionales y entidades financieras impulsan la mediación para frenar los desahucios aquí

MURCIA.- El consejero Pedro Rivera mantuvo esta mañana un encuentro con representantes de los colegios profesionales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena, Lorca y Yecla; colegios de Economistas, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de Trabajo Social, así como representantes de bancos y entidades financieras que operan en la Región para presentar las actuaciones del Servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda de la Consejería, y promover que colegios y entidades se sumen a esta iniciativa.

En la actualidad, colaboran con este servicio, a través de un convenio, los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Economistas y las entidades financieras Banco Mare Nostrum, Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural.

Rivera señaló que "mediante este servicio la Consejería cuenta con la colaboración de los colegios profesionales, que prestan asesoramiento, y con el apoyo de las entidades financieras, con el fin de facilitar en el proceso de negociación de diferentes alternativas que permitan evitar el desahucio, como la dación en pago o alquiler social".

El pasado año el servicio, que es gratuito, atendió a 246 personas. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, en 2013, se han estudiado los casos de más de 1.000 ciudadanos que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda por impago de préstamo hipotecario.

Rivera agradeció la colaboración de las entidades que contribuyen a este servicio porque "nos encontramos ante un problema social al que tenemos que dar una solución satisfactoria entre todos, y todos los esfuerzos que destinemos son pocos".

La Consejería apuesta por implicar a más entidades financieras que colaboren con este servicio y aumentar la relación entre las entidades y los colegios profesionales para mejorar la atención a las familias en riesgo de desahucio.

El consejero de Fomento indicó que "este tipo de iniciativas es una firme apuesta del Gobierno regional para garantizar el acceso a la vivienda a las personas que lo necesiten y facilitar la intermediación entre las entidades bancarias y las familias en riesgo de desahucio".

La colaboración con las entidades financieras permite mejorar la resolución de los conflictos hipotecarios, mantener una comunicación fluida con las sucursales, que aumente la seguridad y confianza de los ciudadanos atendidos y una gestión eficaz del conflicto sin coste.

La intermediación de este servicio y la colaboración con colegios profesionales y entidades ha permitido que más de un 70 por ciento de los casos planteados se hayan resuelto satisfactoriamente, sobre todo con refinanciación de préstamos y alquiler social como solución.

El Servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda ofrece orientación e información general, asesoramiento jurídico-financiero, mediación hipotecaria con entidades financieras encaminada a consensuar planes de reestructuración de la deuda, rebaja del tipo de interés, carencia de capital e intereses, quita, dación en pago y alquiler social a las familias más vulnerables. 

En función de la consulta planteada, los ciudadanos son derivados a los distintos colegios profesionales para asesoramiento económico financiero y jurídico hipotecario. Los acuerdos más demandados son renegociación de la hipoteca, dación en pago y alquiler social.

El Gobierno central prorroga la moratoria antidesahucios

MADRID.-El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo prorrogará la moratoria antidesahucios para familias vulnerables que vencía el 15 de mayo de este año.

"Sí, lo volveremos a hacer ahora, como lo hicimos en 2015. Estamos abiertos a la negociación", ha dicho De Guindos, tras afirmar que ya son 24.000 familias las que se han visto favorecidas por esta medida que se incluye en el plan de vivienda 2018-2021.
El ministro ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la diputada del grupo socialista María del Mar Rominguera, que le ha preguntado por la intención del Ejecutivo de prorrogar el plazo de suspensión de desahucios de viviendas para las familias más vulnerables.
De Guindos ha señalado que el Ejecutivo ha protegido a las personas que más han sufrido la crisis económica y ha recordado el Código de Buenas Prácticas bancario y el Fondo Social de Viviendas aprobado por el Ejecutivo, que ha favorecido a más de 76.000 familias vulnerables.
Ha dicho que el Ejecutivo está dispuesto a continuar con dichas actuaciones porque tienen un efecto "positivo", aunque ha recordado que las últimas estadísticas indican que los alzamientos de primeras viviendas han caído en el entorno del 30 %, "y esto tiene que ver con la recuperación económica".
De Guindos ha insistido en que la creación de empleo es lo que confirmará la mejora económica, ya que "no sólo se trata de establecer medidas paliativas, aunque también sean importantes".
"Si en España el empleo mejora, si cada vez hay más posibilidades, si vemos cada vez que el precio de la vivienda no se derrumba, veremos como la situación de los desahucios será cada vez más marginal", ha señalado.
Por su parte, la diputada socialista ha valorado que el Ejecutivo prorrogue la moratoria antidesahucios, que vence en mayo de este año después de que el grupo parlamentario del PSOE registrara una proposición no de Ley sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
El PSOE ha pedido que se prorrogue la moratoria transcurridos ya cuatro años desde su entrada en vigor, aunque De Guindos no ha especificado cuál será el plazo de la prorroga.
Rominguera ha aludido a la "angustia" que todavía están sufriendo muchas familias que ha sido consecuencia de una burbuja inmobiliaria que no han provocado.
"Debemos acabar con la tortura de no saber qué les pasará a estas familias a partir del 15 de mayo", ha dicho.

Un juez del Supremo sostiene que los desahucios por cláusulas suelo son nulos

MADRID.- El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña sostiene que las ejecuciones hipotecarias (desahucios) que sean consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo que haya sido declarada nula también deben ser nulos y, en consecuencia, el desahuciado debe recuperar la vivienda, según recoge www.elconfidencial.com

Asimismo, defiende que la nulidad de estas cláusulas no solo debe aplicarse a las personas físicas sino también a las jurídicas (empresas), porque el elemento clave no es esta distinción, sino contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para entender los efectos de estas cláusulas cuando no son transparentes.

Orduña fue autor de un voto particular que se oponía a la sentencia del 9 de mayo de 2013 —la que condenó a BBVA, Abanca y Cajamar— precisamente por no conceder la retroactividad total; es decir, la sentencia del Tribunal de la UE le ha dado la razón. 

Este magistrado y catedrático de Derecho civil ha recordado en un curso del Centro de Estudios Financieros en Madrid que no todas las cláusulas suelo son nulas por principio, sino que el Supremo debe decidir caso por caso, como sostienen las entidades que no han sido condenadas. 

Ahora bien, advierte de que toda cláusula no transparente es nula, y para eso debe estar claramente destacada en el contrato hipotecario (si el suelo está incluido en la misma cláusula que establece el tipo de interés variable, es nula), así como las implicaciones económicas para el cliente.

"Si es nula la cláusula suelo que permite al banco ejecutar la garantía del préstamo, también es nula dicha ejecución. El efecto disuasorio es pleno o no lo es, no se puede fraccionar. La ejecución es un efecto reflejo, trae causa de la cláusula abusiva. Si el pacto no ha existido, tampoco puede existir la ejecución", ha explicado el magistrado. Ha explicado que un argumento que utiliza la banca es que, si va a un procedimiento civil por impago, el hipotecado lo va a tener peor. "Que me explique alguien cómo va a estar peor que si ha sido ejecutado. Preferirá siempre no estar ejecutado y que el banco le ponga un procedimiento civil".

Este juez también ha entrado en otro de los puntos polémicos de la sentencia europea: si solo se aplica a las personas físicas, ya que se deriva de una directiva europea de protección de los consumidores, o también a las jurídicas. El caso es muy habitual: una empresa que hipoteca la vivienda de su propietario o una nave, y que también tiene cláusula suelo. A su juicio, la nulidad debe extenderse también a las empresas porque "no son categorías jurídicas, son categorías económicas. Una empresa no es necesariamente una experta en el ámbito financiero; imaginemos un fabricante de muebles".

Según su argumento, ni siquiera vale con que sea economista ni con que la empresa tenga un director financiero. "La aspiración de la norma es combatir la abusividad allá donde esté, y de hecho ya se aplica este principio en la ley de morosidad", ha sentenciado. Por eso, Orduña también hizo un voto particular en una sentencia del Supremo de 2016 en la que no se dio la razón a una farmacéutica con cláusula suelo porque era una empresaria.

Este magistrado no ha querido entrar en otros aspectos que acabarán llegando a la Sala de lo Civil del alto tribunal, como la devolución de las cantidades anteriores a 2013 en el caso de las entidades condenadas que han reintegrado lo cobrado de más hasta esa fecha, o el caso de los clientes que han firmado una renuncia a reclamar a cambio de que su banco les retire la cláusula suelo. Sin embargo, ha admitido que cuando hay una advertencia destacada, "el cliente no podrá decir que no fue advertido en sede judicial".

Pero después de la experiencia de las cláusulas suelo, las entidades se han curado en salud: en muchos casos, el cliente ha tenido que redactar de su puño y letra esta renuncia a las acciones legales o un documento en el que asegura que comprende los efectos de la misma y los acepta voluntariamente. Por tanto, Orduña apoya la tesis mayoritaria de que estos clientes van a tener complicado recuperar el dinero pagado indebidamente, tal como advirtió El Confidencial.

Los desahucios aumentan un 6,8% en el segundo trimestre en la Región

MURCIA.- El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en la Región de Murcia entre abril y junio de este año aumentó un 6,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 768 a 820.

Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este viernes, el 29,6% de los lanzamientos (243) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 69,3% (569) se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 8 restantes obedecieron a otras causas.

Según las fuentes, los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 11,5%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias un 7,9%, descendiendo un 62% aquellos derivados de otras causas.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este viernes y referidos al segundo trimestre de 2016 el número de nuevas EH presentadas en los juzgados de la región, baja de 995 en el primer trimestre a 981 en el segundo, sin embargo, los desahucios continúan aumentando, alcanzando la cifra de 1.027 en el trimestre, de los cuales 243 son por impago de alquiler y el resto por ejecución hipotecaria.

En este sentido, fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Región denunciaron que, "trimestre tras trimestre, los desahucios no solo no bajan, sino que siguen creciendo cada nueva entrega".

"En la Región de Murcia hemos pasado de una media de 6,92 desahucios al día a 11,41, una cifra insostenible y que guarda estrecha relación con los datos de pobreza hechos ayer públicos por la Red EAPN", afirmaron las fuentes.

Por ello, señalaron que estos datos denotan "la urgencia en la aplicación total en la Región de la ley 10/2016 actualmente en vigor".

'Podemos' denuncia en la Asamblea la desidia del gobierno regional por cumplir la ley antidesahucios

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional del grupo parlamentario, ha exigido al ejecutivo de Pedro Antonio Sánchez que "aplique la ley de vivienda aprobada en la Asamblea" ya que con ella se garantiza "con total respeto a la Constitución" que se atiende a las situaciones de emergencia, en relación a los desahucios, de muchas familias de la Región. Es triste pero la realidad es que Murcia vuelve a situarse a la cabeza en número de desahucios siendo la quinta comunidad del país con el mayor número, 719 en el primer trimestre de 2016".

Giménez ha lamentado que el Partido Popular "juegue y manipule" en la Asamblea Regional con un tema "tan serio como es que a la gente la desahucien de sus casas. Abandonan a los más vulnerables". Por ello, considera que la moción presentada por el PP es "un nuevo parche institucional para no atajar el problema de los desahucios en la Región, para obviar cumplir la ley aprobada por esta Asamblea y que todavía está sin financiación concreta".

