LORCA.- Adoración Peñas, concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento de
Lorca, ha demandado esta mañana que se resuelvan las alegaciones que se
presentaron por parte de grupos políticos y asociaciones hace una año al
Avance del PEPRICH (Plan Especial de Protección y Rehabilitación
Integral del Conjunto Histórico Artístico de la Ciudad de Lorca) y su
inmediata puesta en marcha para frenar el deterioro de nuestro casco
histórico.
Peñas ha señalado que desde se dio a conocer el Avance del PEPRICH en
marzo del pasado año, dando un mes para presentar alegaciones a los
interesados, ha transcurrido ya un año y medio sin que se les haya dado
respuesta a las mismas, mientras que las cornisas de los edificios del
casco histórico siguen cayendo y los inmuebles protegidos
deteriorándose, y eso pese a la gran cantidad recibida de los fondos BEI
para la recuperación de la ciudad.
Desde la óptica del grupo municipal de IU-V, el PEPRICH es necesario,
pero para lograr el objetivo de un conjunto histórico-Artístico saneado
tenemos que ser rigurosos en la implementación de dos leyes en vigor
que son de plena aplicación en este ámbito: la Ley de Patrimonio
Histórico Español y la de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia,
poniendo en marcha todos los mecanismos que se establecen en las mismas,
y entre ellos y muy particularmente el de la exigencia a los
propietarios a que mantengan en condiciones los inmuebles catalogados,
cumpliendo con sus obligaciones inherentes a ello, y expropiando en caso
contrario.
Lo que no nos vale, asegura Peñas, es lo que se ha hecho hasta la
fecha: rehabilitar con el dinero de todos las casonas y palacetes de
unos pocos, sin ningún retorno público para la sociedad lorquina, y sin
una evaluación sobre si esa rehabilitación cumple con las exigencias
derivadas del grado de protección de cada uno de los inmuebles
restaurados.
Por último, para la edil de izquierdas, el Avance debe incorporar las
sugerencias, que nos consta que se han realizado, de las asociaciones
de defensa del patrimonio cultural de la ciudad; debe además evaluar el
grado de cumplimiento del PEPRI que se pretende revisar y ampliar y que
fue aprobado formalmente en marzo de 2000; y, sobre todo, debería
corregir la injustificada variación, en la inmensa mayoría de los
supuestos a la baja, del grado de protección de los inmuebles que hasta
la fecha protegía, al menos sobre el papel, el anterior PEPRI.
Son 25
los inmuebles que cambian de grado de protección. Uno de ellos pasa del 1
al 3. Tres de ellos pasan del grado 2 al grado 3. Dos pasan del grado 3
a quedarse sin protección alguna, y la mayoría pasan del grado 3 a un
nuevo grado, el 4, donde ya se permite todo.
Y ello se hace además sin
que exista un informe justificativo de la modificación de los grados de
protección con respecto al PEPRI anterior.
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