Diversas organizaciones empresariales encabezadas por la Cambra de Comerç de Barcelona y su presidente Joan Canadell
han celebrado esta semana una reunión para tratar de revertir el
déficit crónico de infraestructuras en Catalunya. Es este un problema a
estas alturas perfectamente perimetrado y que, unido al déficit fiscal
también cronificado, ahoga a la economía catalana y dificulta su
competitividad.
No estuvieron todos los agentes económicos catalanes por
razones que tienen mucho más que ver con sus cuotas particulares de
protagonismo que por divergencias de fondo en esta cuestión ya que si la
Cambra cifró en 45.000 millones de euros la inversión necesaria hasta
2030 para paliarlo, Foment situó en 28.000 millones el déficit en infraestructuras de los últimos diez años.
Estamos hablando, en cualquier caso, de cifras astronómicas que
justifican el enojo tan transversal existente en la sociedad catalana.
Este sábado, el president Quim Torra, coincidiendo con
la puesta en servicio de la estación de la Zona Franca de la línea 10
Sur del metro, ha pedido un frente común del conjunto de las
administraciones catalanas para exigir al Estado las inversiones
necesarias para que Catalunya tenga de una vez por todas un servicio de Rodalies como es debido.
Una y otra vez desde Catalunya se pone encima de la mesa esta
petición al gobierno español sin resultado real alguno. De promesas y
titulares de periódicos están las hemerotecas llenas, de resultados,
lamentablemente, hay muy poco a registrar.
El Estado español ha ido
siempre encontrando una excusa para no hacerlo y tan solo hace falta
repasar lo que ha sucedido en este siglo: mayoría absoluta e inicio de
recentralización del Estado con José Maria Aznar; Estatut
d'Autonomia incumplido con Catalunya e inmediatamente después crisis
económica con José Luis Rodríguez Zapatero; austeridad y recetas de
contención de la inversión con Rajoy, a lo que se unió una crisis total
con el inicio del proceso soberanista y el ahogo financiero a la
Generalitat; y, finalmente, dieciocho meses de presidencia de Pedro
Sánchez sin cuentas públicas aprobadas, viviendo de los presupuestos de Montoro de 2018.
Por si fuera poco, las partidas de los presupuestos en
infraestructuras con Catalunya nunca se han agotado, a diferencia de
Madrid, como se hizo evidente al conocerse la ejecución presupuestaria
real durante el periodo 2015-2018 y que según la intervención general
del Estado fue de un 65,9% en Catalunya frente al 113,9% de Madrid. Las
reglas deben ser más que diferentes para tan abismales datos.
Y aunque
el objetivo de los partidos independentistas tiene que ser lograrla e
intentar alcanzar un acuerdo para la celebración de un referéndum
acordado, acusar permanentemente al Estado español de maltrato a los
ciudadanos de Catalunya también debe formar parte de su agenda diaria de
denuncias públicas.
(*) Periodista y director de El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario