MURCIA.- La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Juzgado de
Instrucción que investiga un presunto fraude en las obras de un tramo
del AVE que discurre por las provincias de Alicante y Murcia que rechace
la solicitud de sobreseimiento y archivo de las actuaciones presentada
por el director de las mismas, el ingeniero Andrés Celestino Rodríguez.
En
su escrito, este investigado alegó que no tuvo participación alguna en
las negociaciones que concluyeron con la suscripción del acuerdo firmado
en febrero de 2010 entre el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
(Alicante) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
sobre reposición de las infraestructuras de regadío afectadas por el
AVE.
Además, señaló que tampoco participó en la elección de la
figura de los expedientes de gasto como instrumento para articular las
reposiciones de los servicios afectados por las obras acometidas por Adif.
Andrés Celestino Rodríguez expuso, por otra parte, que él se
ocupaba exclusivamente de la obra principal, ya que de los trabajos de
reposición de las redes de regadío se encargaba el citado Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela.
Finalmente, señaló que siempre
actuó en la confianza de que obraba correctamente, además de recalcar
que ningún lucro había obtenido por las actuaciones que se investigan
por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y otros.
La
Fiscalía, a través de un escrito, comenta que los alegatos vertidos por
este investigado no contradicen los indicios de criminalidad que
existen sobre él en la causa, que se tramita en un Juzgado de
Instrucción de Murcia.
Apunta también que aquel suscribió las
relaciones valoradas a origen de las obras ejecutadas, las actas de
conformidad con los trabajos y las actas de finalización de los
expedientes de gasto.
Así mismo, no se olvida de citar que en las
diligencias figura un correo electrónico enviado en enero de 2010 al
correo del apelante por el jefe de la unidad de asistencia para el
control y vigilancia de las obras en el que se ponía de manifiesto que
se habían detectado unidades de obra de entubaciones no suficientemente
justificadas.
El Ministerio Público añade que este investigado «no
solo tomó conocimiento de la operativa irregular, sino que con su
praxis propició el abono por Adif de cantidades muy superiores a las
obras realmente ejecutadas, respecto de las cuales no se ejerció un
control efectivo».
Por su parte, la Abogacía del Estado, al
oponerse igualmente a la concesión del sobreseimiento reclamado por este
ingeniero que la obra de cuya dirección estaba encargado comprendía no
solo a las infraestructuras principales, sino, también, a las
relacionadas con la reposición de las redes de regadío. Señala, además,
que ello se acredita con el dato de que firmara actas de recepción y
conformidad de tales trabajos.
Las diligencias judiciales,
conocidas por Operación César, investiga un presunto caso de corrupción
que se habría cometido con la emisión de facturas por obras no
realizadas o mediante otras por un importe muy superior al que realmente
correspondía. Esas maniobras presuntamente fraudulentas fueron
reconocidas por otro de los imputados, Juan Ortín, dueño de la empresa
subcontratista.
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