MADRID.- Varias cajas de pliegos se amontonaron para salir de Madrid y distribuirse por toda España el invierno de 2020. Con el país ya desconfinado por la pandemia pero perimetrado durante meses, el objetivo de conseguir 500.000 firmas de puño y letra es difícil de alcanzar, aunque es lo que requiere toda Iniciativa de Ley Popular (ILP) que se lleve al Congreso.
El reto en este caso, para el que ya se cuentan 325.000 rúbricas, está en otorgarle personalidad jurídica al Mar Menor.
Esto es nuevo en Europa. Nunca antes se hizo porque no es un ciudadano.
Es la laguna costera de la región de Murcia. Pero si una entidad
comercial tiene derechos, si todos los tenemos, ¿por qué no los tiene
nuestro entorno?, se pregunta El Mundo.
Este cambio de paradigma, esta vuelta de tuerca para que de los derechos humanos pasemos a considerar los derechos de la naturaleza, en realidad, ya existe. Hace tiempo que los países con más territorio virgen por proteger, como Nueva Zelanda, Colombia o Ecuador, incluyeron en sus leyes o constituciones lo que Naciones Unidas llama la Jurisprudencia de la Tierra, su derecho a coexistir con nosotros.
En España, la abogada Teresa Vicente y sus alumnos de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia son los ideólogos de intentarlo en nuestro territorio. Todo empezó en 2019, llevando al papel la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el río Atrato (la que lo reconoce como sujeto de derechos) y adaptarla al problema ecológico de Mar Menor, que acababa de morir.
¿Qué puede ser más excitante para un trabajo de fin de grado de Derecho que algo inédito en la ley? Los estudiantes se pusieron manos a la obra, su profesora lo trabajó en paralelo y surgió el proyecto, el primer ensayo en Europa para que un ecosistema adquiera la misma figura legal que la de sus habitantes, incluyendo flora y fauna.
"Hablar de derechos humanos está obsoleto. Tenemos que hablar de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Porque si violamos los derechos de la naturaleza, violaremos los derechos humanos, el derecho a respirar, a la salud o a la alimentación".
Así explica Teresa Vicente a El Mundo su motivación para sacar adelante la ILP de Mar Menor y recoger medio millón de firmas en uno de los momentos más delicados para la humanidad y el peor de la laguna salada, su segunda muerte, tras la pérdida de 15 toneladas de algas, peces y crustáceos. "No nos quedan pliegos", confesó a este medio días antes del último recuento. "Si lo logramos, pasaremos a la historia por recoger 500.000 firmas en plena pandemia".
Todo el país se ha volcado. A pie de cañón, de Bilbao a Melilla, con Filomena en invierno, mascarilla y un calor abrasador en verano, cientos de federatarios (ecologistas, universidades, colegios, asociaciones culturales, deportivas, artísticas, de moteros, librerías, restaurantes, peluquerías o veterinarios) llevan estos pliegos por toda la geografía española.
"Firmo con mi hija. Quiero que nuestros nombres figuren entre los que lo lograron. Será una ley para todos", dice un hombre en pleno centro de Madrid mientras se fotografía para inmortalizar el momento. Aún tienen hasta el 28 de octubre de 2021 para recolectar los 24.000 pliegos dispersos y alcanzar la soñada cifra.
Todas las firmas las revisará la Junta Electoral Central. Si son válidas se remitirán al Congreso de los Diputados, donde se decidirá si el proceso sigue y pasa a votación. Si se aprueba, la iniciativa podría también tener éxito en Doñana, Delta del Ebro o la Albufera de Valencia. Mientras, la Unión Europea toma nota de lo que ocurre en España y trabaja en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Naturaleza.
¿Y qué cambia si Mar Menor obtiene derechos? La respuesta está en los que ya los tienen: el parque de Te Urewera (sujeto de derecho en Nueva Zelanda desde 2014); el río Atrato (Colombia, 2016); el río Whanganui (Nueva Zelanda, 2017); la Amazonía colombiana (2018) y otros seis ríos del país. En intento fallido se cuentan el Ganges (India, 2017) o el lago Erie (EEUU, 2019), cuyas leyes no se aprobaron o se revocaron.
En Mar Menor, ante la corrupción agraria y urbanística o la inacción de las administraciones, cualquier ciudadano podría denunciar que se vulneran los derechos de la laguna. La novedad jurídica estaría en que un abogado la defendería ante un juez.
"Tener esta ley no quiere decir que se respete, pero estaremos a otro nivel", reflexiona Teresa Vicente.
"El cambio más profundo es el que vemos ahora en la mentalidad de las
personas. Ya saben que Mar Menor tiene derechos porque lo han visto
morir".
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