El Gobierno aprobará este viernes un gasto militar de 7.331 millones

MADRID.- El Gobierno autorizará este viernes la puesta en marcha de tres programas de armamento por un total de 7.331 millones, que incluyen la construcción de cinco fragatas F-110 entre 2019 y 2032 anunciada hoy por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fuentes del Ministerio de Defensa han informado de que el Ministerio de Defensa llevará este viernes al Consejo de Ministros la aprobación de la construcción de cinco fragatas F-110 en los astilleros de Navantia en Ferrol (La Coruña), que permitirá la creación de 7.000 puestos de trabajo durante nueve años en Galicia.

Así lo anunciado la titular de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los periodistas tras visitar el Mando Conjunto de Ciberdefensa, con sede en la base madrileña de Retamares. Robles ha destacado el compromiso del Gobierno con la creación de empleo y con quienes más los necesitan.

Las fragatas, que costarán algo más de 4.320 millones de euros, han sido construidas dentro del programa de las F-110 al que dará luz verde mañana el Gobierno sustituirán a las que actualmente tiene la Armada española, de la clase Santa María y que llevan 30 años en servicio.

Junto a estas fragatas, este viernes se dará el visto bueno a la compra de 348 vehículos 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra, que serán entregados en el año 2025 y que costarán otros 2.100 millones. Serán los nuevos blindados del Ejército y sustituirán a los antiguos BMR.

Y, por último, se aprobará la actualización del avión de combate Eurofighter, por 906 millones.

No obstante, lo que debate este viernes el Consejo de Ministros es el techo de gasto de los programas pero no los contratos, que se formalizarán durante el 2019.

A estos tres nuevos programas hay que sumar los ya aprobados por Robles y preparador por su antecesora en el cargo, Maria Dolores de Cospedal, con lo que el coste total en inversiones en Defensa asciende a 12.100 millones.

Las cinco fragatas

La empresa pública española de construcción naval Navantia fabricará cinco fragatas para la marina de guerra española, mediante un contrato por 4.325 millones de euros que permitirá crear 7.000 puestos de trabajo.

La operación para construir las cinco fragatas F-110 en la región de Galicia recibirá este viernes luz verde del Consejo de Ministros del gobierno socialista de Pedro Sánchez, precisó un comunicado del ministerio.

El acuerdo "supone una inversión de 4.325 millones de euros (4.914 millones de dólares)" hasta 2032 y "la creación de 7.000 empleos", indicó el delegado del Gobierno central en Galicia, Javier Losada, citado en el comunicado.

Dichos empleos serán 1.300 directos, 2.000 auxiliares y 3.500 indirectos, durante nueve años, explicó Losada.

"Se generará un valor añadido directo e indirecto de 5.400 millones de euros (6.133 millones de dólares)", continuó.

"Por lo que supone de empleo, por lo que supone para la actividad económica y por lo que representa para el futuro de miles de gallegos y gallegas, es el mejor regalo (navideño) que podríamos recibir", agregó.

Las fragatas serán construidas en Ferrol, una ciudad industrial que en los últimos años acusó duramente los efectos del declive de sus astilleros.

Las nuevas fragatas F-110 sustituirán a seis de la clase "Santa María", que datan de hace 35 años, agregó el comunicado.

El Ministerio de Defensa espera eventualmente poder exportar este tipo de fragatas.

En julio pasado, Navantia firmó un contrato de 1.800 millones de euros con Arabia Saudita para suministrarle cinco buques de guerra, fabricados en sus astilleros de San Fernando, Cádiz, provincia golpeada por el desempleo.

Dicho contrato se vio envuelto en la polémica luego de que en septiembre el gobierno de Sánchez decidiera cancelar la entrega de 400 bombas guiadas por láser a Arabia Saudita, al frente de una intervención regional en la guerra de Yemen.

En definitiva, el Ejecutivo decidió mantener la venta de armas, alegando la necesidad de conservar buenas relaciones con la monarquía del Golfo, socio comercial clave para Madrid.

En medio de una protesta internacional por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, Pedro Sánchez explicó haber actuado "en la defensa de los intereses de España, del trabajo de sectores estratégicos, muchos de ellos situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo".

El Gobierno central regula la venta a pérdida para evitar prácticas desleales

MADRID.- El Gobierno central ha fijado limitaciones a la venta a pérdida para evitar prácticas desleales de las empresas a los consumidores, mediante una nueva regulación que incluye el real decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector industrial y comercial aprobado hoy.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la regulación de la venta a pérdida es una medida muy necesaria para dar certeza jurídica a los operadores.

El real decreto ley incluye, además, una serie de medidas que reducen las cargas administrativas de las empresas, algo que siempre es positivo, aunque todavía queda mucho por hacer en esta materia, ha agregado.

La ministra ha destacado que el comercio es un sector muy importante en España y en el que el Gobierno está trabajando también con proyectos como la creación del observatorio 4.0, que se constituirá el próximo 19 de diciembre y que permitirá afrontar el reto de digitalización, una de sus principales preocupaciones.

Según la nueva regulación, mediante la modificación de la ley de ordenación del comercio minorista, las ventas con pérdida se reputarán desleales cuando sean susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.

También se considerarán desleales cuando tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

Con la nueva normativa, no será ilícito vender un producto por debajo de coste mientras no se den uno de estos tres supuestos mencionados: una venta a pérdida engañosa, denigratoria, o predatoria.

Con esta medida, no sólo se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sino que también se incorpora certeza y protección al conjunto de prácticas comerciales, ha indicado el ministerio en un comunicado.

Asimismo, se modifican dos artículos de la ley de ordenación del comercio minorista para suprimir los registros de franquiciadores y de empresas de ventas a distancia, ya que suponen una traba, sin aportar beneficios a consumidores y compañías.

Con la eliminación de trabas administrativas innecesarias se persigue el objetivo de promocionar la actividad comercial.

