MURCIA.- El
primer teniente de alcalde y concejal de Fomento de Murcia, Mario
Gómez, pidió al alcalde, José Ballesta, que convoque una reunión
urgente para analizar el sistema de contratos menores para velar por la
correcta aplicación de la ley. El edil ya ha puesto en entredicho en
varias ocasiones la legalidad de esos contratos; la última, en el Pleno
del pasado jueves durante el debate de una moción sobre las reparaciones
de los coches de la Policía Local.
Gómez, de cuya Concejalía dependen
las contrataciones, reconoció que hay retrasos en la prestación de esos
servicios porque su departamento está revisando la legalidad de los
contratos. El líder de C's en Murcia anunció en un comunicado que ha
pedido la asistencia a la reunión de la directora de los servicios
jurídicos, la Intervención y los jefes de los servicios de contratación,
tesorería y contabilidad.
El objetivo, afirmó, es
abordar las conclusiones de la instrucción 1/2019 dictada por la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano
creado para velar por la correcta aplicación de la legislación, promover
la concurrencia y combatir las ilegalidades en la contratación pública,
cuyos informes «son de obligado cumplimiento para los órganos del
sector público del Estado», expuso.
Así, destacó la importancia de crear
«un mecanismo de control claro y efectivo sobre los contratos menores
en todas las concejalías y servicios municipales para evitar su uso
fraudulento, reducirlos a las excepcionalidades que marca la Ley de
Contratos del Sector Público y acabar con la inseguridad jurídica en la
que actualmente se encuentran todos los concejales».
Tras
recordar la reapertura de la causa contra el exconcejal del PP
Cristóbal Herrero, investigado por supuestos contratos a dedo que
constituyen presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y
malversación, Gómez advirtió de que «debemos evitar a toda costa que se
pueda incurrir en un posible fraude de ley y que la contratación del
Ayuntamiento siga estando en entredicho».
En la nota remitida concluyó
indicando que no se puede seguir utilizando el contrato menor como
procedimiento ordinario «cuando debería ser excepcional».
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