"Nos parece insultante que presenten esta moción alegando que el derecho a la vivienda en condiciones dignas es una de las principales obligaciones que subyacen en toda acción de Gobierno" ha aseverado María Giménez quien ha puesto en duda lo propuesto por la iniciativa del Partido Popular puesto que implicaría a adquirir, mejorar y rehabilitar más de 700 viviendas cada trimestre.

En este sentido, Giménez ha calificado de "irreal" la medida y ha recordado que la ley aprobada en la Asamblea ofrece las alternativas necesarias para abordar esta situación como "garantizar alquiler social en la propia vivienda, ayudar para el pago del alquiler y evitar el lanzamiento, realojar a las familias; habilitar procedimiento de mediación extrajudicial para diseñar plan de pagos o plan de restructuración de la deuda, y por supuesto, medidas para evitar la pobreza energética e hídrica".

En cuanto a la constitucionalidad de la ley, la diputada de Podemos ha dejado claro "que se trabajó de manera muy concienzuda y no tenemos ninguna duda de que respeta el marco jurídico legal. Creemos en ella y no dejaremos que el Partido Popular la deje morir".

La Mesa de Vivienda priorizará las medidas preventivas para evitar desahucios en Cartagena

CARTAGENA.- La Mesa de Vivienda del Ayuntamiento de Cartagena priorizará las medidas preventivas como herramienta esencial para evitar desahucios, según se acordó en la reunión celebrada a través de tres grupos de trabajo.

En esta línea, según ha explicado la concejala de Serviciso Sociales, Carmen Martín, se va a editar una guía de los recursos existentes en Cartagena para la prevención de los problemas en esta materia. En él se recogerán toda la información de las entidades participantes y el protocolo a seguir por los afectados con la pérdida y el acceso a la vivienda.

Además, se va a diseñar y a poner en marcha una campaña publicitaria para dar a conocer a todos los afectados por una ejecución hipotecaria, los recursos municipales y financieros a su alcance con el fin de evitar la pérdida de su vivienda. Esta información será facilitada a los afectados por todas las entidades participantes en la mesa. Igualmente, se ha establecido un protocolo de comunicación entre los intervinientes en el proceso hipotecario.

Los tres grupos de trabajo de la Mesa de Vivienda, que se configuraron en el anterior encuentro del día 2 de junio, se dirigen a los siguientes objetivos:

Identificación de la problemática, con el fin de reconocer, definir y enumerar las problemáticas mas relevantes relacionadas con la vivienda.

Establecimientos de protocolos de comunicación con las entidades,  los cuales faciliten al ciudadano la información necesaria en la ruta de las gestiones para evitar la perdida de la vivienda.

Elaboración de una guía de recursos, un documento donde se encuentre todos los organismos relacionado con el apoyo al ciudadano con problemas de vivienda. Con el objetivo primordial de que la  información recibida sea la misma, independiente de quien la ofrezca.

En ellos estuvieron representados la Concejalía de Servicios Sociales, a través de su edil Carmen Martín; por la concejala de Transparencia, María José Soler; por miembros de los grupos políticos de la corporación de Movimiento Ciudadano, Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede; el Colegio de Abogados; el Colegio de Procuradores; de las entidades financieras de Caixabank, BMN y Cajamar; de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; de la FAVCAC; y de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

'Podemos' reclama actuar de forma urgente frente a los desahucios

CARTAGENA.- La diputada regional, María Giménez, ha hecho un llamamiento al gobierno regional para que la reforma de la Ley de Vivienda del Estatuto de los consumidores y usuarios impulsada por la PAH se ponga en marcha cuanto antes para "frenar el número de ejecuciones hipotecarias en la Región de Murcia que se ha incrementado en un 16%".

Giménez ha señalado que los datos del Consejo General del Poder Judicial son "tan contundentes como tristes. La cifra de desahucios del primer trimestre del año se han incrementado en Murcia por encima de la mayoría de Comunidades Autónomas".

Es por ello, que la parlamentaria regional haya afirmado que "tras el esfuerzo llevado a cabo por la sociedad civil, especialmente por la Plataforma Antidesahucios, para llevar a cabo una reforma que permita atajar de una vez por todas la terrible situación que viven cientos de familias en la Región, los datos muestren otra vez una lamentable realidad".

Ante la entrada en vigor, prevista para el 15 de septiembre, María Giménez ha alertado de que la situación se puede volver "irreversible en estos tres meses y se llegaría demasiado tarde para muchas familias. Por ello, el gobierno del Partido Popular debe tomar medidas urgentes y avanzar en el desarrollo de mecanismos que la reforma establece".

Para Giménez hay una medida que considera "prioritaria" y que es que las administraciones públicas garanticen el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual para poder hacer efectivo el desahucio.

Por último, la diputada de Podemos, ha recordado que la reforma, aprobada gracias al trabajo conjunto de Podemos y PSOE, con el voto favorable de Ciudadanos, responde a la necesidad de dar solución "a la situación de emergencia social que se vive en la Región, atendiendo de forma global al grave fenómeno de los desahucios, introduciendo nuevos principios rectores así como incorporando medidas de adhesión voluntaria que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores de vivienda, esto es, las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil".

La Región de Murcia encabeza el aumento de desahucios en España

MADRID.- La cifra de desahucios del primer trimestre del año bajó en 14 de las 17 regiones respecto al mismo período de 2015, especialmente en Cantabria, País Vasco y Madrid, con caídas superiores al 20 %, y subió en las tres restantes, sobre todo en Murcia, un 15,8 %, seguida de Baleares (9,2 %) y Extremadura (0,5 %).

