Finalmente, el estamento judicial ha
estallado. Bajo la forma de huelga, en la que confluyen agravios de todo
tipo, desde la falta de medios al maltrato administrativo y la
inseguridad jurídica en las promociones, traslados, nombramientos. Ver
las togas en las calles no es un espectáculo frecuente ni tampoco
tranquilizador. Es el poder judicial el que se declara en huelga el 19
de diciembre. Cada una de esas togas es en sí misma el poder judicial.
No una parte, sino todo él.
Así que, efectivamente, huelga de la justicia.
Los
hechos que nos han traído hasta aquí son los dos procesos judiciales
que hoy tienen en vilo al país: el proceso de la Gürtel y el del 1-O.
El
primero, un azaroso procedimiento jurídico lleno de sobresaltos,
trampas, maquinaciones e intervenciones del gobierno del PP y el partido
que, sin embargo, ha salido adelante de modo ejemplar con las garantías
del debido proceso y sigue produciendo todo tipo de noticias.
El
segundo, una causa general política contra el independentismo disfrazada
de farsa judicial que no se tiene de pie y ha hundido el escaso
prestigio que aún pudiera tener la justicia española en el exterior.
Entre
medias de estos dos cabos de tormentas, el Consejo General del Poder
Judicial como cuarto de banderas del gobierno de turno para garantizar
que los tribunales apliquen la justicia del príncipe. Solo en una
ocasión han osado los jueces desobedecer las órdenes del mando y ha sido
para obedecer las de otro superior: la banca. Todo lo demás, la casa de
Tócame Roque que, como se sabe, en esta cabe el Tribunal Supremo y el de
Cuentas, otro que tal. O, para que no me acusen de antiguo, un episodio de The walking dead o una kermesse de transformers.
El
cabildeo entre el CGPJ, el Tribunal Supremo, el de Cuentas y los dos
partidos dinásticos, que de todo sacan tajada, ha dejado el poder
judicial por debajo de toda sospecha. Por eso está en la calle, en
huelga, para reivindicarse. Estos otros, que se intercambian favores,
mercedes, turnos, que obedecen directrices políticas, que se pliegan a
intereses económicos, no pueden ponerse en huelga porque no trabajan, si
por trabajo de juez se entiende hacer justicia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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