Este jueves el Consejo de Ministros aprobará la elaboración de un
Decreto Ley para que sean los Bancos y no los clientes (como decidió el
martes la Sala Tercera del Tribunal Supremo, rectificando una sentencia a
favor de los clientes) los que paguen los impuestos sobre las
Hipotecas en las escrituras ante notarios de los préstamos que se
concedan.
La decisión anunciada en una inesperada rueda de prensa por el
Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se produce por el escándalo y
falta de sensibilidad del Tribunal Supremo, capaz de cambiar una
sentencia en unos días; una sentencia que perjudicaba a la Banca y
que ha sido cambiada , en lo que supone un Verdadero escándalo y un
desprestigio del propio Tribunal Supremo, incapaz de explicar por
qué se ha producido esta situación, sin que tengamos que esperar a una
sentencia que llega tarde ante la indignación y frustración que ha
producido un Tribunal dividido, y, sobre todo, mal dirigido y peor
presidido.
Aunque el Presidente del Gobierno, que ha actuado con rapidez,
sensibilidad, y sentido común, ha querido quitar hierro al grave
conflicto que se ha creado y cuyos responsables máximos, todavía siguen
en sus puestos como si no hubiera pasado nada, y ha insistido en que no
cree que la situación que se ha generado vaya a “minar la credibilidad”
de la justicia -“nada tiene que ver una cosa con la otra”, ha
apuntado-, es claro que el máximo órgano de la Justicia española, ha
abierto tal nivel de desconfianza y de sospecha en el ciudadano que la
única salida es la que ha anunciado el Presidente que contará con el
apoyo de todos los partidos políticos .
Todos, sin excepción, entienden
que “como poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación
generada por la sentencia que no es positiva para la banca, los
ciudadanos y los jueces”.
Lo que este jueves, dentro de unas horas, va a modificar el Consejo
de Ministros, es el artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados que establece que “será sujeto pasivo
(obligado al pago del impuesto) el adquirente del bien o derecho y, en
su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos
notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.
Es en la última
parte del artículo, “aquellos en cuyo interés se expidan”, en la que se
apoyaron los cinco magistrados que dictaron la sentencia del 18 de
octubre para modificar la doctrina al considerar que son los bancos los
principales interesados en la firma de una hipoteca, los beneficiarios, y
por lo tanto los que deberían estar obligados a pagar el impuesto.
Es en ese punto donde se ha producido el escandaloso cambio por parte
de la Sala Tercera del Supremo, Contencioso Administrativo, que
beneficia a la Banca y perjudica al ciudadano y que ha creado el clima
adecuado para pensar que son las presiones de los grandes poderes
financieros, los que han influido este martes de forma decisiva, en la
polémica sentencia, por dos votos de diferencia (15 contra 13) entre los
que se encuentra el del Presidente de la Sala, Luis Díaz Picazo, que
nunca debió haber llegado a ese puesto para el que no estaba preparado
(su especialidad es el Derecho Constitucional), y que llegó, por la
imposición de su amigo, el Presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
A
estas alturas, y a pesar del gran escándalo, ninguno de los dos ha
dimitido todavía…
Hace unos días este cronista, al comentar la decisión del Presidente
de Sala de lo Contencioso , de convocar un Pleno para que todos los
miembros de la Sala se pronunciasen sobre la primera sentencia que una
sección había fallado contra la Banca, con los consiguientes perjuicios
económicos y sociales le podía causar al sector, afirmaba que eso abría
un auténtico conflicto.
Un conflicto que podía hacerle un daño
irreparable al máximo órgano jurisdiccional español, situado en estos
momentos, en el centro del problema del juicio por el Procés en
Cataluña, cuyo futuro depende de la Sala Segunda del Supremo. Porque,
según los independentistas , si se puede cambiar una sentencia del
Supremo de lo contencioso ¿por qué no, un criterio general, de la Sala
Segunda de lo Penal?
Y efectivamente el pronóstico se ha cumplido. Y hoy, en una
intervención ante el pleno del Parlament, el Presidente de la
Generalitat Quim Torra, ha pedido a la Fiscalía y a la Abogacía del
Estado que rectifiquen la petición de penas a los líderes soberanistas
procesados que formularon la semana pasada: “Están a tiempo de
rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos
saben hacerlo y lo hacen. El independentismo, ha añadido, se plantea el
juicio a los independentistas como una oportunidad para criticar la
posición del Estado y “yo estoy aquí hoy para acusar al Estado español.
¿Quién puede callar ante una aberración tan grande?”.
(*) Periodista y economista
No hay comentarios:
Publicar un comentario