MURCIA.- La Abogacía del Estado pide que las
empresas implicadas en el fraude de las obras del AVE paguen una multa
ha pedido penas que suman equivalente al triple de las cantidades
defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los
cincuenta millones de euros. También solitica una pena 16 años de
prisión para el exdirector de Infraestructuras para Levante del
Administrador de Infraestructuras (Adif) José Luis Martínez Pombo, uno
de los principales inculpados en el fraude millonario en el tramo
comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia.
El escrito de acusación pide así mismo
que Martínez Pombo, al que acusa de los delitos de malversación de
caudales públicos, fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal, sea condenado igualmente a pagar una multa por el
doble del valor de los bienes ocultados.
Sobre este acusado, señala la Abogacía del Estado que en 2012, mediante
una declaración tributaria, afloró un patrimonio de más de dos millones
de euros en efectivo y 423.660 euros en una cartera de valores
depositada en Suiza, cantidades que se considera no podían proceder de
su trabajo.
Así mismo, la
Agencia Especial de Administración Tributaria (AEAT) informó de que
había hecho salidas de divisas hacia Luxemburgo, Irlanda y Austria por
1,4 millones de euros.
El
escrito acusa igualmente a las empresas a las que fueron adjudicadas los
trabajos de reposición de las redes de regadíos afectadas por las obras
del AVE, entre ellas, Sacyr, Neopul, Dragados, Tecsa, Acciona y San
José.
Para ellas se pide que
sean condenadas a pagar una multa equivalente al triple de las
cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron
los cincuenta millones de euros.
Afirma la Abogacía del Estado que este presunto fraude fue cometido con
ocasión de los concursos de construcción del citado tramo del AVE y que
se concretó especialmente en las obras de reposición de las redes de
regadío.
Precisamente entre
los acusados figuran los que eran responsables de la Comunidad de
Regantes San Felipe Neri y del Juzgado Privativo de Aguas, ambas
organizaciones, con sede en Orihuela (Alicante).
Dice esta acusación que unos trabajos que fueron presupuestados en 11,4
millones de euros acabaron con la aprobación de un gasto que se elevó a
71,5 millones de euros.
Ese
desfase entre una cifra y otra, según la Abogacía del Estado, fue debido
a las presuntas "mordidas", que fueron pagadas con la emisión de
facturas falsas por parte de otro de los principales acusados, Juan
Ortín, administrador de la empresa que fue subcontratada para los
trabajos.
Ortín reconoció los
hechos cuando declaró como acusado durante la instrucción de la causa,
cuando admitió la emisión de facturas falsas.
Así mismo, llegó a decir que debido a lo abultado de las sumas que
abonaba a otros dos acusados, uno de ellos, José Manuel Fernández
Pujante, ingeniero del Juzgado Privativos de Aguas de Orihuela, tuvo que
comprarse una cartera porque las abultadas sumas no cabían en los
sobres que había utilizado con anterioridad y que entregaba a un hermano
de aquel.
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