MADRID.- El Gobierno
mantiene sus plan original para que las nueve autopistas quebradas
-fundamentalmente las denominadas radiales- reviertan al Estado el
15 de enero de 2018. En cambio, resta por dilucidar la parte
esencial del problema del rescate: el coste que el Estado deberá
pagar a los fondos que compraron la deuda (reclaman más de 3.000
millones) y la compensación que reclaman las constructoras
afectadas, otros 2.000 millones. En esencia, queden muchos flecos
pendientes, de los que algunos pueden acabar en los tribunales.
El
gran dilema por resolver está en la cifra que los hedge fund reclaman
-más de 3.000 millones de euros-, y la cantidad que el Ministerio de
Fomento admite abonar y que no supera los 2.000 millones. Este el
principal punto en discordia y que, por supuesto, más quebraderos de
cabeza va a dar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al titular
de Fomento, Íñigo de la Serna.
Desde el estallido de la amenaza de quiebra, la compensación
económica que, primero, reclamaban los bancos, y ahora los fondos de
inversión adquirientes de dicha deuda, ha sido y es el gran caballo de
batalla. En los dos últimos años, se ha producido un baile de cifras que
van, desde los 2.200 millones que ha fijado la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los 3.500 millones que estima el
Tribunal de Cuentas y la cifra de 5.500 millones que considera la
patronal de la construcción Seopan.
Esta es la madre del cordero de todo el proceso y el punto clave de
la negociación con las partes afectadas. El resto, tal y como ha quedado
publicado en el Boletín Oficial del Estado, queda muy claro. La
Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) asumirá el
100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de
las nueve autopistas que saldrán a concurso.
Las nueve autopistas que se hallan en concurso de acreedores son las
cuatro radiales de Madrid, 2, 3, 4 y 5, la M-12 de acceso a Barajas, la
AP-36 Ocaña-La Roda, el tramo de la AP-7 Cartagena-Vera, la
circunvalación de Alicante y la autopista Madrid-Toledo. Las ocho
primeras pasarán en enero próximo a depender de Seittsa, mientras que la
de Madrid-Toledo lo hará en abril.
Privatización por bloques
El Ejecutivo quiere que las nueve autopistas vuelvan a manos privadas
antes que concluya 2018. En un principio, la relicitación de cada una
de ellas se hará por separado pero la intención del ministro Íñigo de la
Serna es colocarlas en paquetes para que la venta sea más atractiva.
Fomento estima que, el conjunto de carreteras generen en 2018 un
beneficio neto de 34,4 millones de euros, una cifra que no llega para
cubrir el coste que el Estado deberá asumir, unos 3.000 millones de
euros, en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA). Los ingresos previstos para el próximo año ascienden a 103,7
millones de los que 93,5 millones corresponden a peajes y 10,2 millones a
ingresos de explotación de las áreas de servicio.
Por esa razón, el Ejecutivo quiere cerrar todo el proceso de
privatización en el ejercicio 2018 para que así no afecte al déficit
público, ya que generaría un grave problema ante Bruselas. El Estado
deberá añadir otros 550 millones en concepto de préstamos
participativos, que se concedieron para construir las citadas vías y que
la Administración Central no cobrará.
Las exigencias de la oposición política
Por otro lado los tres grandes partidos de la oposición, PSOE,
Podemos y Ciudadanos, se han mostrado muy duros con el Gobierno y le
exigen responsabilidades por el rescate de las nueve radiales en
quiebra. Los tres partidos quieren saber por qué se construyeron unas
infraestructuras basadas en “cálculos erróneos” en cuanto a previsiones
de tráfico y por las que se tuvieron que pagar elevados “sobrecostes”
en la expropiación de los terrenos para su construcción.
El PSOE ha demandado que el Gobierno explique “cómo aquellos
gobiernos tomaron decisiones en las que se pudieron equivocar tanto”,
como para que suponga un coste a los ciudadanos de más de 5.500 millones
de euros”. En el caso concreto de Ciudadanos, pide se realice una
auditoría de las empresas concesionarias, con el fin de que éstas asuman
también parte de ese coste.
Las empresas afectadas reclaman, por su parte, ser indemnizadas por
los sobreprecios practicados en la expropiación de los terrenos
expropiados. Las constructoras exigen por este concepto unos 2.500
millones que se les adeuda por las expropiaciones que debieron realizar
para ejecutar los proyectos.
El plan diseñado en la etapa de Ana Pastor como ministra de Fomento
era integrar las nueve radiales en una empresa pública tras aplicar una
quita del 50% sobre la deuda que soportan de unos 3.400 millones de
euros y convertir el resto del pasivo en un bono con una retribución
garantizada durante 30 años del 1%.
A esta propuesta de la primera legislatura de Mariano Rajoy no se
llegó a ningún acuerdo por lo que el Ejecutivo ha decidido rescatarlas
radiales y volver a privatizarlas, en un momento en el que el tráfico
está aumentando gracias al crecimiento económico.
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