Aunque a Carles Puigdemont el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC
para la investidura de Pedro Sánchez le parece muy poca cosa, porque en
él no se cita expresamente la autodeterminación, el texto del acuerdo
aprobado por el Consejo Nacional de ERC constituye una violación
flagrante del marco constitucional español, porque en él se implica al
Gobierno de España y no sólo a dos partidos políticos.
La gravedad jurídica y el alcance político del pacto hallado entre el
aún presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el
preso y delincuente Oriol Junqueras (ambos son los artífices del
acuerdo) viola de una manera explícita la Constitución Española, porque
en él se reconoce al Gobierno de Cataluña como una institución y ente
político ajeno a España, al hablar de una Mesa de Gobiernos’ de España y
Cataluña y de ‘bilateralidad’.
Y con semejante acuerdo Pedro Sánchez (y el PSOE que lo consiente) se
van a poner fuera de la Constitución lo que va a obligar pronto al
Tribunal Constitucional a tomar cartas en el asunto y a anular cualquier
acuerdo que se adopte en esa mesa de Gobiernos porque cualquier para
que emane de semejante contubernio será inconstitucional.
Como es inconstitucional ‘el reconocimiento institucional y la
bilateralidad de los Gobiernos de España y la Generalitat’. Y la
pretendida superación de la judicialización del ‘conflicto político’
catalán. Lo que presupone que los delitos que, en contra el ordenamiento
jurídico español se produzcan en Cataluña por parte de las autoridades y
partidos catalanes, quedaran fuera del marco jurídico español lo que es
otra aberración inconstitucional.
Y lo mismo ocurre con la anunciada ‘consulta’ o referéndum encubierto
de autodeterminación sobre acuerdos entre dos Gobiernos, del mismo
rango y en igualdad de condiciones. Consulta inconstitucional que
pretende abordar cuestiones que son competencia de la soberanía nacional
española que, en ningún caso, podrá quedar al margen de una consulta
que afecte al presente y futuro de Cataluña, porque interesa al Estado, a
la unidad nacional y a la Constitución.
Estamos ante el embrión de un ‘golpe blando’ de Pedro Sánchez en
contra de la Constitución y del ordenamiento jurídico español, con el
solo objetivo de que Sánchez reciba el apoyo, ya acordado de ERC, para
su investidura. Lo que constituye un histórico disparate que no debería
de aprobar el PSOE, salvo que este partido haya decidido romper también
su compromiso con la Constitución Española.
Responsabilidad grave la que el PSOE en estos momentos tan decisivos y
también de las primeras instituciones del país así como las fuerzas
políticas constitucionales de España, la sociedad civil y grandes medios
nacionales de comunicación. Y ahí incluido de especial manera el diario
El País que ha estado avalando, con su infame silencio, todo
este proceso y la negociación inconstitucional cuyas graves
consecuencias no se harán esperar.
(*) Periodista
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