Desde hace meses sigo con interés las pesquisas del titular del
juzgado de instrucción número siete de Barcelona sobre las cargas del
Cuerpo Nacional de Policía el 1 de octubre en la capital catalana, una
cuestión sobre la que el oscurantismo practicado impide conocer con
detalle quiénes dieron las órdenes y qué órdenes dieron a los policías.
No es un asunto menor, ya que la violencia de aquella jornada electoral
fue absolutamente desproporcionada, hubo un millar de lesionados entre
los votantes que acudieron a los colegios electorales, la imagen de un
Estado represor causó un grave daño a España y, lo que es peor, se puso
en marcha una maquinaria oficial para presentar al pacífico independentismo catalán
como un espacio ideológico violento.
Y todo ello formó parte de la
telaraña institucional para encarcelar primero a los Jordis -Cuixart y Sànchez- y más tarde a la gran mayoría de los miembros del Govern que no optaron por el exilio.
El juez mantiene imputados a una cuarentena de agentes de la policía
española y ha citado a declarar como investigados el próximo mes de
octubre a los ocho inspectores jefe del cuerpo que
fueron los responsables de los diferentes dispositivos policiales en un
total de 27 puntos de votación de Barcelona.
El objetivo del juez es
muy sencillo: ¿quiénes ordenaron las cargas policiales? Tendría que ser
fácil averiguarlo pero lo cierto es que hasta la fecha nada se ha sabido
ya que todos alegan que obedecían instrucciones.
Pero claro, alguien
tenía que darlas. Episodios similares ya los vivimos en el Tribunal
Supremo, donde nadie sabía nada de lo que había sucedido el 1 de octubre
y de la actuación policial. Los de abajo no recordaban quién había sido
y los de arriba estaban en otras cosas y no en estas minucias.
Por eso, es muy interesante saber si el viaje del juzgado número siete
lleva a algún sitio o es un camino vedado a la verdad, lo que haría
mucho más difícil que los responsables pudieran, en todo caso, ser
castigados. La clave está, obviamente, en las órdenes concretas
formuladas aquella jornada en la que según el auto del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) para impedir el referéndum tampoco se
daba carta blanca a la autoridad policial sino que se acotaba su
actuación.
Por ello es tan importante conocer si fueron los mandos
políticos, los mandos policiales o los propios agentes los que incitaron
a que se actuara o actuaron con la virulencia de aquella jornada negra
para la democracia española.
A pocas semanas del segundo aniversario del 1 de octubre y en vísperas de la sentencia del Supremo, que el fiscal Zaragoza
ya nos anuncia que se hará pública antes del 12 de octubre, Día de la
Hispanidad, conocer con detalle como se llegó aquellos extremos de
violencia policial sería de un gran interés y rompería relatos de la
maquinaria de la mentira que es España Global.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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