En numerosas ocasiones, 'La Verdad' ha denunciado la falta de
compromiso de los partidos políticos con la penosa situación de la
Justicia en la Región, y ha respaldado la independencia y la autonomía
de jueces y fiscales, especialmente vulnerables durante la instrucción
de los casos de presunta corrupción política.
Ese desdén y desinterés
hacia la Administración de Justicia, cuyas competencias siguen en manos
del Gobierno central, quedaron de nuevo patentes en las últimas campañas
electorales. Ahora, como en el futuro, nosotros seguiremos reclamando
tanto las reformas judiciales como los medios materiales y humanos que
precisan nuestros juzgados.
Pero ese apoyo es, y será, plenamente
compatible con la exigencia a todos nuestros profesionales de la
Justicia del compromiso, diligencia y responsabilidad que comporta el
ejercicio de su importante función constitucional. Por eso hoy es
ineludible expresar nuestro estupor ante el escandaloso final de la
investigación del caso de la desaladora de Escombreras.
Como ya había
ocurrido con anterioridad en el 'caso Pasarelas', que afectaba al
mismísimo expresidente Pedro Antonio Sánchez, la superación del plazo
legal para poder ampliar la investigación ha conducido a la nulidad de
todas las actuaciones efectuadas por la juez con posterioridad a los
primeros seis meses desde que se levantó el secreto del sumario.
Esta
vez, el fiscal solicitó en tiempo la declaración de causa compleja, pero
la juez no la decretó hasta pasado un mes después de vencido el plazo.
Por descuido, por olvido o por error, la magistrada no practicó una
sencilla pero crítica diligencia, lo que ahora deja sin efecto parte de
la investigación del más importante caso abierto en la Región en las
últimas décadas desde el punto de vista político. Una presunta
malversación de fondos públicos con un potencial riesgo financiero para
la Comunidad de 600 millones.
Objeto de una comisión de investigación en
la Asamblea Regional, el caso 'La Sal' era la 'madre' de todos los
sumarios. Ni más ni menos que la investigación que iba a poner a prueba
la capacidad de nuestros jueces y fiscales ante un caso que era pura
trilita política porque alcanzaba a los más altos niveles de poder del
partido en el Gobierno.
Antonio Cerdá, el consejero de Agricultura del
PP durante muchos años, es el principal investigado en la causa, pero la
Fiscalía y las acusaciones particulares se disponían a solicitar a la
juez que tomase declaración como imputado al expresidente Ramón Luis
Valcárcel, en cuanto perdiera en las próximas semanas su aforamiento
como eurodiputado.
Tampoco los exalcaldes Pilar Barreiro y Miguel Ángel
Cámara tendrán ya que declarar la próxima semana en calidad de testigos,
como estaba previsto. Finito. Caso cerrado. Se irá a juicio con las
pruebas practicadas durante los primeros seis meses. La instrucción más
relevante acaba con el más bochornoso de los ridículos para la Justicia
de la Región.
Las sentencias, exculpatorias o condenatorias, deben ser
aceptadas, pero es difícil asumir que un posible delito pueda quedar
impune por la inacción de una juez, que siempre había parecido ser
consciente de la relevancia social y política del caso que tenía entre
manos. Luego habrá quien se extrañe del desafecto y de la desconfianza
de los ciudadanos en sus políticos y en el sistema judicial.
El
estrepitoso error viene con nombre y apellidos, pero tiene un origen
político: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro
de Justicia, Rafael Catalá, en el Gobierno de Rajoy. Para agilizar el
esclarecimiento de los presuntos casos de corrupción (y acabar con lo
que llamaban 'penas de telediario' que erosionaban al PP) se reformó el
artículo 324 para limitar la instrucción a seis meses, ampliables a 18
meses mediante la declaración de causa compleja por parte del juez.
Se
redujo drásticamente el tiempo para investigar, pero los medios humanos y
materiales seguían siendo los mismos en unos juzgados sobresaturados de
casos y faltos de personal. Estas son las funestas consecuencias de una
reforma, cuyos intentos de enmienda fueron bloqueados en el último año y
medio por PP y C's.
Paradójicamente, la Audiencia Provincial, que
ha decretado la nulidad de las actuaciones por la superación del plazo
legal, a raíz del recurso de uno de los investigados, había adoptado en
2017 un acuerdo jurisdiccional, apoyado por todos los magistrados, que
avalaba la actuación de la juez: se podía decretar la complejidad pasado
el plazo de seis meses si alguna de las partes del proceso lo hubiera
solicitado antes.
Sin embargo, ese criterio quedó anulado por el Supremo
en abril, lo que ha obligado a la Audiencia a desdecirse y aplicar con
efecto retroactivo un principio doctrinal que no estaba vigente cuando
la juez decretó la complejidad de la causa. El presidente del TSJ,
Miguel Pasqual del Riquelme, debe tomar nota de lo ocurrido.
Una cosa es
el respeto a la independencia de un juez y otra es mirar hacia otro
lado cuando se produce un error de este calibre por el mal
funcionamiento de la Administración de Justicia. Alguien debería asumir
la responsabilidad de aclarar por qué ha sucedido y ocuparse de que no
vuelva a ocurrir.
La misma suerte correrá la investigación sobre el
auditorio de Cehegín, con el añadido de que en ese caso se superaron
todos los plazos sin que el instructor hiciera una sola diligencia. Otra
vergüenza más.
(*) Periodista y director de La Verdad
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