El Consejo de Ministros aprueba el sobrecoste de los 'S-80' por 1.771 millones € a invertir en el astillero de Cartagena

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de la orden de ejecución, realizada por el Ministerio de Defensa a Navantia, para elevar el techo de provisión de gasto en más de 1.771 millones de euros para la construcción de cuatro submarinos S-80 Plus en su astillero de Cartagena.

La orden de ejecución ha debido ser modificada al "alterarse las condiciones básicas esenciales del contrato", tanto en lo relativo a las características técnicas de su objeto, como en los plazos de cumplimiento y en el precio.
Se trata de un contrato entre el Ministerio y Navantia para la construcción de cuatro submarinos que ha sufrido diversas "modificaciones y vicisitudes" en la ejecución, hasta el punto de que el diseño inicial no es viable por una "desviación crítica" en el control de pesos del buque que "comprometía su flotabilidad".
Esta situación "obligó a centrar todos los esfuerzos en buscar la solución técnica" que permitiese devolver la viabilidad al proyecto.
Dicha solución, que pasa por alargar en 10 metros la longitud de los submarinos, que a su vez obliga a ampliar los muelles de la base naval de Cartagena, ya se ha alcanzado y para poder llevarla a cabo, ha sido necesario modificar la orden de ejecución de 25 de marzo de 2004.
La referencia del Consejo de Ministros subraya que la modificación obedece a "razones de interés público como son el interés de la defensa, al alcanzar una independencia estratégica en un arma esencial, el desarrollo tecnológico e industrial en España y razones económicas y sociales en el área de influencia del astillero de Navantia en la Región de Murcia".
La modificación ahora autorizada tiene como precedente el acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018 que modifica los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, autorizando el incremento del Programa especial de Modernización de las Fuerzas Armadas correspondiente al Submarino S-80.

El Gobierno prorroga hasta septiembre de 2019 la situación de sequía declarada en la cuenca del Segura

MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado hoy, mediante un Real Decreto, prorrogar hasta septiembre de 2019 la situación de sequía prolongada declarada en la cuenca del Segura.

Esta prórroga permite al Ministerio adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos durante el próximo año hidrológico, que abarca del 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019, o hasta que se constate por el organismo de cuenca y la Dirección General del Agua que dejan de darse las circunstancias objetivas que motivaron su declaración.

Esta prórroga, en todo caso, está condicionada a la evolución de los indicadores de Estado establecidos en el Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

La Demarcación Hidrográfica del Segura se constituye como un sistema de explotación único, con dos subsistemas principales, el de cuenca y el del trasvase. Del análisis de la situación de ambos se observa que si bien lo que motivó inicialmente la declaración de sequía fue el estado en el que se encontraban los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura, esta situación de escasez afecta también en la actualidad a las explotaciones que dependen de los recursos propios de la cuenca.

La falta de precipitaciones en estos cuatro últimos años en las cabeceras del Segura y del Tajo, viene motivando tanto el descenso de la aportación a los embalses, como del volumen que éstos almacenan.

El estado global del sistema cuenca se encuentra en situación de prealerta. A la luz de la información que arrojan los indicadores, la situación en la actualidad se mantiene alejada de la normalidad (0,380 frente a 0,500) y es previsible un empeoramiento, situación que justifica la prórroga de la declaración de sequía.

La escasez de recursos hídricos en los años hidrológicos 2013/14 y 2014/2015 en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura ya provocó que en mayo de 2015 se declarara la situación de sequía. Este real decreto tenía una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 2015, pero dado que la situación no había mejorado en esa fecha, se prorrogó la declaración de sequía hasta el 30 de septiembre de 2016.

Con posterioridad, en septiembre de 2016, se procedió nuevamente a la prórroga de la declaración de sequía hasta el 30 de septiembre de 2017 y más tarde se prorrogó de nuevo hasta el 30 de septiembre de 2018 mediante otro Real Decreto.

El Consejo de Ministros aprobó hoy los nombramientos de Pedro Saura y Diego Conesa

MURCIA.- El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de este viernes los nombramientos de los murcianos Pedro Saura como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Diego Conesa como delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

El nombramiento de Saura como 'número dos' del Ministerio de Fomento llega en un momento clave para las infraestructuras de la Región de Murcia, debido al paquete de inversiones que hay en marcha en ferrocarriles y carreteras, unos en obras y otros en fase de licitación. 

El secretario general del PSRM, Diego Conesa, se ha apuntado un tanto con este nombramiento, ya que significa un respaldo a los proyectos de la Región, los cuales conoce Pedro Saura.

Es la primera vez que un político murciano ocupa un puesto de este nivel en el Ministerio de Fomento, como secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Tendrá a su cargo Adif, Renfe y Aena, de los cuales dependen las obras del soterramiento de las vías y la llegada del AVE, la extensión de la red de alta velocidad a Cartagena y Lorca, la modernización de los trenes de Cercanías y la apertura del aeropuerto de Corvera. 

También tiene en sus manos la finalización de la variante de Camarillas y el concurso de los arcos norte y noreste de Murcia.

Pedro Saura, nacido en Torre Pacheco en 1962, es licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, doctor en Economía por la Universidad de Murcia y profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en est universidad, en la que ha impartido clases de Introducción a la Economía, Microeconomía intermedia y superior y Economía del Sector Público.

Ha sido portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos en varias legislaturas tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea Regional de Murcia y también director general de Economía y Planificación y secretario sectorial de Economía y Hacienda en la Región de Murcia, además de haber dirigido la empresa pública estatal Sepes.

Delegado del Gobierno

Por otra parte, el Consejo de Ministros dio luz verde este viernes a los Reales Decretos por los que se nombra a los nuevos delegados del Gobierno en todas las Comunidades Autónomas excepto en Canarias, así como en las Ciudadades Autónomas de Ceuta y Melilla.

