Parece que la
desaceleración está siendo más rápida de lo previsto. Dos datos sugieren
que eso puede estar ocurriendo. Uno, la fuerte caída de la afiliación a
la Seguridad Social y el aumento del paro registrado en el mes de
enero.
El otro, la reducción en dos décimas, hasta el 1,6%, de las
previsiones que el FMI y otros organismos habían hecho hace solo cuatro
meses sobre crecimiento de la economía española. No son buenas noticias.
La cosa no sería grave si no va a más. Pero empieza a no estar claro
que eso no vaya a ocurrir.
El barómetro de empresas
que elabora Deloitte y ha publicado esta semana El País no es
precisamente alentador. El 47% de las empresas consultadas cree que la
economía española empeorará este semestre. El 41% opina que se mantendrá
y sólo el 12% se muestra optimista.
La demanda interna, que se verá reforzada aunque no
mucho, por los aumentos salariales y las exportaciones son las bases del
crecimiento económico español de los últimos seis años. Pero han
empezado a surgir dudas sobre el tiempo en que se mantendrán esas
tendencias.
Entre otras cosas, falta por saber qué
impacto tendrá sobre la economía mundial, y directa o indirectamente
sobre la española, la epidemia de coronavirus. Es una pesada incógnita
sobre la que los especialistas no se atreven a pronunciarse. Sobre todo
porque nadie sabe cuánto va a durar. Por el momento no hace sino
expandirse.
Y empiezan a llegar algunos datos económicos preocupantes.
Como expresión del parón que está sufriendo China, su consumo de
petróleo se ha reducido un 25%, que equivale a un 3% mundial. De ahí que
los precios del crudo lleven ya dos semanas cayendo.
Los
proveedores europeos de piezas para la industria automovilística china,
alemanes sobre todo aunque también hay alguno español, ya han anunciado
que están a punto de proceder a fuertes recortes de producción. Otros
sectores podrían encontrarse en la misma situación. Sin embargo, las
bolsas mundiales están aguantando hasta el momento.
El
asunto no pinta bien. Pero aún no hay base para hacer predicciones
demasiado negativas. Entre otras cosas porque un empeoramiento de la
epidemia, en intensidad o en duración, podría provocar reacciones
mundiales para hacer frente a sus consecuencias económicas y estas
revertir, o cuando menos paliar, el actual proceso de deterioro.
Ni
siquiera cabe descartar que provocara una tregua en la guerra comercial
que libran Pekín y Washington y que es una de las causas de la
ralentización que desde hace bastantes meses sufre la economía mundial y
la europea en particular. En los últimos días China ha dado algún paso
en esa dirección.
No es fácil trasladar a la escena
política española tanto dato económico inquietante. Por el momento, las
prioridades del debate público son muy otras. Durante unos días las
protestas de los agricultores han quitado el protagonismo a la crisis
catalana. Pero la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra ha vuelto a
poner las cosas en su sitio.
Aunque la situación de algunos de sus
sectores sea angustiosa, a los agricultores les costará volver a ocupar
las primeras, a no ser que su movilización suba hasta cotas hoy por hoy
impensables. Porque sus problemas son hondos y antiguos y no de fácil
solución. El gobierno se ha comprometido a actuar y cabe sospechar que,
aparte de alguna reforma, eso se traducirá en más gasto público.
Es
de suponer que Pedro Sánchez se resistirá cuanto pueda a eso. Porque
ahí, en el gasto, reside el principal problema de su gobierno. La subida
de las pensiones acaba de costar 1.400 millones de euros. La del sueldo
de los funcionarios, 3.200. Y el monto de las reformas sociales que
figuran en el programa del Gobierno de coalición ascendería a no menos
de 12.000 millones, en su versión más optimista, o de 21.000 según otros
cálculos.
¿De donde va a salir ese dinero y más si la
desaceleración económica reduce las previsiones de recaudación fiscal
que se han hecho hace sólo pocas semanas? Esa es la gran incógnita del
momento, mucho más sólida que la duda de si va a haber presupuestos o
no, que todo indica que los habrá, salvo una sorpresa mayúscula. Aunque
el suspense se mantendrá hasta el último minuto. Para solaz de una
derecha que sigue perdida y que, por no saber, no sabe ni hacer
oposición.
Aunque no lo ha confirmado oficialmente, el
Gobierno confía en que la Comisión Europea acepte ampliar de uno a
cuatro años el plazo de reducción del déficit público español. (De la
deuda pública ni se habla, porque hasta los más optimistas creen que
pasará al menos una década hasta que empiece a reducirse
significativamente). Pero, ¿aceptaría Bruselas un presupuesto que, bien
leído, supusiera un aumento significativo de ese déficit, como
consecuencia de los mayores gastos previstos?
Nadia
Calviño se tendrá que remangar para lidiar ese toro. Porque, por el
momento, nadie en el Gobierno ni en los partidos que lo forman ha hecho
la mínima mención a la posibilidad de ir más allá de lo anunciado en
materia de aumento de impuestos, que es claramente insuficiente para
atender al citado aumento del gasto. ¿Se planteará esa cuestión de cara a
los próximos presupuestos, que, si se hicieran bien las cosas, deberían
empezar a discutirse este mismo otoño?
Y una cuestión
más. La contrarreforma laboral es otro de los banderines de enganche
del Gobierno de coalición. Aún no se ha hablado a fondo del asunto, pero
Unidas Podemos, e incluso los sindicatos, han moderado el tono de sus
exigencias en esta materia. El mundo empresarial mantiene su rechazo.
La
CEOE, CCOO y UGT han acordado la subida del salario mínimo y se
disponen a afrontar la negociación de los convenios sobre la base de un
aumento salarial en ese mismo porcentaje. Pero sus posiciones en materia
de contrarreforma laboral siguen tan alejadas como siempre. Lo que cabe
preguntarse es si el Ejecutivo mantendrá sus intenciones en ese
capítulo -que, por otra parte, no se conocen con precisión- si la
coyuntura económica empeora.
(*) Periodista
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