CARTAGENA.- La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y
Agua de la Asamblea Regional volverá a reunirse previsiblemente la
próxima semana para cerrar las conclusiones sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera en los municipios de La Unión y Cartagena.
Aunque este miércoles no terminaron de elaborar el dictamen con las
conclusiones que llevarán a Pleno, los grupos sí que coincidieron en la utilidad del Prasam y en iniciar ya sus actuaciones.
La
presidenta de la comisión, la socialista Yolanda Fernández, explicó que
se valoraron las aportaciones de los grupos parlamentarios y que se
acordó pedir a la Junta de Portavoces que vuelva a convocar la comisión
para la redacción final de las conclusiones. «Hemos intentado hacer un
trabajo rápido y unas conclusiones que puedan servir para el futuro»,
dijo.
Desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco destacó que faltó la
intervención de la Confederación Hidrográfica del Segura y de los
propietarios de los terrenos en la comisión, que «seguro que hubiesen
aportado muchísima luz».
Sobre el Prasam señaló que «se ha puesto de manifiesto que es un instrumento válido y que hay que utilizarlo.
Lo que no tenemos que hacer es concretar las medidas, nos basaremos en
lo que dice el Prasam pero siempre siguiendo criterios técnicos y
científicos. Ha habido matizaciones porque se quería especificar ya qué
medidas, pero hemos recomendado que nuestra misión no era esa».
Desde Ciudadanos, Luis Francisco Fernández manifestó que el Prasam «puede ser la solución, pero hay que llevar ya a cabo las actuaciones»,
dijo señalando que las tres administraciones han tenido «dejación de
funciones» en muchas actuaciones.
Por su parte, María Giménez, de
Podemos, señaló que la gente de los pueblos de la Sierra Minera y de La
Unión permanecieron totalmente «desamparados» por parte de los gobiernos
de PP y PSOE, que estuvieron al mando de esta Región.
Por ello,
«estamos satisfechos porque es un tema que gracias a Podemos ha empezado
a resolverse. Si bien, lamentamos que PP, PSOE y Ciudadanos hayan
rebajado el dictamen. Han impedido que se ponga de forma expresa quiénes
son los responsables políticos de que haya miles de personas
conviviendo con metales tóxicos peligrosos para la salud», aseguró
Giménez.
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