En su reunión de este viernes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó los nuevos ocupantes de las Delegaciones del Gobierno de 16 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

Diego Conesa, nuevo delegado del Gobierno de la Región de Murcia, se licenció en Derecho por la UNED en 2006, está colegiado en Murcia y es además gestor administrativo.

El exalcalde de Alhama de Murcia, que dimitió la semana pasada tras saber que iba a ocupar este nuevo cargo, ostentaba, además, desde 2015, llevaba las competencias de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local e Industria de Alhama, donde anteriormente fue edil portavoz del grupo municipal socialista en la oposición.

Ha sido administrador y gerente de varias empresas, donde además ha desarrollado labores de asesoramiento y gestión fiscal, laboral y contable entre 1994 y 2015.

Desde septiembre de 2017 es secretario general del PSRM, cargo al que accedió tras unas elecciones primarias entre la militancia con una ajustada victoria sobre la diputada nacional socialista por Murcia, María González Veracruz.

Hugo Morán, nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente

El Consejo de Ministros nombró también este viernes secretario de Estado de Medio Ambiente al hasta ahora encargado del área de Transición Ecológica de la Economía en el PSOE, Hugo Alfonso Morán.
En sus manos recae ahora la gestión para la regeneración del Mar Menor y de la bahía de Portmán, junto a la gestión del agua. El nuevo secretario de Estado visitó ya la zona de Portmán en los años 2012 y 2013 para interesarse por el proyecto.
El político de origen asturiano, con una dilatada trayectoria institucional, tanto en el ámbito local como estatal, está estrechamente vinculado con el desarrollo rural, la gestión ambiental y el compromiso por la acción climática, informa el Gobierno en una nota.

En la actualidad, compatibilizaba su actividad profesional en la empresa privada con su labor en el PSOE, donde tras el 39º Congreso del partido, recibió el encargo de desarrollar uno de los diez «acuerdos de país» diseñados por el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en concreto el relativo a Agua, Clima y Energía.
Nacido el 17 de noviembre de 1963 en la localidad asturiana de Campomanes-Lena, inició su trayectoria pública como concejal en dicha localidad, de la que fue alcalde entre 1995 y 2007.
Durante seis años presidió la Federación Asturiana de Concejos y representó a Asturias en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Estrechamente vinculado al desarrollo rural, fue miembro del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias COGERSA, participó en la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras ACOM España y presidió el Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias.
Además, integró el Consejo de Administración de la Junta de Saneamiento del Principado, presidió el Grupo de Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, perteneció al Consejo Económico y Social del Principado y dirigió en esta región la Oficina de Relaciones del Gobierno.
En la IX Legislatura, fue elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales, donde ejerció como portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, y posteriormente como secretario federal en los departamentos de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de ese partido.
De su compromiso personal con la acción climática, destaca su puesto como patrono de la Fundación Renovables, donde se encarga de difundir sus objetivos y de la consecución de alianzas sociales por una transición energética justa y hacia un modelo productivo de país libre de emisiones, explica la nota.
Según indica el Gobierno, como secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán aportará su experiencia y su compromiso a la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica, que lidera Teresa Ribera.

El Gobierno central autoriza a la Comunidad Autónoma de Murcia a formalizar operaciones de deuda por 190 millones

MADRID.- El Consejo de Ministros autorizó este viernes a la Región de Murcia a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 190 millones de euros. Estas se destinarán a refinanciar pólizas de crédito y préstamos con vencimientos a corto plazo y a cubrir necesidades transitorias de tesorería. 

Según la referencia del Consejo de Ministros, la autorización es necesaria por aplicación tanto del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf).

Murcia incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en 2017, según el informe elevado al Gobierno, por lo que la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo debe tener la previa autorización del Consejo de Ministros. Al menos, hasta que cuente con un plan económico-financiero considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018. La Comunidad deberá supeditar las operaciones de endeudamiento que formalice en ejecución de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2018, fijado por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017.

El Gobierno repartirá 2.055 millones de euros entre CC.AA. para políticas activas de empleo

MADRID.- El Consejo de Ministro ha aprobado repartir un total de 2.055 millones de euros entre comunidades autónomas para políticas activas de empleo, un 8,5% más que en la distribución de abril de 2017, según ha informado el Ministerio de Empleo en un comunicado. De este montante, 60,6 millones corresponderán a la Región de Murcia, según ese comunicado.

En concreto, este reparto se enmarca dentro del acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para políticas activas de empleo, de acuerdo con los criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 17 de abril.
Del importe total, 2.054,8 millones proceden del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los restantes, 314.673,1 euros, se asignan como ayudas previas a la jubilación desde el Ministerio.
Además, esta diferencia está destinada a financiar el coste salarial de personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo, derivado del fuerte incremento del Salario Mínimo Interprofesional en 2017 y 2018.
Desde el año 2013, tras la reforma del marco de coordinación de las políticas activas, la distribución de fondos a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada comunidad a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo (PAPE).
Los datos en los que se ha basado la evaluación del PAPE de 2017 muestran, según el Ministerio, una "mejoría del desempeño del conjunto de los servicios públicos de empleo en la consecución de los objetivos estructurales, acumulando un incremento superior al 18% desde el año 2014".
Además, el acuerdo, que cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, adelanta sustancialmente la distribución de fondos a las comunidades autónomas a la primera mitad del año.
Así, de esta forma, da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y a lo recogido en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que fija con todo detalle el ciclo de preparación, ejecución y evaluación de los PAPE para que se aprueben antes de que comience el ejercicio en que han de realizarse y permita adelantar la aprobación de criterios de distribución de fondos y su reparto.

39 ayuntamientos de la Región podrán reinvertir 140 millones de superávit en infraestructuras

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley que permite reinvertir el superávit de los ayuntamientos, con el que se abre la mano y flexibiliza el gasto municipal en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales, como harán 39 de los 45 murcianos con 140 millones.

