La película de los pactos arrancó como un largometraje de enredo y ha
devenido en un filme de suspense. A este paso no sabremos hasta la
última escena, el jueves por la noche, cuando se produzca la segunda
votación de investidura en la Asamblea, si gobernará el PP en coalición
con Ciudadanos o se abre una oportunidad para el PSOE en compañía del
partido naranja.
Fernando López Miras tiene motivos para estar inquieto.
Tantos como Diego Conesa para proclamar, como hizo, que hasta el rabo
todo es toro. Que PP y Ciudadanos hayan firmado un pacto de investidura
no significa nada si Vox no presta finalmente su apoyo. Y lo que piden,
hoy por hoy, parece inasumible.
Fue sintomático que, para la firma del
acuerdo PP-Cs, Isabel Franco eligiera vestimenta más propia de un luto
que de un casamiento político. Recordaba a Jeanne Moreau en 'La novia
vestía de negro', de Truffaut. No es un buen presagio. Quien haya visto
esa película, ya sabe cómo empieza y cómo acaba la trama para todos sus
protagonistas.
A ella ciertamente no se la ve especialmente entusiasmada
con esa alianza, pero eso es lo de menos dado que en Ciudadanos las
estrategias se fijan en Madrid, no existe autonomía territorial y es
imposible saber lo que opinan sus militantes al no haber órganos de
participación donde puedan expresarse.
Para lo bueno y para lo malo, lo
importante es la marca y Rivera la maneja, bajo estricto régimen
franquiciado, como quien hubiera inventado el yogur helado de la nueva
política, que de invento tiene lo justo, aunque funciona comercialmente
como un trampantojo moderno y resultón.
En este juego de alianzas, Vox
es imprevisible. La derechona sin complejos quiere hacer valer su
abstención y en ese tira y afloja con la 'derechita cobarde' y 'la
veleta naranja' (Abascal dixit) sobreactúa. En realidad, su margen de
maniobra es limitado porque si facilita un pacto PSOE-Cs no solo se
topará con el enfado de sus electores, sino también con cuatro años de
irrelevancia en la Asamblea dado que sus votos ya no tendrán la más
mínima incidencia.
La semana que entra será crucial. En el ámbito
de su autonomía política, los partidos en liza están abocados a tomar
decisiones para formar un gobierno regional. Cualquiera de los dos
posibles desenlaces tendrá plena legitimidad. Desde fuera solo cabe
pedir a los líderes regionales implicados la mayor seriedad, altura de
miras y transparencia en sus negociaciones.
Se habla lo justo de
programas, porque esta vez, sin ningún disimulo, se proyecta a la
opinión pública la existencia de una guerra sin cuartel por ocupar
sillones, lo cual empieza a abochornar a buena parte de la ciudadanía.
El acuerdo para la formación de gobierno autonómico, cualquiera que sea,
debe garantizar la estabilidad para hacer frente a los graves desafíos
que tiene planteados la Región.
La interinidad que supone tener dos
Ejecutivos, uno nacional y otro regional, en funciones no debería
alargarse mucho más. Los alcaldes de los cuarenta y cinco municipios
murcianos saben de lo que hablo porque tienen problemas urgentes que
deben resolver y carecen en el resto de las administraciones públicas de
interlocutores con quien afrontar la búsqueda de soluciones.
Junto
a lo urgente y lo coyuntural, están los problemas estructurales que
precisan de actuaciones de largo recorrido, pero también inmediatas. En
estos días de intenso calor, por ejemplo, muchos responsables políticos
cruzan los dedos para que la temperatura del agua del Mar Menor no
vuelva a dispararse, reactivando el masivo proceso de eutrofización que
puso su ecosistema al borde de un colapso irreversible.
La capa freática
está tan elevada en toda la comarca que las filtraciones del acuífero,
colmatado de nitratos, son una amenaza constante, haya o no vertidos
superficiales de origen agrícola. Es necesario poner en marcha cuanto
antes tanto el plan de vertido cero del Ministerio, que estará
paralizado mientras las Administraciones central y regional continúen en
funciones, como iniciar pronto los trabajos en la Asamblea para
elaborar una ley integral que proteja la laguna.
El actual vacío de
poder tampoco beneficia a la Región si, como se ha anunciado, el
Gobierno de Pedro Sánchez publica a lo largo de julio los esquemas de
temas importantes de todos los planes de cuenca. Ya ha avanzado el
secretario de Estado en funciones, Hugo Morán, que a resultas del Plan
del Tajo con toda seguridad se elevará su caudal ecológico y se
modificará la Ley del Memorándum. Hace falta cuanto antes un gobierno
regional, sea liderado por el PP o por PSOE, que haga frente, con
criterios técnicos, que los hay, a esta amenaza para el Trasvase y por
extensión a la industria agroalimentaria regional.
Por último, bastaría
con repasar las conclusiones del exhaustivo y riguroso informe publicado
esta semana por el Consejo Económico y Social para evidenciar la
necesidad de un Gobierno centrado en resolver los problemas de baja
productividad de nuestra economía e incentivar los procesos de
industrialización, atrayendo inversión hacia las actividades productivas
más avanzadas, con más innovación y desarrollo tecnológico, y
generadoras de empleos más estables y mejor remunerados.
La lista de
retos es tan larga y compleja que no lo tendrá nada fácil el próximo
Ejecutivo autonómico. Será además el primero de coalición, lo cual
entraña dificultades añadidas si cada partido actúa sin la necesaria
lealtad institucional. Muy pronto veremos cómo se encara esta nueva
etapa que nace con tanta incertidumbre.
(*) Periodista y director de La Verdad
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