MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia aprecia indicios de hasta siete delitos, prevaricación,
malversación de caudales públicos, cohecho y fraude en las actuaciones
para la construcción y mantenimiento de la desalinizadora cartagenera de Escombreras.
En un informe entregado en el juzgado de instrucción que investiga los hechos, Maribel Neira
señala que «no parece creíble que estemos ante un proyecto ejecutado
por un grupo de personas encuadradas en la parte pública que actúa a
espaldas de los órganos de gobierno, sin control de nadie y generando
costes inasumibles».
La fiscal añade que las actas de las reuniones del consejo de administración de la sociedad anónima Desaladora de Escombreras, impulsada por el Gobierno autonómico murciano, «parecen apuntar más alto».
El informe, trasladado a las partes personadas, apunta los delitos citados y comenta que los indicios de criminalidad existen,
ya que, en caso contrario, el juzgado no hubiera ordenado en su día ni
los registros ni las diligencias seguidas tras analizar la documentación
incautada.
Esos indicios no se ven disipados con la documentación
aportada por el Gobierno de la Región, la de las empresas
constructoras, ni con la de las defensas de los investigados, entre
ellos, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá.
Al
analizar los indicios de prevaricación, señala que, aunque el destino
inicial de las aguas procedentes de la planta era el industrial y a
algunas urbanizaciones, «al final el proyecto que se ejecutó estaba
diseñado específicamente para abastecer de agua potable de alta calidad las redes de uso humano».
Indica
también que la elección de la empresa Hydro Management como promotora
de la construcción y de su contratista, Tedagua, por el Gobierno de la
Región no se sujetó a las previsiones legales aplicables en cuanto a publicidad y concurrencia pública.
«Presumiblemente -dice la fiscal-, quería una desalinizadora para su explotación en exclusiva
y garantizarse los caudales necesarios para futuros proyectos
urbanísticos, por lo que se adaptó el proyecto, para lo que se valió del
Ente Público del Agua (EPA) y de sus empresas instrumentales», señala
sobre el Ejecutivo autonómico.
Añade que el estudio de los
convenios suscritos con más de una decena de municipios que demandaron
agua de la planta arroja «resultados muy reveladores, ya que supusieron
el eje esencial de la fórmula financiera diseñada».
«Las necesidades perentorias de agua para consumo humano se evaporaron y los convenios con los ayuntamientos se quedaron en papel mojado», asegura.
Para Neira, la empresa Desaladora de Escombreras se perfiló como sociedad instrumental que el Gobierno regional creó para que participara en el concurso,
por lo que los contratos suscritos desde que lo hizo a través del EPA
en el proyecto de Hydro Management son presuntamente fraudulentos y la
elección de esta empresa, «arbitraria».
Se eligió un modelo financiero «que fue y es ante todo una fuente constante de gastos»,
indica la representante del Ministerio Público, para quien muchas de
las actuaciones llevadas a cabo, «que contenían cláusulas leoninas para
la parte pública del binomio», se llevaron a cabo al considerarse que eran esenciales para que el grupo ACS ejecutara el proyecto.
El escrito concluye con la petición de que se acuerde la intervención judicial de la empresa
para controlar sus ingresos y pagos y comprobar los que el Ejecutivo
regional debe hacer periódicamente por el alquiler de la planta.
Apunta que una de las primeras actuaciones del interventor que se nombre debería ser un informe sobre los datos contables de gastos, pagos e ingresos realizados en 2018, así como las previsiones de pago para 2019 «y con cargo a qué fondos se van a ejecutar».
Para el Ministerio Público, es precisa esa intervención judicial, ya que no existe ninguna otra medida menos gravosa capaz de ofrecer la misma eficiencia pretendida para esclarecer los hechos.
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