Según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las corporaciones locales saneadas podrán también destinar el superávit a adquisición de mobiliario y enseres de los servicios públicos que puedan recibir estas inversiones, así como a los vehículos para prestación de varios de estos servicios.

Además, se flexibiliza la autorización administrativa previa que los ayuntamientos deben solicitar a Hacienda para determinados proyectos de inversión de algunos grupos de programas, al incrementarse de 10 a 15 millones el importe a partir del cual se requerirá de este permiso.

De esta manera, se cumple con el compromiso adoptado por Montoro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de aprobar este mes el decreto para ampliar los programas de inversiones financieramente sostenibles sin esperar, como otros años, a realizar la prórroga de los mismos en los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan la próxima semana.

Al hacerlo así, se facilita que las corporaciones tengan tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación y que puedan hacerlo hasta 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se acordó entre Hacienda y la Femp.

El supéravit local del año pasado, que se estima en un total de 5.000 millones de euros, podrá destinarse a inversiones en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial.

También a biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas, y a los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Montoro ha destacado que de esta manera las corporaciones locales podrán servir "mejor y más eficazmente a los fines que les son propios" y que esta medida es resultado del acuerdo y el diálogo del pacto establecido con la FEMP entre formaciones políticas "de completamente diferente ideología".

El ministro ha agradecido la labor de las entidades locales a las que se ha referido como "todo un referente de buena gestión" durante los años difíciles de la crisis económica y ha apuntado que, frente a quienes plantearon la necesidad de cerrar ayuntamientos, se ha demostrado que esa política hubiese sido un "error.

Solo hacía falta habilitar condiciones para que pudiesen tener sus cuentas saneadas, según Montoro, quien también ha realizado un "reconocimiento a la vigencia" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, junto a los mecanismos especiales de financiación, ha hecho posible llegar hasta aquí y que hoy se puede reinvertir en superávit "en beneficio de todos los ciudadanos".

El Gobierno de la Nación aprueba el decreto de oposiciones a docentes con pruebas eliminatorias

MADRID.- El Gobierno de la Nación ha aprobado hoy el real decreto sobre oposiciones a los cuerpos docentes, basadas en los principios de capacidad, mérito e igualdad de oportunidades, y se incluirán pruebas eliminatorias.

Lo ha anunciado hoy el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha explicado que se trata de un decreto "importante" para "atajar" la actual tasa de interinos, que ronda el 20%, y que en tres años se quiere rebajar al 8%.
Méndez de Vigo lo dijo al presentar el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
El Consejo de Ministros establece un modelo de exámenes por etapas que, finalmente, seguirán siendo eliminatorios. 

Ha reconocido que el hecho de que haya pruebas eliminatorias en las oposiciones ha sido un punto criticado por algunas comunidades y sindicatos de profesores, pero ha explicado que el texto del Ministerio se acordó en Conferencia Sectorial y está avalado por el Consejo Escolar del Estado y la Abogacía del Estado.

"El Gobierno ha considerado que va en la línea de los principios de igualdad" para los interinos y para aquellas personas que quieren optar a una plaza docente tras prepararse la oposición.

Méndez de Vigo ha reconocido que este es el punto donde no logró consenso en la elaboración de la nueva normativa, pues "algunas comunidades autónomas y algunos de los sindicatos" defendían que las pruebas no debían ser eliminatorias, lo que implica que tras suspender una no se puede pasar a la siguiente fase de examen, sino que todos los resultados debían computarse y hacer media para la nota final.
"El Gobierno ha considerado que sí (deben ser eliminatorias) y cuenta con el aval del Consejo de Estado y la Abogacía porque le parece que eso también va en la línea de los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha asegurado.
De este modo, el decreto establece que la calificación de la fase de oposición se calculará haciendo media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas, siempre y cuando todas ellas hayan sido superadas.
Conforme ha explicado, la aprobación del Real Decreto implica que se pueden volver a convocar oposiciones a docentes y ha avanzado, que al igual que el año pasado, cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado incluirá una cláusula por decreto ley que habilitará a las comunidades autónomas para acumular las plazas docentes que se hayan quedado un año sin convocar al año siguiente.
En esta línea, se ha dirigido a "las personas que están esperando" a que se convoquen nuevas plazas, para decirles que "tengan la seguridad y la tranquilidad de que se van a celebrar" oposiciones.
De hecho, uno de los principales objetivos del decreto es atajar la tasa de interinidad, que supera el 20% y que Educación quiere reducir a un 8% en los próximos cinco años, meta que aspira a conseguir con "la mayor oferta de empleo público docente de la historia de España, desarrollada a través de cinco convocatorias" que tendrán lugar hasta 2022 y en las que regirán las nuevas condiciones.
Para ello, la nueva normativa incrementar en el baremo de méritos de la fase de concurso la valoración de la experiencia docente previa de los aspirantes y modifica el sistema de calificación final del concurso-oposición aumentando el peso de la fase de concurso, según explica el Ministerio de Educación en un comunicado.
Entre las novedades del nuevo sistema, destaca así que para formar la puntuación global del aspirante, se ponderarán las dos fases de la convocatoria, dando un 60% a la parte de oposición y un 40% a la de concurso (ahora el reparto era 66% y 33%, respectivamente).
En cuanto a la experiencia previa, pesará hasta 7 puntos (hasta ahora el máximo eran cinco) y para calcularlos, se valorará hasta un máximo de diez años de bagaje (hasta ahora se consideraban cinco a lo sumo), con una puntuación numérica para cada uno de ellos en función de diversos criterios.
En concreto, por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos recibirá 0,700 puntos, mientras que recibirá 0,350 puntos por año en centros públicos si es en especialidades de distintos cuerpos. Además, cada año en especialidades del mismo nivel educativo valdrá 0,150 puntos, y las de distinto nivel educativo pesarán 0,100 puntos.
Asimismo, se amplía el número de temas que serán extraídos al azar por el tribunal para el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante: En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas (Ahora es entre dos); en las que tengan más de 25 pero menos de 51 temas, el aspirante podrá elegir entre cuatro, y en las especialidades que tengan más de 50 temas, la elección se hará entre cinco.
Además, el también portavoz del Ejecutivo ha comentado que el real decreto aprobado es una "buena muestra" de la intención de "estabilizar los puestos en la función pública".

