Caputxinada en Barcelona, magna celebración de la Constitución en Madrid. Presos políticos en Catalunya
en prisión provisional ordenada por el Supremo, condenados en firme por
el mismo tribunal a raíz de los incidentes en la librería Blanquerna de
la Generalitat en la capital española campando a sus anchas en
libertad.
No son exactamente dos mundos diferentes pero es evidente que
la mayoría de la clase política y, en menor medida, de la ciudadanía
está en cosas diferentes. El tupido enjambre de grupos del espacio
independentista ha acordado una simbólica medida de fuerza en un lugar
emblemático, el convento de los Caputxins de Sarrià,
que será escenario de 24 horas de denuncia y ayuno con un triple
objetivo: apoyo a los presos políticos y exiliados, altavoz de los
cuatro presos en huelga de hambre ―Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn― y
rechazo a la Constitución española.
El president de la Generalitat,
Quim Torra, estará en Eslovenia, donde pronunciará una conferencia bajo
el título "Catalunya: de la jaula constitucional española a la
libertad".
La unidad de Junts per Catalunya, Esquerra, CUP y una parte de los
comunes, por pequeña que sea, en la organización y movilización de la
Caputxinada de este jueves y viernes es una buena noticia. Y, a buen
seguro, tendrá un efecto balsámico sobre el mundo independentista,
preocupado por la desunión y las batallas internas -sobre todo, entre
JxCat y ERC- y la ausencia de una hoja de ruta.
La huelga de hambre está
actuando, en este sentido, como un lento catalizador de un mayor
consenso entre las dos grandes formaciones y un ejemplo evidente es el
acuerdo para la renovación del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que
ha estado varios meses en el cajón y que este viernes se ha anunciado
finalmente. No es una cuestión menor ya que los medios públicos dependen
de la CCMA y la presidencia cambia de manos al pasar de JxCat a
Esquerra.
Que el Govern y diputados de cuatro fuerzas políticas parlamentarias,
que representan a una parte muy amplia de los 135 miembros de la
Cámara catalana, estén detrás de una medida de esta naturaleza pone de
nuevo el foco en la enorme injusticia que supone la prisión provisional
de los presos políticos y el trato que reciben por parte del Tribunal Constitucional
en la respuesta a su sus demandas de libertad provisional.
Es esa
actitud del TC jugando a retrasar la respuesta para retardar al máximo
el pronunciamiento de la justicia europea la que ha llevado a cuatro de
los presos de Lledoners a emprender una huelga de hambre indefinida.
En medio de todo ello, la celebración de la caduca Constitución española
que tiene un mínimo apoyo de la sociedad catalana y un pobre respaldo
de la española, no es más que un 40 aniversario deslucido y marcado por
la aparición de la ultraderecha en la vida pública.
Alguien se tendría
que preguntar por qué son el PP, Ciudadanos y Vox los que se encuentran
más cómodos con la Carta Magna española y en su día fueron los más
reacios a su aprobación, obviamente en las formaciones políticas de la
época.
Mientras se da a conocer el anuncio de una nueva Caputxinada, 52 años
después, oigo a Pedro Sánchez y a dirigentes socialistas volver a
insistir en que el independentismo debe dar apoyo a los presupuestos
generales del Estado. En esta ocasión, utilizando a Vox como señuelo.
Más allá del Ebro, como suele decirse, parece que nadie ha entendido que
ni quieren, ni pueden. Quien se atreviera a cruzar este Rubicón con
presos, exiliados y sin un acuerdo sobre el referéndum acabaría pagando
un enorme peaje. Y al suicidio a partir de vagas promesas ya nadie
quiere apuntarse.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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