La presentación de una querella ante la sala segunda del Tribunal
Supremo contra Juan Carlos I por parte de Izquierda Unida y del Partido
Comunista (PCE) por
"pertenencia a una estructura criminal" y por otros seis presuntos
delitos de cohecho, administración desleal, fraude, delito contra la
Hacienda Pública, tráfico de influencias y por actividades y
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos es, sin duda, la
noticia de los magnos festejos de celebración del 40º
aniversario de la Constitución.
En medio de todo el boato por una
Constitución que tiene unos bajos índices de respaldo ciudadano, no deja
de ser llamativo que las tres patas que hicieron mayores concesiones
para aceptar la monarquía parlamentaria y una transición a la democracia
se sientan hoy tan alejadas que cuestionen sus fundamentos: utilizando
el lenguaje de aquella época, los comunistas y los nacionalistas
catalanes y vascos.
Y, al revés, los que más en contra estaban son los que se han
aprovechado de un texto que actúa como corsé y limitador de derechos
civiles y nacionales. Se dice poco, pero cada vez que se habla del apoyo
que tuvo la Constitución en 1978 se olvida que todos los que hoy tienen
menos de 58 años no pudieron votarla.
Traducido a cifras, de los 34,5
millones del censo electoral español, unos 25 millones no pudieron
hacerlo. Ya sé que hay otras constituciones mucho más antiguas y, en
consecuencia, que las han votado menos personas vivas o tan siquiera
ninguna, pero, de todas ellas, la española es la que despierta en su
cuerpo electoral y territorial una oposición mayor.
El hecho de que la querella abarque a la examante del Rey emérito, la princesa Corinna; al director del CNI, el teniente general Félix Sanz; a los empresarios Juan Miguel Villar Mir —el suegro del compi-yogui, personaje involucrado, al parecer, en unos mensajes comprometidos con la reina Letizia— y Juan Villalonga; a un primo de Juan Carlos I, al comisario Villarejo,
y algún nombre más o menos conocido lleva a la judicatura un debate que
ya está presente en la sociedad: los límites de la inviolabilidad del
Rey en actos que no tienen nada que ver con la jefatura del Estado.
Una
auténtica bomba de relojería tanto en su aspecto judicial —que se
tenderá, seguramente, a tapar—, como en el político —nunca había habido
tantos diputados republicanos en el Congreso— y ciudadano —se
ha empezado a llevar iniciativas a municipios y universidades—, además
de la ruptura total con las instituciones catalanas y los problemas en
territorios como el País Vasco y las Balears.
Los actos en recuerdo de la Constitución han sido sobre todo un
prietas las filas por parte de los partidos constitucionalistas,
pensando quizás que las enormes grietas que se observan se disimularán
mejor. Pero eso hoy ya es imposible.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
No hay comentarios:
Publicar un comentario