SEVILLA.- El resquebrajamiento del amplio crédito que hasta entonces había tenido el sistema autonómico
está datado en 2008, una hecho derivado del malestar general hacia
prácticamente todas las instituciones que cundió entre los ciudadanos a
raíz de la crisis económica y la respuesta que los poderes públicos
dieron a la grave situación, se analiza hoy desde www.diariodesevilla.es.
El Estado de las Autonomías,
con más luces que sombras sufrió también el apagón global, con un
fundido impuesto desde instancias nacionales y supranacionales. Las
drásticas medidas financieras, los recortes presupuestarios y, por ende,
la merma de las prestaciones sociales, han conducido a los ciudadanos,
desde esa fecha, a una mayor desconfianza y más dudas sobre la vigencia
del actual sistema territorial. El estudio de Metroscopia registra que
dos de cada tres españoles considera “urgente” su reorganización.
Si hace un decenio dicho sistema parecía plenamente
consolidado, el escenario ha cambiado. Y para mal. En la actualidad se
percibe una intensa y profunda quiebra de la confianza ciudadana en el funcionamiento, en conjunto, del sistema político, y ello salpica a las comunidades autónomas incluidas.
En el caso de los gobiernos regionales, es notorio el descontento provocado por la catarata de casos de corrupción
sucesivamente desvelados y que, de forma más o menos directa, afectaban
fundamentalmente a cuatro comunidades especialmente relevantes
(Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana).
Las turbulencias adquirirían magnitud de tormenta dos
años después, cuando en 2010 –y posiblemente tratando de sacar rédito
del clima de crispación aportado por la propia crisis económica– el Gobierno de la Generalitat
catalana optó por un nuevo rumbo inequívocamente independentista que
contribuyó a reavivar el cuestionamiento, en amplios sectores de la
población, de un sistema de organización territorial pensado en buena
–aunque quizá no explícita– medida para ofrecer una salida a casos como
el de Cataluña o del País Vasco.
Todos estos factores pueden haber propiciado en algunos
sectores de la sociedad la sensación de que, después de todo, y muy
lejos de afianzar la igualdad territorial, la apuesta autonomista ha contribuido a propiciar el efecto contrario: la consolidación y el fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas e independentistas.
No ha conseguido canalizarlos ni remansarlos. Y así, en el actual
escenario, un 21% de españoles se inclina ahora por el retorno a un Estado centralizado (frente al 10% que declaraba esta preferencia en 2003).
Un 22% mantendría el actual modelo autonómico, pero
recortando las competencias transferidas. Un 23% preferiría que las
cosas siguiesen como ahora están. Un 21% se muestra favorable a que las
Comunidades Autónomas puedan tener un techo competencial
más elevado que el actual. Finalmente, un 14% propugna que las
Comunidades que lo deseasen pudieran convertirse en Estados
independientes.
Con estos datos cabe concluir que, en última instancia,
dos de cada tres españoles siguen creyendo en el esquema autonómico
actual, si bien difieren en cuanto a las competencias que deberían ser
transferidas a la Comunidades.
Hasta 21% expresa su preferencia por volver a un Estado centralizado
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