VALENCIA.- La Audiencia Provincial de Valencia ha resuelto no retornar a Eduardo Zaplana, su mujer y otros imputados en la operación Erial los seis vehículos de alta y
media gama que se les requisaron cuando se practicaron las
detenciones. En concreto, al ex presidente de la Generalitat Valenciana y
ex ministro de Aznar se le incautaron dos Audis, un Q7 y un Q3, por valor de 110.000 euros.
De esta manera, los coches quedarán en manos del Estado de manera
definitiva hasta que haya sentencia. En caso de que fuera absolutoria,
se devolverían, según recoge hoy El Mundo.
Los
vehículos que la juez ordenó retirar quedaron en manos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ya que figuran como bienes embargados a efectos de decomiso.
Esta figura jurídica se basa en que si el investigado no demuestra la
procedencia lícita de los vehículos, éstos no podrán utilizarse para
sufragar la responsabilidad civil en caso de una hipotética condena.
A
efectos prácticos esto quiere decir que pertenecen al Estado y se puede
disponer de ellos. Los automóviles embargados los tiene la Guardia
Civil, concretamente la Unidad Central Operativa (UCO), cuyos agentes son los que han trabajado en Erial.
En el auto por el que se procedía al embargo, la magistrada Isabel Rodríguez apuntaba la utilidad futura
de los seis coches. A su juicio, tienen, decía, «la especial idoneidad
que representan los vehículos a motor utilizados para la prestación del servicio público que desempeñan los cuerpos policiales y, concretamente en relación con la represión de ilícitos penales».
Los vehículos, a juicio de la magistrada y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce, pudieron adquirirse con dinero procedente de las presuntas actividades ilícitas
que se le atribuyen a la trama.
Es procedente acordar el decomiso de
los bienes habida cuenta de que se presumen adquiridos con el dinero
obtenido de los sobornos, y presuntamente a través de un entramado que
tiene su origen en una sociedad radicada en Luxemburgo, y que luego ha
llegado a España a través de diversas sociedades.
Sociedades a través de
las cuales se han adquirido inmuebles, parcelas, vehículos e incluso
dinero obtenido de la amnistía fiscal», mantenía la juez.
La defensa ya intentó el pasado noviembre recuperar los vehículos,
algo a lo que se opuso la juez. El letrado de Zaplana sostenía que, en
ningún caso, se podían incluir entre los bienes sospechosos de ser
adquiridos de manera ilegal estos coches. Ante el rechazo de su recusos,
decidieron acudir a la Audiencia quien ahora ha respaldado a la juez.
La
profunda y laberíntica investigación de los agentes de la UCO,
plasmadas en el sumario, apuntan a que la procedencia de los coches hay
que buscarla en el dinero que presuntamente reportó a los investigados
la empresa Costera del Glorio, gestora que, sospechan, está especializada en blanquear dinero.
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