El número de lanzamientos en España en ese período se redujo un 11,6 % respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 18.869 a 16.688, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hecho público este lunes.

Afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. Más de la mitad -9.081, el 54,4 %- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 6.971 -el 41,8 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 636 restantes obedecieron a otras causas.

Martínez Bode: "Con ocho desahucios al día no se puede hablar de recuperación"

MURCIA.- La cabeza de lista de Unidad Popular-Izquierda Unida Verdes al Congreso por la Región de Murcia, Magdalena Martínez Bode, ha dicho hoy en el debate organizado por la Cadena SER que con la ejecución de ocho desahucios al día en esta comunidad autónoma y un 45,9 por ciento de personas en exclusión social "no se puede hablar de recuperación económica".

Martínez Bode ha considerado que las propuestas de la candidatura que encabeza se centran en la mayoría social y en las personas que están sufriendo los efectos de la crisis y los recortes en servicios básicos como son la sanidad, la educación y las políticas sociales, y en convertir a la ciudadanía en "la verdadera protagonista" de la vida política.

Ha explicado que el empleo es un "eje fundamental" de las medidas que plantea UP-IU Verdes y, en este sentido, ha informado sobre la propuesta de trabajo garantizado, que beneficiaría a cerca de 34.000 murcianos y murcianas, y el plan de emergencia social que incluye, entre otros, una renta mínima garantizada y un plan de empleo y formación.

Según ha señalado la candidata en una de sus intervenciones, otras de las prioridades es impulsar un proceso constituyente frente al pacto "por arriba" para la reforma de la Constitución, que se haga con la gente y consolide los derechos sociales "conquistados con muchas décadas de luchas por las políticasal dictado de la Troika".

La Región registra 626 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el tercer trimestre

MURCIA.- La Región de Murcia registró 626 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el tercer trimestre de 2015, la quinta mayor cifra por comunidades, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, el 0,18 por ciento de las hipotecas constituidas en la Región sobre viviendas en el periodo 2003-2014 han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2015, la segunda mayor tasa por comunidades, por encima de la media nacional del 0,13 por ciento.

Por otro lado, la Región registró 1.117 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas, la quinta mayor cantidad por comunidades en términos absolutos.

Así, tomando como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2014 sobre el total de fincas, el 0,22 por ciento de las hipotecas constituidas en la Región han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2015, la segunda mayor tasa de España por comunidades.

En concreto, de las 1.117 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre el total de fincas, 92 lo fueron sobre fincas rústicas y el resto hasta 1.117 sobre fincas urbanas, correspondiendo 626 a viviendas, 47 a solares y 352 a otras urbanas.

La Región de Murcia copiará la ley catalana antidesahucios

CARTAGENA.- Representantes de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) se comprometieron con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a llevar a cabo una reforma de la Ley de Vivienda que ofrezca mayor protección a afectados por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. 

Miembros de la plataforma se reunieron la semana pasada con los diputados para solicitarles una reforma legal similar a la que se ha llevado a cabo recientemente en Cataluña en esa materia, y en una nueva reunión mantenida ayer, los cuatro grupos políticos expresaron su compromiso de llevar a cabo ese proyecto.

Según explicó uno de los portavoces de la PAH, Francisco Morote, el objetivo es que esta nueva normativa regional pueda estar lista «cuanto antes», incluso antes de la aprobación de los presupuestos de 2016, para que pueda quedar contemplada en ellos.

Los diputados Víctor Martínez-Carrasco (PP), Joaquín López (PSOE), María Giménez Casalduero (Podemos) y Juan José Molina (C's) trasladaron su compromiso de reformar la actual Ley Regional de Vivienda, de marzo de 2015, para asemejarla más a la ley catalana, si bien, recordó Morote, no podrá ser tan completa, dado que la comunidad autónoma no tiene competencias en materia de consumo o de derecho civil, como sí tiene Cataluña.

La nueva normativa regional deberá también incluir medidas relacionadas con «la segunda oportunidad», para liberar a los avalistas en las ejecuciones hipotecarias o para obligar a los bancos a negociar soluciones con los afectados, entre otras.

Francisco Morote recordó que en la Región se ha mantenido el número de ejecuciones hipotecarias, y se producen una media de ocho desahucios cada día.

San Javier se declara "municipio libre de desahucios"

SAN JAVIER.- San Javier se ha convertido desde anoche en "municipio libre de desahucios" tras la aprobación por el pleno de la corporación de una propuesta conjunta de todos los grupos políticos municipales que recoge una serie de medidas que den amparo a las familias que como consecuencia de la crisis económica no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de rentas de arrendamiento, préstamos o créditos hipotecarios de su vivienda habitual en propiedad.

La propuesta que fue presentada por la concejala de Servicios Sociales, Estíbaliz Masegosa , y que fue propuesta por la Plataforma Stop Desahucios en la Comisión municipal antidesahucios, establece el compromiso del Ayuntamiento de San Javier a garantizar el derecho a una vivienda digna, haciendo frente a la emergencia habitacional para lo que se colaborará con la Administración Regional y se elaborará un Plan Municipal de Vivienda.

Asimismo se compromete a propiciar el realojo de familias en riesgo de exclusión , en caso de que no se pueda impedir el desahucio y a trabajar con las entidades financieras para promover el alquiler social y tratar de evitar las órdenes de lanzamiento evitando que las familias tengan que abandonar su vivienda habitual acogiéndose al alquiler social sin que exceda del 25 % de los ingresos de la unidad familiar.

