MADRID.- Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra 22 convocatorias y nombramientos recientes en la cúpula judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pertenece el cuestionado magistrado murciano Juan Martínez Moya, a la derecha en la imagen.
Acuden a la vía judicial tras “dos meses” esperando a que el CGPJ
revocase estas convocatorias y anulase cautelarmente sus
correspondientes nombramientos. Entienden que no cumplen la modificación
del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que
establece que las designaciones tienen que responder a un baremo que
atiendan a criterios de mérito, experiencia y capacidad.
Según explica la AJFV en un comunicado, ambas asociaciones han dado
“un paso más allá” después de que hayan recurrido 13 de estos
nombramientos por la vía administrativa ante el propio órgano de
gobierno de los jueces.
“Ante la negativa a aceptar estas medidas cautelares hasta que el
CGPJ resuelva los recursos contra sus respectivas convocatorias”, las
asociaciones han decidido llevar directamente al alto tribunal nueve
nombramientos realizados este mes, más los otros 13. Son los relativos a
las presidencias de la Audiencia Nacional, varias salas de Tribunales
Superiores de Justicia (TSJ) o una decena de Audiencias Provinciales,
entre otros.
Así cumplen la advertencia que realizaron cuando presentaron los
recursos de reposición ante el CGPJ el pasado mes de junio de acudir al
Tribunal Supremo si sus peticiones no eran estimadas.
Las asociaciones de jueces llevan meses reclamando al órgano de
gobierno de los jueces que, en virtud de la modificación del artículo
326 de la LOPJ, se tengan en cuenta sus propuestas para evitar que haga
“un traje a la carta” de los candidatos y fijar mecanismos que permitan
objetivar en lo posible el nombramiento de los cargos discrecionales en
el Poder Judicial.
A ello se suma, además, la crítica a que los nombramientos se estén
produciendo mientras el órgano de gobierno de los jueces presidido por
Carlos Lesmes se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.
Con todo ello, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria recalca
que lo que se persigue es un “sistema de nombramientos más justo,
objetivo e imparcial” y que muestra de ello es la impugnación del
nombramiento de alguno de sus asociados como el de la magistrada María
José Hernández, que obtuvo la Presidencia la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tras la polémica suscitada por
el “trato discriminatorio” sufrido durante su entrevista como candidata.
“Para nosotros el interés general por un sistema de nombramientos más
justo, objetivo e imparcial está por encima del interés particular de
nuestros asociados o de la propia asociación”, ha explicado el portavoz
nacional de AJFV, Raimundo Prado.
Pues, según Prado, el CGPJ está actuando como “un club de golf en el
que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería
contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial
a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”.
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