El Gobierno de la Nación autoriza a la Comunidad Autónoma a endeudarse en 80 millones más

MADRID.- El Consejo de Ministros autorizó este viernes al Gobierno regional de Murcia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 80 millones de euros.

Según la referencia del Gobierno, ese dinero se destinará a amortizar anticipadamente préstamos a largo plazo, formalizados con anterioridad, para reducir los costes financieros de su cartera de deuda.

Dicha autorización es necesaria por aplicación del artículo 20 y la disposición transitoria tercera de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como por el artículo 14 de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La Región de Murcia incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2016 según el informe elevado al Gobierno. Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Gobierno central autoriza el contrato de la desaladora de San Pedro II hasta 2020

MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, autorizó este viernes a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) la contratación de los servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar II , por un presupuesto de 17,2 millones de euros para los próximos dos años 2018-2020.

La desaladora, promovida por el entonces Ministerio a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), cuenta con una capacidad de 65.000 m3/día para abastecer con agua de mar tratada al Canal de Cartagena.

La infraestructura se encuentra en explotación desde mayo de 2007 y, desde entonces, la mancomunidad ha ido contratando los servicios de explotación a empresas del sector por el alto grado de especialización que exige la manipulación y conservación de las instalaciones. El vigente contrato finaliza en junio de 2018.

Garantizar el correcto funcionamiento y explotación de la planta desalinizadora se ha convertido en un asunto de primordial importancia en la actual situación de sequía que está afectando a la demarcación del Segura, para poder asegurar la necesaria producción de agua que satisfaga la demanda en el abastecimiento en el ámbito de actuación de la mancomunidad.

La mancomunidad abastece de agua potable a 80 ayuntamientos de las provincias de Albacete (2) Alicante (35) y Murcia (43), con una población total de 2,5 millones de habitantes que, en época estival, supera los tres millones de personas.

El Gobierno autoriza a 'Aena' a crear la sociedad filial que gestionará el aeropuerto de Corvera

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a Aena, a propuesta de los ministerios de Fomento y Hacienda, a crear la sociedad filial concesionaria que será titular del contrato de gestión, explotación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ha informado hoy Fomento. 

La nueva sociedad mercantil tendrá nacionalidad española, adoptará la forma de sociedad anónima y el capital social inicial máximo será de 8,5 millones, dividido en 8.500 acciones de 1.000 euros de valor nominal.
El capital será suscrito y desembolsado íntegramente por Aena en el momento de la constitución de la sociedad.
La sociedad comenzará a ejercer su actividad de manera efectiva desde el momento de la constitución.
A través del acuerdo del Consejo de Ministros se han fijado también los Estatutos que regirán la sociedad.
El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, conocido hasta ahora como Aeropuerto de Corvera, es propiedad de la Comunidad Autónoma de Murcia.
El contrato de gestión, explotación y mantenimiento fue licitado el pasado 25 de marzo en la modalidad de concesión por un plazo de 25 años y se adjudicó a Aena el 20 de diciembre.
El pliego de condiciones establece que el adjudicatario constituya una sociedad concesionaria que será titular del contrato.
El consejo de administración de Aena acordó el pasado 30 de noviembre pedir permiso al Consejo de Ministros para constituir la sociedad concesionaria. 
La empresa se constituye con un capital de 8,5 millones de euros, que corresponden a 8.500 acciones de 1.000 euros. «En una sociedad cien por cien Aena, en la que no participan terceras compañías. No habrá ninguna diferencia entre formar parte de la plantilla de Aena y formar parte de la concesionaria», ha asegurado su presidente.
El presidente de Aena, el murciano Jaime García-Legaz, que esta tarde se ha reunido en Murcia con los representantes de los trabajadores del aeropuerto de San Javier, intenta convencerlos de que la empresa concesionaria que gestionará Corvera les ofrecerá las mismas condiciones laborales, antigüedad y derechos adquiridos que tienen actualmente.
Los trabajadores de San Javier se muestran reticentes a trasladarse a Corvera y se plantean pedir el traslado a Alicante, según adelantaba este jueves el secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, hoy en La Opinión. 

El Gobierno aprueba una nueva regulación de drones: podrán sobrevolar ciudades y operar de noche

MADRID.- El Gobierno de la Nación ha aprobado un nuevo marco regulador para que los operadores profesionales de drones puedan desarrollar de forma segura actividades en entornos en los que hasta ahora no era posible hacerlo, como los vuelos sobre poblaciones, personas, en espacio aéreo controlado y de noche.

No obstante, para ello será necesario realizar un estudio de seguridad de la operación y tener una autorización previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre otros requisitos, según informó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer viernes.

La nueva regulación, recogida en un Real Decreto, desarrolla y amplía el marco normativo adoptado inicialmente en 2014 para la realización de actividades con aeronaves pilotadas por control remoto (drones), impulsando así el crecimiento de un segmento emergente, íntimamente ligado al desarrollo y a la innovación tecnológica.

De la Serna ha destacado que la aprobación hace tres años de un marco regulador temporal para la realización de dichas actividades ha facilitado el desarrollo de este sector emergente, que cuenta ya con casi 3.000 operadores, 3.693 pilotos y 4.283 drones.

Estas cifras ponen de manifiesto la creciente relevancia de esta nueva actividad, a la que, además, también se dedican en España 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes.

