MURCIA.- La empresa Premursa, constituida para la
ejecución del proyecto Parque Temático Paramount en Alhama de Murcia,
ha reclamado a la Comunidad Autónoma los 39,5 millones que asegura se
gastó en la puesta en marcha del mismo, que no pudo salir adelante tras
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) que
anuló el plan especial de ordenación de este complejo.
La
reclamación ha llegado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia
(CJRM), que en un dictamen emitido a instancias de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras del gobierno murciano, señala que la misma es
prematura, "al no haberse consumado el evento lesivo al que la
interesada trata de anudar el daño, si es que finalmente se produce".
Y
añade que el asunto no está definitivamente cerrado ya que está
pendiente de la aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) en el que se deberá determinar si es posible conciliar
la protección ambiental con la actuación proyectada.
Dice
el informe que la empresa gastó los 39,5 millones de euros en la
licencia, proyectos técnicos, asesoramiento técnico-jurídico y en otros
gastos, sin olvidar los 10,2 millones destinados a la compra de
terrenos.
El informe de este
órgano consultivo indica que aún en el supuesto de que se entendiese que
existen daños y que estos son producidos por la administración a los
reclamantes, en este expediente existiría la obligación legal de
soportarlos por parte de los interesados.
Y
añade la doctrina del TSJRM, plasmada en distintas sentencias, una de
ellas, la relativa al fallido proyecto de Cabo Cope, en la que dejó
sentado que el objetivo de los recurrentes era la obtención de un
beneficio empresarial a través de su participación en un negocio, y como
tal negocio, no estaba exento de riesgo.
El
dictamen comenta que, en contra de lo sostenido por la citada empresa,
el proyecto objeto del plan especial Paramount no devino inútil como
consecuencia de la sentencia que declaró su nulidad, "ya que el mismo
había sido suspendido definitivamente por la reclamante durante el año
anterior a la misma".
"No
consta que ese plan especial fuera ejecutado, ni que se iniciaran las
obras de urbanización ni cualquier otra actuación que pueda dar a
entender que se ha ejecutado el planeamiento y que, por ende, se
hubieran patrimonializado los derechos urbanísticos", comenta el CJRM.
Finalmente,
el documento expone que "respecto de la partida correspondiente a la
adquisición de terrenos no nos consta que la reclamante no sea ya
propietaria de los mismos, a pesar de lo cual incluye el precio pagad
por ellos, 10,2 millones de euros, como una partida de su reclamación de
responsabilidad patrimonial".
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