Unas horas antes de que los presos políticos catalanes sean trasladados desde las cárceles catalanas a centros penitenciarios de Madrid, el Tribunal Supremo
ha adoptado sus últimas decisiones respecto a su puesta en libertad,
que les ha sido denegada.
El TS alude al riesgo de fuga existente, a la
garantía de defensa que tienen pese a su reclusión y se arma todo un
lío al explicar la existencia de estructuras de poder republicano en el
extranjero, en clara referencia a los exiliados y al Consell de la República.
Todo el mundo sabe que las excusas ofrecidas por el Supremo son eso,
excusas. Se pueden justificar con dosis de mala fe o tirando de Código
Penal, pero no se sostienen. Hoy en día, el riesgo de fuga queda
perfectamente anulado con medidas de control telemático o con una
vigilancia fuera de la prisión y en régimen de reclusión.
Si está más
que justificada su puesta en libertad, que modificaría su situación de prisión provisional,
mucho más lo está una libertad vigilada. Pero hay más: varios de los
presos políticos —la presidenta Forcadell y los consellers Turull, Rull,
Romeva y Dolors Bassa— sabían perfectamente el pasado mes de marzo,
cuando volvieron a declarar en el Supremo, que serían enviados a
prisión.
Y se presentaron ante el juez Pablo Llarena.
Se presentaron en noviembre los cuatro consellers, fueron encarcelados,
puestos en libertad en diciembre y se volvieron a presentar en marzo
sabiendo que iban de nuevo a la prisión. No es aceptable que se hable de
riesgo de fuga con esta actitud.
En segundo lugar está el tema de la preparación de sus defensas. La
prisión provisional no solo comporta idas y venidas desde el centro
penitenciario al TS —al menos, una hora de ida y otra de vuelta y con
jornadas maratonianas de martes, miércoles y jueves—, sino que reduce
enormemente el tiempo para preparar su defensa y que sus letrados puedan
hacer su trabajo en condiciones de una mínima normalidad.
Quizás se
trata también de eso: a la injusta prisión provisional que han
denunciado ONG internacionales, añadir las mayores dificultades
posibles. Será bueno que los observadores internacionales vayan tomando nota de todas estas decisiones.
La resolución judicial de denegación de libertad tiene, además, un
elemento que no se puede pasar por alto. El reconocimiento que hace del
riesgo de fuga vinculado, dice textualmente, "a las estructuras de poder
organizadas fuera del territorio español puestas al servicio de
aquellos procesados que han adoptado la determinación de sustraerse a la
llamada de esta Sala".
La Casa de la República de Waterloo se convierte
así ya oficialmente para el Estado español en una estructura de poder organizada en el extranjero,
con capacidad para acoger exiliados y facilitar auxilio a los
procesados. Ciertamente, no inventa nada el Supremo, pero no deja de
extrañar la normalidad con que lo explica.
Quizás que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la rimbombante
responsable de España Global tomen nota de que la Casa de la República
catalana ya forma parte del nomenclátor del Estado español.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario