Lo tenían todo planeado. Harían como que
actuaban en coordinación con los Mossos, pero, en realidad,
intervendrían por su cuenta, sin avisar y siguiendo un plan de acción
elaborado días antes, del que no habían informado a la policía catalana.
La intención era provocar un desbarajuste general, con las
consecuencias que fueran y culpar luego a los mossos por su pasividad
ante la violencia de la gente.
Convirtieron el plan en relato que luego fueron declamando los testigos: El mando al frente de la operación, Pérez de los Cobos, ordenó la intervención de la policía y la guardia civil al comprobar que los mossos no actuaban y el referéndum se celebraría. Fue una decisión rápida, impromptu,
tomada sobre la marcha, que movilizó de golpe todos los efectivos de
las fuerzas del Estado quienes, a la velocidad de los míticos minutemen se personaron en los colegios electorales a frenar a los indios, digo, a los votantes.
Las
declaraciones del mayor Trapero y sus ayudantes hicieron trizas el
cuento de la pasividad (incluso complicidad) de los Mossos y
contradijeron fehacientemente las fantasías de Pérez de los Cobos y sus
subordinados. Solo quedaba hacer hincapié en la violencia y achacársela
directamente a los manifestantes. No pudieron probar ni un miserable
acto de esta más allá de algún puntapié, que puede haber sido un acto
reflejo pavloviano.
Se concentraron, pues, no en la violencia
inencontrable, sino en la descripción literaria de las miradas, los
gestos, el odio en el ambiente y algún avión de papel. Narraciones que
sobrecogían el ánimo vaticinando lo que hubiera pasado de haber pasado
lo que no pasó ni hay modo de conseguir que pase, mi capitán. No sé
hasta qué punto pueden los magistrados entrar en la hermenéutica
literaria de un texto parecido al hundimiento de la casa Usher, pero materia tienen en abundancia. Lo que no tienen es una sola prueba.
Este
es el momento en el que el presidente Marchena decide que no ha lugar a
contrastar las declaraciones de los agentes con los vídeos oportunos.
La separación de los dos momentos sensoriales de acceso a la verdad de
un hecho, el visual y el auditivo, empobrece el juicio y demuestra cómo
este estaba concebido como la coronación de la trampa policial. Todo
trampa: las acuaciones policiales ya en 2016, las de septiembre de 2017,
las actuaciones del juzgado nº 13 de Barcelona, la instrucción de
Llarena y el proceso del 1-O, que daría un marchamo jurídico a una
represalia política. Todo trampa. Como la policía patriótica.
La
trampa sigue. El citado juzgado nº 13, procesa a la cúpula de TV3 y 28
cargos públicos de la Generalitat por el 1-O. Trapero continúa
procesado. El fiscal ha levantado querella contra nueve ciudadanos
catalanes golpeados el 1-O bajo la acusación de resistencia y atentado a
la autoridad o algo así. Como cuando el rebelde Franco fusilaba a la
gente leal al gobierno acusándola de rebeldía.
Y
estos eran los que venían a poner fin a la "judicialización" de la
política aplicada por el PP y a sustituirla por la oferta de medidas
"políticas" basadas en el diálogo. Los sondeos del CIS los dan
ganadores, con posibilidades de formar gobierno con Podemos o con C's.
También puede considerarse una posible coalición PSOE/PP, hoy
considerada inverosímil, pero con partidarios. Habrá que ver los
resultados.
El independentismo, no obstante, no puede dejarse condicionar por los avatares políticos españoles. El mejor resultado al que los unionistas aspiran es a prescindir de los votos indepes. Y
no parece difícil que lo consigan. Sea cual sea la composición política
del Congreso español, siempre habrá multitud de posibilidades de
articular mayorías absolutas en contra del independentismo por cuanto
más del 90% de la cámara es contrario a la independencia de Catalunya.
El
plazo de dos semanas y media hasta las elecciones opera ya como un imán
que todo lo atrae. Pero, una vez el resultado sabido y aquilatadas las
fuerzas de cada cual, toca volver al mandato del 1-O y ver qué puede
hacerse para implementarlo. Hay quien dice que debe esperarse a la
sentencia para articular una respuesta.
Pues sí, conviene tener una
respuesta preparada para cuando se conozca la santencia. Pero eso no
empiece que, entre tanto, se siga con la implementación del mandato del
1-O. Y eso puede llevar a una situación que condicione la respuesta que
se dé a la sentencia. Incluso si para entonces importa la sentencia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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