Entre las 18 medidas que recoge el acuerdo del Pleno se incluye la modificación de la ordenanza muncipal para garantizar el suministro de agua , e instar a las empresas suministradoras a la garantía de suministro de otros bienes básicos como la electricidad y el gas, a las familias en riesgo de exclusión social.

Asimismo recoge el compromiso de que no haya ninguna vivienda municipal vacía y a favorecer que entidades financieras, y bancos destinen viviendas vacías de su propiedad a familias necesitadas en régimen de alquiler social.

El acuerdo, que incluye atención técnica a familias afectadas por un desahucio o ejecución hipotecaria, y el mantenimiento de la Comisión Municipal Antidesahucios, recoge también pedir al gobierno de España que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia de buena fe, se aplique la dación en pago , y a que paralice los desahucios, tal y como se recoge en la Iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso de los Diputados.

La propuesta aprobada por el Plenos será comunicada al gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

La iniciativa de PSOE-IU-C's hace posible que Los Alcázares sea el primer municipio "Libre de Desahucios" de la comarca

LOS ALCÁZARES.- Los Alcázares se declara municipio 'libre de desahucios', es el primero de la comarca que adopta tal declaración. Esta medida ha sido posible gracias a una moción conjunta del PSOE-IU-C'S, los tres partidos que cuentan con mayoría absoluta en el Pleno municipal de Los Alcázares atendiendo a una iniciativa impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la zona, tras haber sido estudiada desde hace dos meses por los diferentes grupos municipales. 

En las reuniones de Junta de Portavoces previas, el Partido Popular decidió no sumarse al PSOE, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos, por lo que la moción fue presentada sólo por estos tres partidos, que cuentan con mayoría absoluta.

Durante el Pleno, tras los argumentos en favor de la iniciativa de los partidos de la oposición, es decir, cuando la aprobación de la moción ya estaba garantizada, el PP decidió finalmente votar a favor de la misma por lo que quedó aprobada por unanimidad.

La propuesta contempla medidas tales como el apoyo en la intermediación en los procesos de desahucio bancario, especialmente en aquellos casos en los que en las viviendas residan menores. Igualmente el Ayuntamiento no colaborará con recursos municipales en esos procesos, más que en los casos en los que por ministerio de la Ley o por orden judicial esté obligado a ello. Operará ante las entidades bancarias o de crédito para conocer las viviendas vacías y en disposición de ser utilizadas para su alquiler social. 

Los servicios sociales van a tener que modificar sus protocolos de actuación y asistenciales en relación con los casos de desahucios. Para que todo se lleve a cabo con un verdadero conocimiento respecto de la corrección de los procesos y para impulsar esta política se va a crear la Comisión Municipal Antidesahucios que estará integrada por los grupos municipales, representantes de la PAH y las organizaciones sociales implicadas en la este tipo de problemática.

Cuando quedó aprobada la moción el salón de plenos se llenó de aplausos y de gritos de ¡Sí Se Puede! Que fueron cortados por orden del alcalde.

El Ayuntamiento de Cartagena perfila junto a los distintos colectivos las primeras medidas antidesahucios

CARTAGENA.- El alcalde y la vicealcaldesa de Cartagena, José López y Ana Belén Castejón, han mantenido esta semana un encuentro institucional con distintos colectivos a los que les ha solicitado su colaboración. Operadores jurídicos como el juez decano, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena y Secretarios Judiciales así como el comisario de la Policía Nacional, capitán de la Guardia Civil y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han transmitido sus valoraciones y han presentado algunas opciones como ayuda a las familias que se encuentran en esta situación.

José López ha explicado que durante la reunión ha pedido la colaboración de todos ya que una vez que estamos en el gobierno es hora de ocuparse y no solo preocuparse por este problema. Hemos creído que todos los agentes que participan a lo largo del periplo de los desahucios pueden aportar soluciones.

El primer edil municipal ha manifestado que una de las opciones más válidas ha sido la propuesta por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena: La creación de una oficina de intermediación con los bancos para los desahucios, y creemos que es la opción más válida ya que, aunque existen turnos de oficio, esto sería algo más específico para que a través de estos turnos y otros agentes, puedan tratar con los bancos la suspensión de las cláusulas del suelo y otras diferentes, que como dictan muchas sentencias de la UE, no son viables.

Otro de las ideas propuestas durante la reunión, según ha explicado el alcalde ha sido incrementar y actualizar, en la medida de lo posible, el parque de viviendas municipales para acoger a las familias que sufran estas situaciones de desahucios o exclusión social.

Además, López también ha manifestado que se creará un censo de las familias en riesgo de exclusión ya que actualmente no existe.

El alcalde ha explicado que a pesar de que el Ayuntamiento no se declara incompetente, es cierto que no es competencia de esta administración hacer muchas más cosas de las que podemos hacer.

Por otro lado, María Conesa de la Plataforma de Afectados por las Hipoteca, ha transmitido que la plataforma está muy esperanzada ya que este encuentro con el gobierno municipal es algo que estábamos demandando desde hace mucho tiempo.

María Conesa ha explicado que la plataforma lucha por el derecho a una vivienda y entendemos que para tener este derecho debemos participar todos los actores que tienen en su mano solucionar el problema de alguna manera, tanto los jueces, policía, la administración local, servicios sociales, etcétera.

Además, ha expresado que es un problema muy grave ya que no existe una contabilización de aquellas familias o personas que están en riesgo de perder su vivienda, y hasta ahora se ha mirado para otro lado, por lo que esperamos que este cambio se refleje pronto en la familia.

