Cuando falta poco más de una semana para la apertura de la nueva legislatura del Parlamento Europeo en Estrasburgo,
prevista para el martes día 2, todas las miradas están puestas en si el
preso político y los exiliados que tienen acta de eurodiputado, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y Toni Comín podrán acceder a su condición plena de parlamentarios en la Eurocámara y con ello lograr su inmunidad. Puigdemont y Comín, exiliados en Bruselas, plantearán directamente la cuestión a la Corte Europea con sede en Luxemburgo, instancia a la que tendrá que acabar yendo también Junqueras una vez que el juez Marchena le haya prohibido salir de la prisión de Soto del Real para prometer o jurar la Constitución.
Vale la pena escuchar detenidamente las declaraciones que ha efectuado el catedrático Javier Pérez Royo al programa FAQS de TV3 en las que ha asegurado que el tribunal del juez Marchena
ha cometido un acto de prevaricación no permitiendo a Junqueras acudir
ante la Junta Electoral Central y, por tanto, es un delito contra los
derechos fundamentales. La actitud de Marchena acaba teniendo, en la práctica, un doble sentido: perjudica claramente a Junqueras pero también refuerza la idea de que ni Puigdemont ni Comín
pueden regresar a España a recoger su acta de eurodiputado porque la
actitud del Supremo de violación de derechos fundamentales no respeta su
situación.
Por ello, la batalla que se librará esta semana en Luxemburgo y en Estrasburgo acabará siendo decisiva. Hay un resquicio real de que Puigdemont y Comín logren sus objetivos y, si es así, cambiará de golpe su situación, la de los exiliados y quien sabe, si como sostiene Pérez
Royo, la de los presos. La simple hipótesis de que el tribunal dictara
unas medidas cautelares que les permitiera acceder a la condición de
eurodiputados a la espera de un resultado definitivo tendría un gran
valor político.
No es extraño, por tanto, que el Estado español haya puesto en marcha
toda su diplomacia y sus resortes institucionales para que esta
situación no se llegue a producir. De hecho, en Madrid se aspira a que
la demanda de Puigdemont y Comín no sea ni admitida a trámite al tratarse, dicen, de unos particulares. David vuelve a enfrentarse a Goliat,
pero no es la primera vez que el gigante cae en la arena del proceso
catalán cuando la decisión ha sido tomada en países europeos y no en la
capital de España.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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