MURCIA.- La campaña de Europa Laica de cara a la Declaración de la Renta 2018 ha comenzado hoy. Porque, a su juicio, la Iglesia católica está exenta de pagar impuestos por sus miles de inmuebles, del impuesto de construcciones y obras, de sucesiones y donaciones, de transmisiones patrimoniales, de actividades económicas, de actos jurídicos documentados... "En total, la financiación directa o indirecta a la Iglesia Católica alcanza en España los 11.600 millones de euros".
El Estado y los sucesivos
gobiernos de la democracia son, según Europa Laica, los responsables de estos
exorbitantes privilegios y de que nunca haya sido fiscalizada
la Iglesia católica. El Estado debe obligar a la Iglesia a
presentar anualmente una cuenta de resultados y un balance del
conjunto de sus actividades en nuestro país. "Cada año el Estado debe fiscalizar a la Iglesia Católica".
La citada campaña es para recomendar a los contribuyentes "no marcar la
casilla de «ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA» porque, al hacerlo, se resta el 0,7% de la
cuota de tu declaración a la caja común del Estado para los
gastos públicos (sanidad, educación, dependencia...). Se
vulnera el principio constitucional por el que ninguna
religión tiene carácter estatal. Se quebranta el principio de
igualdad ante la ley: se discrimina por razón de creencias".
Europa Laica también pide no marcar la
casilla de «ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A FINES DE INTERÉS SOCIAL» porque "desvirtúa el deber de atención a
los fines de interés social, que deben ser definidos y
fiscalizados por el Parlamento y formar parte de una política
de Estado. Sirve de doble financiación a la Iglesia Católica:
más del 30% de esta asignación se entrega a organizaciones y
fundaciones católicas. De ahí que la jerarquía católica anime
a señalar ambas casillas".
"Durante los últimos años el 66,5% de las
personas contribuyentes no marcaron la casilla de la
asignación a la Iglesia católica", según Europa Laica.
La Iglesia no solo obtiene ingresos a través del
IRPF, dice Europa Laica. Que argumenta "los 195 millones de sueldo y cotizaciones de los obispos y de 20.000 sacerdotes; los 650 de sueldo y cotizaciones de 25.000 catequistas en centros de enseñanza pública o concertada católica; los 600 por mantenimiento del patrimonio histórico-artístico católico (La Iglesia no
gestiona el patrimonio al servicio de los intereses generales
y se apropia de la totalidad de los ingresos de sus visitas); los 4.750 en subvenciones a 2.450 centros católicos concertados; y los 2.000 millones de euros en exenciones fiscales".
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