El Ayuntamiento de Cartagena perfila junto a los distintos colectivos las primeras medidas antidesahucios

CARTAGENA.- El alcalde y la vicealcaldesa de Cartagena, José López y Ana Belén Castejón, han mantenido esta tarde un encuentro institucional con distintos colectivos a los que les ha solicitado su colaboración para perfilar las primeras medidas antidesahucios.

Operadores jurídicos como el Juez Decano, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena y Secretarios Judiciales así como el comisario de la Policía Nacional, capitán de la Guardia Civil y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han transmitido sus valoraciones y han presentado algunas opciones como ayuda a las familias que se encuentran en esta situación.

López ha explicado que durante la reunión ha pedido la colaboración de todos ya que una vez que estamos en el gobierno es hora de ocuparse y no solo preocuparse por este problema. Hemos creído que todos los agentes que participan a lo largo del periplo de los desahucios pueden aportar soluciones.

El primer edil municipal ha manifestado que una de las opciones más válidas ha sido la propuesta por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que pasa por la creación de una oficina de intermediación con los bancos para los desahucios, y cree que es la opción "más válida" ya que, "aunque existen turnos de oficio, esto sería algo más específico para que a través de estos turnos y otros agentes, puedan tratar con los bancos la suspensión de las cláusulas del suelo y otras diferentes, que como dictan muchas sentencias de la UE, no son viables".

Otro de las ideas propuestas durante la reunión, según ha explicado el alcalde ha sido incrementar y actualizar, en la medida de lo posible, el parque de viviendas municipales para acoger a las familias que sufran estas situaciones de desahucios o exclusión social.

Además, López también ha manifestado que se creará un censo de las familias en riesgo de exclusión ya que actualmente no existe.

El alcalde ha explicado que, a pesar de que el Ayuntamiento no se declara incompetente, es cierto que "no es competencia de esta administración hacer muchas más cosas de las que podemos hacer".

Por otro lado, María Conesa de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, ha transmitido que la plataforma está muy esperanzada ya que este encuentro con el gobierno municipal, que "es algo que estábamos demandando desde hace mucho tiempo".

Conesa ha explicado que la plataforma lucha por el derecho a una vivienda y entiende que, para tener este derecho, "debemos participar todos los actores que tienen en su mano solucionar el problema de alguna manera, tanto los jueces, policía, la administración local, servicios sociales, etcétera".

Además, ha expresado que "es un problema muy grave ya que no existe una contabilización de aquellas familias o personas que están en riesgo de perder su vivienda, y hasta ahora se ha mirado para otro lado, por lo que esperamos que este cambio se refleje pronto en la familia".

Posteriormente ha tenido lugar otro encuentro institucional con los mismos operadores jurídicos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para tratar el tema de la creación de la Ciudad de la Justicia. El alcalde ha explicado que, durante la reunión, les ha solicitado a los distintos colectivos que aporten un dossier explicando sus necesidades reales conforme a la aplicación de la justicia, puesto que el edificio administrativo de la Justicia local se queda pequeño.

El primer edil municipal ha explicado el conjunto de esos informes se unirá a uno singular para mandarlo al Ministerio junto con la disposición de este Ayuntamiento del suelo previsto para la Ciudad de la Justicia.

Por otro lado, José López ha explicado que queremos impulsar la iniciativa legislativa popular en la Asamblea Regional donde vamos a solicitar que se impera al gobierno de la Nación, la creación de esa Ciudad de la Justicia ya que arrastra un déficit de infraestructura muy importante.

Murcia, entre las Comunidades Autónomas con mayor riesgo de desahucio, según UPyD

MURCIA.- El portavoz de UPyD en la Región de Murcia, José Antonio Sotomayor, ha puesto de manifiesto la grave situación que atraviesa Murcia en materia de hipotecas. "El modelo especulativo del ladrillo, tal como se desarrolló durante la era de Valcárcel, no sólo generó una burbuja, sino que años más tarde sigue generando pobreza y drama social".

Sólo así se entiende, explica Sotomayor, que la Región de Murcia sea, tras Valencia, la Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones sobre los hogares con vivienda a medio pagar, "lo que aumenta muchísimo el riesgo de desahucio en nuestra Región".

Según los recientes datos publicados por el INE, en el segundo trimestre del 2015 hubo en la Región de Murcia un 58,87 por ciento más de ejecuciones sobre la vivienda que la media nacional.

Como explica el portavoz de UPyD en la Región, "dado que las ejecuciones hipotecarias son el inicio del proceso y se tarda un período en el lanzamiento, esto significa que dentro de nueve meses o un año numerosas familias murcianas se verán en el drama de tener que perder su casa".

'Cambiemos Murcia' propone utilizar edificios de la Comunidad Autónoma para realojar temporalmente a familias desahuciadas

MURCIA/CARTAGENA.- Para Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de la capital, no tiene sentido que en la Comunidad Autónoma con mayor tasa de ejecuciones hipotecarias, muchas de las cuales terminan en desahucio, el gobierno regional anuncie que va a vender inmuebles que podrían utilizarse para, entre otras cosas, atender temporalmente las necesidades habitacionales de familias desahuciadas mientras se las realoja. 

El edil considera que vender edificios públicos para solucionar una deuda de 7.000 millones de euros es "tapar el sol con un dedo", cuando las administraciones municipales podrían darles una utilidad social importante. "Hay elementos del patrimonio de titularidad regional que le pueden ser muy útiles a los ayuntamientos, por lo que lamentamos que no se haya planteado un trabajo con las administraciones municipales", ha añadido.

En todo caso, el Ayuntamiento de Murcia tiene la obligación de hacer la gestión para establecer un convenio y no tener que comprar un local que es público, ha continuado Tornel, "puesto que los bienes siguen siendo siempre públicos y no deben pasar a manos privadas mientras exista la posibilidad de darles un servicio público". Por ejemplo, "el ayuntamiento de Paris ha convertido más de 200.000 m2 de oficinas en viviendas sociales".

