Hoy quería hablarles de la felicidad y la tranquilidad con la que se
está viviendo en el PSOE su primera victoria electoral después de unas
cuantas derrotas y de cómo se está desangrando el Partido Popular ante
una hemorragia que no tiene pinta que vaya a detenerse en las elecciones
municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.
También del nuevo
concepto con el que trabajan los estrategas monclovitas para hacer más
transitables los cuatro años que piensan permanecer en la Moncloa: la mayoría de investidura.
Ni tan solo una mayoría de gobierno. La correlación de fuerzas en el
Congreso de los Diputados elimina cualquier riesgo de que Pedro Sánchez pueda ser expulsado como Mariano Rajoy
con una moción de censura y por ello la primera apuesta del PSOE es
armar una mayoría que le invista presidente y después ya se verá.
También quería entrar con un cierto detalle en la histórica victoria de Esquerra
en Catalunya, que bien se puede proclamar que ha sustituido a la
extinta Convergència de una manera prácticamente absoluta en todos y
cada uno de los municipios, comarcas y provincias. Los catalanes han
votado orden y solidez y Oriol Junqueras y su formación política han salido claramente ganadores en esta ecuación.
Pero el abuso y la alcaldada practicados por la Junta Electoral Central, excluyendo a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de
la candidatura de la coalición electoral Lliures per Europa (Junts) en
los comicios al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, ha
desplazado el foco informativo postelectoral. Es una decisión a todas
luces insólita, que carece de precedentes y de fundamento jurídico
alguno.
Ya debería llamar la atención que una decisión de la JEC, que
normalmente suelen ser aprobadas por unanimidad, tenga el voto
particular en contra del presidente, el vicepresidente y dos vocales.
Hay que decirlo alto y claro: no hay una decisión jurídica detrás del
acuerdo de la JEC sino la inquina contra unos candidatos y para ello no
se repara ni en las leyes ni en el ordenamiento constitucional.
Es muy probable que al Estado después de ver el resultado del
independentismo en las elecciones españolas le tiemblen las piernas ante
la doble candidatura de Puigdemont y de Junqueras a Europa. Un
Junqueras eufórico después del brillante balance del domingo y un
Puigdemont con ganas de ser parlamentario en Bruselas y ser un activo
del independentismo en la Eurocámara internacionalizando el procés.
Pero eliminar candidatos vulnerando la legislación es algo muy grave.
¿Por qué se les permitió entonces ser diputados en las elecciones del
21-D si ya se habían exiliado? ¿Por qué se ha permitido al conseller de
Cultura en el exilio, Lluís Puig, ser candidato al Senado el pasado
domingo? ¿Por qué Ponsatí no puede ser candidata a Europa y sí, en
cambio, cerrar la lista de Graupera al ayuntamiento de Barcelona? No hay
ninguna explicación posible más allá de aceptar que primero se toma la
decisión y después se construye el argumento jurídico.
Veremos, a partir de ahora, una insólita batalla en el Supremo y en
el TC sobre los recursos que Puigdemont, Comín y Ponsatí presentarán y
que creen que ganarán. Los dos deberán verse en un plazo de entre siete y
diez días. También en Luxemburgo, con el riesgo de que en función de
cuál fuera la decisión y si los comicios europeos ya se hubieran
celebrado tuvieran hipotéticamente que repetirse, algo que suena a
descabellado. No todo vale para acabar con Puigdemont.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario