MADRID.- Adif y Adif Alta Velocidad (AV) reclamarán daños y perjuicios a las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de los cárteles de electrificación y electromecánicas ferroviarias
y reforzarán sus controles para evitar que se repitan.
Ambas
sociedades, dependientes del Ministerio de Fomento, prestarán especial
atención al impacto que las conductas de estas empresas -sancionadas con
118 millones- hayan producido respecto de los fondos europeos que
financiaron parte de los contratos que les fueron adjudicados.
Con
ello, Adif tiene previsto licitar próximamente un contrato para la
realización de un informe especializado que determine los daños y
perjuicios que las conductas sancionadas hayan supuesto a las entidades
contratantes.
Por lo que respecta a las medidas de control, Adif y Adif
AV incluirán en sus pliegos una nueva condición que obligue a las
empresas adjudicatarias a asumir que su participación se realice de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude.
Además de los posibles daños y perjuicios, ambas sociedades advierten de que podrían imponer una penalización a los que hubieran cometido estas prácticas, que puede llegar hasta el 50% del precio del contrato e incluso a su resolución.
En un comunicado, tanto Adif como Adif AV aseguran que no han tenido
participación en las conductas sancionadas y que estas no han sido ni
consentidas ni advertidas.
Adif y Adif AV aseguran que colaboraron
de forma activa con la CNMC en el esclarecimiento de estas prácticas y
que identificarán los contratos adjudicados en estos mercados desde
2017, así como el resultado de las licitaciones en curso.
También
señalan que habrá que esperar a lo que instruya la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado y a la correspondiente resolución del
Ministerio de Hacienda para saber el alcance y la duración de la
prohibición para estas empresas de contratar con la Administración.
El
pasado 27 de marzo, la CNMC anunció la imposición de multas que sumaban 118 millones de euros a 15 empresas y la sanción a catorce de sus directivos con 666.000 euros por repartirse durante años concursos públicos convocados por Adif.
Las
empresas sancionadas son Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS),
Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra,
Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc, y el organismo supervisor
activó, por primera vez, el procedimiento para prohibirles contratar con
la Administración.
Según la CNMC, las sancionadas participaron durante
14 años en tres cárteles para falsear la competencia en las licitaciones
del AVE y del tren convencional.
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