La nueva norma permite, asimismo, operaciones en espacio aéreo controlado, aunque en este caso, se precisarán requisitos de formación del personal y de los equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa autorización de AESA.

También establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones de diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de aeronaves, así como los requisitos de formación para su pilotaje, todo ello en términos equivalentes a los marcos normativos existentes en otros países europeos.

El Real Decreto establece, además, un régimen mínimo para el uso recreativo de los drones (juguetes), fijando una serie de limitaciones destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y de la ciudadanía.

Durante el primer trimestre de 2018, Fomento complementará el nuevo marco con la publicación del Plan Estratégico de Drones, una herramienta que, más allá del ámbito regulador, permitirá definir de forma transversal los ejes y las líneas de actuación para potenciar al máximo este segmento, poniendo todo su potencial tecnológico e innovación al servicio de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros hace oficial el nombramiento de Francisco Bernabé como nuevo delegado del Gobierno

MADRID.-El Consejo de Ministros oficializó este viernes el nombramiento como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia del diputado del PP en el Congreso de los Diputados Francisco Bernabé Pérez. Sustituye en el cargo a Antonio Sánchez-Solís de Querol.

Bernabé, que causó baja ayer en su escaño en el Congreso, fue alcalde de La Unión y exconsejero de Fomento de la Región de Murcia.

En su paso por el Congreso ha sido portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores y vicepresidente segundo de la Comisión de Fomento.

Antes de hacerse oficial el nombramiento, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, aseguró ayer que Bernabé reúne las "cualidades idóneas" para ser delegado del Gobierno porque conoce de primera mano las tres administraciones, así como los proyectos estratégicos de la región.

El Gobierno de la Nación aprueba el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que traspone una Directiva europea y busca incrementar la transparencia del contrato de hipoteca, según ha explicado el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

En lo relativo a la trasposición, De Guindos ha asegurado que en la norma se ha optado siempre por las alternativas más favorables al deudor hipotecario. Así, se abaratan las comisiones por la amortización anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta anularse a partir de los cinco años de vigencia de la hipoteca; para los préstamos a tipo fijo, se establece una comisión máxima, frente a la situación actual en la que se aplican hasta dos comisiones, una de las cuales no tiene ningún tipo de límite.

Además, se establece el derecho del consumidor a cambiar un crédito en moneda extranjera a la divisa nacional o a cualquier otra; se prohíben las ventas vinculadas -que obligan al consumidor a aceptar una serie de productos financieros como condición para obtener la hipoteca-, y se regula el régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario.

El ministro de Economía ha señalado que el texto no se limita a trasponer la Directiva comunitaria, sino que también responde a las sentencias judiciales que han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la regulación hipotecaria.

En este sentido, la norma facilita la conversión de las hipotecas de tipo variable a fijo, tanto para las nuevas como para las que ya están en vigor. Las comisiones por realizar ese cambio se suprimen a partir del tercer año y se rebajan los gastos de notaría y registro.

Otras novedades son que el prestamista deberá entregar al cliente documentación detallada sobre la hipoteca, las cláusulas más "sensibles" y escenarios de evolución de las cuotas, y que el hipotecado recibirá asesoramiento gratuito del notario sobre el contenido del contrato durante los siete días previos a la firma.

La norma también regula el vencimiento anticipado del crédito, "de tal forma que se evita cualquier tipo de discrecionalidad a la hora de pactar esta cláusula", según ha indicado Luis de Guindos. El requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo se amplía a nueve cuotas mensuales impagadas o a una cuantía que supere el 2% del capital concedido durante la primera mitad de la vigencia de la hipoteca; durante la segunda mitad, el porcentaje será del 4% o de doce cuotas impagadas.

El Gobierno aprueba los convenios con las CCAA para el control de la Incapacidad Temporal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, los convenios de colaboración con las CCAA -excepto País Vasco y Navarra-, e INGESA para el control de la incapacidad temporal (IT) en el período 2017-2020. 

Los dieciséis convenios a los que el Ejecutivo ha dado hoy luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las CCAA y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores.

Todos los acuerdos contemplan dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de IT, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante.

Novedades

Los convenios autorizados incorporan algunas novedades relativas a la distribución de los créditos para la financiación de la mejora de la gestión y del control de los procesos de IT. En este sentido, aumenta del 20% al 22% el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. La correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.

Se incrementa también la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la IT como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud (SPS).

El acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria se intensifica. La información de los SPS es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos. Además se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.

También se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los SPS con el objetivo de que estos se impliquen en esas valoraciones, y al objetivo de racionalización del gasto. En ambos casos, la meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.

Distribución del crédito

El acuerdo alcanzado hoy por el Consejo de Ministros posibilita la suscripción de los convenios entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas e INGESA para financiar, como se ha comentado, el elenco de medidas dirigidas a mejorar la gestión y el control del gasto en Incapacidad Temporal (bajas laborales).

La autorización contempla un importe máximo de gasto para todo el periodo (2017-2020) de 1.259,17 millones de euros (no tiene en cuenta a Ingesa y La Rioja porque su nivel de gasto no requiere aprobación por parte del Consejo de Ministros). De crédito global reservado para estos cuatro años, que incluyendo a Ingesa y La Rioja asciende a 1.271,66 millones de euros, casi 318 millones (317.914.500,6) corresponden al ejercicio 2017.

La distribución inicial del crédito para 2017 se desglosa en el siguiente cuadro. No obstante, la cantidad asignada finalmente a cada CCAA (excepto País Vasco y Navarra) e INGESA depende del porcentaje de cumplimiento de objetivos del año anterior.

Distribución

• ANDALUCÍA: 54.530.560,68
• ARAGÓN: 10.093.351,61
• ASTURIAS: 6.867.511,40
• BALEARES: 8.845.858,72
• CANARIAS: 14.191.806,81
• CANTABRIA: 4.003.948,16
• C.LEÓN: 16.793.900,58
• C.L-MANCHA: 12.402.473,57
• CATALUÑA (*): 60.374.245,84
• EXTREMADURA: 7.125.830,63
• GALICIA: 18.454.074,20
• COM. MADRID: 55.538.635,75
• MURCIA: 9.923.238,95
• LA RIOJA: 2.302.821,48
• C.VALENCIANA: 32.756.139,23
• INGESA: 819.060,99

El Consejo de Ministros adopta medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en la cuenca del Segura

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas hidrográficas afectadas, el Segura principalmente, y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, a propuesta de los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Hacienda y Función Pública; y de Empleo y Seguridad Social, según informaron fuentes del Gobierno de España en un comunicado

Así, se establecen medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, es decir, las demarcaciones hidrográficas del Duero, del Segura y del Júcar y Demarcación Hidrográfica del Segura, en el presente año. La cuenca del Segura se encuentra en situación de emergencia y las del Duero y el Júcar, de alerta.

Por ello, y conforme a lo previsto en los Planes de Sequía, se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua. También en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase.

Se beneficiarán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura que, en este año (y sin efecto retroactivo), hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de la normal –tal y como hizo el Gobierno en el periodo 2005-2009– o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de al menos un 20% de la producción en normal en zonas desfavorecidas y de un 30% en las demás zonas.

Estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro a los regantes de casi 54 millones de euros. De éstos, 37,2 millones de euros se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura (más de 35 millones correspondientes a los regantes del trasvase), 8,5 millones de euros los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones de euros los regantes de la cuenca del Duero.

También se beneficiará de estas exenciones la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el Acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos de agua no habituales (pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derechos, incremento de recursos no convencionales…), necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones, afectadas por la sequía en la cuenca del Segura.

Por otro lado, las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018 (ambos inclusive), así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes a ese mismo periodo.

Además, el Real Decreto-Ley prevé que se puedan actualizar los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de las cuencas del Segura, del Duero y del Júcar, con carácter excepcional y temporalmente limitado, y en el ámbito de cada una de las cuencas.

Así, los concesionarios de la cuenca del Segura podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre ellos mismos, hasta el 30 de septiembre de 2018. Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse estos contratos de cesión de derechos entre concesionarios de la cuenca del Duero, mientras que los concesionarios del Júcar tendrán como vigencia temporal el 30 de septiembre de este año.

Por último, el Real Decreto-Ley actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en la Ley de Aguas, en todas las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias), para dotar a los órganos competentes y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección medioambiental y la mejora del dominio público hidráulico, en aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios de gestión del agua y en virtud del texto refundido de la Ley de Aguas

Esta medida consiste en modificar el tipo impositivo del canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica del previsto en el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas de manera que se pasa del 22% actual al 25,5%, y correlativamente ajustar los porcentajes de reducción de las centrales hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, habida cuenta de su impacto ambiental.

Con la aprobación de este Real Decreto-Ley, el Gobierno de España continúa dando respuesta a las situaciones de sequía con numerosas medidas que han permitido minimizar sus impactos ambientales, sociales y económicos. Así lo lleva haciendo desde que, en mayo de 2015, se declarara la sequía en las cuencas del Segura y del Júcar.

Así, en estas dos cuencas se han movilizado más de 250 hm³ de agua adicionales, a través de la incorporación de agua desalada, la extracción de agua de pozos de sequía, los intercambios de derechos de agua y el aprovechamiento de los volúmenes de agua remanentes por avenidas de años anteriores.

También se han impulsado, a lo largo de la pasada legislatura, inversiones en materia de agua por un valor total de 300 millones de euros, entre las que se incluyen 13 obras de emergencia ejecutadas en la cuenca del Segura por importe de 35 millones de euros y otras 10 en la del Júcar por valor de 20 millones de euros, gracias a los Reales Decretos de sequía aprobados.

A ello se suma la ayuda de 9 millones de euros a la producción de agua desalada en las desaladoras de Torrevieja y de Valdelentisco; la puesta en servicio de la desaladora de Torrevieja y el incremento de la producción en las de Águilas y Valdelentisco, que han pasado de operar al 15% de su capacidad a alcanzar el 100%. Se ha autorizado el aprovechamiento temporal de recursos hídricos procedentes de la desaladora de Torrevieja (21 hm3) a los usuarios del trasvase.

Mientras, en el caso de la cuenca hidrográfica del Duero, se ha puesto en marcha un Real Decreto de declaración de sequía y de medidas excepcionales para la gestión de los escasos recursos hídricos.

Una cuenca en «emergencia»

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, compareció tras el Consejo de Gobierno para explicar todas estas medidas y lanzó un llamamiento al «uso responsable» del agua. «Próximos al verano», lo normal es que haya menos precipitaciones, por lo que cabe esperar que «en los meses próximos la situación se deteriore», advirtió la ministra.
Tejerina subrayó que esta falta de lluvias «está teniendo repercusiones» en la reserva hidráulica de la Península, que se sitúa por debajo de los niveles del año pasado y también por debajo del nivel del último lustro y del último decenio.
Así, la sequía ha persistido en las cuencas del Júcar y del Segura, donde se declaró en 2015. Según los últimos indicadores, el Segura está en situación de emergencia y el Júcar y Duero, en situación de alerta.
García Tejerina defendió el «esfuerzo económico» y ambiental realizado en las cuencas del Segura y Júcar, con medidas excepcionales que han movilizado 250 hectómetros cúbicos en el Segura. El Gobierno también insistió en que en la pasada legislatura se destinaron 300 millones de euros para inversiones, que incluyeron 13 obras de emergencia ejecutadas en la cuenca del Segura, por importe de 35 millones de euros.
A esto se suman nueve millones de euros a la producción de agua desalada en las plantas de Torrevieja y de Valdelentisco.

