Es evidente que el fiscal Javier Zaragoza se extralimitó cuando precisó el pasado miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo sobre
los presos políticos se conocería en la primera quincena de octubre y,
concretando aún más, la ajustó a los primeros diez días, justo antes de
la festividad del Pilar, Día de la Hispanidad y fiesta
nacional española.
La posición expresada por Zaragoza en un foro
celebrado en Buenos Aires -¿acaso pensaba que la noticia no correría
como la pólvora?- no deja en el mejor de los lugares a los miembros del
Supremo por aquello de la separación de poderes, del secreto de las
deliberaciones del tribunal y de la independencia del poder judicial.
Quizás, a estas alturas, es que cualquiera de las tres cosas todo el
mundo ha asumido que se respetan poco pero que un fiscal del Supremo,
que tuvo un papel clave en el juicio, se haya puesto en modo tertuliano
es algo que a estas alturas nadie se cree.
Por eso no es extraño que la fiscal general del Estado, Maria José
Segarra, haya querido tirar de las orejas a Zaragoza desautorizando su
vaticinio, pidiendo que eviten elucubraciones, y explicando las enormes
dificultades de una sentencia enormemente compleja sobre todo si se
quieren fijar condenas que no tienen por dónde aguantarse jurídicamente,
especialmente las que afectan a rebelión, sedición y, en una parte muy
importante, a la malversación.
Es obvio que Zaragoza no tocaba de oídas,
ni hacía de tertuliano. Básicamente porque el fiscal del Supremo, que
ha sido durante diez años fiscal jefe de la Audiencia Nacional
y ha jugado un papel importante en todos los temas de ETA, está en el
organigrama de la fiscalía un escalón o quizás dos por debajo de Segarra
pero tiene un control de los resortes del Estado muy superior al de
ella, quien, al fin y al cabo, está de paso en el cargo.
La fecha exacta de la sentencia no es baladí ya que con la
convocatoria de las elecciones españolas para el próximo día 10 de
noviembre y ante las más que previsibles condenas es probable que los
presos políticos no lleguen a ser candidatos electorales. Quizás por
ello la coordinadora de Junts per Catalunya en Madrid,
Laura Borràs, ha abierto, queriendo o no, un debate sobre si han de ir a
las listas o no los presos políticos ante esta eventualidad habida
cuenta de que Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull
encabezaron las listas de Barcelona, Lleida y Tarragona el pasado 28 de
abril.
Obviamente, Borràs se ha equivocado provocando un debate que los
presos no querían y que ante la inminencia de las sentencias no les
ayuda en nada no concurrir a los comicios. Ahora tendrá que reconducir
un debate público que no existía hasta que ha hablado en la radio.
Esquerra se ha alejado de esta polémica y estirará mientras pueda la
candidatura de Junqueras y Romeva que, por otro lado, le dio la
oportunidad de ganar por primera vez las elecciones españolas en
Catalunya.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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