MURCIA.- El juez titular del juzgado de instrucción nº 8, David Castillejos, ha soltado esta tarde a los tres propietarios de la residencia ilegal de ancianos del centro de Murcia, ILE Senior Club, si bien al padre bajo una fianza de 50.000 euros por considerarlo presunto cabecilla de la trama supuestamente criminal desarticulada por la Policía Nacional. Esta noche Julián Ramón L. G. ingresó en prisión provisional en el CP de Sangonera mientras satisface esa cantidad en la caja de los juzgados. La esposa y el hijo han quedado en libertad provisional con cargos y ya se han puesto manos a la obra para reunir la citada cantidad.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia y por el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior.
El aviso lo dió días atrás una empleada de una sucursal bancaria que vio cómo una clienta, de avanzada edad, intentaba, flanqueada por el matrimonio propietario de la residencia ilegal, sacar una gran suma de dinero de su cuenta. La trabajadora no dejó a la anciana retirar esa cantidad y, a continuación, llamó a la Policía.
La Policía Nacional atribuye a los tres sospechosos presuntas coacciones, presunta detención ilegal, presunta apropiación indebida, presunta estafa y supuesto intrusismo, presuntas lesiones, presunto trato degradante vejatorio, supuesta organización criminal, presuntos delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y robo con violencia.
El magistrado Castillejos ha tomado hoy declaración a los tres detenidos (quienes se repartían, en mayor o menor grado, la gestión) durante varias horas antes de dictar esta resolución mientras la Policía Nacional sigue registrando el lugar, donde ya encontró armas y 100.000 euros en efectivo cuya procedencia está por determinar, en busca de nuevas pruebas a añadir al testimonio de los supuestos afectados y sus familias así como de ex empleados y de funcionarios competentes de la Consejería de Familia, la Consejería de Salud y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia y por el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior.
El aviso lo dió días atrás una empleada de una sucursal bancaria que vio cómo una clienta, de avanzada edad, intentaba, flanqueada por el matrimonio propietario de la residencia ilegal, sacar una gran suma de dinero de su cuenta. La trabajadora no dejó a la anciana retirar esa cantidad y, a continuación, llamó a la Policía.
La Policía Nacional atribuye a los tres sospechosos presuntas coacciones, presunta detención ilegal, presunta apropiación indebida, presunta estafa y supuesto intrusismo, presuntas lesiones, presunto trato degradante vejatorio, supuesta organización criminal, presuntos delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y robo con violencia.
El magistrado Castillejos ha tomado hoy declaración a los tres detenidos (quienes se repartían, en mayor o menor grado, la gestión) durante varias horas antes de dictar esta resolución mientras la Policía Nacional sigue registrando el lugar, donde ya encontró armas y 100.000 euros en efectivo cuya procedencia está por determinar, en busca de nuevas pruebas a añadir al testimonio de los supuestos afectados y sus familias así como de ex empleados y de funcionarios competentes de la Consejería de Familia, la Consejería de Salud y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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