El Gobierno aprueba actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en montes públicos de la Región de Murcia

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la ejecución de actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en montes públicos de la Región de Murcia, para paliar los daños causados por las lluvias torrenciales que afectaron a esas zonas durante los meses de diciembre 2016 y enero y febrero 2017.

Estos daños se han visto agravados por las recientes lluvias de corta duración, pero con un mayor caudal de agua caída, lo que ha provocado el desencadenamiento y aceleración de los procesos erosivos, especialmente en áreas de fuertes pendientes y suelos erosionables, característicos de la orografía de la zona. Unas lluvias que también han ocasionado  la pérdida de la cubierta edáfica, generándose escorrentías y arrastre de materiales, lo que puede producir taponamientos en los cauces de los barrancos y posteriores avenidas que aneguen las zonas habitadas.

Los trabajos de restauración serán financiados por el Ministerio en el marco del programa de protección y mejora del medio natural y  supondrán una inversión de 250.000 euros.

Las actuaciones de emergencia permiten garantizar la estabilidad de laderas y taludes, imprescindible para evitar riesgos derivados de desprendimientos de tierras y caídas de piedras, recuperándose, además, la transitabilidad de la red viaria forestal en los montes públicos más afectados, imprescindible para realizar la prevención y extinción de incendios forestales en la inminente campaña y la realización de una correcta gestión de los montes, ejecución de obras, labores de vigilancia o uso público.

El Gobierno autoriza obras de emergencia por 23 millones de euros en la cuenca del Segura

MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha tomado hoy razón de las obras de emergencia para paliar los daños causados al dominio público hidráulico de la demarcación hidrográfica del Segura por el temporal de diciembre de 2016, por un importe de 23.095.000 euros para acometer un total de 50 obras.

Los temporales que azotaron el sureste de España ocasionaron cuantiosos daños en cauces e infraestructuras del dominio público hidráulico. En concreto, los pasados días 17 y 19 de diciembre de 2016 se produjeron lluvias torrenciales de gran intensidad en la demarcación del Segura, en las vegas alta, media y baja, en el valle del Guadalentín y en la zona costera.

Las obras de emergencia se centran en la restauración de la capacidad hidráulica del río Segura y de sus afluentes, reparaciones en las infraestructuras del postrasvase Tajo- Segura y en diversos embalses de regulación y laminación de la cuenca, así como actuaciones de acondicionamiento en ramblas costeras y del sistema de alerta de información hidrológica.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, inició las actuaciones para la reparación de los daños en el marco de los acuerdos adoptados por el Gobierno para adoptar medidas urgentes tras los temporales de noviembre y diciembre en el sur y el este peninsular: sendos acuerdos de Consejo de Ministros (de 9 y 23 de diciembre) y un Real Decreto ley, de 27 de enero, que adoptó medidas complementarias.

Estas actuaciones para paliar los daños causados al dominio público hidráulico de la demarcación del Segura se agruparon en bloques, y engloban desde la reparación  de los daños causados al dominio público hidráulico en ríos, canales, tuberías, presas de regulación, muros, equipos de medición y control, a actuaciones para garantizar el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas.

Entre las obras se incluyen las reparaciones de  sistemas y equipos de medición y control de aprovechamientos de la cuenca del Segura y de los sistemas de información; las conducciones de agua desaladas en el Valle de Guadalentín en los términos municipales de Lorca y Totana; las infraestructuras del trasvase; las presas de regulación del río Mundo y en el encauzamiento del Segura a su paso por el municipio de Formentera (Alicante); o los daños ocasionados en infraestructuras gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura en las presas de Boquerón, Bayco y Charcos (Albacete), entre otras actuaciones.

El Gobierno aprueba sin consenso el real decreto ley sobre el régimen de estibadores

MADRID.- El Gobierno central ha aprobado el real decreto ley de reforma de la estiba, a cuya liberalización obliga a España una sentencia europea, y que tiene que ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso. 

El documento elaborado por el Ministerio de Fomento cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero lo rechazan los sindicatos que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo, coincidiendo con el período del trámite parlamentario de la nueva ley.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la huelga "no ayuda nada" al proceso de diálogo abierto en estos momentos entre sindicatos y patronal, en el marco de la negociación colectiva, al ser un elemento de presión que no favorece llegar a un entendimiento.

El ministro hecho un llamamiento a que "intensifiquen" su negociación colectiva, donde se pueden acordar cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, propias de los convenios colectivos y que no podían ser incorporadas al decreto porque lo prohíbe la CE.

Los estibadores y la patronal Anesco se volverán a reunir el próximo martes en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo a petición de ambas partes.

Desabastecimiento

Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.

De la Serna ha advertido de que una huelga de estas características produce un daño importante a la economía porque las empresas toman decisiones sobre el transporte de carácter temporal de utilización de otros puertos durante la huelga que "pueden convertirse en definitivas".

El ministro también ha instado a la responsabilidad de los partidos políticos, explicando que si no se convalida el documento en su trámite parlamentario, se entraría en "un bucle sin fin y tendríamos que pagar 134.000 euros de multa todos los días".

De la Serna ha insistido en que el real decreto se ajusta estrictamente a la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014, que exige liberar el sector, el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores.

En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.

Libre contratación

Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia). Se prevén distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

El proceso de cambio contará con un período transitorio de tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, en el que las Sagep subsistirán, salvo que se extingan, hasta su regulación como ETT. Las empresas deberían mantener cotas de contratación de estibadores procedentes de las Sagep del 75% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercero.

El decreto contempla que las autoridades portuarias asuman los pasivos laborales de los trabajadores de las sagep (los derechos asociados a su antigüedad desde el día en el que fueron contratados hasta el de la sentencia), con el objetivo de igualar la posición competitiva de todas las empresas, las nuevas y las viejas.