MADRID.- El próximo 15 de enero de 2018 la autopista de peaje Cartagena-Vera pasará a manos del Estado, según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras quince años de existencia en manos privadas.
El Ministerio de Fomento ya ha calculado también cuál puede ser la evolución del
negocio ordinario de estas nueve vías, hoy quebradas, para el próximo ejercicio, una vez que
las vuelva a tener bajo su tutela en cuanto pasen las Navidades, al
estimar un beneficio neto conjunto de 34,4 millones de euros.
Se trata de unas vías con un recorrido de 510 kilómetros, sobre los que
el Gobierno prevé un incremento anual del tráfico del 7,5% para 2018 y
unos ingresos por peajes de 93,4 millones de euros a lo largo de todo el
ejercicio, además de otros 10,2 millones por la facturación obtenida en
las áreas de servicio.
Por su parte, los gastos ascenderían a 54,6
millones y un resultado antes de impuestos se situará cerca de los 50
millones de euros, según consta en las previsiones realizadas por
Fomento y Seittsa, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres, de titularidad pública.
Las autopistas afectadas son las que unen Madrid con Guadalajara (Radial 2), Arganda del
Rey (Radial 3), Ocaña (Radial 4), Navalcarnero (Radial 5) y la terminal 4
del aeropuerto de Barajas (M-12); también la que transcurre entre las
localidades de Ocaña y La Roda (AP-36), la circunvalación de Alicante
(AP-7) y la autopista mediterránea entre Cartagena-Vera (AP-7). El 1 de
abril Seittsa asumirá también la AP-41, que conecta Madrid con Toledo.
Se adjudicará luego cada una de las nueve autopistas de peaje quebradas a otras
tantas concesionarias y no en bloque. Será por un plazo de 25 años y
esta vez no tendrán garantía de tráfico. Es decir, que el Estado no se
compromete a compensar a la empresa que se haga cargo de la autopista en
el caso de que el volumen de tráfico sea menor al estimado
inicialmente, como sí ocurría hasta ahora.
Además, todas las vías
mantendrán sus correspondientes tarifas de peaje. En estas infraestructuras
trabajan 700 trabajadores que mantendrán su empleo, en función de las
condiciones pactadas tras la liquidación.
Fomento se ha propuesto llevar a cabo estos trámites, siempre de forma
individualizada, en el último cuatrimestre del próximo año, en un
proceso que «no excederá el 31 de diciembre de 2018», según consta en el
anuncio publicado este viernes en el BOE.
En ese plazo, el Ministerio
deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyecto de
construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y
formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario
presente.
El principal reto al que se enfrenta el Ejecutivo es evitar que la
operación por la que asume estas infraestructuras viarias y
posteriormente las vuelve a colocar entre compañías privadas lastre las
cuentas públicas. Para ello, Fomento quiere finalizar el proceso de
colocación antes de que finalice el próximo año, para que así no
computen las pérdidas de asumir la gestión en un ejercicio y los
ingresos por la adjudicación en el siguiente. El Gobierno no quiere que
esta transmisión lastre el presupuesto de 2018, que debería acabar con
un déficit del 2,2%.
A pesar de que la cuenta de resultados será positiva el próximo año, el
Estado no se librará de asumir un coste millonario por liquidar estas
autopistas en quiebra, con una cuantía que podría ascender a los 3.718
millones de euros, según los últimos cálculos elaborados por el Tribunal
de Cuentas. Se trata del importe que la Administración tendría que
abonar en concepto de responsabilidad patrimonial (RPA).
A esa cifra
habría que restarle el dinero que consiga Fomento cuando adjudique de
nuevo todas las vías, una operación por la que el Estado podría obtener
entre 800 y 1.000 millones de euros, con lo que el coste neto del
rescate sería de unos 2.500 millones.
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