MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el
Patrimonio de Murcia (Huermur) ha solicitado por escrito al Ayuntamiento
de Murcia, y directamente a los responsables municipales implicados, la
paralización cautelar del derribo de los muros y diversas partes de la
Antigua Prisión Provincial de Murcia, o también llamada Cárcel Vieja, al
haber detectado un error gráfico en la ficha de protección del inmueble
en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ante
esta situación, y anunciado el derribo inminente de estos elementos
estructurales del edificio por el Ayuntamiento, Huermur remitió hace
unos días al Consistorio un requerimiento para la corrección inmediata
de la ficha del PGOU en aplicación del artículo 109 la Ley 39/2015 del
procedimiento administrativo, ya que en su texto recoge la protección
del conjunto actual del inmueble, pero casualmente en el plano adjunto
alguien olvidó grafiar los muros, garitas y verjas del singular
edificio.
La Prisión Provincial de Murcia es un importante
elemento del patrimonio cultural murciano, debido principalmente a sus
características arquitectónicas y a su sólido significado histórico.
Este singular edificio con casi cien años de historia, se proyectó hacia
1922 sobre unos terrenos pertenecientes a la Marquesa de Salinas,
siendo finalizado en 1927, e inaugurado el domingo 26 de mayo de 1929.
El inmueble ha sufrido un largo periodo de abandono institucional y
diversos intentos de demolición y destrucción total o parcial, logrando
sobrevivir y constituyendo actualmente un elemento patrimonial básico en
la configuración de la fisonomía urbana de la zona norte de la ciudad
de Murcia.
Actualmente la antigua prisión está
catalogada en el PGOU con grado dos y protección estructural,
considerada como bien catalogado por su relevancia cultural, según la
legislación autonómica de Patrimonio Cultural, y desde el año 1979 el
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos, incluyó a la Antigua Cárcel en el
inventario de los inmuebles que forman parte del Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico de España, con el número
30.232.
Huermur remarca que la única intervención que permite
la normativa vigente en este histórico inmueble, sus muros y demás
elementos es la de su rehabilitación. Para la entidad resulta
inadmisible que el proyecto municipal prevea la "recreación" de los
muros, mediante la colocación de perfiles metálicos, cuando dichos muros
ya existen y estarían protegidos. Estos muros no solo forman parte del
conjunto, sino que son la principal característica del mismo pues le
dieron su condición de edificio destinado a cárcel, resultando
inconcebible una cárcel sin muros, pues los mismos son indisolubles del
propio concepto de prisión; además de que sin éstos la cárcel pierde
toda su singularidad histórica, cultural y sociológica.
Igualmente,
Huermur indica que cabe resaltar la inadecuada sustitución de parte de
los tejados (cubierta superior que forma parte de la estructura del
edificio catalogado) de la fachada del edificio hacia la avenida Primo
de Rivera, en el lado sur del pabellón de entrada. Sustituir una parte
del tejado por grandes luminarias, que además estarán retroiluminadas,
como se puede observar en los planos del proyecto y en las recreaciones
hechas públicas, suponen una alteración sustancial de la fachada y la
estructura del inmueble, entrando en clara contradicción con las ya
expuestas previsiones de la ficha de protección en el PGOU, donde señala
que "cualquier actuación en las fachadas deberá tender a recuperar la
imagen original del edificio, así como su volumetría".
La
entidad le ha comunicado tanto al Consistorio como a la Consejería de
Cultura, esta situación mediante un escrito sustentando en diversa
jurisprudencia del Tribunal Supremo, legislación vigente, así como en el
reciente caso de la protección de la Cárcel de San Antón en Cartagena,
donde se reconoce expresamente que uno de los principales criterios para
la protección de estos edificios carcelarios son sus muros y garitas.
El
colectivo añade que "resultaría inadmisible que los criterios fijados
por el Supremo, la normativa e incluso la propia Consejería de Cultura,
no se respeten en la ciudad de Murcia por los caprichos y ocurrencias de
los gobernantes locales de turno".
Por último, Huermur avisa que si se ejecuta por parte del Ayuntamiento
de Murcia el derribo de partes catalogadas o protegidas del inmueble de
la histórica prisión, pondrá los hechos en conocimiento del juzgado de
guardia, y requerirá la intervención del Ministerio de Cultura para
evitar cualquier daño por presunta expoliación, en virtud del artículo 4
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
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