NUEVA YORK.- El mandato de vacunas de Nueva York para los trabajadores de la salud recibió un fuerte golpe ayer martes cuando un juez federal en Utica otorgó una orden judicial preliminar en nombre de 17 trabajadores médicos que sostienen que el hecho de que el estado no considere las exenciones religiosas ha violado sus derechos constitucionales.
El fallo suspende el mandato “en la medida en que el Departamento de Salud (estatal) no pueda hacer cumplir cualquier requisito de que los empleadores nieguen las exenciones religiosas de la vacunación COVID-19 o que revoquen las exenciones que los empleadores ya concedieron antes de que se emitiera el mandato. ”
El estado también tiene prohibido interferir con la concesión de exenciones religiosas en el futuro, ya que el caso está plenamente litigado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU.
La gobernadora Kathy Hochul emitió un comunicado inmediatamente después de la decisión, diciendo que su “responsabilidad como gobernadora es proteger a la gente de este estado y exigir que los trabajadores de la salud se vacunen. Respaldo este mandato y lucharé contra esta decisión en la corte para mantener seguros a los neoyorquinos “.
El juez federal de distrito David N. Hurd emitió la decisión de 27 páginas y señaló que el estado “no ofreció una explicación adecuada” de por qué un trabajador de la salud que calificaba como “médicamente exento” de la vacunación podía tener la posibilidad de someterse a pruebas diarias. antes de cada turno y con una máscara N95 ajustada, pero ese “ajuste razonable” no se extendió a un trabajador con una “objeción religiosa sincera”.
“Los acusados tampoco han explicado por qué optaron por apartarse de mandatos de vacunación de atención médica similares emitidos en otras jurisdicciones que incluyen el tipo de exención religiosa que originalmente estaba presente en la orden del 18 de agosto”, afirma la orden.
Hurd concluyó que existe una buena posibilidad de que los demandantes prevalezcan en el juicio sobre su argumento de que el mandato del estado no cumple con los requisitos para acomodaciones religiosas bajo la Ley federal de Derechos Civiles de 1964, y que viola la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda porque permite exenciones médicas pero no las basadas en la religión.
En este caso, y en otros que se han presentado contra el estado alegando violaciones constitucionales similares, los demandantes afirman que va en contra de sus creencias religiosas vacunarse porque las vacunas COVID-19 disponibles utilizaron tejidos de células madre fetales obtenidos de abortos como parte de su investigación y desarrollo.
El caso fue presentado el mes pasado contra Hochul, el comisionado de salud Howard Zucker y la procuradora general estatal Letitia James en nombre de los 17 profesionales médicos no identificados.
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