MURCIA.- Las asociaciones No Te Prives y Asfagalem se suman a la denuncia de la Felgtb en contra del 'pin parental'
y demandan ante el Defensor del Pueblo su "intervención de manera
urgente" para poner fin "a la vulneración de derechos que se están
cometiendo con las nuevas instrucciones de inicio de curso por parte de
la Consejería de Educación de Murcia".
Estas instrucciones surgen en respuesta del partido PP a las peticiones de Vox de instaurar su 'pin parental' para favorecer el Gobierno de López Miras.
Una vez formado gobierno, la actual consejera de Educación, María de la Esperanza Moreno Reventós, emitió a comienzo del curso 2019/2020 unas instrucciones por las que obliga a los centros a contar con permisos expresos de las familias y/o tutores para que el alumnado participe en las actividades complementarias programadas para desarrollar los contenidos curriculares.
Una vez formado gobierno, la actual consejera de Educación, María de la Esperanza Moreno Reventós, emitió a comienzo del curso 2019/2020 unas instrucciones por las que obliga a los centros a contar con permisos expresos de las familias y/o tutores para que el alumnado participe en las actividades complementarias programadas para desarrollar los contenidos curriculares.
"Estas instrucciones vulneran, a sabiendas y sin la más
mínima búsqueda de consenso con las instituciones educativas, AMPAS,
otros agentes sociales y toda la sociedad en su conjunto, numerosas
normas legales y ponen en riesgo derechos constitucionales fundamentales", protestan desde los colectivos.
No Te Prives y Asfagalem aseguran que así contradicen los dos decretos de la Comunidad Autónoma - el 220/2015 y el 198/2014, por los que se establecen los currículos de Educación Primaria y Secundaria en la Región y el 198/2014 - y la Ley 8/2016 de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la Convención de los Derechos del Niño; la Constitución; la LOMCE; la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; la Ley Orgánica que regula el Derecho a la Educación y el Estatuto de Autonomía, que apunta que "los poderes públicos de la Región reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual".
Ante este "atropello" tanto la Asociación de Directores de Secundaria (ADIS), como la FAPA Región de Murcia, así como los sindicatos STERM y CCOO interpusieron un recurso de alzada a la misma. Recursos que ha desestimado la propia Consejería de Educación, "y cuya Consejera Esperanza Moreno se niega a recibir a los representantes de No Te Prives y Asfagalem", manifiestan.
Por todo ello, insta al Defensor del Pueblo a intervenir "ante esta situación de injusticia y atropello, que además de ser intimidatoria para los centros educativos y el personal docente que trabaja en los mismos, provoca un evidente estado de indefensión en las personas LGTBI así como en el resto de alumnado".
Los colectivos ponen de relievo que "sólo a través de la educación es posible erradicar los históricos prejuicios que han maltratado a una minoría social que va avanzando en Igualdad lentamente, contra la resistencia de una parte que pretende poner freno a la misma, llegando incluso a actuar de manera contraria a nuestra legislación".
"Como sociedad no podemos permitir que aún se cuestione la dignidad de millones de personas que, una vez más, la ven sometida a juicio, ninguneo o desprecio", apuntan.
No Te Prives y Asfagalem aseguran que así contradicen los dos decretos de la Comunidad Autónoma - el 220/2015 y el 198/2014, por los que se establecen los currículos de Educación Primaria y Secundaria en la Región y el 198/2014 - y la Ley 8/2016 de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la Convención de los Derechos del Niño; la Constitución; la LOMCE; la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; la Ley Orgánica que regula el Derecho a la Educación y el Estatuto de Autonomía, que apunta que "los poderes públicos de la Región reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por la orientación sexual".
Ante este "atropello" tanto la Asociación de Directores de Secundaria (ADIS), como la FAPA Región de Murcia, así como los sindicatos STERM y CCOO interpusieron un recurso de alzada a la misma. Recursos que ha desestimado la propia Consejería de Educación, "y cuya Consejera Esperanza Moreno se niega a recibir a los representantes de No Te Prives y Asfagalem", manifiestan.
Por todo ello, insta al Defensor del Pueblo a intervenir "ante esta situación de injusticia y atropello, que además de ser intimidatoria para los centros educativos y el personal docente que trabaja en los mismos, provoca un evidente estado de indefensión en las personas LGTBI así como en el resto de alumnado".
Los colectivos ponen de relievo que "sólo a través de la educación es posible erradicar los históricos prejuicios que han maltratado a una minoría social que va avanzando en Igualdad lentamente, contra la resistencia de una parte que pretende poner freno a la misma, llegando incluso a actuar de manera contraria a nuestra legislación".
"Como sociedad no podemos permitir que aún se cuestione la dignidad de millones de personas que, una vez más, la ven sometida a juicio, ninguneo o desprecio", apuntan.
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