Con voluntad política, hay muchas necesidades que podrían cubrirse, "por poner un par de ejemplos, no contamos con un albergue juvenil en el municipio y el Centro de Iniciativas Municipales se ha quedado pequeño y quizá vendría bien ampliarlo porque está siendo de utilidad para la creación de nuevas empresas".
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Asamblea Regional quiere contar con un inventario de aquellos edificios de titularidad pública que actualmente estén en desuso, con el fin de elaborar una ley que permita utilizarlos como centros culturales y de ocio. 
Así lo comunicó el portavoz adjunto en la Asamblea, Juan José Molina Gallardo, quien asegura que, una vez recibido el listado por parte de la consejería de Hacienda y Administración Pública, habrá una reunión con los diferentes responsables municipales de C's para que informen de cuál sería el uso más adecuado que se les podría dar a los inmuebles públicos que ahora están vacíos. 
Molina Gallardo respeta el derecho de la Comunidad a vender su patrimonio, pero no cree que consiga desprenderse de todos los edificios. «Los que se puedan vender, bien. Los que no se puedan vender, pueden tener muchos usos», declara el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea.
La consejería de Hacienda y Administración Pública está estudiando sacar una nueva subasta pública para vender parte de aquellos bienes inmuebles cuya titularidad o gestión corresponde a la Comunidad Autónoma que no tienen actualmente ningún tipo de uso. 
También otros edificios de oficinas de propiedad pública se podrían destinar a albergar dependencias de la Administración autonómica. 
Actualmente, la Comunidad Autónoma gestiona o es titular de 42 bienes inmuebles, entre edificios,viviendas, plazas de aparcamiento, solares urbanizables, fincas rústicas, locales comerciales, almacenes y parcelas industriales repartidas por toda la Región de Murcia, según la información que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, ha enviado recientemente a la Asamblea Regional en respuesta a una solicitud formal que realizó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Juan José Molina Gallardo. La directora general de Patrimonio e Informática asegura que la Consejería no tiene un cálculo exacto sobre el valor económico de estas propiedades que no tienen ningún tipo de uso público.
La mayoría de las propiedades en desuso se encuentran en el municipio de Murcia. La Comunidad es la titular oficial del complejo residencial de Espinardo, en el campus de la Universidad de Murcia, que le corresponde a la Administración regional por el Estatuto de Autonomía, según consta en la documentación entregada a Ciudadanos. También las oficinas de la plaza de San Agustín, donde se encontraba el ente público de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) hasta el mes de junio, cuando se trasladó al edificio donde se encuentra Radio Nacional de España.
Tampoco se le da ningún tipo de utilidad al edificio que albergaba hasta hace unos años el hospital Los Arcos del Mar Menor, que en este momento es la propiedad más jugosa de las que puede ofertar la Comunidad. Se encuentra en el Paseo Colón de Santiago de la Ribera (término municipal de San Javier), frente a la playa. Cuenta con una superficie de cerca de 12.000 metros cuadrados divididos en cuatro plantas, por lo que el solar tiene una superficie aproximada de unos 3.000 metros cuadrados. 
El Gobierno regional, en la etapa de Juan Bernal al frente de la consejería de Hacienda, ya intentó vender el edificio, pero la subasta pública quedó desierta. Lo mismo ocurrió con el complejo residencial de Espinardo. «Ahora se observa mayor recuperación económica y es posible que sea el mejor momento para venderlo por una cantidad económica que consideremos aceptable», indica la directora general de Patrimonio e Informática.
Asimismo, la Comunidad es titular de 76 viviendas de promoción pública repartidas entre los municipios de Calasparra y Campos del Río en los que actualmente no reside nadie.
Asimismo, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dependiente de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, es titular de ocho parcelas industriales en los polígonos de San Agustín, en Cehegín, y Lo Bolarín, de La Unión. Estas últimas parcelas han sido incluidas en la bolsa de suelo ofertadas por el Info dentro de su servicio de localización empresarial, que se encarga de ofertar suelo industrial para aquellos inversores que quieran realizar abrir un negocio en la Región de Murcia, según publica el diario 'La Opinión'.

El Ayuntamiento de San Javier vuelve a convocar una línea de ayudas directas para afectados por los desahucios

SAN JAVIER.- El Ayuntamiento de San Javier ha convocado, por segundo año consecutivo, las ayudas municipales a personas afectadas por los desahucios que se podrán solicitar hasta el 17 de agosto próximo en el Registro municipal. El Consistorio ha destinado una partida presupuestaria de 30.000 euros para la concesión de estas ayudas, pioneras en la Región de Murcia, que tendrán una cuantía máxima individual de 2.130,04 euros.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo acompañado por el edil de Urbanismo, Antonio Luengo y la concejala de Servicios Sociales, Estíbaliz Masegosa, ha presentado la nueva convocatoria "con el objetivo de dar la máxima difusión posible a esta iniciativa dirigida a los vecinos que peor lo están pasando y que tienen que notar la cercanía de su Ayuntamiento".

A la presentación han asistido el portavoz municipal socialista, José Ángel Noguera, la portavoz de Ganar San Javier, Inmaculada Ríos, representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas del Mar Menor y de Cáritas San Javier y Santiago de la Ribera, integrados todos ellos en la Comisión municipal Antidesahucios.

La concejala de Servicios Sociales, Estíbaliz Masegosa, ha explicado que podrán acceder a estas ayudas las personas que se hayan visto afectadas por un desahucio desde 2012 hasta el mismo 17 de agosto de 2015 y que estén empadronados en el municipio al menos 1 año.

Los umbrales económicos se han flexibilizado respecto a la convocatoria anterior "para que más personas puedan optar a las ayudas", ha añadido Masegosa. El centro de Servicios Sociales municipal así como la propia Plataforma atenderán cualquier consulta informativa relacionada con las ayudas.

El alcalde de San Javier ha destacado la importancia de esta iniciativa "respaldada por toda la corporación municipal" y ha anunciado una próxima reunión de la junta de portavoces "para que todos juntos podamos dar un nuevo impulso a la Comisión", que también se reunirá en breve con ese objetivo. La portavoz de Ganar San Javier, Inmaculada Ríos, ha pedido aprovechar ese nuevo impulso para buscar fórmulas que consigan reducir y acabar eliminando los desahucios.

La convocatoria de ayudas del pasado año registró un total de 45 solicitudes de las que se atendieron 32. El resto fuero denegadas por no presentar la documentación requerida, hacerlo fuera de plazo o no estar empadronado, al menos un año, en San Javier.

El 95 por ciento de las solicitudes tenían relación con viviendas en San Javier y Santiago de la Ribera, y el 5 por ciento restante en el resto de pedanías. El 51 por ciento de los solicitantes tenían nacionalidad española y el 49% restante extranjera.

La Comisión municipal Antidesahucios se creó a finales de 2013 a través de una moción aprobada por todos los grupos municipales, y está formada por los representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas del Mar Menor, Cáritas San Javier, Cáritas Santiago de la Ribera, representantes de todos los grupos políticos municipales y servicios técnicos municipales.

Desde su puesta en marcha, la Comisión ha realizado múltiples acciones además de crear las citadas ayudas directas como negociaciones con entidades bancarias tanto para intentar reducir la presión hacia las familias en determinados momentos, consiguiendo en algunos casos paralizar desahucios, como abordar temas como posibles alquileres sociales en viviendas vacías propiedad de los bancos, según explican fuentes municipales.

Reducción de plusvalías, por parte del Ayuntamiento y una campaña de sensibilización social y recogida de alimentos son otras de las iniciativas desarrolladas por la Comisión.

El Gobierno Garre llega a un acuerdo con cuatro bancos para evitar algunos desahucios en la Región

MURCIA.- El Gobierno regional que preside Alberto Garre y las entidades Banco Mare Nostrum, Sabadell-CAM, Cajamar y Caixabank han firmado un acuerdo para evitar la ejecución de algunos desahucios en esta comunidad autónoma.

El objetivo que se persigue es crear un censo de vivienda vacía en la Región en colaboración con las entidades y destinar esas casas a deudores que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.

El alquiler social sería el último paso al que llegar con los deudores, que podrían acogerse a opciones como salidas negociadas a su situación, la dación en pago, la supresión del alzamiento, la intermediación hipotecaria, la venta de la vivienda por parte del hipotecado y la reestructuración o incluso la quita de su deuda en casos de colectivos especialmente vulnerables.

Las condiciones a las que se podrán acoger los deudores es que el valor de la vivienda no supere los 300.000 euros, que sea la única propiedad del deudor y que en los cuatro años anteriores se pueda constatar un descenso de ingresos justificados en el núcleo familiar.

Además, los ingresos de la familia no deberán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y que la cuota hipotecaria deberá resultar superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

El Gobierno regional responde así a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que propuso a los partidos políticos evitar desahucios en la Región de Murcia y que hizo público este miércoles.

Entre las propuestas de la plataforma se encontraban la expropiación temporal de viviendas vacías en propiedad de las entidades bancarias, con lo que la confrontación con dichas entidades, que ahora colaboran en solucionar el problema, quedaba de manifiesto.

Estas cuatro entidades financieras de mayor arraigo en Murcia se comprometen a ahora a mantener la interlocución con el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Fomento.

El citado acuerdo está abierto a la integración de más entidades, especialmente BBVA, Banco Santander y Banco Popular.

Las cuatro entidades ya colaboradoras se suman a la colaboración en este ámbito que ya proporcionan la Federación de Municipios y los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Economistas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia.

La Comunidad Autónoma creará una bolsa de viviendas de alquiler social para desahuciados

MURCIA.- El Gobierno regional ultima con diversas entidades financieras la firma de un convenio para crear una bolsa de viviendas de alquiler social para personas que hayan sido desahuciadas, según informó el portavoz del Ejecutivo regional, José Gabriel Ruiz.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ruiz señaló que este convenio es la segunda parte del aprobado este viernes por el Ejecutivo y que permitirá que los colegios oficiales de abogados y procuradores de la Región, el de Economistas y el de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, participen en el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria.

En virtud de este acuerdo, la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos y los colectivos profesionales implicados pondrán los medios precisos para prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual por parte de familias con escasez de recursos.

Para ello, la Consejería, a través del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, informará a los interesados sobre la posibilidad de acceder a las bolsas de viviendas de alquiler de las que dispongan las distintas entidades financieras.

Entre los requisitos para poder acceder al servicio está que los ingresos de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

Otro de los aspectos necesarios es que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar o que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades del tercer sector dedicadas a la acción social para el desarrollo de programas destinados a mejorar la empleabilidad y las posibilidades de integración laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social, por un importe total de 1.543.750 euros.

Además, se aprobó una subvención de 420.000 euros a la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fasen) y otra de 379.278 euros para la atención de personas con discapacidad, a repartir entre la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos (Fadis), la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos y Sensoriales (Prometeo) y la Asociación de Discapacitados Físicos de Molina de Segura (Dismo).